OPINIÓN
La crisis del agua: El oro azul
Opinión no pedida, por Armando Morquecho //
Según la ciencia (no me lo saqué de la manga) una crisis ambiental o ecológica ocurre cuando el entorno medioambiental donde habita una especie o población experimenta cambios que amenazan su continuidad en ese entorno, es decir, los cambios en el ecosistema que los rodea, amenazan su existencia sobre la tierra.
Sin lugar a duda, el cambio climático es la crisis definitoria de nuestro tiempo, y aunque parece que estamos perdiendo la carrera de la emergencia climática, creo que aún estamos a tiempo de darle la vuelta al resultado parcial y ganarla, siempre y cuando seamos capaces de corregir el rumbo. Estados Unidos, China, y la Unión Europea, ya lo están haciendo.
Sin embargo, no basta con que uno o dos países tengan la voluntad de corregir el rumbo, esta crisis requiere esfuerzos colectivos y globales, requiere de compromiso internacional entre todas las naciones, se necesita que cada país se tome en serio el problema, y que sea capaz de impulsar cambios importantes en sus legislaciones ambientales y fiscales.
Pero cuando hablamos de medio ambiente y de la lucha contra el cambio climatico, creo que es importante señalar que la carga de esta lucha, aunque parezca dificil de creer, no debe de recaer únicamente en los hombros de la autoridad, ya que así como nuestros legisladores y nuestros gobernantes necesitan entender lo que está en juego, nosotros, como ciudadanos y miembros de una colectividad, también necesitamos entender lo que está en juego ¿qué? nuestra vida y el futuro de toda una generación, nada más, y nada menos.
Definitivamente el papel de las autoridades, en esta lucha es fundamental, sobre todo desde el legislativo y el ejecutivo; a través del primero se construyen e instrumentan las políticas públicas y a través del segundo, haciendo uso de un liderazgo representativo, se manda un mensaje de conciencia capaz de penetrar en un gran número de ciudadanos.
Pero no necesariamente se depende de estas dos instituciones para que la ciudadanía e incluso las mismas autoridades entiendan la magnitud de este problema ya que en los últimos años, tal y como lo mencionéjki hace unas semanas, el mundo y la naturaleza misma se han encargado de mandarnos mensajes claros para advertirnos que estamos cerca de llegar a un punto sin retorno.
Y hablando de señales con impacto ambiental, cuyo mensaje se presta para reflexionar sobre nuestro futuro, actualmente Jalisco se enfrenta a un problema que aunque no es reciente, hoy se podría decir que pasa por su momento más critico, sobre todo, en el contexto de una pandemia que ha cambiado por completo nuestra vida y nuestros hábitos, pero ¿a qué problema me refiero? Me refiero a la escasez de agua que está perjudicando, especialmente a comunidades densamente pobladas del norte y del noroeste de Zapopan.
Aunque el problema de desabasto que enfrentan muchas colonias, según nuestras autoridades, se debe a los problemas que existen en la capacidad de distribución de esté liquido vital, es inevitable que esta situación no nos haga pensar en los retos a los que nos podemos enfrentar en un futuro, en el que las altas temperaturas de la tierra, generadas por el calentamiento global, provocarán que la escasez del agua deje de ser un simple problema de redistribución y recalibración, para convertirse en un verdadera crisis ambiental y social.
Ahora, por otro lado, aunque las autoridades, como lo menciono en el párrafo anterior, insisten en que el problema de escases se debe a la mala planeación e incapacidad técnica del SIAPA para distribuir el agua, no podemos perder de vista que una de las principales razones que han obligado a nuestras autoridades a iniciar un proceso de reestructuración, se debe a la situación que enfrenta actualmente la Presa Calderón.
¿Por qué es importante la Presa Calderón? Esta Presa aporta aproximadamente el 20% de agua a la metrópoli; asimismo, esta presa, a la que le caben aproximadamente 80 millones de metros cúbicos, en el 2016 se encontraba a un 91% de su capacidad, mientras que ahora, en el 2021, a causa de las pocas lluvias del año pasado, está apenas a un 17% de su capacidad y se espera que los bajos niveles de la Presa Calderón duren otros tres meses hasta el inicio de la temporada de lluvias.
Pero desgraciadamente, el plan, las esperanzas, y la visión del Gobierno del Estado y del SIAPA tienen un error grave: asumen que en tres meses el temporal de lluvia será abundante y todo volverá a la normalidad (esperemos que sí lo sea).
Sin embargo, lo que no se ha contemplado es que si no tomamos acciones inmediatas y coordinadas para mitigar los impactos de la crisis climática, este problema será reiterado y conforme pase el tiempo, la escasez se prolongará y tendrá mayor alcance, ya que el cambio climático repercute también en el ciclo natural del agua alterando éste, y modificando los recursos hídircos debido a que los episodios de sequías en ciertas zonas pueden ser más frecuentes.
Además, las alteraciones al ciclo de agua aumentarán las precipitaciones, la humedad y la temperatura del agua, y justamente son estos factores los que hacen que la situación actual sea tan alarmante, ya que en la medida en la que el aire de nuestro entorno sea más cálido, éste será capaz de contener más humedad y por lo tanto, será capaz de absorber más agua.
El agua es fundamental para la resiliencia climática, por ello ante las consecuencias que el cambio climático puede tener en la gestión del agua, es momento de comenzar a desarrollar herramientas capaces de garantizar la seguridad hídrica, de manera tal que podamos minimizar estos efectos desde la innovación, el uso de nuevas teconolgías, pero sobre todo, de iniciar un proceso de concientización social, partiendo de la idea de que el agua es un vector de cambio sensible.
Ciertamente vivimos tiempos de crisis y ante esto debemos estar preparados por los extremos, por eso, más que implementar estrategias de redistribución, es momento de realizar alianzas estratégicas para que a través de la cooperación se pueda promover la gestión de modelos más eficaces cuyo pilar sea una agenda de seguridad hidrica.
Las dos caras más visibles del cambio climatico, nos guste o no, están relacionadas con el agua y éstas son las sequías y las inundaciones, y técnicamente no se necesitan más razones para insistir en que nuestra relación con el agua debe de cambiar y todos debemos transitar a un sistema de infraestructuras resilientes a las inundaciones y las sequías.
El calor y los incendios forestales que devastaron la costa oeste de Estados Unidos provocaron que los derechos del uso de agua comenzaron a cotizar en el mercado de futuros de la bolsa de Nueva York, es decir, ahora los inversionistas pueden apostar sobre la escasez o abundancia de este recurso para un futuro cercano,
Las señales y los mensajes están y para mi son claros… pero ¿lo son para los demás?
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
