OPINIÓN
La escuela de las emociones
Educación, por Isabel Venegas //
La semana pasada hablaba sobre la necesidad de volver a creer en la razón, esto es, el rigor que hace falta en la mayoría de los temas que se discuten actualmente, ya sea por una tendencia a ser políticamente correctos, por la flojera a discutir o por la carencia de conocimientos para argumentar con una estructura lógica; pero esas ausencias al mismo tiempo pueden derivar en la toma de decisiones importantes, o incluso la generación de políticas públicas que vinculan a muchas afectaciones sociales.
Tampoco se trata de estar discutiendo sobre todo a todas horas, sino de priorizar ideas que tienen gran impacto y trascendencia, el acto mismo de asignar categorías y priorizar tópicos, tiene que ver con la razón. Esa es la más grande misión (por no decir la palabra “utilidad”) de la escuela y la universidad, espacios que son recinto ideal para la creación de propuestas y debates, que son propiamente ejercicio para la formación analítica, de escucha al otro y de profunda observación a los fenómenos que suceden a su alrededor.
Si hemos abordado la fe en la razón, vamos luego a considerar la fe en la emoción, es decir, la educación de las emociones. Siempre es placentero pensar en la alegría, la felicidad, la paz, pero ¿se está educando para la ira, la tristeza, el miedo? Hay problemas que se viven en las escuelas como la agresión (Bullying) que no solo encienden las alertas sobre una constante de malas prácticas al interior de los planteles, sino que son el presagio de lo que seguirá sucediendo a lo largo de la vida de esos estudiantes y futuros profesionistas; pautas de comportamiento que se van reproduciendo muchas veces sin atención ni evaluación alguna, para las cuales se suele contar con pocos recursos de modo que se permita analizar los mecanismos de reacción ante cada circunstancia, el beneficio o la necesidad de controlar lo que se siente, y las posibles consecuencias de vivir sin reflexionar sobre esas situaciones, sin discutir qué es bueno y qué es malo, o mejor dicho qué es más conveniente o adecuado, de acuerdo al escenario en el que se encuentra.
Victoria Camps tiene un libro muy bueno sobre la búsqueda de la felicidad, entendiendo que la felicidad no es algo que se define como un estado o categoría fija, sino la búsqueda en sí misma, ¡Y por favor! No confundas esa propuesta filosófica con la figura hollywoodense en la que Chris Gardner (personaje de la vida real representado por Will Smith) quien se empeña en ingresar a trabajar como agente de bolsa, primero debe invertir su tiempo y su trabajo como aprendiz con la esperanza 1/1000 de ganar un puesto en la Bear Steams & Company, empresa que al cabo de un año le concede un empleo de tiempo completo. Solemos dejar de ver a los otros 999 que empeñaron el mismo esfuerzo (o quizá más) para no obtener nada, y que significan a la empresa ganancias por el trabajo medido en “horas hombre” multiplicado por días y meses; en ese contexto de abuso empresarial no solo es el protagonista de la historia, sino más de mil los que quieren conseguir vivir en plenitud.
Por eso es bueno hablar de la educación en la razón y en la emoción. Ambos son elementos de los que fluyen la creatividad, la verdadera innovación y la sana convivencia. De otro modo, los gobiernos se ven obligados a regular las conductas de los ciudadanos, imponiendo cuotas y dictando lineamientos que gran parte de la población no hace suyos, y que cuando viene una campaña opositora ¡triunfa!, como la mayoría de los casos en los que los candidatos a puestos políticos retoman discursos de xenofobia, discriminación, sexismo, racismo, intolerancia religiosa, etc.
Te propongo un ejemplo, si se le preguntaras a cualquier persona su opinión acerca de los hechos relacionados con el holocausto, no te imaginas una respuesta diferente a «fue terrible», esperarías que cualquiera contestara que es una de las tragedias más grandes de la humanidad y que sería prácticamente imposible que pudiera volver a suceder; sin embargo, existen grupos neo-nazis que proponen las ideas más radicales, cuyos fondos no son pocos debido a la gran aceptación de un sector que no aprendió nada de la historia y que no fue empático con el dolor de las víctimas.
