OPINIÓN
Las convulsiones de México en la historia: Estorbos del orden social, poder y dinero

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
En todos los tiempos y lugares, las pugnas entre los seres humanos son constantes. Y aunque los motivos son de tener muy en cuenta (la libertad, la independencia, la justicia, la educación, ideologías, religión, etc.), lo cierto es que en el fondo lo que impulsa las fricciones, peleas y disputas son nada más ni nada menos que el poder y el dinero.
¿Qué buscaban los europeos cuando descubrieron América? El control del comercio, es decir, lucro, dinero. Y al ver que lo que se generó fue la posibilidad de apropiarse de terrenos y pueblos, impulsaron la conquista, lo cual conlleva poder y riquezas. Para lograr estos objetivos, no importó ensuciar la religión, sino que por el contrario en ella se apoyaron para consumar sus ambiciones.
Establecidas las colonias, los países dominantes se dedicaron con avidez a explotar los territorios dominados y abusar de los vencidos. En nuestro país, fueron 300 años de padecimientos sin cuento, hasta que sobrevino la guerra de independencia. Pero aún este noble movimiento se impulsó por el afán de autoridad: los criollos, hijos de europeos, que ambicionaban las posesiones de los peninsulares, querían conquistar el poder, y desde luego administrar la riqueza. Los mestizos, clase social creciente, no se quedaban atrás, y parte de ese rico botín debería quedar en sus manos. Las grandes masas desposeídas, indios y castas, querían libertad, tierras y modo de trabajar para mitigar su situación: esto implica poder y dinero.
Lograda la emancipación nacional, adoptado un sistema político republicano y federalista, los nacientes partidos políticos propugnaron luchas por el mando y a toda costa atraían a las clases pudientes, de donde saldrían recursos que sostendrían su porfía, para que de triunfar, prometían a sus tenedores, ser premiados con creces. Ahora, si no colaboraban voluntariamente, se les arrancaba sus riquezas y perderían casi todo, se ganara o no la causa.
Así llegamos a los ásperos enfrentamientos con el voraz gobierno del norte anglosajón, cuando en varias etapas fuimos despojados: de Tejas, de Arizona, Nuevo México y Colorado hasta Alta California; finalmente de la Mesilla. No hay que soslayar el desleal papel de muchos malos mexicanos en estas aciagas historias, pero aún ellos, alimentados siempre en su apátrida codicia por el poder y el dinero.
Sobrepasado ese tiempo amargo, en que incluimos la intervención francesa, volvieron los duelos entre liberales y conservadores: el objetivo de igual manera fue poder y dinero, ya que la guerra de Reforma supuso redistribuir la riqueza y reorganizar el poder. En el porfiriato, a título de la modernización nacional, lo que se registró fue el desposeer a los pueblos, privar de los derechos políticos a la población y hacer que imperaran los principios de “mucha administración y poca política”, lo cual presupone que unos cuantos ejercían el poder y otros pocos, se encargaban de agenciar la riqueza.
Estalló la revolución, y su enseña de sufragio efectivo no reelección, así como de justicia social y la divisa de que la tierra sería para el que la trabaje, tuvo su lugar y caminó con base en poder y dinero.
Así se llegó a la segunda parte del siglo pasado. La república estaba organizada y a las demandas socio políticas, se les buscó una pulida solución. El gobierno emanado del partido de la revolución institucionalizada aplicó mucho de lo que criticó a Porfirio Díaz. Repartía dinero y daba migajas de poder para mantener la gobernanza.
Los tres poderes constitucionales y los municipios, conforme nuestra tripartita división política, crearon una burocracia cada vez más pesada, pero siempre consentida. La administración descentralizada y la de índole desconcentrado, fueron incrementándose, engulléndose calladamente gruesa tajada del presupuesto. Y parecía que todo marchaba en sana calma.
Con el nuevo milenio, se hicieron más concesiones y ajustes. Allí surgieron organismos, técnicos o de índole ciudadano, que buscando resolver problemas de fondo, cometieron el grave error de creer que honradez, capacidad, independencia y vocación de servicio, se lograba con grandes sueldos y prestaciones.
