OPINIÓN
Las convulsiones de México en la historia: Estorbos del orden social, poder y dinero
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
En todos los tiempos y lugares, las pugnas entre los seres humanos son constantes. Y aunque los motivos son de tener muy en cuenta (la libertad, la independencia, la justicia, la educación, ideologías, religión, etc.), lo cierto es que en el fondo lo que impulsa las fricciones, peleas y disputas son nada más ni nada menos que el poder y el dinero.
¿Qué buscaban los europeos cuando descubrieron América? El control del comercio, es decir, lucro, dinero. Y al ver que lo que se generó fue la posibilidad de apropiarse de terrenos y pueblos, impulsaron la conquista, lo cual conlleva poder y riquezas. Para lograr estos objetivos, no importó ensuciar la religión, sino que por el contrario en ella se apoyaron para consumar sus ambiciones.
Establecidas las colonias, los países dominantes se dedicaron con avidez a explotar los territorios dominados y abusar de los vencidos. En nuestro país, fueron 300 años de padecimientos sin cuento, hasta que sobrevino la guerra de independencia. Pero aún este noble movimiento se impulsó por el afán de autoridad: los criollos, hijos de europeos, que ambicionaban las posesiones de los peninsulares, querían conquistar el poder, y desde luego administrar la riqueza. Los mestizos, clase social creciente, no se quedaban atrás, y parte de ese rico botín debería quedar en sus manos. Las grandes masas desposeídas, indios y castas, querían libertad, tierras y modo de trabajar para mitigar su situación: esto implica poder y dinero.
Lograda la emancipación nacional, adoptado un sistema político republicano y federalista, los nacientes partidos políticos propugnaron luchas por el mando y a toda costa atraían a las clases pudientes, de donde saldrían recursos que sostendrían su porfía, para que de triunfar, prometían a sus tenedores, ser premiados con creces. Ahora, si no colaboraban voluntariamente, se les arrancaba sus riquezas y perderían casi todo, se ganara o no la causa.
Así llegamos a los ásperos enfrentamientos con el voraz gobierno del norte anglosajón, cuando en varias etapas fuimos despojados: de Tejas, de Arizona, Nuevo México y Colorado hasta Alta California; finalmente de la Mesilla. No hay que soslayar el desleal papel de muchos malos mexicanos en estas aciagas historias, pero aún ellos, alimentados siempre en su apátrida codicia por el poder y el dinero.
Sobrepasado ese tiempo amargo, en que incluimos la intervención francesa, volvieron los duelos entre liberales y conservadores: el objetivo de igual manera fue poder y dinero, ya que la guerra de Reforma supuso redistribuir la riqueza y reorganizar el poder. En el porfiriato, a título de la modernización nacional, lo que se registró fue el desposeer a los pueblos, privar de los derechos políticos a la población y hacer que imperaran los principios de “mucha administración y poca política”, lo cual presupone que unos cuantos ejercían el poder y otros pocos, se encargaban de agenciar la riqueza.
Estalló la revolución, y su enseña de sufragio efectivo no reelección, así como de justicia social y la divisa de que la tierra sería para el que la trabaje, tuvo su lugar y caminó con base en poder y dinero.
Así se llegó a la segunda parte del siglo pasado. La república estaba organizada y a las demandas socio políticas, se les buscó una pulida solución. El gobierno emanado del partido de la revolución institucionalizada aplicó mucho de lo que criticó a Porfirio Díaz. Repartía dinero y daba migajas de poder para mantener la gobernanza.
Los tres poderes constitucionales y los municipios, conforme nuestra tripartita división política, crearon una burocracia cada vez más pesada, pero siempre consentida. La administración descentralizada y la de índole desconcentrado, fueron incrementándose, engulléndose calladamente gruesa tajada del presupuesto. Y parecía que todo marchaba en sana calma.
Con el nuevo milenio, se hicieron más concesiones y ajustes. Allí surgieron organismos, técnicos o de índole ciudadano, que buscando resolver problemas de fondo, cometieron el grave error de creer que honradez, capacidad, independencia y vocación de servicio, se lograba con grandes sueldos y prestaciones.
