OPINIÓN
La parálisis del Poder Judicial: Estado sin justicia
Opinión no pedida, por Armando Morquecho Camacho //
Según Montesquieu, en su tratado Del Espíritu de las Leyes, el Estado existe con la finalidad de proteger a los ciudadanos de otros ciudadanos, y en virtud de ello, las personas sacrifican una completa libertad por la seguridad de no ser afectados en su vida, integridad, libertad y propiedad.
Aunado a esto, también señala que la mera existencia del Estado no garantiza la defensa de los derechos de las personas, ya que en muchas ocasiones, los gobernados no se encuentran protegidos frente al mismo Estado que fácil e impunemente, podría oprimir a éste.
Derivado de lo anterior, el pensador francés redujo las funciones del Estado a las más necesarias para proteger al gobernado: dar leyes, poner en práctica las leyes y la administración del aparato de gobierno, funciones que en algún momento fueron monopolizadas por una sola entidad durante el Antiguo Régimen.
El propósito de generar estas divisiones en la forma de gobierno del Estado era evitar que el poder se concentrara en una sola persona o un grupo restringido de personas:
‘’para que uno no pueda abusar del poder, es necesario que, mediante la disposición de las cosas, el poder detenga el poder. ’’
La división de poderes, a mi gusto, es el pilar de cualquier sistema político cuyas bases sean la democracia, la participación ciudadana, los derechos humanos y las libertades, sin un sistema de pesos y contrapesos que contenga el poder y evite que este recaiga en una sola persona, probablemente en nuestra mente no habría espacio para las libertades o los derechos humanos, estos serían mitos y conceptos triviales.
No obstante, aunque este principio político implica una forma de gobierno en la que los poderes que integran el Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) son órganos de gobierno distintos, autónomos e independientes, esto no implica que el engranaje del Estado no se va a ver afectado si uno de estos tres elementos deja de funcionar, ya que forman parte de un todo y el trabajo de cada uno de ellos es más que necesario para velar tanto por el Estado de Derecho, como por la importante tarea del Ejecutivo de garantizar la gobernabilidad del territorio.
Definitivamente, la pandemia del COVID-19 como le he mencionado, además de ser histórica, dejará marcada a toda una generación. Esta pandemia ha hecho que los sectores de la población más jóvenes se insensibilicen aun más ante la muerte, mientras que en temas políticos, en algunas otras regiones, ha destapado la faceta totalitaria y dictatorial de muchos gobernantes que con el pretexto de garantizar la salud pública, han sometido a sus ciudadanos a sistemas de monitoreo estatal constantes e indefinidos.
Ciertamente, México no ha sido la excepción, y esta crisis sanitaria, por un lado ha sacado a flote nuestros peores demonios: el egoísmo y el individualismo; y por otro lado, ha evidenciado las deficiencias funcionales y presupuestales alrededor de ciertos sistemas que se encargan de brindar servicios públicos esenciales, tales como la salud y la justicia.
En el caso del sistema de justicia, la pandemia no solo ha evidenciado una gran falta de infraestructura administrativa y una enorme y letal falta de coordinación dentro del Poder Judicial, sino también una preocupante falta de voluntad de este poder, para impulsar una más que necesaria transición a un sistema de justicia digital a través del cual, adaptándose a la modernidad y a las necesidades de la era, se pueda garantizar el principio constitucional que indica que ésta debe ser pronta y expedita.
Sin lugar a duda, la impartición de justicia es probablemente una de las funciones públicas más importantes del Estado. El ejercicio de esta función auxilia de forma preponderante a la preservación del Estado de Derecho y la seguridad Jurídica, las cuales, después de realizar una ecuación social, dan como resultado un sistema de orden y estabilidad social que brinda certidumbre jurídica a todos los gobernados sin excepción alguna.
Es por ello, que el caso en particular de nuestro estado resulta alarmante, ya que mientras el Ejecutivo, en todos sus niveles (federal, estatal y municipal), a lo largo de un año, ha realizado todo un esfuerzo administrativo y económico para mantener en operación servicios públicos como los que brindan el registro civil y catastro, o en su defecto, servicios públicos fundamentales como lo son, la recolección de basura, transporte público entre otros, el Poder Judicial tomó la decisión de cerrar su puertas y privar a toda la población del acceso a la justicia, sometiendo así al Estado y su forma de gobierno a un gran desequilibrio social y constitucional.
¿Quién decidió que un divorcio puede esperar? ¿Quién determinó que una viuda que vive de sus rentas puede esperar un año para recoger sus billetes de depósito? ¿Quién creyó que la reivindicación de un predio no afecta a nadie y que por ende puede esperar a que la vida regrese a la normalidad? ¿Cómo decidieron que los herederos que necesitan vender algún bien para sobrevivir pueden esperar un año o más? Peor aun… ¿Quién decidió que un estado puede vivir sin justicia?
Es en virtud de lo anterior, que se está comentiendo un grave error al ver en estos tres poderes, entes autárquicos; esto además de ser paradójico, es una verdadera contradicción a los principios que constituyen nuestra democracia y nuestro sistema de pesos y contrapesos.
Si bien es cierto que su autonomía debe representar un muro para el autoritarismo, también es cierto que ésta no les da la libertad de consolidar un monopolio alrededor de sus funciones, ni mucho menos los faculta para decidir cuándo una sociedad necesita justicia y cuando no la necesita.
El Estado es un todo y estos tres poderes, incluyendo el judicial, forman parte de un engranaje que debe de funcionar con una coordinación perfecta, de tal manera que la sociedad pueda seguir su rumbo y que se pueda garantizar un equilibrio de carácter constitucional que de forma y rumbo a la idea de Estado moderno y de libertades.
Es así que ante esta profunda crisis de justicia que vive Jalisco, es necesario tener presentes 3 ideas: primero, que la grandeza de una democracia radica en la fortaleza de sus órganos encargados de impartir justicia; segundo, que tal y como lo señaló Lucio Anneo Séneca, político, orador y escritor romano: nada se parece más a la injusticia que la justicia tardía; y tercero, tal y como lo mencionó Nicolás Maquiavelo: todos los Estados bien gobernados, y todos los príncipes inteligentes han tenido siempre el cuidado de no reducir a la nobleza a la desesperación, ni al pueblo al descontento.
El dia de hoy el Poder Judicial reanudará sus actividades, sin embargo, debemos tener presente que ni Jalisco ni México han visto lo peor de esta pandemia aún, las variaciones del virus están cada vez más cerca y con ellas se ve a lo lejos un nuevo encierro, y ante este panorama no queda más que esperar que los miembros de este órgano sean conscientes del daño y la inestabilidad a la que la inactividad judicial somete tanto al Estado como a sus gobernados, y que en el futuro, priocricen su actividad como una de las más sustanciales que el Estado tiene a su alcance.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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