Veamos otro ejemplo, el caso del movimiento Me-too, que si bien es cierto no fue dictado desde un gobierno, sí fue acogido por la agenda mediática y no tuvo más remedio que avanzar. Hagamos un recuento, un grupo de mujeres (sin el calificativo de feministas) se da a la tarea de denunciar conductas de abuso de género; estás quejas podían haberse referido a abusos laborales, verbales o hasta sexuales genitales, pero viendo que la justicia institucional muchas veces había desestimado sus denuncias, la mayoría de ellas optó por utilizar las redes sociales, eso significaba que no era necesaria más que la declaración de la afectada para validar la queja.
En México, hubo historias de todas, desde la chica que expuso su caso sucedido hacía 20 años atrás, hasta la que formó parte del grupo político de Pedro Kumamoto, en donde dos miembros de la plataforma Wikipolítica, también conocida como Futuro Jalisco, son denunciados y expulsados luego de haber sido señalados por ejercer acoso sexual, abuso y violencia de género; estos elementos de la plataforma de independientes, fueron involucrados en narrativas que traían el hashtag #MeTooMx, creado para visibilizar episodios de acoso y violencia hacia las mujeres
Un tema que necesita tener mucha madurez para que no sea el escenario de un linchamiento mediático para una cantidad “X” de casos en los que no había elementos, y validaba la posibilidad de venganzas por temas de despecho, de incomprensión o de muchos otros esquemas. Parecía que en nuestro país como en otros, el movimiento etiquetado con #MeToo había encontrado un modo de hacer justicia, con la injusticia.
Claro que el movimiento feminista pidió que no se enjuiciara la voz de las demandantes, quienes volviendo al ejemplo de la que tardó muchos años para animarse a denunciar, era precisamente porque habían vivido una historia llena de sufrimiento, y en cuyo caso cuestionar su situación implicaba volverlas a victimizar; sin embargo, también era verdad que para algunos hombres la pura queja de alguien representaba perder su empleo, su estabilidad emocional o incluso su familia, de manera absolutamente injusta.
Hay estudios que dejan ver cómo a los pocos meses de esos acontecimientos, las actitudes machistas y el comportamiento velado de abuso de poder comenzó a tener de nuevo frecuencias que ya no se veían tanto. Tal vez estamos manejando el tema mal, y es que la violencia genera violencia, del tipo más peligroso, ese que subyace en la vida cotidiana y que se ejerce sin razón y sin medida; para algunos, el linchamiento no solo fue en las redes, sino que pasó de estar en lo virtual a lo real, y en ambos escenarios la toma de justicia por mano propia, seguía generando conflictos que solo agitaron las redes sociales, pero no terminan fortaleciendo la cultura de la paz.
Seguramente estas líneas habrán movido algunas de tus emociones: enojo, tristeza, angustia, etc., y hacía allá caminaba la intención, no tanto a juzgar el hecho en sí (para eso deberá haber debates más profundos). El verdadero propósito es mostrar la necesidad de educar las emociones, lo que significa identificar qué es bueno para poder tomar el control y aprovechar cada espacio y situación. Es necesario llevar la lógica y la sensación a ese constructo social que nos permite seguir viviendo en armonía, sabiendo que en la medida de ese diálogo será lo que verdaderamente estemos heredando a las siguientes generaciones como algo de valor.
El miedo es bueno porque es nuestro mecanismo de alerta, pero en forma desmedida nos paraliza y puede ser lo que nos prive de vivir momentos fantásticos. La ira es mala cuando nos hace estar en permanente conflicto con las personas o las cosas que nos rodean, pero es buena cuando hace que yo me levante y tome el valor suficiente para actuar ante una infamia. Educar las emociones implica que podamos identificar con claridad lo que sentimos, porqué lo sentimos, y qué podemos hacer con eso; significa también entender lo que es la verdadera autoestima que, desde pensadores como Aristóteles, representa una virtud que es dada solo a aquellos que se han encargado de cultivarla, solo el virtuoso puede tener una buena estima de sí.
Como dice la misma Dra. Camps, “La felicidad está en uno mismo ¡Claro, en uno muy enriquecido! Porque si se está vacío, por más que se busque resulta que no va a encontrar nada”, esa tarea de enriquecimiento, de constante cultivo de virtudes, se llama EDUCACIÓN.
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
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