De esa manera, los jueces y magistrados, incluidos ministros de justicia, se blindaron con enormes estipendios: supuestamente así se ganaría la lucha contra la corrupción, lo cual fue una monumental falla, ya que aquella reside en la sustentación de valores. Y cada que se autorizó crear un organismo especializado, se dotó a sus integrantes de formidables alcances. Esto convirtió en un objetivo dorado para los cientos de aspirantes a cada cargo público, el lograr quedarse en alguno de ellos: ser magistrado, parte de algún instituto ciudadanizado, técnico o de creación reciente, garantiza poseer elevados ingresos y dorados privilegios.
Al llegar a la segunda década del corriente siglo, la corrupción se había desbordado. Los órganos autónomos, los de índole independiente o ciudadano, y aún los de la administración directa, se habían dado todo género de autoprotecciones, presentando diferencias notorias especialmente si se comparaban con empleados, trabajadores y servidores del común en cualesquier sector. De allí frases como “gobierno rico y pueblo pobre” en un sistema desprovisto de eficaz rendición de cuentas.
Como a cada problema o reclamo social, se le dieron respuestas a modo y a medias, en no pocas veces la solución solo era un gatopardismo evidente. El IFE, de buen inicio, se flexionó al volverse centralista como INE y no detectar violaciones electorales tan incuestionables como el sol. El INAI, con evidente buen objetivo, se desdibujó y cerró los ojos en casos como Odebrecht y muchos otros tan sonados como las guarderías ABC, el caso Ayotzinapa, etc. Y así la inmensa mayoría de nuevos entes, por lo general nidales para recomendados y protegidos.
Por ello se dio la nación una oportunidad en 2018. El priísmo “renovado” había sido incapaz de detener la corrupción, la impunidad, hipocresía y el abuso. El panismo fue un fallido paso al margen que acomodó el regreso del ogro, y éste como era previsible, hundió a la nación en casi todas sus áreas. No habiendo otra opción, la mayoría sufragante decidió dar la alternativa a una tercera vía, y esta fundamentó su esfuerzo en mejorar a los pobres, separar al poder económico del político, aligerar el lento aparato burocrático, reestructurar las nervaturas esenciales del país y crear una Cuarta Transformación de la República, la Cuatro T. Su base es el combate a la corrupción y su lema la austeridad.
Y aquí comenzaron de nueva cuenta los desencuentros. La austeridad se contradice con la vida fácil, muelle, que se han dado los altos funcionarios, los políticos poderosos, los líderes venales, y hasta los empresarios compinches. El primer mandatario puso la muestra y se rebajó por mitad su salario, así como el de los colaboradores directos de su gobierno. Agregó cortantes bajas de prestaciones onerosas. Y llevó las reformas a la Constitución Federal, para que fueran parejas.
En ese momento aparecieron verdaderas rebeliones y disconformidades con la nueva política. Los dorados miembros del poder judicial se escudaron en nichos legales, que permiten conservar impúdicas remuneraciones. Siguiendo su ejemplo, los miembros de numerosos organismos acudieron al amparo, y desde luego, lograron el respaldo de quienes padecen del mismo vicio y son incapaces de curárselo.
El fundamento de esta situación es sencilla: los que riñen no perder sus privilegios, no están en el servicio público por vocación, sino por avaricia; no llegan por méritos sino por influencias. La Constitución está tijeretada y en cada recoveco se encuentran defensas para que la austeridad y los valores morales no se apliquen. De allí que sean tan ardientes defensores de los Fideicomisos, de los organismos autónomos, y de toda forma legal que les asegure prebendas.
Y lo que decimos para el orden federal, es perfectamente aplicable para los gobiernos del ámbito estatal o municipal. Y quizá en estos resulte peor porque los ejecutivos locales ni de lejos se parecen, en lo decidido y austero, al modo de ser del presidente.
