OPINIÓN
La crisis de las criptomonedas: La actualidad de las inversiones, caída y auge de las nuevas oportunidades
Economía Global, por Alberto Gómez-R. //
La turbulencia económica mundial se manifiesta en todos los ámbitos y en la mayoría de los activos de inversión, bursátiles o no. Estos últimos días se ha vivido una gran conmoción en el mundo de las Finanzas Descentralizadas (DeFi) con la estrepitosa caída del Bitcoin y todas las altcoins del mundo de las criptomonedas.
El precio del Bitcoin cayó en algunos exchanges (casas de cambios virtuales de criptomonedas) por debajo de $27 mil dólares, luego que en noviembre del 2021 alcanzara su máximo histórico de casi $69 mil usd por unidad.
El caso más dramático ha sido el de la altcoin Terra Luna, que cayó en menos de una semana de un precio promedio de $80 usd a tan solo $0.013 usd, por lo que los validadores de la cadena de bloques Terra han decidido detener oficialmente la actividad de la red el jueves (12 mayo) en un movimiento diseñado para evitar ataques de gobernabilidad luego de la severa devaluación del token LUNA de la red.
Con el desplome del precio de LUNA en más de un 99%, Terraform Labs ya no confía en poder evitar los ataques a la gobernanza. En otras palabras, la caída del precio «redujo significativamente [el] coste de ataque», tuiteó el jueves el operador del ecosistema.
Antes de que se desarrollaran los eventos de esta semana, Terra LUNA era uno de los 10 principales proyectos de criptomonedas por capitalización de mercado, y su activo UST era la tercera moneda estable más grande solo detrás de Tether (USDT) y USD Coin (USDC). (cointelegraph.com)
La caída del precio de Terra (la sigla con la que se intercambia el token es LUNA) es notable. Basta decir que pasó de una capitalización de casi 39 mil millones hace menos de dos meses a 5 millones esta semana.
En Reddit, inversores de todos los países cuentan sus desventuras. “Perdí todos los ahorros de toda mi vida”, describe uno de los miembros del subReddit r/TerraLuna. “Había comprado Luna a $85 usd, no sé qué haré”, agregó lamentándose no haber vendido a $120 usd, cotización que alcanzó antes de precipitarse al vacío.
Otro usuario de Reddit dijo haber perdido más de $15 mil dólares tras no haber vendido a $100 dólares sus tokens Terra Luna.
“Tendría que haber vendido a $100, así hubiese ganado $25 mil dólares”, se lamentó en el subReddit r/No-Forever. “Pero me hice muy codicioso con la idea de juntar más dinero y hacer el pago inicial de una casa familiar. No habrá casa ahora, ni ahorros”. (merca2.0.com)
Las inversiones, cualquiera que estas sean, siempre conllevan riesgos, unos más, otros menos, pero siempre hay riesgos. En estos tiempos de alta volatilidad financiera y de incertidumbre económica, deben de medirse estos riesgos evaluando los pros, los contras y hacer un balance de los activos que pueden ponerse en riesgo, considerando no sólo las probables ganancias, sino qué se está dispuesto a perder.
Algunos inversores multimillonarios, expertos en finanzas, hablaban desde hace tiempo de la sorprendente velocidad de capitalización que tuvo el Bitcoin por ejemplo, sin embargo, aunque la mayoría de ellos invierten en esta cripto como parte de su portafolio de inversiones, lo hacen de manera cautelosa, invirtiendo entre el 1% y 10% de su capital en este volátil y riesgoso activo. La recompensa puede ser jugosa, pero la pérdida catastrófica si no se sabe jugar.
Pocos son los negocios o inversiones que actualmente tienen cierta solidez de frente al incierto futuro. El mundo de los bienes raíces actualmente ha alcanzado cifras récord en gran cantidad de países del mundo occidental, principalmente en las grandes urbes.
Canadá, por ejemplo, busca reventar la burbuja inmobiliaria al prohibir la compra de propiedades extranjeras.
El mercado inmobiliario de Canadá se enfrenta a una crisis. Los problemas que enfrenta un sector que da dolor de cabeza a la mayoría de los canadienses quedaron al descubierto en el presupuesto federal presentado en la cámara baja el 7 de abril. El gobierno de Justin Trudeau ha introducido ciertas medidas para abordar el problema, como evitar que los extranjeros compren propiedades por un periodo de dos años.
Según la Canadian Real Estate Association (CREA), el precio medio de una vivienda en Canadá en febrero se situó en $816,720 dólares canadienses (598.000 €). CREA, que cuenta con una membresía de alrededor de 130.000 agentes inmobiliarios, esa cifra es un 20,6% superior a la del mismo mes de 2021. El costo promedio nacional de una vivienda se reduce en $178,000 fuera de Vancouver y Toronto, los dos más activos y más mercados inmobiliarios caros en el país.
