JALISCO
La coreografía del poder en Jalisco: Una crónica de protagonismos y protocolos violados
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
La orden del día contemplaba un acto de solemne, con los posicionamientos previos a la toma de protesta. Sin embargo, la ausencia del gobernador saliente, Enrique Alfaro, y del entrante, Pablo Lemus, obligó a la presidenta del Congreso, Mónica Magaña, a modificar el protocolo, respondiendo a la moción del diputado Enrique Velázquez del extinto partido Hagamos.
Con un conocimiento preciso del protocolo legislativo y una capacidad política que brilló por encima del resto, Velázquez logró lo improbable: unir a las dispersas fuerzas opositoras para exigir la presencia de Alfaro –como Poder Ejecutivo- en el acto.
“Presidenta queremos invitar la fracción de Hagamos y algunos otros diputados a que se cumpla con esta sesión solemne, no es una sesión ordinaria donde podamos discutir los diputados, el día de hoy tenemos la presencia de los poderes, no es cualquier sesión, el día de hoy la entrega del bando solemne y tendrían que estar presentes los otros poderes para que las fuerzas políticas puedan hacer posiblemente, le pediría no sé qué es lo que pasó pero si no ha llegado alguien, pero, le pediría que se cumpla con la sesión solemne con los honores a la bandera, con la presencia de los poderes porque tenemos que dialogar mucho aquí en Jalisco”, señaló enfático Enrique Velázquez, al dar catedra de conocimiento del protocolo legal del Poder Legislativo
La espera se prolongó cincuenta minutos, hasta que Alfaro hizo acto de presencia con su característica indiferencia. En pleno discurso de la diputada Tonantzin Cárdenas de Futuro, el gobernador saliente se dedicó a revisar su celular, un gesto que encapsula su relación con los ciudadanos durante su sexenio: indiferente, distante y ensimismado.
EL NOMBRAMIENTO DEL FISCAL: NEGOCIACIÓN EVIDENCIADA
Por la noche, se supo que, en paralelo a la ceremonia de protesta, el Congreso se encontraba inmerso en otra operación política clave: la designación del nuevo fiscal estatal, Salvador González de los Santos.
En una sesión cargada de tensiones y críticas, nuevamente Enrique Velázquez emergió como una de las pocas voces disidentes, señalando la prisa y la falta de rigor en el procedimiento.
Con un discurso que se ganó los aplausos de algunos asistentes y la indiferencia de la mayoría de los diputados, Velázquez denunció la falta de análisis en la designación de un funcionario tan crucial. “¿Vamos a ratificar algo sin conocerlo?”, cuestionó enfático, dejando al descubierto la mecánica sumisa con la que las fracciones legislativas –Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, PRI y Hagamos– aprobaron el nombramiento con 30 votos a favor.
Las palabras de Enrique Velázquez desnudan el sometimiento de sus serviles compañeros:
“¿Que si es importante el tema de seguridad? Claro que es importante ¿Tenemos que nombrar al fiscal? Sí. Lo presentan hoy, pata discutirse hoy, van a votar, ¿Y todos conocen el currículum del candidato a fiscal? ¿Saben lo que ha hecho? O sea ¿Vamos a ratificar algo sin conocerlo? Porque esa práctica le ha hecho mucho mal al estado ¿eh? Y mi intervención ha sido en ese sentido nada más, de no hacer las cosas así – lo dice tronando los dedos-, de cuando te avientan las cosas a las patas y tiene que ser para hoy -realiza movimientos con las manos aventando algo al piso-, de eso es lo que estoy en contra, no de que tengamos un fiscal, ni de los perfiles de las personas, me parece que tienen todo mi respeto y admiración los dos que postulan, pero el tema del procedimiento, si para muchos no es importante. Yo sí requiero hacer mi trabajo”, denunció Enrique Velázquez.
El nombramiento de González de los Santos es un recordatorio de cómo en Jalisco, las negociaciones políticas parecen ser más importantes que las capacidades técnicas o éticas de los postulados. Sin una terna que ofreciera alternativas, la propuesta de Pablo Lemus pasó casi sin oposición real, salvo por unas pocas voces que, en un mar de obediencia, parecieron gritos de desesperación.
Desde 2017, se ha señalado la necesidad de una reforma que garantice la independencia de esta institución, crucial en un estado donde la violencia y el crimen organizado han alcanzado niveles alarmantes. Sin embargo, el proceso de designación mostró todo menos autonomía.
