OPINIÓN
La mañanera en Puerto Vallarta: El presidente en Jalisco, ventajas y perspectivas

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
El viernes 22 de julio estuvo el primer mandatario nacional en el bellísimo Puerto Vallarta. Luego de su acostumbrada junta sobre seguridad que a diario realiza con su gabinete del ramo, a la que asistió el gobernador de Jalisco, se llevó a cabo la cotidiana “mañanera”. Allí fluyeron varios datos de sumo interés, no solo para nuestra entidad, sino para todo el país.
Es pertinente recalcar que cada visita presidencial, suele traer buenas noticias para los jaliscienses. Recordamos cuando al inicio del sexenio, se comprometió a respaldar las obras del tren ligero, en su línea 3, que había quedado inconcluso, como tantas obras que era común dejaran sin terminar los anteriores titulares del poder ejecutivo federal. Cual botón de muestra estaba ese gran medio de transporte público, el cual no solo había quedado sin terminar, sino que ahora requería grandes sumas que rebasaban con mucho, lo que inicialmente se había presupuestado.
Dice AMLO: “creo que originalmente se pensaba que terminábamos con 800 millones y se necesitaban cuatro mil para terminar el tren, que ya llevaba su tiempo, con muchas molestias en Guadalajara”. Y con su apoyo, el tren se concluyó y ahora presta eficiente servicio a cientos de miles habitantes de la Perla Tapatía.
Otro añejo problema fue el tema de la presa de Zapotillo, que entrañaba llevar el agua del Rio Verde, allá en Los Altos, para saciar la avidez de los empresarios de León, Guanajuato. Este embalse es el ejemplo de los pésimos gobiernos panistas encarnados por el díscolo Vicente Fox y el tramposo Felipe Calderón, quienes en detrimento de Guadalajara y otros municipios jaliscienses, lograron la complicidad de los blanquiazules que desgobernaron al Estado en esos tiempos, lo que de pilón implicaba desaparecer los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Los vecinos de estos lugares, se levantaron valerosos y lucharon por salvaguardar sus localidades, alcanzaron a llegar hasta los tiempos de la Cuatro T. Y el primer magistrado federal, acordó con ellos, que sus poblados no se anegarían, y que el preciado líquido en vez de irse a León, sería para Los Altos y para la capital de Jalisco.
Esto es un inmenso beneficio para la populosa Sultana de Occidente, que así aliviará su grave problema de insuficiencia hídrica, el cual el año pasado ya ocasionó los indeseables “tandeos” para decenas de colonias del área metropolitana, y que en el futuro cercano, de no realizarse obras que resuelvan ese embarazo, nos tendría en situaciones iguales o peores de las escenas que observamos están sucediendo en Monterrey.
Por ello, esta visita presidencial a Puerto Vallarta, era una ocasión muy oportuna para enterarnos de las acciones que la administración federal, desplegarán en la entidad. Una de ellas, era saber si por fin se terminará la cantada por años y años, autopista de Guadalajara a Puerto Vallarta. Pero además fue el momento de conocer los planes de apoyo para ese destino turístico del Pacífico, y desde luego para nuestra hermosa metrópoli conurbada de Guadalajara.
Por otra parte, era adecuado saber lo relativo a la seguridad pública estatal, las derramas económicas benéficas para la región costera y de paso varios tópicos de sumo interés nacional.
En esa sesión matinal, tras manifestar su gusto por estar en el paradisíaco puerto de Jalisco, el guía de la Cuatro T, exteriorizó loable valoración sobre el pueblo jalisciense, subrayando que “Estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado, con el gobierno del municipio de Puerto Vallarta”, lo cual nos alegra por aquello de que el ejecutivo local en ciertos momentos discrepa con AMLO.
Dijo Enrique Alfaro sobre eso: “Podemos tener diferencias en algunos temas, pero no podemos regatearle jamás, ni al presidente ni al gobierno de la República nuestro compromiso para trabajar y para enfrentar estos retos -la transformación del país- de manera coordinada”.
Un asunto álgido en los días de la visita presidencial, luego de la reciente agresión contra la periodista vallartense Susana Carreño -que por fortuna salvó su vida- fue el reprobable asesinato de la joven mujer Luz Raquel Padilla Gutiérrez (perpetrado entre el 16 y el 19 de julio) “tema que nos ha lastimado, un suceso terrible” exclamó el gobernador, quien agregó: “Le presenté al presidente, con la presencia del fiscal, cómo va este proceso” y asimismo, le expuso: “Ya hemos atendido… al hijo de Luz Raquel, estaremos al pendiente de él. Ya están establecidas todas las medidas para no dejar sola a su familia, estamos en coordinación también con el municipio de Zapopan”. Al respecto, el cabildo maicero, por medio del alcalde Juan José Frangie, notificó una pensión al niño, lo cual es loable indudablemente.
Continuando la “mañanera” vallartense, se pasó al rubro de la seguridad en Jalisco. El gobernador afirmó que, “ya tenemos prácticamente dos años en los que Jalisco está en la incidencia delictiva total por debajo de la media nacional”. El secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, corroboró lo antedicho, estando también presente la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez. Desde luego que, sin desmentir a los funcionarios anteriores, incluyendo al Presidente, entre ciudadanos y sectores productivos, la sensación es de que se debe actuar más rápido y eficazmente para abatir esta calamidad que tanto preocupa.
