OPINIÓN
La embestida a Padilla: Jalisco atribulado
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Menudos problemas se encaran en Jalisco, cuando a nivel federal se comenta el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que al margen de la sonora frase “tengan para que aprendan”, dedicada a los invariables críticos que tiene el mandatario, arranca su segundo tramo. En nuestra entidad federativa la situación es diferente.
En efecto. La problemática común de ambos órdenes gubernamentales (federal y estatal), es la pandemia del COVID19, la corrupción y la inseguridad pública, ésta por cierto gestada en la violencia, el crimen organizado y los desaciertos de las acciones oficiales enderezadas para combatir a unas y otros.
Un tema gravísimo que a los jaliscienses agravia, es el del agua. Ciertamente también la federación en este asunto tiene responsabilidad, pero a quien de primera mano le atañe es a la administración local. Recordemos la reciente sequía que flageló a la zona metropolitana de Guadalajara y otros lugares del Estado durante meses, crisis que exhibió la incompetencia del SIAPA y organismos del ramo. Al respecto, en marzo pasado dijo la doctora Valentina Davydova, investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la UdeG: “Desde el punto de vista del clima, el pronóstico actual es sequía severa… a mediano plazo, en los próximos tres o cuatro meses es que puede llegar a una sequía severa extrema en gran parte de nuestro Estado, en particular en las regiones de Los Altos, Centro-Sur y Sureste, …”. Agregamos nosotros, que, sí pronto no se encuentran remedios, cada año la tribulación será peor.
LA PRESA DE EL ZAPOTILLO
La presa del Zapotillo, con una cortina de máximo 80 metros, podrá ser el salvamento de los tapatíos si fructifica la propuesta de AMLO, hecha en su reciente visita a Temacapulín: en este mes de la patria, se sabrá si prospera, lo cual en caso de ser afirmativa la respuesta de los lugareños, no solo amparará a Guadalajara y Los Altos, sino al ejecutivo estatal, cuyo compromiso de resolver este tremendo reto es fenomenal.
Chapala se inscribe también en esto de la escasez de agua, pues aunado a la sobre explotación que padece y lo veleidoso de los temporales, Guanajuato amenazó con no aportar torrentes de la presa de Solís, vaso que retiene mucha más cuantía del vital líquido, de la que tiene derecho sobre el río Lerma, alimentador permanente de nuestro hermoso mar chapálico.
Pero el problemón no para en la insuficiencia del fluido, sino en su exceso, como se ve en las inundaciones registradas tanto dentro de Tlaquepaque y Zapopan, como en Cihuatlán, Puerto Vallarta y una veintena de municipios jaliscienses. La cuestión rebasó al Estado y ya se pidió a la Federación se declare zona de desastre a la región, para recibir los auxilios suficientes.
Las tribulaciones antedichas son formidables, requieren que el gobernador Alfaro se aplique al cien por ciento, que la sociedad en su conjunto lo respalde y el gobierno federal se sume; solo de tal manera se podrán resolver tales sinsabores. Por fortuna, a últimas fechas los desafíos del gobernador hacia el presidente, parece que se han superado, por lo que se pueden esperar articuladas operaciones de dichos políticos en estas materias.
EL CHOQUE ALFARO- PADILLA
Lamentablemente, se ha venido gestando un enfrentamiento entre los mandamases del Estado y de la máxima Casa de Estudios, es decir entre el primer magistrado estatal y el líder indiscutible de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López. Y este lance, de no tener final diligente y feliz, llenará de pesadumbres a Jalisco.
Según Diego Petersen, esos dos personajes “se preparan para una guerra larga y con consecuencias políticas importantes”. (El Informador, 23-VIII-21). Zacapelas han sido las divergencias sobre el regreso presencial a clases, el desahucio de gente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) del parque La Resistencia en Huentitán (19 de agosto), donde tiene muchos intereses quien edifica ICONIA, y sobre el que Alfaro indicó que nada justifica se involucren dichos feuístas.
CERCENAR 140 MILLONES DE PESOS
De más calado resultó cercenarle 140 millones de pesos a la casa de estudios, que asegura ya estaban comprometidos para el Museo Ambiental del Centro Cultural Universitario, lo cual obligó al Rector Ricardo Villanueva (que algún comentarista bautiza como mero gerente de la UdeG), pedir y sostener cita con el Ejecutivo, sin mayores resultados hasta la fecha. Dicho Rector declaró que el jefe de gabinete de Alfaro, Hugo Luna, es quien orquesta los ataques contra el centro de estudios que representa.
No sabemos si el susodicho Villanueva, se refiera a una serie de videos que por internet circulan profusamente, en los cuales se apuntan actos de nepotismo padillista, abusos lucrativos de una constructora que al parecer maneja el mentor udegeísta multicitado, o aluda los cambios repentinos y masivos que perpetró el Consejo de la Judicatura (se dice que perjudicando a jueces udegeístas) o incluso, viejos señalamientos que forjara el desaparecido Rector General Carlos Briseño. O quizá se refiera a la auditoría que se le pretende hacer al museo citado, impulsado en su mayoría por la fracción emecista: estos diputados destacaron buscar una supervisión con el fin de que investigue, los posibles actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o, en su caso posibles conductas ilícitas en el manejo y aplicación de los recursos, incluyendo dar vista a la Fiscalía Anticorrupción. Todo ello, el Rector afirma es de tinte político. (El Informador, 30-ago-21).
Para ciertos analistas o simples ciudadanos, tras varias alusiones poco amables de AMLO hacia el “líder histórico” de la Universidad, creen que ahora es el momento para embestir a Padilla y reducir su poder en lo universitario, económico, cultural y político, área en que para colmo hasta un partido local tiene (Hagamos). Los que conocen a Alfaro, certifican que todo aquel que le contradiga es una especie de adversario, y en la relación de ambos protagonistas se registran desaires de toda índole.
Ahora bien, los dos virtuales contendientes saben luchar y por lo general triunfar. Eso augura un “choque de trenes” que los precedentes gobernadores de Jalisco evitaron sucediera, temerosos de salir perdiendo o al menos envolver al Estado en un vértigo terrible, porque el combate incluye a la administración pública, la academia, los partidos y la sociedad casi por entero.
Finalmente brota una interrogación: el gobernador, conforme a lo expuesto por el presidente, tendrá su conformidad e incluso, influiría para que en la confronta tomaran parte, la SEP, la Fiscalía General de la República, con la poderosa Unidad de Inteligencia Financiera y la rediviva Secretaría de Gobernación ¿?
Usted, cordial y ducho lector, vislumbre el desenlace.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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