La diputada de Morena, Itzul Barrera, resumió con claridad la inconformidad que llevó a su voto en contra: “Hoy voté en contra de la designación del fiscal del estado de Jalisco y quiero contarles por qué:
Primero, aclarar que no tenía que ver con el perfil, porque no lo conozco, escuché su nombre el día de hoy y no conocía su currícula, ni experiencia en un tema tan delicado y doloroso como es la seguridad para las y los jaliscienses. Segundo, porque la discusión del perfil idóneo para un espacio coyuntural en el estado requiere más que unas horas de discusión y meditación, sin duda. Y finalmente, porque si hablamos de la buena voluntad del nuevo gobernador, lo mejor sería que se atendiera la urgente necesidad de legislar la reforma que desde 2017 pedía al estado que nuestra Fiscalía fuera autónoma, y entonces sí, cambiáramos el proceso de designación al que marca la Constitución del estado.
“Hoy y siempre mi voto será definido por mi profundo compromiso con las y los tapatíos que me eligieron y que confían en que no decidiré “fast track” algo tan importante para ellas y para ellos”, afirmó, dejando en evidencia la contradicción de sus compañeros de bancada, quienes, encabezados por Miguel de la Rosa, optaron por alinearse a la negociación política que favorecía al nuevo gobernador.
Salvador González de los Santos no es un desconocido en el ámbito jurídico de Jalisco, su currículum no está exento de méritos. Sin embargo, su imposición por parte de Lemus, sin un proceso transparente ni el respaldo de una consulta amplia, lo deja en una posición frágil frente a una ciudadanía que desconfía de las instituciones.
La tarea que le espera no es menor. La Fiscalía estatal acumula más de 526 mil carpetas de investigación pendientes, una cifra que evidencia el rezago monumental en la impartición de justicia.
El episodio del Congreso es también un reflejo del legado de Enrique Alfaro, un gobernador que deja un estado polarizado, con problemas de seguridad agravados y una ciudadanía desencantada. Su indiferencia durante la sesión no es solo un gesto simbólico, sino un recordatorio de la desconexión que marcó su administración.
Por su parte, Pablo Lemus enfrenta un panorama complicado. La negociación que permitió la aprobación de su fiscal fue una victoria política, pero también un recordatorio de que su gobierno nace de compromisos que podrían limitar su margen de acción. La ciudadanía estará atenta a si estos acuerdos se traducen en resultados concretos o en más de lo mismo.
En Jalisco, la política se mueve al ritmo de los protagonismos, las negociaciones y los protocolos violados. Lo ocurrido en el Congreso local es un microcosmos de una realidad más amplia: un sistema donde las formas importan más que los contenidos, y donde la simulación sigue siendo la moneda de cambio en un estado que demanda cambios reales.
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CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS CINCO PRINCIPALES:
ENTREVISTAS
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
– Por Gabriel Ibarra Bourjac
“No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada (como magistrada) por el Congreso del Estado para servir a la ciudadanía, callar sería una omisión, mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo sin prejuzgar”.
Así responde Fanny Jiménez Aguirre sobre por qué resolvió darle una nueva oportunidad al Ayuntamiento de Guadalajara para que pueda aportar pruebas de defensa contra la construcción de una torre habitacional junto al Bosque Los Colomos.
En entrevista con Conciencia Pública, Jiménez detalló el proceso, su visión de la justicia administrativa y el impacto de su decisión, que ha generado un sinnúmero de comentarios entre colectivos y medios. Con 27 años de experiencia, Jiménez abordó el caso con una perspectiva innovadora, priorizando los principios de constitucionalidad y convencionalidad.
“Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano”, argumenta la magistrada con cuya decisión frenó en forma momentánea la construcción del edificio de 15 pisos en Colomos II.
“Reconocí que el caso involucra al derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta”, señala la magistrada Fanny Lorena Jiménez Aguirre en entrevista con Conciencia Pública.
Su fallo, que revocó el rechazo de pruebas clave por parte de la Quinta Sala Unitaria, no solo abrió la puerta a una valoración más justa, sino que estableció lineamientos para futuros casos ambientales.
La magistrada también pidió investigar posibles irregularidades, mostrando su compromiso con la transparencia.