El presupuesto del gobierno canadiense incluye unos $4.000 millones de dólares para la construcción de al menos 100.000 viviendas nuevas durante los próximos cinco años, incentivos fiscales dobles para compradores primerizos y subsidios mensuales para personas que no pueden encontrar un alquiler asequible. También se aumentarán los impuestos sobre flipping: la venta de propiedades con fines de lucro después de menos de un año de propiedad.
La ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, dijo al presentar el presupuesto: “Nuestra economía está construida por personas, y las personas necesitan hogares para vivir. Nuestro problema es simplemente este: Canadá no tiene suficientes viviendas. Necesitamos más de ellas, rápido”. También se incluye en el presupuesto una prohibición a los no canadienses, y las empresas no canadienses, de realizar inversiones inmobiliarias durante los próximos 24 meses. Se establecerán exenciones para los residentes permanentes, los solicitantes de asilo y los que tengan permisos de trabajo o estudio.
Nueva Zelanda introdujo medidas similares en agosto de 2018. Del mismo modo, los extranjeros no pueden adquirir propiedades en las Islas Åland en Finlandia. El debate sobre la presencia de compradores extranjeros en el mercado inmobiliario canadiense no es nuevo: las provincias de Columbia Británica y Ontario ya cuentan con una tasa impositiva del 20% para este tipo de compras. Sin embargo, el gobierno federal ahora ha ido más allá y ha propuesto prohibir las compras de propiedades extranjeras a escala nacional. (english.elpais.com)
En Estados Unidos hay escepticismo al respecto de la explosión de una nueva burbuja de los bienes raíces como sucedió en el fatídico 2008, sin embargo, los datos duros no mienten y se están presentando las mismas características de aquel entonces, pero en algunos puntos agravados por la crisis económica global.
Cuando la burbuja inmobiliaria de EE. UU. estalló hace más de una década, puso de rodillas a la economía mundial. Resultó que el auge inmobiliario de varios años hasta principios de la década de 2000 estaba escondiendo esqueletos. Los compradores de viviendas, impulsados por el temor de perder las ganancias de los precios de las viviendas, se estaban esforzando mucho más allá de sus posibilidades financieras. Y los prestamistas celosos estaban otorgando hipotecas (o mejor dicho, hipotecas de alto riesgo) a personas que históricamente no habrían calificado. A medida que ese crédito se apresuró, ayudó a impulsar el auge de la vivienda. Sin embargo, a medida que el mercado inmobiliario se corrigió, esos préstamos incobrables crearon una crisis de ejecuciones hipotecarias que llevó al borde del abismo a muchas de las firmas financieras más grandes del país, como Bank of America y Citigroup.
El avance al día de hoy, donde el mercado inmobiliario de EE. UU. está pasando una vez más por un auge histórico de la vivienda. En los últimos dos años, los precios de las viviendas en EE. UU. aumentaron un 34,4 %, incluido un salto del 19,8 % en los últimos 12 meses. Ese aumento de 12 meses es más de cuatro veces mayor que el promedio anual histórico (4,6 %) registrado desde 1987. También está muy por encima del mayor aumento de precios en 12 meses (14,7 %) registrado en los años previos a la crisis financiera de 2008.
El auge inmobiliario en curso tiene a más economistas reflexionando sobre la palabra más temida en el sector inmobiliario: «burbuja». En marzo, los investigadores del Banco de la Reserva Federal de Dallas provocaron escalofríos entre los constructores de viviendas y los agentes de bienes raíces cuando publicaron un artículo titulado «El monitoreo del mercado en tiempo real encuentra señales de que se está gestando una burbuja inmobiliaria en EE. UU.». Los investigadores de la Reserva Federal de Dallas descubrieron que los precios de las viviendas se estaban separando de los fundamentos económicos (es decir, los ingresos de los hogares). Sin embargo, si se produce una corrección inmobiliaria, los investigadores de la Fed de Dallas no creen que cause problemas macroeconómicos como los que vimos en la última burbuja. A diferencia de la última ronda, escriben, «los balances de los hogares [hoy] parecen estar en mejor forma, y el endeudamiento excesivo no parece estar alimentando el auge del mercado inmobiliario». (fortune.com)
En México sucede algo muy similar con un boom de crecimiento en desarrollos habitacionales -sobre todo verticales- que están alcanzando precios de venta similares a los de California, Seattle, incluso Vancouver, una de las ciudades más caras por metro cuadrado de todo el mundo. En Guadalajara y Ciudad de México los precios de los nuevos desarrollos verticales en zonas de alta plusvalía pueden alcanzar con facilidad el millón de dólares.
Actualmente son pocas las inversiones que ofrecen cierta “seguridad” en términos reales, pero que sabiendo leer el momento, y aprovechando los tiempos de turbulencia, pueden ser un excelente negocio…”A río revuelto, ganancia de pescadores”, reza el refrán.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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