Es indispensable se legisle a fondo sobre este tema. No debe haber organismos onerosísimos, ni servidores públicos vividores. La administración pública solo debe poseer los entes mínimos para cumplir sus fines, sujetos a la vocación de servicio al pueblo, apego a la modestia y alejados de la comodidad excesiva y la ostentación, con separación total del nepotismo, de la ineptitud, el compadrazgo y el influyentismo.
Debemos entender que el dinero solo debe representar el aspecto considerado para vivir con decencia, y el poder ha de ejercerse ceñidos a la ley y la moral. Ambos elementos son los que deberían determinar la conducta de todo servidor público: si la Constitución establece que nadie debe percibir más sueldo que el presidente de la república, lo que es justo sin alegaciones, entonces no deben pelear mezquinamente ingresos exagerados; quien tenga vocación de servicio, que se atenga a tal mandato y se ajuste a la austeridad con misticismo que debe caracterizar a todo buen servidor público.
Porque cuando vemos que quienes más defienden, hasta con chicanadas, ingresos descomunales, son jueces, magistrados, ministros y altos directivos de organismos autónomos, más aterrador aparece el horizonte de nuestra nación.
Ser empleado de gobierno es un honor, no oportunidad de abuso ni enriquecimiento. Enaltecer el servicio público es un paso que debe darse a la mayor brevedad, aunque genere rasguños, enojos y purgas; pero todo ello es indispensable para bien de la república y salud de la sociedad.
Abandonemos las batallas por atesorar prerrogativas; empeñemos nuestros esfuerzos en consolidar la democracia, fortalecer las instituciones, servir a la comunidad, cumplir la ley y desterrar los desfiguros de la vida pública. Antepongamos el civismo y con ahínco, busquemos ser cada vez, mejores ciudadanos: por este sendero haremos cada día más grande a nuestra patria.
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
El caso de Colomos III ha encendido las alarmas en Jalisco, un estado que lucha por equilibrar el desarrollo con la preservación de sus pulmones verdes.
La resolución del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que otorgó un amparo a Ricardo Ramírez Angulo para recuperar 5.75 hectáreas en esta área protegida, ha desatado una tormenta política y jurídica.
El gobernador Pablo Lemus ha sido contundente: “Por ningún motivo permitiré que cercenen a Colomos III. Sobre mi cadáver”, afirmó, prometiendo agotar todas las instancias legales para proteger este bosque urbano.
Pero, ¿qué hay detrás de este choque entre la justicia federal, los derechos de propiedad y la defensa del patrimonio ecológico? ¿Es esta una batalla genuina por el bien común o un nuevo capítulo en los “juegos del poder”?
El artículo 14 constitucional es el cimiento de esta controversia. Nadie puede ser privado de sus propiedades sin un juicio justo, en un tribunal establecido, con todas las formalidades del procedimiento. En Colomos III, el amparo concedido al particular se basa en que el gobierno de Jalisco, bajo la administración de Aristóteles Sandoval en 2017, intentó recuperar el predio mediante actos administrativos, no un juicio de nulidad.
Las escrituras públicas, registros catastrales y pagos de impuestos sustentan la confianza legítima del propietario, quien reclama posesión desde hace años. La justicia federal invalidó los agravios del Ejecutivo estatal, reafirmando que la privación de derechos exige un proceso judicial transparente, no decisiones unilaterales.
Lemus, con su característica vehemencia, ha acusado a “algunos jueces” de actuar “corruptamente” en sus últimos días en funciones, sugiriendo que la resolución favorece intereses privados sobre el bien colectivo. “Quedan muchas instancias legales por dirimir. Les doy mi palabra: nuestro Bosque Urbano se mantendrá intacto”, dijo, respaldado por el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, quien comparte la visión de proteger áreas verdes como legado para las futuras generaciones.
En este contexto, habría qué preguntar: ¿La defensa del medio ambiente se ha hecho con la ley en la mano o es una cortina de humo para ocultar errores institucionales?
El caso Colomos III destapa un patrón inquietante. En el Bajío y el Bosque de la Primavera, hemos visto cómo las autoridades han intentado recuperar terrenos sin respetar el debido proceso, solo para ser frenadas por la justicia federal.
