OPINIÓN
La aprobación del matrimonio igualitario: La LXIII Legislatura y la cámara de los secretos
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
Durante la madrugada del jueves de la semana pasada, tuvo lugar una jornada con mucha actividad y también mucho debate en el Congreso del Estado, esto debido a que ese día se pusieron sobre la mesa de discusión algunos temas pendientes en materia de derechos e igualdad que son: la aprobación del matrimonio igualitario y la sanción de las ECOSIG, mejor conocidas como terapias de conversión.
Respecto a estos temas, cabe señalar que su respectiva aprobación y tipificación marca un momento histórico en nuestro estado en cuanto al compromiso y obligación de nuestros legisladores de trabajar por garantizar derechos y libertades a todos los grupos que conforman nuestra sociedad.
Sin embargo, lo que llama la atención de este debate que tuvo lugar en el Congreso del Estado, es que éste no se centró en ningún momento en los temas a tratar, sino que se centró sobre la forma en la que la votación de estos dos temas se llevaría a cabo.
Y es que los legisladores, a propuesta de la diputada Susana de la Rosa, acordaron que la votación de estas iniciativas fuera por cédula, lo cual, según palabras de la diputada de Futuro, fue con el objetivo de obtener los votos para que fueran aprobadas, estrategia que aunque fue muy cuestionada, tuvo éxito.
Este evento me recuerda un poco a la escena final de la película Vicepresidente: Más allá del poder, de Adam McKay, película que trata del vicepresidente de George W. Bush, Dick Cheney, quien gozó de un poder ilimitado durante esa administración.
En esta escena Dick Cheney, interpretado por Christian Bale, le dice a una reportera que le cuestionó por la guerra de Iraq, que él puede sentir la recriminación y los juicios de la sociedad por sus decisiones, pero realmente no le importan, ya que si alguien busca ser querido, entonces debe dedicarse al cine y no a la política, esto debido a que una vez que se llega a un cargo de representación, es necesario entender que el mundo es como te lo encuentras y debes aprender a lidiar con esa realidad, por ello, nunca pediría perdón por sus decisiones, ni mucho menos, pediría perdón por hacer lo que era su obligación.
Pero no me mal entiendan, el objetivo de esta columna no se trata de cuestionar o bien, criticar a la diputada de dicho partido, al final del día, ella tenía una meta y tomó las decisiones que consideró pertinentes para poder alcanzar un objetivo que ningún diputado había alcanzado, lo cual para mí, es muy respetable, sobre todo cuando se trata de un representante popular, y justamente por eso, traigo a colación este dato cinéfilo que me pareció ad hoc para esta situación.
Al contrario, el objetivo de la columna de esta semana es para cuestionar a aquellos ‘’representantes’’ que optaron por el anonimato para atender un tema de esta naturaleza, ya que pareciera que un gran número de diputados parecen no entender del todo las implicaciones que tiene su trabajo, ya que continúan reacios en aceptar el costo social y político de sus decisiones.
En virtud de lo anterior, debemos de ser muy puntuales a la hora de cuestionar este evento, y en ese tenor resulta necesario señalar, que independientemente de su postura respecto a estos tema, ya sea a favor o en contra, como representantes de la voz popular tienen una obligación de transparencia con la ciudadanía.
Ahora bien, esta obligación de nuestros representantes de informar el sentido de sus votos en este tema en particular cobra más fuerza y sentido cuando tomamos en cuenta que anteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó la validez y constitucionalidad del matrimonio igualitario, dicho esto, creo que vale la pena preguntarnos: ¿por qué ocultar algo que jurídicamente era su obligación aprobar?
Aunado a lo anterior, surgen en mi una serie de preguntas que valdría la pena que no solo nosotros, sino también nuestros representes se formularan: ¿Qué clase de democracia es aquella en la que los representantes de la sociedad optan por el anonimato en decisiones públicas? ¿Cómo se puede incentivar una cultura de transparencia y acceso a la información cuando son nuestros representantes los primeros en ir en contra de estos elementos tan importantes en una democracia representativa?
Además, creo que si existe un espacio para desarrollar un debate de altura para confrontar posturas y buscar posteriormente una conciliación de las mismas para así aterrizar en una decisión verdaderamente consensuada, este es justamente el Congreso, el Palacio Legislativo, el ágora de la democracia moderna, que en esta ocasión fue un palacio cuyo brillo fue opacado por el miedo a rendir cuentas.
La democracia representativa, la transparencia y la participación ciudadana son probablemente las herramientas más valiosas que tenemos a nuestro alcance para transformar nuestra realidad social, pero desgraciadamente algunas de las instituciones en las que depositamos democraticamente nuestra confianza y cuya función es fortalecer estos principios, hoy carecen de legitimidad.
Por tal razón, valdría tener claro que tal y como lo determinó la SCJN, los procesos de formación de leyes consisten en elevar la confianza en los representantes, para así favorecer el cumplimiento y aceptación de la legislación y por consiguiente, cuando la actividad legislativa, se desarrolla sin transparencia, el legislativo deja de cumplir con su obligación de representar pues pierde esa importantísima conexión que debe de existir entre el estado y la sociedad.
La semana pasada expresé mi opinión sobre la importancia de empezar a construir, mediante la participación ciudadana una verdadera democracia representativa en la que cada expresión de la ciudadanía encuentre un eco a sus necesidades y aflicciones en los representantes.
En México aún queda un camino muy largo que recorrer, y es evidente que no solamente se requiere incentivar al ciudadano a tomar cartas en los asuntos públicos, también hace falta voluntad política de parte de quienes nos representan para conducirse con transparencia en aras de brindar certeza a la ciudadanía respecto de las decisiones que toma en su representación.
Si la ruta no cambia, y mientras nuestras ‘’voces’’ en los espacios legislativos y de representación sigan más preocupadas por la próxima elección, que en el bien común, cualquier incentivo para la participación ciudadana no será nada más que una ficción que con justa razón, la ciudadanía no podrá ‘’comprar’’ ya que realmente la practica deja mucho que desear.
En términos sociales, fue un día histórico para Jalisco, pero en términos legislativos no tanto, al contrario, esta votación anónima sentará un precedente que servirá para optar por el anonimato cuando los costos electorales pongan en riesgo proyectos.
La votación debió ser abierta, y no en lo oscurito como lo hacía la vieja escuela.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Conciencia TV: ¿Quiénes fueron los jaliscienses que participaron en el Movimiento de Independencia de México?
Instalan Mesa de Seguridad por la Paz en Tlaquepaque
PRI Jalisco conmemora el 215 Aniversario de la Independencia
Más de 3 mil 200 marcas de tequila dan sabor a las fiestas patrias
