OPINIÓN
Invierten en infraestructura 1.2 billones: Crece la inversión pública en EEUU y la adopción de criptomonedas
Economía Global, por Alberto Gómez R. //
El sábado 7 de agosto, el ambicioso plan de infraestructura del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio un gran paso. Gracias al amplio apoyo de demócratas y republicanos, el plan de inversión en infraestructuras de 1,2 billones de dólares presentado como «histórico» por Joe Biden superó el sábado una etapa clave en el Senado estadounidense, donde su aprobación parece garantizada antes de ser enviada a la Cámara de Representantes.
En total son 1,2 billones de dólares -el equivalente al Producto Interno Bruto de España en 2020- si se incluye la reorientación de otros fondos gubernamentales existentes. (AFP)
Esto se suma al rescate de 1,9 billones de dólares por los efectos de la pandemia, firmado por Biden en marzo pasado, al tiempo que solicitaba el apoyo para hacer otra gran inversión en la economía del país, esta vez para resolver problemas más estructurales que, a su juicio, lastran el potencial de Estados Unidos frente a potencias como China.
“Esta es la mayor inversión en empleos en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial”, subrayó Biden.
“Creará millones de empleos bien pagados que harán crecer la economía, nos harán más competitivos en todo el mundo, promoverán nuestros intereses de seguridad nacional y nos pondrán rumbo a ganar la competición global con China en los próximos años”, añadió. (EFE)
La financiación de buena parte del plan económico de Biden se centra en el aumento de las tasas impositivas a las corporaciones, y obligar a grandes empresas del país a pagar algo de impuestos, al imponer una tasa mínima del 15 % en sus ingresos y gravar algunos de sus ingresos en el extranjero.
“Amazon y otras compañías no pagan ni un solo centavo de impuestos federales por sus ingresos. Eso, sencillamente, está mal. Y voy a ponerle fin”, prometió Biden.
Algunos expertos también han expresado dudas sobre los cálculos de la Casa Blanca, que afirma que las inversiones del plan durarán ocho años, pero se tardará casi el doble -15 años- en recolectar a través de los impuestos los fondos necesarios para financiarlo. (latimes.com)
Sin embargo, esos billones de dólares ya en circulación, son producto de la emisión de deuda del gobierno, tanto de bonos como de la impresión de dólares, en tanto se logran aprobar nuevas formas de recaudación fiscal, pero por lo pronto ya una gran cantidad de dinero ha sido emitida a empresas y estadounidenses a través de sus cuentas bancarias, lo que han aprovechado mucho para invertir ese dinero gratis en algo que les pueda representar un valor futuro, como acciones en empresas disruptivas, sobre todo de nuevas tecnologías (IA, robótica, Blockchain, IoT, VANT, realidad virtual y aumentada…), proyectos de Finanzas Descentralizadas (DeFi) o criptomonedas, ya sea para hacer “hodling” (la acción de conservar las criptomonedas a largo plazo), “trading” (se basa en realizar operaciones de compra–venta en el mercado de forma activa y constante, con el objetivo de obtener ganancias de dichas operaciones) o en minería digital “cloud mining” (minar criptomonedas aunque no dispongan de recursos para costear los equipos de minería necesarios. Sino más bien, que pueden alquilar el poder de cómputo a las empresas que sí poseen dichos equipos. Por lo que el proceso de minería se realiza desde un centro de datos operado de forma remota).
La minería digital es la manera más segura de invertir en cripto, ya que la obtención de recompensas –fracciones de criptomonedas- no está sujeta al precio, sino al poder de cómputo necesario para validar las operaciones criptográficas en la red blockchain de Bitcoin, por ejemplo.
Acorde a las más recientes encuestas realizadas por empresas especializadas, entre el 13% y 17% de los estadounidenses han invertido ya en criptomonedas, lideradas por el Bitcoin (BTC). Todo el crecimiento en este tipo de inversiones se ha disparado desde marzo del 2020.
A pesar de que casi todos los inversionistas perciben a Bitcoin como una inversión arriesgada, el porcentaje de las personas con esta opinión ha disminuido 20% en tres años. Según Gallup, esto podría deberse en parte, a que empresas como Tesla, Square y Morgan Stanley han apostado a realizar grandes inversiones en Bitcoin.
El crecimiento del interés por el mundo cripto y su ecosistema es exponencial. Una encuesta de Mastercard revela que el 40% de los encuestados tiene la intención de utilizar criptomonedas para realizar pagos el próximo año.
La encuesta, publicada el 4 de mayo y titulada «El apetito de los consumidores por los pagos digitales despega», encuestó a más de 15,500 personas de 18 países.
Reveló que los millennials están especialmente comprometidos con las criptomonedas; más de dos tercios, o el 67%, está de acuerdo en que están más abiertos a usar criptomonedas que hace un año. Además, informó que el 77% de los millennials están interesados en aprender más sobre las criptomonedas, mientras que el 75% está de acuerdo en que usarían los activos digitales si los entendieran mejor. (cointelegraph.com)
Durante el 2021 se han instalado más de 10,000 nuevos cripto cajeros automáticos en todo el mundo, siendo Estados Unidos el país con más cantidad en funcionamiento.
El aumento de la adopción de las criptomonedas en los últimos años viene acompañado de un gran crecimiento en la instalación de estos cajeros automáticos de criptomonedas a nivel global. Según los últimos datos de Coin ATM Radar, la instalación de cajeros automáticos de criptomonedas en 2021 ha experimentado un aumento del 71,73%, pasando de 13,989 el 1° de enero a 24,099 el 27 de julio.
Durante el 2020, el recuento mundial aumentó a 13,989 cajeros automáticos con un crecimiento del 119,56% después de que se instalaran 7,620 máquinas nuevas. En lo que va de 2021 se han instalado 10,110 cajeros automáticos. Los datos sugieren que los cripto cajeros automáticos se están instalando a una velocidad de aproximadamente 48,6 cajeros automáticos por día.
Los cajeros automáticos de Bitcoin (o BTM, si lo desea) se están convirtiendo gradualmente en uno de los medios más populares para comprar criptomonedas. Desde que se abrió la primera BTM del mundo en Vancouver en 2013, ha habido una ola de instalaciones de cajeros automáticos a nivel global, esto a medida que el mercado se ha expandido considerablemente.
En estos cajeros se pueden realizar distintas operaciones de la criptomoneda, tal como depósitos, retiros de efectivo y transferencias de fondos. Además, los cajeros pueden conectar a los usuarios al exchange, es decir el intercambio mediante la compra o venta de bitcoins.
La instalación y uso de estos cajeros continuará creciendo por su practicidad, seguridad y facilidad, siendo en algunos países en vías de desarrollo un excelente medio para la mejor distribución de la riqueza, así como un medio efectivo y rápido para el envío de remesas, con la gran ventaja de pagar muy bajas comisiones, lo que promete convertirse en una importante herramienta para la descentralización del dinero en beneficio de las clases socioeconómicas más desprotegidas.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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