En Colomos III, el gobierno validó las escrituras desde los gobiernos panistas que antecedieron al de Aristóteles Sandoval, al quedar registradas las escrituras que amparan la propiedad de Ricardo Ramírez Angulo desde el momento que quedó asentado en el Registro Público de la Propiedad y el catastro municipal cobró el impuesto predial.
Si hubo una irregularidad con estas escrituras debió de irse al fondo del asunto, esto es, investigar y en su caso denunciar a las autoridades estatales que validaron esas escrituras, lo que no se hizo.
Tengamos presente que la confianza legítima no es un concepto abstracto; es el derecho de los ciudadanos a creer en las instituciones que validan sus propiedades. Romper eso sin un proceso justo es pisotear la constitución.
La resolución judicial no solo protege al particular, sino que expone la fragilidad de un sistema que actúa con arbitrariedad, confiando en que la fuerza política superará la legalidad.
Lemus, en su cruzada por Colomos III, ha elevado la apuesta: “Primero dejo de ser gobernador antes de que construyan esas torres”, declaró, refiriéndose también a un proyecto de 140 departamentos en un predio contiguo.
En el caso del terreno de Colomos III, el hecho de que esté sobre un manantial, no implica que por ese hecho el particular no pueda detentar la propiedad, que no es lo mismo que sobre esa superficie se pueda edificar. Son dos cosas diferentes.
Si nos basamos en lo que establece la ley, tanto el Ayuntamiento de Zapopan como el Gobierno del Estado pueden negar permisos para su construcción y evitar la construcción. El particular a su vez puede alegar su derecho a construir, pero ese sería otro pleito jurídico.
Más que ir contra el particular aquí lo que procedería de parte del gobierno de Pablo Lemus es quién fue y con qué argumentos validó en otros sexenios la validez de esa propiedad que hoy pertenece al empresario Ricardo Ramírez Angulo.
Hemos advertido que en este caso de Colomos III el gobierno estatal intentó bloquear el proceso judicial con recusaciones frívolas, como nombrar abogados externos para generar conflictos de interés con el magistrado. Estas tácticas, que retrasaron la resolución por más de un año, son un “juego del poder”: Manipular el sistema judicial para ganar tiempo no es defender el interés público; es jugar con la confianza ciudadana”.
La justicia federal desechó estas maniobras, permitiendo una resolución que prioriza el estado de derecho sobre la presión política. La defensa de Colomos III como área de conservación, con sus mantos acuíferos y biodiversidad, es una causa que vale la pena defender. El bosque no es solo un terreno; es el latir de Jalisco, el derecho de las futuras generaciones a un entorno sano.
La batalla no se gana con discursos. Habrá que ver la defensa jurídica que lleven adelante los abogados del Gobierno del Estado. Consulté a varios abogados sobre este caso y coincidieron que el asunto está muy claro: al particular le asiste la razón, ya que cuando fue despojado no se le dio derecho de audiencia.
Si el gobierno validó las escrituras, ¿por qué no las impugnó a tiempo? ¿Quién permitió que este litigio se prolongara? La respuesta estaría en la necesidad de una vigilancia ciudadana implacable, que exija cuentas claras y no se conforme con promesas o declaraciones políticas.
Colomos III un reflejo de las tensiones entre el poder, la justicia y el clamor ciudadano. Más que culpar a la autoridad de justicia federal, el Ejecutivo debe revisar quién o quiénes validaron las escrituras de quienes se asume como propietario de Colomos III, si es que existe una irregularidad en el Registro Público de la Propiedad y habría que revisar a funcionarios de tres o cuatro gobiernos anteriores al actual.
La sociedad jalisciense requiere se proteja su patrimonio, pero también se respete la ley. Los ciudadanos deben exigir transparencia en los actos jurídicos que realizan sus gobernantes y con su presión incansable, son la verdadera esperanza para que Colomos III siga siendo un bosque, no un cementerio de promesas rotas.
Es momento que los jaliscienses dejen la apatía y tomen las riendas, vigilando cada paso para que la justicia, la transparencia y la sustentabilidad no sean solo palabras, sino el latir de un estado transformado.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un millar de delegados, el 92% de la lista, acudieron puntuales a la llamada del partido naranja en su quinta convención estatal. La cifra es presentada como muestra de unidad, pero también exhibe el peso de la disciplina: en Movimiento Ciudadano nadie quiere desentonar cuando la batuta la llevan el gobernador Pablo Lemus y el dirigente nacional Jorge Álvarez Máynez.
La aclamación fue unánime, sin votos en contra, sin voces disonantes. En la política, los unanimismos suelen esconder más temores que entusiasmos.
¿Es lo mismo que está pasando en la Universidad de Guadalajara con las “elecciones” de sus sindicatos: el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG)?
La protagonista, Mirza Flores, recibió la ratificación como coordinadora estatal hasta 2028. Ella misma lo dijo: “La silla del poder es prestada”. Una frase que suena a advertencia, pero que también funciona como vacuna retórica frente a los males que hundieron al PRI y al PAN: la soberbia y el alejamiento de la gente. Flores lo sabe y lo repite como mantra, consciente de que su papel no es el de caudillo, sino el de guardiana de la cercanía. Sin embargo, no deja de ser paradójico: en un partido que se ufana de ser movimiento ciudadano, las decisiones se siguen tomando de arriba hacia abajo, con respaldo calculado y bendiciones previas.
Curioso… Lo mismo pasó en la UdeG, donde los nombres de los lideres sindícales ganadores ya se conocían, ¡Solo faltaban las elecciones!
El plan que presentó Mirza Flores tiene ambición de hegemonía: conquistar todas las alcaldías de la Zona Metropolitana de Guadalajara, recuperar territorios perdidos como Puerto Vallarta y Tepatitlán, y mantener a Jalisco como la cantera de votos más fértil para el partido. Nada menos que replicar el éxito de 2021, cuando MC logró mayoría en el Congreso local, pero ahora bajo la sombra de Pablo Lemus, un político con estilo empresarial que intenta suceder al caudillismo alfarista. Caudillo que, por cierto, dobló a la universidad en cuyas instalaciones se realizó la convención estatal que ungió a Mirza Flores.
En este juego de equilibrios, Flores se ubica como la bisagra: entre el legado de Enrique Alfaro —al que define como respeto e inspiración— y la proyección de Lemus como jefe político del estado. El discurso es claro: unidad interna, cero fracturas, disciplina férrea.
La pregunta incómoda es si este modelo podrá resistir el desgaste natural del poder y el embate de Morena en 2027, que ya acecha con candidatos competitivos en la metrópoli. Entre los cuales, por cierto, no estará Ricardo Villanueva como candidato, ni repetirá Jesús Becerra -líder del SUTUdeG- quien actualmente está desaparecido como regidor en Guadalajara.
Los discursos en la convención abundaron en promesas de cercanía y servicio. Se recordaron programas sociales: medicamentos oncológicos gratuitos para niños, útiles y calzado escolar, infraestructura educativa. Nada mal como vitrina de logros.
Pero mientras tanto, la memoria de Cecilia Ruvalcaba, regidora asesinada en Teocaltiche, flotaba como recordatorio de la fragilidad del proyecto naranja en territorios violentos. La mención de Máynez no fue casual: fue un acto de contrición forzada para reconocer que no todo es marketing ni aplausos en la Casa Ciudadana.
Respecto a la promesa que hizo Pablo Lemus de pacificar Teocaltiche en 45 días… No se pronunció ninguna autocrítica.
Mirza Flores, abogada formada en género y ciudadanía, se presenta como rostro fresco y feminista en un partido dominado por varones con oficio de caudillos. Su apuesta es a la inclusión y a la disciplina, al trabajo territorial y al contacto con la gente. En la entrevista previa a la convención lo resumió con precisión: “Mi tarea es sumar y multiplicar”. Pero el riesgo, otra vez, es el de la aritmética política: sumar cuadros puede implicar también sumar vicios, y multiplicar estructuras puede derivar en multiplicar cuotas.
