OPINIÓN
La mañanera en Puerto Vallarta: El presidente en Jalisco, ventajas y perspectivas
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
El viernes 22 de julio estuvo el primer mandatario nacional en el bellísimo Puerto Vallarta. Luego de su acostumbrada junta sobre seguridad que a diario realiza con su gabinete del ramo, a la que asistió el gobernador de Jalisco, se llevó a cabo la cotidiana “mañanera”. Allí fluyeron varios datos de sumo interés, no solo para nuestra entidad, sino para todo el país.
Es pertinente recalcar que cada visita presidencial, suele traer buenas noticias para los jaliscienses. Recordamos cuando al inicio del sexenio, se comprometió a respaldar las obras del tren ligero, en su línea 3, que había quedado inconcluso, como tantas obras que era común dejaran sin terminar los anteriores titulares del poder ejecutivo federal. Cual botón de muestra estaba ese gran medio de transporte público, el cual no solo había quedado sin terminar, sino que ahora requería grandes sumas que rebasaban con mucho, lo que inicialmente se había presupuestado.
Dice AMLO: “creo que originalmente se pensaba que terminábamos con 800 millones y se necesitaban cuatro mil para terminar el tren, que ya llevaba su tiempo, con muchas molestias en Guadalajara”. Y con su apoyo, el tren se concluyó y ahora presta eficiente servicio a cientos de miles habitantes de la Perla Tapatía.
Otro añejo problema fue el tema de la presa de Zapotillo, que entrañaba llevar el agua del Rio Verde, allá en Los Altos, para saciar la avidez de los empresarios de León, Guanajuato. Este embalse es el ejemplo de los pésimos gobiernos panistas encarnados por el díscolo Vicente Fox y el tramposo Felipe Calderón, quienes en detrimento de Guadalajara y otros municipios jaliscienses, lograron la complicidad de los blanquiazules que desgobernaron al Estado en esos tiempos, lo que de pilón implicaba desaparecer los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Los vecinos de estos lugares, se levantaron valerosos y lucharon por salvaguardar sus localidades, alcanzaron a llegar hasta los tiempos de la Cuatro T. Y el primer magistrado federal, acordó con ellos, que sus poblados no se anegarían, y que el preciado líquido en vez de irse a León, sería para Los Altos y para la capital de Jalisco.
Esto es un inmenso beneficio para la populosa Sultana de Occidente, que así aliviará su grave problema de insuficiencia hídrica, el cual el año pasado ya ocasionó los indeseables “tandeos” para decenas de colonias del área metropolitana, y que en el futuro cercano, de no realizarse obras que resuelvan ese embarazo, nos tendría en situaciones iguales o peores de las escenas que observamos están sucediendo en Monterrey.
Por ello, esta visita presidencial a Puerto Vallarta, era una ocasión muy oportuna para enterarnos de las acciones que la administración federal, desplegarán en la entidad. Una de ellas, era saber si por fin se terminará la cantada por años y años, autopista de Guadalajara a Puerto Vallarta. Pero además fue el momento de conocer los planes de apoyo para ese destino turístico del Pacífico, y desde luego para nuestra hermosa metrópoli conurbada de Guadalajara.
Por otra parte, era adecuado saber lo relativo a la seguridad pública estatal, las derramas económicas benéficas para la región costera y de paso varios tópicos de sumo interés nacional.
En esa sesión matinal, tras manifestar su gusto por estar en el paradisíaco puerto de Jalisco, el guía de la Cuatro T, exteriorizó loable valoración sobre el pueblo jalisciense, subrayando que “Estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado, con el gobierno del municipio de Puerto Vallarta”, lo cual nos alegra por aquello de que el ejecutivo local en ciertos momentos discrepa con AMLO.
Dijo Enrique Alfaro sobre eso: “Podemos tener diferencias en algunos temas, pero no podemos regatearle jamás, ni al presidente ni al gobierno de la República nuestro compromiso para trabajar y para enfrentar estos retos -la transformación del país- de manera coordinada”.
Un asunto álgido en los días de la visita presidencial, luego de la reciente agresión contra la periodista vallartense Susana Carreño -que por fortuna salvó su vida- fue el reprobable asesinato de la joven mujer Luz Raquel Padilla Gutiérrez (perpetrado entre el 16 y el 19 de julio) “tema que nos ha lastimado, un suceso terrible” exclamó el gobernador, quien agregó: “Le presenté al presidente, con la presencia del fiscal, cómo va este proceso” y asimismo, le expuso: “Ya hemos atendido… al hijo de Luz Raquel, estaremos al pendiente de él. Ya están establecidas todas las medidas para no dejar sola a su familia, estamos en coordinación también con el municipio de Zapopan”. Al respecto, el cabildo maicero, por medio del alcalde Juan José Frangie, notificó una pensión al niño, lo cual es loable indudablemente.
Continuando la “mañanera” vallartense, se pasó al rubro de la seguridad en Jalisco. El gobernador afirmó que, “ya tenemos prácticamente dos años en los que Jalisco está en la incidencia delictiva total por debajo de la media nacional”. El secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, corroboró lo antedicho, estando también presente la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez. Desde luego que, sin desmentir a los funcionarios anteriores, incluyendo al Presidente, entre ciudadanos y sectores productivos, la sensación es de que se debe actuar más rápido y eficazmente para abatir esta calamidad que tanto preocupa.
