OPINIÓN
La obra más importante en los últimos 20 años: AIFA, competición de fanfarrias y silbatinas
Opinión, por Pedro Vargas Avalos //
El suceso nacional más sonado de los recientes días, fue sin duda la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), una de las obras insignias de la administración federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador. El hecho acaeció el pasado 21 de marzo, aniversario del natalicio de Benito Juárez, el “Benemérito de las Américas”, prócer venerado enfáticamente por el mandatario.
Dependiendo de quien se refiera a ese acto de apertura, se subraya su importancia o se acentúa su desaprobación. Aquellos suelen magnificar el logro, en tanto que los impugnadores lo denigran: el asunto se convirtió en competencia de fanfarrias y silbatinas. En el término medio, no son pocos quienes ponderan con justeza la edificación, comenzando con la necesidad del aeródromo, así como apreciando la rapidez con la cual se construyó y desde luego, la economía que se logró (en tiempo y recursos) comparándolo con el faraónico aeropuerto fallido de Texcoco.
Pasaditas las once de la mañana del lunes 21 retropróximo, se llevó a cabo la formal iniciación del evento, al cual acudieron mas de dos mil invitados, entre ellos muchos gobernadores, bastantes empresarios, líderes sociales, funcionarios públicos de todos los niveles y hasta vendedoras de antojitos mexicanos. El grito de “¡Sí se pudo!”, generado por cientos de simpatizadores de la Cuatro T, atronaba el espacio y cimbraba los muebles. Y luego vinieron los oradores.
El general Gustavo Vallejo, líder de los ingenieros militares que levantaron en tiempo récord el AIFA (se inició el 19 de octubre de 2019), en su intervención expresó que dicha obra será “uno de los activos estratégicos mas valiosos del Estado Mexicano”, enfatizando que se ciñó a las reglas y principios más estrictos de los organismos rectores de la aviación mundial. Funcional, austero y vistoso, son conceptos que dicho mílite aseguró tiene la obra. Dio una cátedra de las particularidades que la caracterizan, y manifestó que dará fortaleza a la nación.
Hubo más personajes que hicieron uso de la palabra, llamando la atención el discurso del mandamás del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien expuso que el AIFA “es la obra de infraestructura más importante concluida en nuestro país durante el presente siglo”. Y en efecto, si hacemos memoria, no encontramos parangón en los recientes 5 o 6 lustros, de una obra igual.
Siguió diciendo el ejecutivo de Estado de México: “El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles forma parte del Sistema Aeroportuario del Valle de México, conformado por las terminales aéreas de la Ciudad de México y Toluca, y permite que el país sea un puente económico y cultural en el continente americano”. En tal tesitura, nuestra pueblo podrá “refrendarse como un amigo solidario de todos los países, así como una nación independiente y soberana ante el mundo”.
No tuvo desperdicio el señor Del Mazo Maza, (priísta, por cierto) en cuanto a la descripción geográfica del nuevo puerto aéreo, que congloba a los Estados de Hidalgo, México y la ciudad capital (que también es una Entidad federativa). Fue edificado por la responsabilidad, capacidad y compromiso del Ejército Mexicano, siendo una terminal aérea eficiente y sustentable, que convierte a la ingeniería mexicana como un referente internacional.
Luego agregó: “simboliza nuestra capacidad de trabajar unidos en torno a objetivos comunes, y de avanzar orientados por el bienestar, la justicia social, y el orgullo compartido.” Y finalmente afirmó que la obra, es testimonio de la determinación y convicción del primer mandatario nacional, de dar a sus acciones un sentido social.
Para muchos comentócratas, esas palabras del ejecutivo del Estado de México, no son más que un esfuerzo para asegurarse, en su futuro inmediato, una embajada. De igual manera, opinaron del gobernante de Hidalgo, Omar Fayad, quien fue el menos lucido de los que utilizaron la tribuna, y se le recordará porque invitó a los viajeros del AIFA, a visitar su Estado, donde encontrarán “barbacoa, jabalí, gualumbos y escamoles”. Los gualumbos, para los que no lo saben, son las flores del maguey, que bien cocinadas, son un rico manjar; por su lado, los escamoles no son sino larvas de hormigas, que se consumen en las regiones centrales de la república, alcanzando precios muy elevados.
No podían faltar entre los que formularon ideas, la jefa de gobierno de Ciudad de México (Claudia Sheinbaum Pardo), candidateada por muchos morenistas como la futura postulante presidencial de su partido. Entre otras cosas refirió: «El aeropuerto de Texcoco (…) implicaba un gasto de mantenimiento enorme, porque la zona donde se ubicaba no era un espacio apto, pues se inunda cada año; sirve de vaso regulador de la cuenca; se hunde por la explotación del acuífero y además es de un suelo arcilloso. Por si fuera poco, entregaba al desarrollo inmobiliario, las 700 hectáreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y más de mil hectáreas del aeropuerto de Santa Lucía». Luego le cargó la mano a los opositores: «Constituye la esencia de la transformación de la vida pública de México, frente al negocio, el privilegio y la entrega de nuestros recursos para el beneficio de unos cuantos». En pocas palabras, el AIFA “es la esencia de la Cuatro T”. (Telediario, 21-III-2022).
Claro que los críticos de AMLO y su gobierno, llenaron de calificativos perniciosos al AIFA, llegando al ridículo de llamarlo “central avionera” (Luis Cárdenas) o “Aeropuerto Chafa” (Carlos Loret de Mola) ambos en El Universal. Incluso algunos que pretenden ser menos punzantes, como Enrique Quintana de El Financiero, auguran: “la mejor opción que tiene es convertirse en un aeropuerto menor”. El colmo de los opositores, son los casos del intrascendente Gabriel Quadri o la renegada Lily Téllez, que proponen retomar el malogrado proyecto de Texcoco, chifladura en que los acompaña el murmurador Claudio X. González.
Por otra parte, poderosos empresarios como Carlos Slim o Emilio Azcárraga, declararon que el AIFA era “espectacular” e “impresionante”, y que estaba llamado a ser factor trascendente para el transporte de pasajeros y una terminal importante para el renglón de carga.
Finalmente citaremos al mandatario de Querétaro, el panista Mauricio Kuri, quien ha sido muy crítico de la Cuatro T, y, sin embargo, después de asistir al arranque del aeropuerto Felipe Ángeles, hizo valer la máxima que reza: “de los arrepentidos se vale Dios”. Y dio una conferencia, en la cual, entre varias cuestiones, manifestó: “No hay viento favorable para barco sin rumbo”, por lo que no debemos remar unos para un lado y otros para diverso curso, porque eso genera cero resultados positivos; en consecuencia, es necesario estar unidos y considerar la diversidad de opiniones como riqueza, no como obstáculo; es “una mezquindad no reconocer” la obra del AIFA. Y remacha: yo quiero que a México le vaya bien, y por ello “debemos querer lo mejor para el Presidente, porque si le va bien al Presidente, le va a ir muy bien a México”. Razonamiento en que sin excepción, debemos estar todos los mexicanos de acuerdo.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