Recordé a Natalia Juárez, nueva secretaria del STAUdeG, que en redes al saberse ganadora dijo: “Estamos convencidas y convencidos de que la suma de esfuerzos es la mejor manera de responder a los retos que enfrentamos y de construir un sindicato que represente con dignidad y unidad a todas y todos los académicos de la UdeG”, esperemos que no pase lo mismo que con el PRD Jalisco, donde, también hablaba de unidad… y terminó enterrando al partido.
La convención de emecistas cerró con unidad exhibida, metas ambiciosas y discursos de confianza. Pero bajo la superficie laten los dilemas de siempre: ¿podrá MC conservar su ADN de cercanía o caerá en la burocracia que promete evitar? ¿Se convertirá Jalisco en bastión rumbo a la presidencia de 2030 o en laboratorio de tensiones internas?
El partido naranja se ufana de ser diferente, pero la política mexicana —esa que Mirza dice haber aprendido desde que tocaba puertas en 2012— enseña una lección vieja: los partidos que olvidan de dónde vienen terminan repitiendo la historia de los que prometieron nunca ser iguales.
En X @DEPACHECOS
– Opinión, por Erick Brandon Palacios Sánchez
Queridos amigos y lectores de Conciencia Pública, es un honor para mí volver a escribir en las páginas de este prestigioso semanario.
En los últimos meses, he tenido la satisfacción de alcanzar algunos logros importantes. El pasado 8 de agosto, recibí mi título profesional como Licenciado en Periodismo Digital por la UdeG. Y el sábado 30 de agosto de 2025, tuve el honor de ser invitado a la asamblea de elecciones del Círculo de Periodistas y Escritores de Jalisco A.C., donde fui propuesto como Vicepresidente de esta honorable organización gremial.
Este nombramiento simboliza un enorme compromiso para mí, ya que tengo la firme convicción de hacer que el periodismo jalisciense sea un espacio que abra las puertas al periodismo de inclusión, dando voz a las personas con discapacidad, adultos mayores y todos los sectores que necesiten una voz, un reflector o una pluma para describir sus necesidades.
Deseo expresar mi gratitud al Maestro Xavier Zaragoza Núñez, presidente honorario vitalicio y fundador del Círculo, por su voto de confianza para asumir esta gran misión.
La nueva mesa directiva
– Presidente: Sergio Octavio García Aceves
– Secretaría General: Victoria Falcón Águila
– Vicepresidente: Erick Brandon Palacios Sánchez
– Secretario de Actas y Acuerdos: Horacio García González
– Secretario de Organización: Arturo Robles Grey
Reconozco la gestión del presidente saliente, C. Pablo Arturo Morales Euzarraga.
Fundación y misión del Círculo de Periodistas y Escritores de Jalisco A.C.
Esta organización gremial nació en 2009, inspirada en personajes jaliscienses del periodismo independiente como David Hernández Hurdanidia y Salvador Quesada Ramírez. Sus fundadores fueron el Maestro Xavier Zaragoza Núñez y Miguel Ángel Torres Delgado. Entre sus principales tareas está darle voz a la llamada prensa chica y agrupar a escritores y periodistas interesados en el fenómeno informativo y en el acontecer social.
PRINCIPALES OBJETIVOS
– Agrupar a periodistas y escritores para promover valores como la ética, el respeto y la capacitación continua del gremio.
– Promover actividades culturales de alto impacto, como la entrega de la medalla David Hernández Hurdanidia.
MI PLAN DE TRABAJO
Como vicepresidente del círculo, mi plan es promover cursos de capacitación presencial para que los jóvenes desarrollen el amor por las letras y la pluma. También busco involucrar a las juventudes en las actividades de nuestra organización y consolidar de manera profesional el oficio del periodismo en las nuevas generaciones.
Gracias por su amable atención, queridos lectores del Semanario Conciencia Pública.
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