Por cierto, en su intervención, el Secretario de Marina apuntó que Jalisco tiene “mas de 78 mil kilómetros cuadrados” de superficie; en cambio los datos que traen otras fuentes, como la Enciclopedia de México (tomo 8, voz “Jalisco”) nos informa que el Estado posee 80, 137 kilómetros, medida que respalda la Dirección Nacional de Estadística en un estudio de 1960. Pero en 1977 la Dirección de Estudios del Territorio Nacional, precisó que eran 80,836 los kilómetros de la entidad. Así que el tamaño de nuestro Estado, espera una medición exacta.
Un periodista interrogó al primer magistrado federal sobre el problema con Estados Unidos, al que se sumó Canadá, en relación al tratado de libre comercio (T-MEC) y AMLO fue tajante: “nunca aprobé el entreguismo del petróleo, de los hidrocarburos, a otros países, especialmente Estados Unidos y Canadá, consocios del T-MEC. Y se echó para atrás lo que era una deslealtad a México. Lo que se aprobó, es un orgullo para los mexicanos, pues se respeta totalmente la soberanía de la nación sobre esos recursos”. El Presidente no se quedó corto, porque sabiéndose que muchos políticos y empresarios nacionales, aseguran que México tendrá graves consecuencias, explicó: “me llama mucho la atención, no sé a ustedes… que haya tanto traidor a la patria en nuestro país, que en vez de defender a México defienden los intereses de países y de empresas extranjeras. Es increíble. Se cierne todavía el espíritu de Santa Anna, de Porfirio Díaz, de Salinas de Gortari”. Y a ello, se suman “muchísima gente, sobre todo en la academia, … pseudointelectuales, expertos, internacionalistas, (quienes) quisieran que nos ‘castigaran’ los extranjeros, que nos fuera mal. Es increíble”.
Enlaza este hecho, con la actitud de los conservadores cuando la invasión gringa en 1847, la intervención francesa y Maximiliano, y lo antipatriota del gobierno Salinista. Por ello, “me ha dejado anonadado” el número de defensores de empresas extranjeras, no el pueblo, sí la gente de clase media, … los académicos que al parecer son, “Entre más sabiondos, más traidores a la patria”. Y termina afirmando: “no vamos a ceder, porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía”. La respuesta oficial, será el 16 de septiembre, en el marco festivo por nuestra independencia.
Sobre lo anotado, un periodista reveló que se han hecho cuatro o cinco consultas, y México solicitó una en contra de Estados Unidos junto con Canadá: ésta, en la prensa mexicana pasó de noche, en cambio la que pidieron Estados Unidos y Canadá -y empresarios- en contra de México, es su nota principal.
Un periodista vallartense preguntó sobre apoyos al municipio, contestando el mandatario: “vamos a dejar terminada la carretera desde Vallarta a Guadalajara y de Vallarta a Tepic, completamente; … a eso vengo”. Y agregó: estamos trabajando en Vallarta para el ordenamiento urbano, porque había anarquía… a los ciudadanos de Vallarta, … (los) vamos a seguir apoyando…” Y dio cifras, destacando que todos los estudiantes preparatorianos reciben beca. El reportero volvió a la carga y lo interpeló sobre el puente Federaciones, que une la zona conurbada jalisciense-nayarita, y López Obrador respondió: “Aquí está soplándome el secretario de Gobernación de que sí ya está; yo no quiero afirmarlo, …(porque) los compromisos se cumplen”.
Referente al Estado, recordó AMLO que “Jalisco tiene como dos millones 200 mil hogares, … y en un millón 500 mil aproximadamente llega un apoyo”. Además, con el gobernador hemos hecho cosas importantes: terminar la línea 3 en Guadalajara y acordar hacer el tren de Tlajomulco a Guadalajara, cuyo costo de diez mil millones de pesos, será asumido por federación, Estado y sector privado.
Otro tema en esta mañanera vallartense, fue la inflación. Para enfrentarla se subsidian los energéticos, especialmente la gasolina (que ya es más barata en México que en Estados Unidos) y por ello, la inflación es mas alta en el país vecino: 9.1% frente al 8.16% mexicano, también menor que en Europa.
Pero la solución definitiva radica en “ser autosuficientes en energéticos y ser autosuficientes en alimentos”, fórmula muy diferente a la del modelo neoliberal, donde sus tecnócratas sostenían “Que no había que producir en el campo”, desmantelando el sector agropecuario, la producción de fertilizantes y deprimiendo los salarios. Ellos parten del principio de que en un mundo globalizado se compra en el extranjero lo que se necesitara. Esto es cruda mentira, que se prueba viendo lo que aconteció con la pandemia y ahora con la guerra ruso-ucraniana, en que todo se ha encarecido, por la escasez e inflación.
Y con afirmaciones sobre que para fines de año se achicará la inflación, y la inseguridad no se combate aplicando la violencia, sino atacando sus causas y trabajando todos los días de manera conjunta, organizada, se despidió el primer mandatario. La visita presidencial, además de datos y compromisos de obras, planteó razones para meditar juiciosamente sobre el entorno nacional y el panorama internacional.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
JALISCO
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III

– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
JALISCO
Gobierno desaparecido: La marcha que desnuda la impunidad

– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS