OPINIÓN
La criminalidad exhibe su poder: México bajo asedio
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
La semana pasada vivimos los momentos de mayor violencia e incertidumbre en lo que va del año y muy probablemente en lo que va de la actual administración.
Empezando por casa, todos atravesamos momentos de angustia cuando la semana pasada nuestra ciudad y nuestras calles fueron secuestradas por la violencia que se manifestó a través de una serie de narcobloqueos que tuvieron lugar en algunas zonas de la ciudad.
Los primeros eventos se suscitaron en las zonas de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, en donde supuestamente, elementos del ejército interrumpieron una reunión de líderes de algunas organizaciones criminales.
Este hecho desató el caos y escaló a la ZMG dónde elementos de un cartel tomaron automóviles y camiones para prenderles fuego en represalia del enfrentamiento con la marina que supuestamente terminó en la detención de un peso pesado del crimen organizado.
Estas lamentables imágenes pudimos verlas en carretera Saltillo y en la zona de Rio Blanco que abarca gran parte de la zona de la Cima donde hace unos meses también se realizaron operativos por parte del ejército.
Posteriormente, a raíz del mismo evento, la violencia también alcanzó a Guanajuato, donde el crimen organizado también realizó algunos operativos y llevó a cabo actos vandálicos que incluyeron la quema de distintas tiendas de autoservicio y los ya conocidos narcobloqueos.
De igual forma, la violencia alcanzó en cuestión de días a Baja California, específicamente en Tijuana y Mexicali.
En esta ocasión los habitantes de estas dos ciudades revivieron los viejos fantasmas de la guerra contra el narco, cuando sus calles fueron tomadas por la inseguridad el viernes pasado.
Aquí, al igual que en Jalisco y en Guanajuato el crimen organizado tomó unidades del transporte público y vehículos particulares para incendiarlos y así realizar bloqueos en distintos puntos de la ciudad.
No obstante, las imágenes más lamentables e impactantes de esta intensa jornada de violencia tuvieron lugar en Ciudad Juárez donde se desató el caos tras horas después de que se produjera un motín en una cárcel ubicada en la ciudad fronteriza.
El saldo en Ciudad Juárez no solo incluye vandalismo y toma violenta de las vías públicas, sino que también incluye, desafortunadamente, la vida de un total de 11 personas inocentes entre las que destacan un menor de 4 años, dos mujeres que fallecieron al quedar atrapadas en el fuego que prendieron a la tienda dónde se encontraban trabajando, así como un locutor de radio que fue asesinado junto a una parte de su equipo.
Sin lugar a duda las imágenes son impactantes y los hechos son verdaderamente preocupantes, sobretodo porque tal y como lo comenté arriba, estos eventos reviven los viejos fantasmas de una de las épocas más violentas y sanguinarias que atravesó el país durante la administración de Felipe Calderón, quien será siempre recordado como el promotor de una guerra sin sentido que lejos de acabar con el crimen organizado, lo fortaleció.
Pero al margen de la comparativa que podemos hacer de nuestro presente, con el pasado, es momento de dar la vuelta a la página y poner nuestros ojos en el futuro.
Para desgracia de muchos, o bien, para fortuna de otros (depende de la perspectiva desde donde quieran analizar el panorama) el futuro no se rige bajo alguna regla de la naturaleza, sino que éste se rige por las decisiones que cada uno toma, ya que éstas son las que moldean en gran medida nuestro futuro.
En ese orden de ideas, estos eventos que tuvieron lugar en distintas entidades de la República deben hacernos reflexionar sobre el futuro que queremos y el que necesitamos, y en ese tenor, las decisiones que se tomen a partir de estos eventos serán determinantes para nuestro futuro.
Probablemente muchos en estos momentos estén pensando en un sinfín de críticas para los distintos gobiernos en turno, tanto locales como el federal, sin embargo, cuando se trata de seguridad, es necesario dejar de lado colores y proyectos electorales, ya que en asuntos de esta naturaleza, está en juego mucho más que las ambiciones político-electorales de cada personaje y requieren de algo más que la crítica y el golpeteo.
