OPINIÓN
La generación de estudiantes que no conocía la escuela
Educación, por Isabel Venegas //
El patio escolar tiene un ambiente raro; el regreso a clases de septiembre 2021 marca una era atípica que se manifiesta en detalles, por ejemplo, en la secundaria los niños están demasiado calmados, la euforia del regreso a clases no se vivió ni de lejos, los niños deambulan en el patio mientras transcurre el receso sin platicar, o quienes lo hacen pareciera que están hablando en secreto.
Los estudiantes están como “perdidos”, extrañados en un ambiente nuevo y desconocido. Uno de los grupos de segundo grado no salió a receso porque no entendió que el timbre era para que tuvieran 20 minutos de descanso. Ninguno de ellos se movió de su asiento, y es que como en este caso no tuvieron la clase anterior, no hubo maestro que les diera la indicación, pero por otro lado, nadie del equipo administrativo y tutorial pensó que a los chicos del edificio de “segundos” les hiciera falta una explicación así.
Sucede que ahora tenemos a dos generaciones de estudiantes de “nuevo ingreso”, los niños de segundo grado no habían pisado la escuela y por lo tanto desconocen toda la dinámica cotidiana. El fenómeno de los niños que por primera vez llegan a las instalaciones escolares se nos podría estar pasando de vista, es decir, atender con equipos de tutoría y prefectura a quienes les hizo falta el tiempo de cada vivencia durante los meses pasados, eso requiere la visión de la entronización a un ambiente escolar que no han vivido.
Tanto en la escuela privada como en la pública, el comportamiento en términos generales es muy similar: los niños de primer grado son nobles, tiernos, divertidos, pero inexpertos; ellos enfrentan la dificultad de vivir un nuevo nivel educativo y tardan en adaptarse entre 5 o 6 meses, un semestre habrá de pasar para que los alumnos se “apropien” del ambiente escolar como parte de su propia dinámica de vida.
Generalmente cuando volvemos de las vacaciones de navidad es cuando los pequeños estudiantes vuelven transformados en unos valientes jóvenes que se quieren volver dueños del plantel, que ya identificaron las diferentes personalidades de sus maestros, que saben los significados e implicaciones del currículum oculto de las escuelas. Inclusive físicamente tienen la transformación más significativa de su proceso evolutivo.
Sin embargo, este proceso se suele afirmar y potencializar cuando los alumnos están en segundo grado. Ese es el momento en que ellos se dan cuenta del poder que tienen sobre sí mismos y de todas las posibilidades con las que pueden afectar a la estructura institucional. Los estudiantes de segundo año son un constante reto a la autoridad, miden sus fuerzas y (si los ambientes de trabajo son positivos) suelen vivir de forma muy divertida, pero a la vez imperativa, ese periodo escolar.
Una vez pasada la euforia de segundo año, los alumnos transitan a tercero para –ahora sí- comenzar a preocuparse por sus notas, por el examen de admisión a la preparatoria, por una carta de buena conducta (que ya ni existe, pero que mentalmente sigue funcionando), la dinámica de tercer grado es distinta, es más disciplinada por la cantidad de factores que influyen en ella.
Desde esta reflexión, entendemos que también los alumnos de tercero prácticamente vivencian lo que los de segundo, amén de los conocimientos que pudieran tener, puesto que según las cifras de la UNICEF en el mundo la tercera parte de los alumnos de educación básica no tuvo acceso a la educación a distancia durante el confinamiento por la pandemia Covid19.
El ciclo escolar 2021-2022 está manifestando un nuevo reto: muchos de nuestros alumnos no conocen la dinámica de maestros por asignatura y no saben de los protocolos estudiantiles que se viven en este nivel. La transición de un nivel educativo a otro toma tiempo, y lo que sucede en la secundaria, también está pasando en el bachillerato o la universidad, con la diferencia de que (se supone) estos últimos ya tienen más herramientas cognitivas, o por lo menos más edad.
Detectar estos fenómenos nos habla de los retos agregados que debemos resolver en poco tiempo; los profesores, administrativos, prefectos, así como padres de familia y tutores, debemos considerar que al haber estado aislados del ambiente escolar, ciertas habilidades para relacionarse se han visto afectadas. Nuestros niños necesitan una gran ayuda y comprensión; no será fácil acompañar a dos generaciones como si fuera una, mientras que al mismo tiempo se deberá ir desdoblando y separando situacionalmente a cada quien.
Los centros escolares buscan las mejores estrategias atendiendo su contexto y realidad, procurando que todos los miembros de la comunidad educativa estén lo más seguros posibles, que los contagios estén controlados y que la salud sea un tema prioritario; sin embargo mucho se ha insistido en que la salud mental también es un tema de alta significancia y debemos observar la ansiedad que nuestros niños enfrentan al volver a la presencialidad, pero para los chicos en cuestión, el problemas es que es un modo presencial que nunca antes habían tenido.
Mat. y M. en C. Isabel Alejandra María Venegas Salazar
E-mail: isa_venegas@hotmail.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
