OPINIÓN
La apropiación del espacio público en Guadalajara
Opinión, por Iván Arrazola //
La presencia de baldes o conos en la vía pública son parte de una imagen cotidiana en las grandes ciudades de México, por las mañanas en las calles aledañas a las oficinas públicas o por las tardes y las noches en los sitios cercanos a restaurantes o bares, es común encontrar la presencia de este tipo de objetos o de personas que con trapos en las manos indican que hay un espacio disponible en la vía pública para estacionarse, todo a cambio de una propina o de una cuota , Guadalajara y su zona metropolitana no es la excepción a esta práctica.
En días pasados una persona relataba como en Avenida Chapultepec, una zona emblemática del centro de Guadalajara, que está llena de bares y restaurantes, es común que por las noches las calles de esta zona se conviertan en territorio exclusivo de los franeleros, que cuidan los vehículos a cambio de una determinada cantidad. Esa cantidad se debe de pagar en muchas ocasiones por anticipado, para “cuidar” el vehículo y que no le pase nada, el modo o el tono amenazante de los franeleros es lo que finalmente obliga a las personas a pagar la cuota.
Otra imagen que también resulta cotidiana es la de los servicios de valet parking de diferentes restaurantes o bares, es peculiar la forma de proceder de los encargados de brindar este servicio, resulta curioso observar cómo es que el propio personal es el que coloca los conos o los baldes en las banquetas de los alrededores para estacionar los vehículos de los clientes, nuevamente otra forma de apropiación.
Está también el caso de los tradicionales tianguis, espacios que ayudan a la economía popular y que permiten acercar al consumidor productos frescos, estas bondades también tienen un costo para la ciudadanía, para las personas que viven en las calles donde se instalan los tianguis, saben que una vez a la semana necesitan sacar el vehículo desde temprano para no verse atrapados por la instalación de los tianguis o se privan de realizar ciertas actividades porque el tianguis dificulta su movilidad.
En eventos deportivos o en eventos artísticos sucede una situación similar, se puede observar como en un día de partido en el Estadio Jalisco, la Calzada Independencia se convierte en uno de los estacionamientos más caros del país, no solo franeleros, también vecinos de la zona, rentan las banquetas de sus casas y la tarifa se establece dependiendo de la trascendencia del partido.
Ante esta situación se podría pensar que la solución para no pagar la cuota que cobran los franeleros es utilizar menos el vehículo y más el transporte público, eso indudablemente es una medida que muchas personas apoyarían, sin embargo, el sistema de transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara, no es necesariamente el más eficiente, sobre todo a altas horas de la noche no se puede tener la certeza de que el camión pasará, ni se cuenta con un servicio de transporte que funcione en horario nocturno, eso seguramente ayudaría a muchas personas que se quieren acercar de la periferia al centro o viceversa.
Estas imágenes tan peculiares de la forma de apropiarse del espacio público van acompañadas de la omisión o de la complicidad de las autoridades que ante la presencia de estas prácticas se hacen de la “vista gorda”, o bien toman medidas de mano dura que tienen un efecto temporal.
Se han realizado distintos operativos en Guadalajara para detener a franeleros, a los detenidos se les impone una multa de aproximadamente 1000 pesos o bien pueden optar por cumplir 72 horas de arresto, una vez cumplido el castigo probablemente vuelven a las calles a seguir trabajando.
Posiblemente este es el precio por vivir en una gran metrópoli en la que todo tiene un precio, tal vez es el impuesto que hay que pagar por la desigualdad que hay en las ciudades, lo que no se puede pasar por alto es la responsabilidad de la autoridad que ante su ausencia o su complacencia provoca que el espacio público de la ciudad se convierta en una selva en la que priva el interés del más fuerte, no por nada Guadalajara se encuentra entre las ciudades donde más inseguridad percibe la gente.
Si bien las soluciones no se encuentran en la mano dura porque los franeleros no son los únicos responsables de la apropiación del espacio público y las sanciones no desincentivan que sigan realizando sus actividades, lo que si se puede hacer es incrementar la presencia de la autoridad en diferentes situaciones desde regular y vigilar que el espacio público no se convierta en propiedad exclusiva de un particular.
CARTÓN POLÍTICO
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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