Por cierto, en su intervención, el Secretario de Marina apuntó que Jalisco tiene “mas de 78 mil kilómetros cuadrados” de superficie; en cambio los datos que traen otras fuentes, como la Enciclopedia de México (tomo 8, voz “Jalisco”) nos informa que el Estado posee 80, 137 kilómetros, medida que respalda la Dirección Nacional de Estadística en un estudio de 1960. Pero en 1977 la Dirección de Estudios del Territorio Nacional, precisó que eran 80,836 los kilómetros de la entidad. Así que el tamaño de nuestro Estado, espera una medición exacta.
Un periodista interrogó al primer magistrado federal sobre el problema con Estados Unidos, al que se sumó Canadá, en relación al tratado de libre comercio (T-MEC) y AMLO fue tajante: “nunca aprobé el entreguismo del petróleo, de los hidrocarburos, a otros países, especialmente Estados Unidos y Canadá, consocios del T-MEC. Y se echó para atrás lo que era una deslealtad a México. Lo que se aprobó, es un orgullo para los mexicanos, pues se respeta totalmente la soberanía de la nación sobre esos recursos”. El Presidente no se quedó corto, porque sabiéndose que muchos políticos y empresarios nacionales, aseguran que México tendrá graves consecuencias, explicó: “me llama mucho la atención, no sé a ustedes… que haya tanto traidor a la patria en nuestro país, que en vez de defender a México defienden los intereses de países y de empresas extranjeras. Es increíble. Se cierne todavía el espíritu de Santa Anna, de Porfirio Díaz, de Salinas de Gortari”. Y a ello, se suman “muchísima gente, sobre todo en la academia, … pseudointelectuales, expertos, internacionalistas, (quienes) quisieran que nos ‘castigaran’ los extranjeros, que nos fuera mal. Es increíble”.
Enlaza este hecho, con la actitud de los conservadores cuando la invasión gringa en 1847, la intervención francesa y Maximiliano, y lo antipatriota del gobierno Salinista. Por ello, “me ha dejado anonadado” el número de defensores de empresas extranjeras, no el pueblo, sí la gente de clase media, … los académicos que al parecer son, “Entre más sabiondos, más traidores a la patria”. Y termina afirmando: “no vamos a ceder, porque es un asunto de principios, tiene que ver con nuestra soberanía”. La respuesta oficial, será el 16 de septiembre, en el marco festivo por nuestra independencia.
Sobre lo anotado, un periodista reveló que se han hecho cuatro o cinco consultas, y México solicitó una en contra de Estados Unidos junto con Canadá: ésta, en la prensa mexicana pasó de noche, en cambio la que pidieron Estados Unidos y Canadá -y empresarios- en contra de México, es su nota principal.
Un periodista vallartense preguntó sobre apoyos al municipio, contestando el mandatario: “vamos a dejar terminada la carretera desde Vallarta a Guadalajara y de Vallarta a Tepic, completamente; … a eso vengo”. Y agregó: estamos trabajando en Vallarta para el ordenamiento urbano, porque había anarquía… a los ciudadanos de Vallarta, … (los) vamos a seguir apoyando…” Y dio cifras, destacando que todos los estudiantes preparatorianos reciben beca. El reportero volvió a la carga y lo interpeló sobre el puente Federaciones, que une la zona conurbada jalisciense-nayarita, y López Obrador respondió: “Aquí está soplándome el secretario de Gobernación de que sí ya está; yo no quiero afirmarlo, …(porque) los compromisos se cumplen”.
Referente al Estado, recordó AMLO que “Jalisco tiene como dos millones 200 mil hogares, … y en un millón 500 mil aproximadamente llega un apoyo”. Además, con el gobernador hemos hecho cosas importantes: terminar la línea 3 en Guadalajara y acordar hacer el tren de Tlajomulco a Guadalajara, cuyo costo de diez mil millones de pesos, será asumido por federación, Estado y sector privado.
Otro tema en esta mañanera vallartense, fue la inflación. Para enfrentarla se subsidian los energéticos, especialmente la gasolina (que ya es más barata en México que en Estados Unidos) y por ello, la inflación es mas alta en el país vecino: 9.1% frente al 8.16% mexicano, también menor que en Europa.
Pero la solución definitiva radica en “ser autosuficientes en energéticos y ser autosuficientes en alimentos”, fórmula muy diferente a la del modelo neoliberal, donde sus tecnócratas sostenían “Que no había que producir en el campo”, desmantelando el sector agropecuario, la producción de fertilizantes y deprimiendo los salarios. Ellos parten del principio de que en un mundo globalizado se compra en el extranjero lo que se necesitara. Esto es cruda mentira, que se prueba viendo lo que aconteció con la pandemia y ahora con la guerra ruso-ucraniana, en que todo se ha encarecido, por la escasez e inflación.
Y con afirmaciones sobre que para fines de año se achicará la inflación, y la inseguridad no se combate aplicando la violencia, sino atacando sus causas y trabajando todos los días de manera conjunta, organizada, se despidió el primer mandatario. La visita presidencial, además de datos y compromisos de obras, planteó razones para meditar juiciosamente sobre el entorno nacional y el panorama internacional.
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
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