El caso, ligado a la Torre Habitacional cercana al Bosque Los Colomos, al lado de Plaza Pabellón—un pulmón verde afectado por un incendio en 2025—, refleja las tensiones entre crecimiento urbano y sostenibilidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La magistrada Jiménez Aguirre subrayó que los tribunales deben ir más allá del derecho estricto, considerando el impacto social y ambiental. “No estoy para ser querida, sino para servir a la ciudadanía con diligencia”, afirmó.
Esta resolución, aún en etapa procesal, podría influir en cómo los tribunales mexicanos abordan disputas similares. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, Jiménez Aguirre impulsa la capacitación en derechos ambientales y métodos alternativos de resolución, dejando lecciones para el país.
LAE ENTREVISTA
Gabriel Ibarra Bourjac (GIB). ¿Cuál es el origen del recurso de reclamación presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara en el caso de la Torre Habitacional junto al Bosque Los Colomos, y cuál fue el rol de la Sala Superior el 10 de septiembre?
Fanny Jiménez Aguirre (FJA). El recurso surge de la Quinta Sala Unitaria, que desechó pruebas del ayuntamiento por considerarlas extemporáneas. La Sala Superior, en mi tercera ponencia, revocó esa decisión, ordenando admitir pruebas clave, como el expediente de un juicio paralelo. Esto es crucial para una valoración justa, aunque es una etapa procesal, no definitiva. Reconocí que el caso involucra el derecho humano al medioambiente, exigiendo una óptica distinta.
GIB- ¿Los derechos de tercera generación influyeron en su decisión?
FJA: Exacto. Aplicamos principios de supranacionalidad, el artículo 4 constitucional y la Convención Interamericana. Los asuntos ambientales afectan a la comunidad, no solo a particulares, por lo que requieren flexibilidad, considerando el impacto social y el derecho a un medio ambiente sano. La Sala Superior fijó lineamientos para que la Quinta Sala analice el caso bajo esta perspectiva.
GIB: Hay numerosas críticas al Tribunal de Justicia Administrativa por autorizar la construcción sin considerar el impacto ambiental. ¿Es un tribunal de derecho o de justicia?
FJA. Los tribunales debemos impartir derecho dentro de lo que la ley permite, pero en casos ambientales, la constitucionalidad y los derechos de tercera generación nos dan potestad para una visión más amplia. No puedo hablar por otros, pero en mi ponencia aplicamos el derecho con base en estos principios, priorizando el impacto comunitario.
GIB. ¿Los abogados del ayuntamiento fallaron en su defensa oportuna?
El ayuntamiento debe asumir mayor responsabilidad en la defensa del patrimonio ambiental.
FJA. Por eso solicité a la Secretaría General de Acuerdos dar vista al Órgano Interno de Control y la Fiscalía Anticorrupción, sin prejuzgar. Es mi deber constitucional señalar posibles irregularidades para que las autoridades competentes investiguen.
GIB. ¿Pudo haber guardado silencio al respecto?
FJA. No, Gabriel. No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia. Fui nombrada por el Congreso para servir a la ciudadanía. Callar sería una omisión. Mis colegas no apoyaron esta solicitud, pero fue mi deber señalarlo, sin prejuzgar.
GIB. ¿Qué impacto ambiental podría tener la torre, considerando la proximidad al Bosque Los Colomos III, recuperado en 2018 y afectado por un incendio en 2025?
FJA. Analizamos el impacto ambiental como parte fundamental de la resolución. Consideramos el daño social y ambiental, guiados por el artículo 4 constitucional y la convencionalidad. La resolución, bien estructurada, abre la puerta a un amparo, pero prioriza el interés colectivo.
GIB. ¿Cómo se equilibra la construcción con la protección de áreas verdes metropolitanas como Colomos III, administrado por Zapopan?
FJA. No me tocó ese caso específico, pero en el nuestro, los problemas derivan de silencios administrativos desde 2010. Los asuntos ambientales deben analizarse con una visión integral, considerando su impacto en la comunidad, aunque no puedo pronunciarme sobre casos ajenos.
GIB. ¿Qué rol juega el Tribunal de Justicia Administrativa en prevenir irregularidades en licencias de construcción, ante denuncias de corrupción en Jalisco?
FJA. Somos árbitros entre particulares y autoridades, verificando el cumplimiento de requisitos legales. Cada magistrado responde por sus decisiones. Yo aplico el derecho conforme a la ley, pero no puedo hablar por casos que no me competen. Todos rendiremos cuentas.
GIB. Como presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa, ¿qué lecciones deja este caso?
