OPINIÓN
La visión federalista de José Antonio de Agraz Gallardo: Cronistas de Jalisco, en Autlán, bastión del Estado y el federalismo
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
Jalisco es aquilatado dentro del pacto federal que dio vida a la República Mexicana, como el “hermano mayor”, por haber sido no solo la fuente del republicanismo, sino la cuna del sistema federalista, que recientemente se puso de moda por un grupo de gobernadores, por lo general críticos del gobierno de la Cuarta Transformación, pero que finalmente ha venido a menos. Como cada año suelen hacerlo, los misioneros de la cultura que son los cronistas municipales, celebraron en el sureño Autlán, su Congreso número 26.
Reflexionando sobre aquel admirable título antedicho, -de Hermano Mayor-, hemos de anotar que inexactamente se confunde atribuyéndoselo al solo tesón de la capital jalisciense, sin embargo, debemos advertir que no se debe exclusivamente a ese innegable brío de la bellísima Perla Tapatía, Guadalajara, la “de los de Jalisco”, -como subrayara el brillante Agustín Yáñez- sino a la suma de esfuerzos de todas las poblaciones del Estado. Y dentro de ese concierto, brilla con luces propias el fructífero suelo de Autlán, el legendario crisol de la grana. Bien asienta el cronista Ignacio Gómez Zepeda, aludiendo a la robusta capital del suroeste de la entidad: “es la única ciudad de Jalisco, no fundada por los españoles, que jamás ha perdido su grandeza y esplendor…”
En efecto, desde que se tiene noticia documental de estas tierras, el 4 de mayo de 1525, en que arribó a la ubicación de “Abtlan” (Autlán), el Visitador hispano Francisco de Vargas, en la Relación que nos legó, (texto escrito por mandato de D. Francisco Cortés de San Buenaventura, primo de Hernán Cortés, quien le encomendó incursionar por amplia área de los Estados de Jalisco y Nayarit) ya la denomina como “cibdad” (ciudad), en reconocimiento a su dimensión: extensa, con 1,200 casas diseminadas en kilómetros, y buen número de pobladores, pues solo varones eran 2,400, más mujeres y niños, con lo que rebasaría los diez mil habitantes, cuya principal ocupación era cultivar maíz y chile (ají). Además, entre otros datos, nos proporciona el nombre de los dos “señores” que gobernaban el lugar: Milpanecatetle (Señor de la Milpa o sembrado) y un joven llamado Opuchel (el zurdo), quienes guiaban a sus guerreros en las refriegas que sostenían con sus vecinos, especialmente los de Milpa, cacicazgo alrededor del renovado Chante autleco.
Una característica de los indígenas de ese rumbo, fue el cultivo de la grana (nocheztli) que, muy apreciada por los españoles, estos incrementaron su cultivo, a tal grado, que la población fue etiquetada como “Autlán de la Grana”, motivo por lo que escribe Lilia Oliver: “Bello nombre que conjuga dos épocas…la prehispánica y la colonial”.
Mucho llovió durante los tres siglos coloniales en los cuales Autlán de la Grana, figuró como Alcaldía Mayor subalternada a la Audiencia de Guadalajara, Reyno de Nueva Galicia, hasta que, ya comprendida en la Intendencia de Guadalajara a fines del siglo XVIII, su rango es de Subdelegación, con Subdelegado en lugar de Alcalde Mayor. Luego se sumó, primero a la lucha por la independencia, (desde 1810) y enseguida a su consumación, que en nuestros lares se alcanzó bajo el lema de “Independencia o Muerte”, el 13 de junio de 1821. Casi a la par, se restauró la vida municipal: esta se había instituido con la Constitución de Cádiz, en toda la antigua provincia neogallega, al finar el año de 1813; pero habiéndose suprimido a escasos dos años, fue restablecida en 1820, logrando consolidarse a partir del siguiente año, siempre presidida por un Alcalde, predecesor de los actuales Presidentes municipales.
Por diciembre de 1822 se eligió a los nuevos alcaldes, y en Autlán resultó electo D. José Antonio de Agraz Gallardo, quien asumiría su cargo en el arranque del nuevo año de 1823. Este personaje será clave para respaldar en mayo al inminente Estado de Xalisco (hoy escrito como Jalisco) que finalmente, el 16 de junio de 1823, surgió con ese cartel como paladín de la republica y el federalismo. Ese apoyo se refleja en el acta del Ayuntamiento autlense que presidía, fechada el 29 de mayo de ese año, fungiendo como secretario D. Jesus Sánchez. El señor Agraz, comerciante, era nativo de Sayula y en 1793 se domicilió en Autlán, donde formó familia casándose con la zacoalquense María Ramona Flores Medrano (1804). Desde ese tiempo se mostró participativo y de ideas avanzadas. Después de servir como alcalde, sostuvo dinámica actividad en la vida política de la demarcación, aspirando a cargos de elección.
