Opinión, por Iván Arrazola //

Resulta difícil e inexplicable entender el proceder de las instituciones de seguridad en México, la desaparición de ocho jóvenes en Zapopan, es un nuevo capítulo de una crisis de seguridad que parece no tener fin, los más de 15 mil desapariciones en Jalisco, 8 mil en el sexenio de Enrique Alfaro, reflejan no solo la indefensión de la ciudadanía ante el crimen organizado, reflejan también que las autoridades de los distintos niveles de gobierno son incapaces de aceptar que esta crisis existe y prefieren refugiarse en las cifras que poco o nada le dicen a la ciudadanía.

El episodio de los jóvenes desaparecidos en Zapopan, que trabajaban en un Call Center comenzó el 20 de mayo cuando se dio la primera desaparición y continuó hasta finales del mes con la última desaparición. La autoridad ha señalado que en el lugar donde trabajaban los jóvenes ofrecían paquetes vacacionales a extranjeros. A partir de las desapariciones y las pesquisas realizadas por las autoridades federales, señalaron que había indicios de que en ese lugar se desarrollaba “algún tipo de fraudes inmobiliarios y algún tipo de extorsiones telefónicas” mencionó la secretaria de Seguridad Publica, Rosa Icela Rodríguez.

El caso dio un giro dramático cuando la Fiscalía del Estado de Jalisco informó el viernes pasado que había localizado 50 bolsas en una barranca con cuerpos desmembrados, del análisis realizado de los cuerpos encontrados se determinó que los restos coincidían con al menos 5 de los jóvenes desaparecidos.

En las investigaciones realizadas por la Fiscalía se pudo constatar por medio de testimonios de distintas personas que los jóvenes fueron privados de su libertad con lujo de violencia, de la misma forma se pudo saber que los restos fueron arrojados por un grupo de personas que llegaron en camionetas y arrojaron los cuerpos en la barranca.

Son varias las preguntas que se abren a partir de este caso y que no parecen tener una respuesta clara. En primer lugar, las autoridades parecen llegar siempre tarde y lo único que recopilan son los testimonios de la tragedia, alguien se lleva a los jóvenes a plena luz del día, con lujo de violencia, sin que nadie haga nada para detenerlos. De la misma forma los delincuentes pueden ir dejando cuerpos por cualquier lugar sin que nadie los detenga.

Se recordará que hace unos meses un grupo de ciudadanos estadounidenses fueron privados de su libertad en el estado de Tamaulipas, los videos captan el momento exacto en que son secuestrados, la difusión en medios estadounidenses de las imágenes y la presión de las autoridades estadounidenses obligaron al gobierno mexicano a actuar de manera inmediata, en 48 horas ya habían localizado a las personas secuestradas, lo que demuestra que bajo presión las autoridades mexicanas son capaces de dar resultados. Lamentablemente en el caso de los jóvenes desaparecidos en Zapopan no hubo esa presión, las horas y los días pasaron y confirmaron el tamaño de la tragedia.

En segundo lugar, otra pregunta que debe formularse es de qué manera la autoridad hace frente al crimen organizado. El presidente López Obrador se indigna cuando el gobierno norteamericano hace labores de inteligencia en el país, como ocurrió con el caso de Los Chapitos, el presidente lo llamó una “intromisión abusiva”, la pregunta que se debe hacer es qué hacen las autoridades federales para detener al narcotráfico. Las revelaciones de cómo el Ejercito mexicano espía a defensores de derechos humanos deja claro que la prioridad del Estado mexicano no se encuentra en detener a los integrantes de los cárteles.

En tercer lugar, está el tema de la sensibilidad, las autoridades hacen hasta lo imposible por demostrar que no puede haber ningún tipo de empatía con el movimiento de las madres buscadoras. En días pasados una madre buscadora del colectivo 10 de marzo hizo publica una propuesta para hacer un pacto con miembros del crimen organizado, en dicha propuesta pide a los miembros de los cárteles: 1) que les permitan dar un sepulcro digno a las personas desaparecidas; 2) respetar la vida y el libre tránsito de las madres buscadoras y 3) el cese de los conflictos armados a menos que hagan uso de la legítima defensa.

Ante la propuesta del colectivo, el presidente López Obrador señaló que él también se sumaba al pacto. De manera oportunista e irónica el presidente pretende sumarse a una propuesta que emana de la incapacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones, un Estado que ha sido incapaz de garantizar las condiciones de seguridad para que las madres buscadoras encuentren a sus hijos. Ante la desesperación e indiferencia de las autoridades las madres buscadoras ya no hacen demandas al Estado lo hacen directamente al crimen organizado con la esperanza de que al menos les puedan garantizar condiciones mínimas de seguridad.

La soberbia y la irresponsabilidad de las autoridades han llevado a un punto crítico la seguridad en el país. La soberbia de no aceptar que hay una crisis en el tema de las desapariciones, hablar de medias y de promedios de poco sirve, cuando no se acepta la dimensión del problema.

La irresponsabilidad de no hacer ajustes al sistema de procuración e impartición de justicia en el país, la insuficiencia de recursos humanos y tecnológicos para atender de manera oportuna y eficaz el tema de las desapariciones, la ausencia de recursos para hacer frente al problema de la inseguridad, la obsesión de los gobernantes por su imagen y su discurso, aunque los resultados de su gestión sean raquíticos, ilustran el nivel de crisis que vive México.