Atender la crisis de inseguridad requiere de todos. En cuanto a la ciudadanía, requiere que cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, demos seguimiento a los debates sobre este tema y también, que nos involucremos constantemente en el seguimiento puntual que se da, o que se debería de dar, a los resultados de las políticas públicas en materia de seguridad.
Es decir, nuestro compromiso cívico consta en gran medida en convertirnos en auditores de las decisiones políticas formulando preguntas como: en materia de seguridad, ¿qué se podría hacer mejor? ¿Es suficiente el trabajo que el gobierno federal y los gobiernos estales están haciendo? ¿La inversión en materia de seguridad es suficiente? ¿Esta misma inversión ha reflejado cambios positivos en la prevención y sanciono delitos? ¿Nuestras autoridades cuentan con las herramientas suficientes para atender estas crisis? ¿Las autoridades locales están en coordinación con las autoridades federales? ¿Existen planes de contingencia para mitigar los daños en momentos de esta naturaleza?
Ahora bien, aunque probablemente muchos crean que la ciudadanía no puede hacer mucho al respecto y que las preguntas no son suficientes, debemos recordar que los ciudadanos juegan un papel fundamental en el curso de las decisiones públicas de nuestros entorno toda vez que somos los encargados de elegir a quienes nos representaran por 3 o 6 años y por ende, formular preguntas no solamente es un ejercicio de presión para las autoridades, sino uno de reflexión personal para tomar nuestras decisiones electorales.
Las elecciones tanto personales como políticas, moldean nuestro futuro.
Por el otro lado, en lo que corresponde a las autoridades y a nuestros respectivos representantes, atender el problema referente a la inseguridad requiere de un alto nivel de seriedad y responsabilidad, ya que este asunto de interés público va más allá de los partidos y de las ambiciones electorales, por ello, es necesario que entiendo que en algunas ocasiones, las mejores decisiones, no siempre serán las más populares.
De igual manera, abordar este tema que a todos nos preocupa, requiere de voluntad política y de autocrítica, ya que solo así se logrará entender con frialdad exactamente en dónde estamos parados, hacia dónde vamos, y a qué nos enfrentamos exactamente.
Aunque estos dos elementos no solucionarán por si solos el problema, sí son un paso importante para lograr ver con claridad la lista de errores que se han cometido en este rubro tanto en lo federal como en lo local, y que nos tienen en esta situación tan delicada, para así , diseñar un plan de acción a corto plazo, pero que garantice que podamos sentar las bases de los cambios en la política de seguridad del país.
Sin seguridad y sin gobernabilidad perdemos todos, pero con seguridad y con gobernabilidad, ganamos todos, ya que solo con esos dos elementos tan importantes, podemos comenzar a construir los cimientos de una nación próspera.
CARTÓN POLÍTICO
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– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
En Jalisco, la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser principios innegociables. Sin embargo, la resistencia del auditor superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, a ser auditado por la Unidad de Vigilancia del Congreso revela una paradoja alarmante: el encargado de fiscalizar el gasto público evade la supervisión.
Esta actitud, denunciada por David Rubén Ocampo Uribe, titular de la Unidad, y el diputado Alberto Alfaro García, presidente de la Comisión de Vigilancia, no solo cuestiona la integridad de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sino que amenaza la confianza en el sistema democrático.
Desde el 10 de julio de 2025, cuando Ocampo asumió su cargo, Ortiz Ramírez ha bloqueado cualquier intento de revisión. Solicitudes de expedientes laborales, nóminas y contratos han sido ignoradas, y un encuentro institucional propuesto para el 19 de agosto quedó en el vacío. “Quería saber si todo está en regla. La respuesta fue negativa. Pedí una reunión pública con agenda común, y tampoco hubo respuesta”, relató Ocampo a Conciencia Pública.
Incluso se le prohibió a personal de la ASEJ pasarle llamadas, limitando el diálogo al secretario técnico, un subordinado que no puede sustituir al titular.