El Libro de la Razón General de Hacienda Nacional, redactado por el Intendente y en cierto momento de 1822, Jefe Político de Guadalajara, el ibero D. Antonio Gutiérrez de Ulloa, contiene datos recopilados desde varios años antes, hasta 1823; en él se informa que la Intendencia tapatía, (antes Nueva Galicia, que se proclamaría en junio 16 como Estado Libre de Xalisco), estaba compuesta por 28 Partidos político-administrativos, (antes conocidos como Subdelegaciones) siendo uno el de Autlán, con una población de 36,022 habitantes y conformado por las localidades (antiguos tenientazgos) de Ejutla, Tecolotlán y Ameca, que tenían ayuntamiento, aun cuando por su importancia, también gozaban de esa atribución los pueblos de Ayutla, Cuautitlán, Ixtlahuacán (de Santiago, ahora delegación de Unión de Tula) y Tomatlán. El Partido poseía dos puertos con guarniciones militares en el océano Pacífico: Navidad y Santiago.
Un valioso documento fechado el 29 de mayo de 1823, nos da cabal cuenta del pensamiento del señor Agraz y los más ilustrados residentes de Autlán. En su inicio dicen que de nada serviría “la gloriosa lucha de las Provincias con objeto de adquirir nuestra bien apetecida libertad, si al comenzar a poseerla sufrieran los pueblos la dureza de no poder usarla”. Esto debido a que señalan, el primer Congreso General que tuvo la nación, no cumplió su objetivo esencial -de redactar una Carta Magna-, y en cambio, tras admitir el Imperio iturbidista, fue disuelto por el mismo autócrata que consagró. Y al ser restituido, tras la abdicación de Agustín I, se negaba a cumplir las exigencias de los jaliscienses y otros ciudadanos de todo el país, sobre convocar nuevo Congreso y que este adoptara en su Constitución, el sistema republicano y la fórmula federal, que califican el señor Agraz y sus conciudadanos, como “principios muy liberales”.
Aluden los firmantes del acta autlense, que no se puede permitir que haya un Congreso en pugna con sus comitentes, como hoy por hoy, lo exigimos los mexicanos. De allí que “este Ayuntamiento a nombre del pueblo que representa y anuente con su vecindario en Junta” pida a la Diputación Provincial de Guadalajara, que no se aceptará una Constitución que dicte el Congreso repuesto, “más hoy que las Provincias desatadas ya del Carro Monárquico, pueden por sí mismas constituirse libremente, adoptando el sistema federativo”.
Para esos ancestros nuestros, la “forma de gobierno” sugerida, era la más adecuada para observarse por el Ayuntamiento y su vecindario, considerando que protegería a la religión católica que era la de todos en ese tiempo. Y en cuanto a la Asamblea legislativa (que intitula Alto Senado) deberá emitir “leyes comunes y generales para la conservación, seguridad y confianza pública del Estado”, debiendo asentarse en el lugar que estimen conveniente las “provincias confederadas”.
Por lo que ve al “Congreso Provincial”, es decir, al Poder Legislativo local (que sustituiría a la Diputación Provincial, germinada en la Constitución de Cádiz (1812), instalada en 1813 y suspendida al siguiente año, pero rehabilitada desde 1820) debería estar “compuesto de sabios, nacidos y educados en el mismo territorio”, para que forjen leyes que generen “el bien y la felicidad” con lo cual harán desaparecer “la ociosidad y los vicios a favor de la vigilancia, florecer las artes y la industria por medio de la educación y la enseñanza…y que la agricultura y las minas vengan a ser el manantial inagotable de la prosperidad nacional…”
La argumentación de los primeros federalistas autlenses, cierra con esta reflexión: “Dígase en hora buena, que la falta de ilustración es un obstáculo; este Ayuntamiento, por lo contrario, se siente persuadido firmemente de que un aplicado maestro con menos dificultad instruye cuatro que cuarenta niños, y que aquellos en tal caso adelantarán más pronto.”
El inolvidable literato Ramón Rubín, que vivió y recorrió la zona, se expresó de Autlán como la reina y señora que fue y sigue siendo, de su pródigo valle. En tal idea, es que los cronistas municipales reunidos el anterior sábado 10 de este septiembre, enfatizamos: Si queremos comprender el antaño y hogaño del suroeste jalisciense, debemos conocer la historia de Autlán, insigne desde sus albores, insólita en su desarrollo y férrea en sus convicciones; la comarca y su gente, enarbolan espléndido jirón del perfil de Jalisco, el recio baluarte de la república y fiel recinto de los más significativos valores de la mexicanidad.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
Si prefiere descargar el PDF en lugar de leer online: CLICK AQUÍ
Lectores en teléfono celular: Para una mejor lectura online, girar a la posición horizontal.
LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
Presentan en la matutina el Café del Bienestar y llueven memes
El informe y el primer año de gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum
México y EEUU refuerzan cooperación en seguridad y migración tras reunión Sheinbaum–Rubio
Lleva Ballet Folclórico de Guadalajara cultura y tradición a Estados Unidos