FJA. Estamos capacitando en derechos ambientales, métodos alternativos de resolución e inteligencia artificial. Este caso marca un precedente para analizar disputas urbanas bajo la óptica de los derechos humanos, influenciando a otros tribunales del país.
GIB. ¿Hay plazos para una sentencia definitiva?
FJA. Depende del impulso procesal de las partes y la carga de la Quinta Sala. Los tiempos son inciertos, pero si no me recusan, mi ponencia podría revisar un recurso contra la sentencia final.
GIB. ¿El Poder Judicial necesita más preparación en la defensa ambiental?
FJA. Los instrumentos legales existen: derechos de tercera generación, convencionalidad. Cada juez decide cómo aplicarlos, pero todos rendiremos cuentas. La defensa ambiental debe priorizarse con mayor preparación y sensibilidad.
GIB: ¿Cómo se siente tras el impacto de esta resolución en la opinión pública y colectivos ambientales?
FJA. Me permite dar lo mejor de mí como juzgadora, aplicando el derecho con independencia. No prejuzgo ni me inclino por ninguna parte. Esta resolución, con alto impacto, refleja mi compromiso con la justicia y la ciudadanía.
– Por Francisco Junco
El inicio del semestre en la Universidad de Guadalajara parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, lo que comenzó con una inconformidad estudiantil por la falta de cupos y la rigidez del sistema de horarios, terminó derivando en uno de los conflictos más tensos en los últimos años, con tomas de edificios, puertas soldadas, golpes, acusaciones de represión y la polarización entre estudiantes autónomos y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
La reducción a una sola semana para hacer cambios de cupos y horarios en el sistema SIIAU dejó a cientos de estudiantes sin posibilidad de armar su carga académica. Lo que parecía un problema administrativo pronto se convirtió en el origen de un conflicto mayor.
Un alumno del CUCEI en redes sociales relató que “fue la única semana en la que se permitió hacer cambios de cupo. Mucha gente se quedó sin materias”.
La molestia creció cuando, tras el cierre de los cambios, comenzó la promoción de las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). En diversos centros universitarios aparecieron lonas, brigadas y actos de campaña. Estudiantes inconformes interpretaron esta situación como una muestra de que la representación estudiantil priorizaba sus procesos políticos sobre las necesidades académicas.
El 10 de septiembre, grupos de estudiantes decidieron ocupar el vestíbulo de la Rectoría General. Exigían, entre otros puntos, la cancelación de las elecciones del Consejo General Universitario, el desconocimiento de la FEU como órgano representativo y la apertura de un proceso más democrático de participación. La protesta fue anunciada como “toma indefinida”.
Horas más tarde, el ambiente cambió abruptamente. Testimonios y videos difundidos en redes mostraron un desalojo con empujones y golpes. Estudiantes acusaron la participación de trabajadores universitarios y de personas afines a la FEU en el operativo. Las imágenes de jóvenes derribados en el piso y de forcejeos se viralizaron rápidamente.
La Universidad de Guadalajara reaccionó con un comunicado, en el que expresó su rechazo a la violencia y aseguró que ésta “nunca será un camino legítimo para expresar diferencias ni para defender causas dentro de nuestra Casa de Estudios. Estos actos ponen en riesgo la integridad de nuestra comunidad universitaria y atentan contra el espíritu de respeto y pluralidad que caracteriza a la UdeG”, al mismo tiempo, que señaló la presencia de personas encapuchadas, insinuando que no todos los involucrados en la toma eran estudiantes.
La postura de la Federación de Estudiantes Universitarios llegó un día después. Su presidenta, Zoé García, aseguró que la FEU siempre estará del lado del diálogo, y “llamamos a resolver las diferencias por la vía institucional”. Con ello buscó marcar distancia de las acusaciones que señalaban a la federación como parte de los grupos que agredieron a los manifestantes.
A decir de algunos universitarios, consultados por Conciencia Pública, el rechazo por la representación estudiantil se acentúa a causa de sus múltiples intentos de desmovilización tras las primeras asambleas celebradas al inicio del semestre.
“Esto no fue nuevo, pues se tienen antecedentes de miembros de comités y consejos universitarios abogando por protestas más burocráticas, presentación de oficios ante administrativos”, señaló Carolina Enríquez Morales, quien pertenece a la comisión de difusión del Movimiento Estudiantil CUCEI, y resaltó que su movimiento se basa en asambleas donde la voz de todos tiene el mismo peso.
