OPINIÓN
Jalisco no será de los primeros estados: Las vacunas deben ser universales
Luchas Sociales, por Mónica Ortiz //
Tenemos en el país los primeros cargamentos de vacunas contra el Covid-19 sin embargo, existen discrepancias lógicas sobre la calendarización de la aplicación a los mexicanos y la forma en la se pretende distribuir los cargamentos de vacuna contra el Covid-19, hasta los gobernadores federalistas y férreos opositores al gobierno federal han levantado la voz, son la mayor unión opositora de los Estados en el país, por lo que tienen un inminente riesgo de espera en los cargamentos de la vacuna, independiente a que la alianza federalista quede al final de la lista de entrega es preocupante la forma de distribución y aplicación que expone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En este contexto habrá que hacer una especial referencia a la forma política y proselitista en la que manejan los partidos todos actualmente el tema de las vacunas contra el Covid-19; el gobierno federal desde su silla de poder y administración gubernamental planificó la forma en la que habrá de distribuir la esperada vacuna y la aplicación de la misma en un tiempo extenso de más seis meses para convertirse en universal, la oposición de diversos Estados de la federación desde su obligación de forjar trabas políticas y cuestionamientos ordinarios de todo lo que haga el gobierno en el poder para mantener simpatizantes presentes y futuros con la intención de percepción política efectiva, les resulta un tema conveniente para el ataque político electoral, pero conversemos de lo que debería pasar y no de lo que políticamente nos ofrecen los gobiernos y los partidos en tiempos de elecciones 2021.
La prioridad universal de las autoridades y de los gobiernos debe ser la vida, enseguida la salud de las personas por lo que con respecto al tema de las vacunas corresponde que éstas deberán ser de aplicación universal con la implicación de no existir ninguna distinción que genere discriminación ni violación a los derechos humanos.
En el país la manera en la que se estructuró la aplicación de la vacuna se contrapone a los derechos humanos y genera discriminación, por lo que en realidad lo correcto es que las primeras dosis corresponderán a los médicos, enfermeras y todo el personal que atiende en hospitales públicos y privados que estén dedicados a la atención del Covid-19, pero una vez ocurrida esa etapa de manera inmediata y urgente que no pase de un mes de campaña de vacunación al personal médico y hospitalario, las vacunas tienen que ser universales, sin política ni proselitismo de ningún partido de ningún tipo.
En este sentido queda claro que la calendarización que pretende el gobierno federal del Andrés Manuel López Obrador deja a gran parte del país en desventaja con fechas para vacunación hasta mayo o junio lo que implica riesgo de perder la vida, vivir con secuelas en la espera de que les corresponda la vacuna a la población de los adultos jóvenes en el país, la situación no tiene justificación jurídica o constitucional, por lo que tendrá que corregirse de alguna manera para que sea una campaña de libre vacunación después de haber vacunado al personal médico encargado de las áreas Covid y de no contemplar los principios básicos de no discriminación o de igualdad se tendrá que obligar al gobierno a respetar los derechos humanos de las personas mediante los tribunales quienes habrán de decidir conforme a derechos universales que la aplicación de vacunas deberá ser gratuita y universal sin distinción ni tiempo extenso divido en meses para la aplicación pues la vida está en riesgo y no debe ser un plan de gobierno el que ponga en peligro la salud y la vida de las personas por no considerarlas prioridad.
En Jalisco además tenemos otro obstáculo de tinte político y muy electoral, consecuencia adquirida al no ser un Estado gobernado por Morena; Jalisco es gobernado por Movimiento Ciudadano y nuestro gobernador es de aquellos que alimentan a la Alianza Federalista compuesta por la oposición al gobierno federal.
Esto implica por obvias razones que tampoco estemos en la lista de entidades federativas a las que se les entregará ni suficiente ni a tiempo las dosis de la vacuna contra el Covid-19, lucimos los ciudadanos en Jalisco doble desventaja la política y la calendarización que pretende imponer el gobierno federal para justificar que no puede adquirir cantidades bastas y a tiempo por cuestión de presupuesto, propone más de seis meses de vacunación en etapas, lo que generará muertes y contagios de más mexicanos, eso sí cuidando que en junio o julio que es la recta final del proceso electoral intermedio en el país, ya pueda existir el tema de la vacuna universal para generarse votos y percepción electoral afirmativa.
Privilegiando de manera personal el derecho a la salud, el bienestar y la vida, invocando los derechos humanos y las garantías individuales quizás muchos intentaran acudir de manera personal o colectiva a los tribunales para generarse vía legal la aplicación de la vacuna, una vez que se encuentre en cada Estado y se concluya la etapa de vacunación al personal médico de cada entidad, para convertirla en universal de manera forzosa mediante tribunales que obliguen a los gobiernos a procurar la vida y la salud antes que pagar en plazos las vacunas y usar una calendarización que oculte justificando la compra de la vacuna a meses en los que el riesgo para la población sigue siendo contagio de Covid-19, pero eso si procuraron de manera intencional y electoral adquirir las vacunas aplicables a la mayor parte de la población antes terminar de la elección 2021.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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