De esa manera, los jueces y magistrados, incluidos ministros de justicia, se blindaron con enormes estipendios: supuestamente así se ganaría la lucha contra la corrupción, lo cual fue una monumental falla, ya que aquella reside en la sustentación de valores. Y cada que se autorizó crear un organismo especializado, se dotó a sus integrantes de formidables alcances. Esto convirtió en un objetivo dorado para los cientos de aspirantes a cada cargo público, el lograr quedarse en alguno de ellos: ser magistrado, parte de algún instituto ciudadanizado, técnico o de creación reciente, garantiza poseer elevados ingresos y dorados privilegios.
Al llegar a la segunda década del corriente siglo, la corrupción se había desbordado. Los órganos autónomos, los de índole independiente o ciudadano, y aún los de la administración directa, se habían dado todo género de autoprotecciones, presentando diferencias notorias especialmente si se comparaban con empleados, trabajadores y servidores del común en cualesquier sector. De allí frases como “gobierno rico y pueblo pobre” en un sistema desprovisto de eficaz rendición de cuentas.
Como a cada problema o reclamo social, se le dieron respuestas a modo y a medias, en no pocas veces la solución solo era un gatopardismo evidente. El IFE, de buen inicio, se flexionó al volverse centralista como INE y no detectar violaciones electorales tan incuestionables como el sol. El INAI, con evidente buen objetivo, se desdibujó y cerró los ojos en casos como Odebrecht y muchos otros tan sonados como las guarderías ABC, el caso Ayotzinapa, etc. Y así la inmensa mayoría de nuevos entes, por lo general nidales para recomendados y protegidos.
Por ello se dio la nación una oportunidad en 2018. El priísmo “renovado” había sido incapaz de detener la corrupción, la impunidad, hipocresía y el abuso. El panismo fue un fallido paso al margen que acomodó el regreso del ogro, y éste como era previsible, hundió a la nación en casi todas sus áreas. No habiendo otra opción, la mayoría sufragante decidió dar la alternativa a una tercera vía, y esta fundamentó su esfuerzo en mejorar a los pobres, separar al poder económico del político, aligerar el lento aparato burocrático, reestructurar las nervaturas esenciales del país y crear una Cuarta Transformación de la República, la Cuatro T. Su base es el combate a la corrupción y su lema la austeridad.
Y aquí comenzaron de nueva cuenta los desencuentros. La austeridad se contradice con la vida fácil, muelle, que se han dado los altos funcionarios, los políticos poderosos, los líderes venales, y hasta los empresarios compinches. El primer mandatario puso la muestra y se rebajó por mitad su salario, así como el de los colaboradores directos de su gobierno. Agregó cortantes bajas de prestaciones onerosas. Y llevó las reformas a la Constitución Federal, para que fueran parejas.
En ese momento aparecieron verdaderas rebeliones y disconformidades con la nueva política. Los dorados miembros del poder judicial se escudaron en nichos legales, que permiten conservar impúdicas remuneraciones. Siguiendo su ejemplo, los miembros de numerosos organismos acudieron al amparo, y desde luego, lograron el respaldo de quienes padecen del mismo vicio y son incapaces de curárselo.
El fundamento de esta situación es sencilla: los que riñen no perder sus privilegios, no están en el servicio público por vocación, sino por avaricia; no llegan por méritos sino por influencias. La Constitución está tijeretada y en cada recoveco se encuentran defensas para que la austeridad y los valores morales no se apliquen. De allí que sean tan ardientes defensores de los Fideicomisos, de los organismos autónomos, y de toda forma legal que les asegure prebendas.
Y lo que decimos para el orden federal, es perfectamente aplicable para los gobiernos del ámbito estatal o municipal. Y quizá en estos resulte peor porque los ejecutivos locales ni de lejos se parecen, en lo decidido y austero, al modo de ser del presidente.
Es indispensable se legisle a fondo sobre este tema. No debe haber organismos onerosísimos, ni servidores públicos vividores. La administración pública solo debe poseer los entes mínimos para cumplir sus fines, sujetos a la vocación de servicio al pueblo, apego a la modestia y alejados de la comodidad excesiva y la ostentación, con separación total del nepotismo, de la ineptitud, el compadrazgo y el influyentismo.
Debemos entender que el dinero solo debe representar el aspecto considerado para vivir con decencia, y el poder ha de ejercerse ceñidos a la ley y la moral. Ambos elementos son los que deberían determinar la conducta de todo servidor público: si la Constitución establece que nadie debe percibir más sueldo que el presidente de la república, lo que es justo sin alegaciones, entonces no deben pelear mezquinamente ingresos exagerados; quien tenga vocación de servicio, que se atenga a tal mandato y se ajuste a la austeridad con misticismo que debe caracterizar a todo buen servidor público.