Además, agregó que la intimidación a los participantes más activos del movimiento ha sido constante y aseguró que actualmente se libra una campaña de desprestigio y desinformación en redes sociales. “Concretamente nos acusan de querer prolongar el paro general hasta por dos semestres. También nos señalan como comunistas radicales”, apuntó la estudiante.
El 11 de septiembre, la tensión se trasladó a otros planteles. En el CUCSH, CUCEI, CUCS y CUCBA se realizaron asambleas y paros parciales. En algunos de estos centros se denunciaron accesos cerrados e incluso puertas soldadas, lo que provocó la indignación de la comunidad estudiantil. Para los inconformes, aquello era una forma de represión encubierta.
En ese mismo día, trabajadores afiliados al SUTUdeG formaron una barrera humana frente a la Rectoría. Argumentaron que buscaban proteger las instalaciones y evitar enfrentamientos. Sin embargo, para los estudiantes inconformes, aquello representaba un cerco que les impedía ejercer su derecho a manifestarse.
Las acusaciones cruzadas no tardaron en llegar. Mientras los estudiantes responsabilizaban a trabajadores y feuistas de los ataques, sectores del sindicato denunciaron agresiones en su contra. La confusión sobre quién inició los empujones y los golpes marcó la narrativa de esos días.
Profesores y académicos también se pronunciaron. En un comunicado, un grupo de docentes del CUCSH advirtió que “no podemos permitir que grupos porriles o trabajadores sean usados como instrumento de intimidación contra los estudiantes”, con lo que expresaron solidaridad con los alumnos que denunciaron represión.
El 12 de septiembre se celebraron nuevas asambleas estudiantiles. En el CUCSH, las discusiones se prolongaron durante horas y varios sectores plantearon la posibilidad de una huelga general. El malestar por los cupos sin resolver, sumado a la violencia de los desalojos, había encendido la mecha de una protesta más amplia.
Ese mismo día, la Universidad volvió a fijar su postura. El secretario general declaró que se “garantizará la seguridad de la comunidad y se seguirá dialogando, pero no podemos permitir la violencia”. La administración buscaba mostrarse abierta al diálogo, pero firme en el rechazo a los enfrentamientos.
La contradicción de discursos era evidente. Mientras la UdeG hablaba de mantener la calma, en los pasillos universitarios circulaban videos donde se veían golpes entre trabajadores y alumnos. El choque de narrativas reforzaba la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades.
El viernes, en muchos centros universitarios, simplemente cerraron sus puertas, y custodiados por seguridad pública, los guardias, solamente señalaban que era por “indicaciones de Rectoría”, sin mayor explicación.
El 13 de septiembre, aunque no hubo enfrentamientos de gran magnitud, el ambiente seguía cargado. En varios centros universitarios, las pintas y carteles reflejaban el sentir de los inconformes: demandas de cupos, reclamos contra la FEU y críticas a la administración por aceptar más estudiantes de los que podían ser atendidos.
La FEU insistió en llamados a la institucionalidad. En entrevistas concedidas a medios locales reiteró que su interés era buscar el diálogo y la construcción de acuerdos. Sin embargo, los colectivos autónomos respondieron en sus asambleas que ya no reconocían a la federación como interlocutora válida.
Los profesores críticos de la universidad advirtieron sobre el riesgo de una crisis de legitimidad. Señalaron que, si la institución no atendía las demandas de manera transparente, perdería la confianza de su comunidad estudiantil. Este discurso resonó especialmente en centros con tradición de movimientos sociales, como el CUCSH.
Al cierre de la semana, la universidad insistió en que el calendario académico continuaría de manera normal. Sin embargo, en un comunicado oficial, la institución educativa, anunciaba el descanso obligatorio el día 16 de septiembre, pero, además, el lunes 15, “será también día de descanso obligatorio tanto para el personal académico como para el personal administrativo, a solicitud del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG, y el Sindicato Único de trabajadores de la UdeG. Las actividades se reanudarán el miércoles 17”.
Comunicados internos llamaron a la reanudación de actividades y a no dejar que los hechos violentos interrumpieran el semestre. Sin embargo, los estudiantes en asamblea anunciaron que sus protestas seguirían.
Lo que inició como un reclamo por horarios y cupos terminó escalando hacia una confrontación política sobre la representación estudiantil. La exigencia de cancelar la elección del Consejo General Universitario y de desconocer a la FEU se convirtió en el núcleo del movimiento.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