El diputado Alfaro, de Morena, califica esta resistencia como un desafío al Congreso y a la sociedad. “El auditor se siente intocable, como si fuera gobernador. Durante ocho años operó sin contralor, pero ahora que lo hay, se niega a colaborar”, afirmó.
Con el respaldo de 29 de 32 deputados al nombramiento de Ocampo, su legitimidad es incuestionable. “Sabe que abriremos la Caja de Pandora”, añadió, sugiriendo que Ortiz Ramírez teme revelar irregularidades.
La Constitución de Jalisco y la Ley de Rendición de Cuentas otorgan a la Unidad de Vigilancia facultades plenas para revisar la ASEJ sin necesidad de acuerdos previos de la Comisión de Vigilancia, como argumenta Ortiz Ramírez.
Esta interpretación “tecnicista” es, para Ocampo, un escudo para evadir la fiscalización. La pregunta es inevitable: ¿qué oculta el auditor? Denuncias internas apuntan a aviadores, nóminas infladas, “moches” por laudos laborales y tolerancia a incapacidades falsas avaladas por el IMSS.
Una figura clave en estas acusaciones es Sandra Verónica Márquez González, de la Dirección Jurídica, señalada por mantener personal inexistente en nómina y exigir pagos ilegales, prácticas que arrastra desde su paso por el Tribunal de Arbitraje y la Fiscalía, donde se le vinculó al “Clan Trevi” por cobros indebidos.
La ASEJ es un pilar estratégico del gobierno de Jalisco, con autonomía técnica y de gestión para garantizar imparcialidad en la fiscalización de un presupuesto cercano a los 200 mil millones de pesos. Su rol como contrapeso es crucial para generar confianza ciudadana.
Sin embargo, la resistencia de Ortiz Ramírez recuerda épocas oscuras de la Contaduría Mayor de Hacienda, antecesora de la ASEJ, donde se rumoraba que las cuentas públicas se “lavaban” mediante acuerdos entre bancadas legislativas. Funcionarios corruptos encontraban en estos arreglos una vía para encubrir irregularidades, otorgando un poder desmedido al titular del organismo.
Hoy, la ASEJ debería ser un modelo de integridad. El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, liderado por Cynthia Cantero Pacheco, establece la transparencia y la participación ciudadana como ejes rectores de la gestión pública. Este plan, construido con la voz de más de 675,000 jaliscienses, vincula el presupuesto a resultados medibles, exigiendo apertura y rendición de cuentas.
La opacidad de Ortiz Ramírez contradice este espíritu, debilitando la credibilidad de una institución que debería ser ejemplo.
La pasividad de otros actores institucionales agrava el problema. El silencio del Congreso en pleno y la inacción de la Fiscalía Anticorrupción alimentan percepciones de complicidad o indiferencia. Mientras, rumores de una posible reelección de Ortiz Ramírez, tras ocho años en el cargo, generan rechazo. “Un gobernador dura seis años y se va. Este señor pretende quedarse otros ocho. Es inadmisible”, sentenció Alfaro.
¿Cómo puede hablarse de rendición de cuentas si el fiscalizador se coloca por encima de la ley? La resistencia de Ortiz Ramírez no es un simple desencuentro burocrático; es una afrenta al sistema de pesos y contrapesos.
“La opacidad reina en la Auditoría. Si el auditor desconoce la ley, ¿cómo fiscaliza al estado?”, cuestiona Ocampo. La sociedad, cada vez más vigilante, exige respuestas. Ortiz Ramírez tiene una oportunidad: abrir las puertas de la ASEJ, entregar la información solicitada y demostrar que no hay nada que ocultar. De lo contrario, su silencio seguirá alimentando sospechas de irregularidades.
La transparencia no es negociable, y Jalisco merece una Auditoría Superior que predique con el ejemplo. Es hora de que el fiscalizador rinda cuentas.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.
Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.
Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.
Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.
Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.
Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.
Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.
Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.
El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.
Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.
En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.
La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.
La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.
La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.
Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.
Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.
En X: @DEPACHECOS
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