OPINIÓN
La importancia del manejo de redes sociales: De césares a influencers, el espectáculo de la política
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
En la antigua Roma, los emperadores y líderes eran figuras casi divinas, reverenciadas por su habilidad para conectar con el pueblo y por su capacidad de liderazgo. Sus estatuas adornaban las plazas y su imagen estaba en las monedas, recordándole constantemente al pueblo quién estaba a cargo.
Dos milenios después, la política ha cambiado drásticamente, transformándose en un espectáculo de redes sociales donde el valor de un político parece medirse más por sus seguidores en Instagram que por su capacidad de gobernar, tendencia que no solo reduce el activismo político a un simple concurso de popularidad, sino que también amenaza con socavar la seriedad y eficacia de la política misma.
Tomemos el caso de Fidias Panayiotou, un influencer de 24 años que se convertirá en eurodiputado. Sin experiencia previa en el ámbito político y sin una visión clara de los problemas que afectan a la sociedad, Panayiotou es el ejemplo perfecto de cómo la política moderna puede ser infiltrada por aquellos cuya principal habilidad es atraer clics y «me gusta».
Pero esta tendencia no es exclusiva de Europa. En México, hemos visto cómo figuras como Samuel García y Mariana Rodríguez han utilizado sus plataformas de redes sociales para ascender en la política. Samuel García, conocido por su presencia en redes y por sus publicaciones a menudo controvertidas, ha logrado captar la atención del público joven. Mientras que su esposa, Mariana Rodríguez, también ha jugado un papel crucial en su ascenso, utilizando su influencia en redes para promover su imagen y sus campañas.
Lo que antes requería años de dedicación, experiencia y un profundo entendimiento de la gobernanza, ahora parece poder lograrse con una serie de publicaciones virales y una imagen atractiva, convirtiendo así a la política, en un reality show, donde la autenticidad y la competencia a menudo quedan relegadas a un segundo plano en favor del entretenimiento.
La frivolidad que esta tendencia trae consigo no solo trivializa la política, sino que también la aleja de la realidad. Imaginemos un cirujano que basa sus decisiones médicas en encuestas de popularidad en lugar de en su formación y experiencia. La idea es absurda, pero en la política moderna, estamos viendo un fenómeno similar, ya que, por un lado, los políticos se sienten presionados a actuar no por el bien común, sino por la aceptación en las redes sociales, lo cual distorsiona gravemente su función y responsabilidad.
Además, la percepción pública de la política como una actividad frívola y superficial puede tener consecuencias devastadoras para la gobernanza. Cuando los políticos se enfocan más en mantener su imagen en redes sociales que en hacer su trabajo, la calidad de la administración pública sufre, basta con analizar a las ultimas 2 legislaturas del Congreso de nuestro Estado.
No obstante, en esta era digital, es innegable la importancia de las redes sociales como herramienta de comunicación. Los políticos deben encontrar una comunión entre su actividad y el manejo de estas plataformas para comunicarse de manera efectiva con el público. Hay ejemplos de líderes que han logrado este equilibrio, utilizando las redes sociales para informar, educar y movilizar a sus seguidores de manera responsable. Un buen ejemplo de esto es Alexandria Ocasio-Cortez, una congresista estadounidense que utiliza sus plataformas de redes sociales para explicar políticas complejas, movilizar apoyo y conectar directamente con sus electores.
Sin embargo, es crucial mantener la distinción: un buen manejo de redes sociales no implica per se una buena gestión pública. Un chef famoso en Instagram no garantiza una buena comida en un restaurante, de la misma manera que un político popular en redes sociales no garantiza una buena gestión pública.
Es importante recordar que la política no debe ser un espectáculo vacío, sino un campo de acción serio y comprometido con el bienestar de la sociedad. Los ciudadanos deben exigir más de sus políticos que una presencia atractiva en redes sociales. Debemos valorar la experiencia, el conocimiento y la integridad por encima de la popularidad superficial. Así como los antiguos romanos buscaban líderes con una conexión genuina con el pueblo y habilidades reales de gobernanza, nosotros también debemos aspirar a tener políticos que combinen la capacidad de comunicación moderna con un compromiso auténtico con el servicio público.
Para lograr esto, es crucial educar a la ciudadanía sobre la importancia de la política y su impacto en la vida diaria. Los ciudadanos deben ser críticos y analíticos, capaces de distinguir entre un político que ofrece soluciones reales y uno que simplemente busca popularidad. Las plataformas educativas y los medios de comunicación tienen un papel importante en este proceso, proporcionando información objetiva y análisis crítico sobre las acciones y propuestas de los políticos.
Asimismo, los propios políticos deben ser conscientes de su responsabilidad y del poder que tienen para influir en la sociedad. Deben utilizar las redes sociales no solo para promoverse, sino para informar y educar a sus seguidores sobre políticas y decisiones importantes. Deben ser transparentes y responsables, demostrando que están comprometidos con el bienestar de la sociedad y no solo con su imagen pública.
En última instancia, necesitamos recuperar la seriedad en la política sin perder la capacidad de comunicarnos efectivamente en el mundo moderno. La política debe ser una plataforma para el cambio real y positivo, no un escenario para el espectáculo y la frivolidad. Depende de nosotros, como ciudadanos, insistir en que nuestros líderes sean más que simples influencers. Solo así podremos asegurar que la política siga siendo una herramienta para el bien común y no solo un juego de popularidad.
Mientras que las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para los políticos, no deben convertirse en el fin último. La verdadera política requiere experiencia, conocimiento, integridad y un compromiso auténtico con el servicio público. Es esencial que tanto los políticos como los ciudadanos recuerden esto y trabajen juntos para asegurar que la política siga siendo un campo de acción serio y comprometido. De lo contrario, corremos el riesgo de que la política se convierta en un espectáculo vacío, perdiendo su capacidad de producir cambios significativos y positivos en la sociedad.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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