Porque cuando vemos que quienes más defienden, hasta con chicanadas, ingresos descomunales, son jueces, magistrados, ministros y altos directivos de organismos autónomos, más aterrador aparece el horizonte de nuestra nación.
Ser empleado de gobierno es un honor, no oportunidad de abuso ni enriquecimiento. Enaltecer el servicio público es un paso que debe darse a la mayor brevedad, aunque genere rasguños, enojos y purgas; pero todo ello es indispensable para bien de la república y salud de la sociedad.
Abandonemos las batallas por atesorar prerrogativas; empeñemos nuestros esfuerzos en consolidar la democracia, fortalecer las instituciones, servir a la comunidad, cumplir la ley y desterrar los desfiguros de la vida pública. Antepongamos el civismo y con ahínco, busquemos ser cada vez, mejores ciudadanos: por este sendero haremos cada día más grande a nuestra patria.
NACIONALES
Que no son lo que son

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
En el oficialismo, que incluye en este caso al gobierno, Poder Legislativo y partido, se han empeñado en no reconocer y negar lo que es evidente: la construcción de un Estado policial y la oficialización de la censura gubernamental atacando la libertad de expresión. La conversación se ha seguido en los medios públicos y privados con las voces del régimen negando y la oposición acusando la coartación de las libertades civiles.
Dos son los argumentos oficiales destacados; el primero es la necesidad que tiene el estado de combatir con mayor eficacia al crimen organizado y el segundo es que la oposición exagera para beneficiarse electoralmente y que en realidad ya todo está en la legislación y solo se adecua.
Se puede coincidir en que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, así como también en que el Estado requiere mejores instrumentos para combatirla; y que bueno que así se piense, pues eso implica que el Estado retome su potestad del uso legítimo de la fuerza para mantener el orden y la observancia de la ley.
En lo que no se puede estar de acuerdo es en que para hacerlo tenga que convertir a toda la población en potenciales delincuentes, sospechosos solo por poseer teléfonos celulares o participar en redes sociales. Poco importa que digan que se requerirá una disposición judicial para escudriñar las vidas de particulares, cuando el nuevo poder judicial está poblado por incondicionales del régimen.
Aceptemos que la presencia criminal se ha extendido territorialmente y diversificado en su actividad delictiva, pero también que las competencias de las policías municipales y de los estados está severamente limitada por falta de recursos que la federación ha preferido destinar a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas, y que la expansión de los grupos delincuentes fue posible por la desidia y la indiferencia de las fuerzas federales dedicadas por seis años a solo hacer presencia y dar abrazos y no balazos, sin descontar la posible connivencia o complicidad de políticos, policías y gobernantes, tolerada con conveniente disimulo.
El giro de timón que ha tenido la estrategia gubernamental, persiguiendo y apresando delincuentes, no sabemos si obedece a una real voluntad de acabar con el problema o solo ha administrarlo en tanto baja la presión del gobierno estadounidense que ha exigido un combate a fondo de los grupos criminales y su asociación con los poderes del Estado. En todo caso, a pesar de los resultados estadísticos favorables, los carteles avanzan y controlan amplias franjas del territorio nacional y no se entiende cómo la censura y el uso faccioso y político de los datos personales puedan coadyuvar a detenerlos.
Se dice también que la nueva CURP con datos biométricos coadyuvará en la búsqueda de personas desaparecidas, así como unificar datos de la población para trámites y servicios. Esto implica un peligro adicional para la ciudadanía, porque conocemos la ineptitud del gobierno para manejar este volumen de información con seguridad y secrecía, y no sería remoto, dada la penetración del crimen en las estructuras gubernamentales, que los datos personales cayeran en malas manos.
Sin embargo, podríamos dar el beneficio de la duda y abonar las buenas intenciones del gobierno, si no fuera por la estructura totalitaria que se está construyendo alrededor.
El ogro filantrópico se ha venido construyendo sistemáticamente. Las bases se sentaron el sexenio anterior y no mintieron al decir que seguiría un segundo piso. Hoy el Estado subsidia y anestesia la pobreza, censura y cohesiona a medios y comentaristas, hizo ficción a la división de poderes, eliminó los órganos e instituciones autónomas e independientes y desnaturalizó a las fuerzas armadas garantes hoy de la seguridad pública.
Lo que queda por hacer es dominar, controlar y sujetar las libertades individuales para hacer imposible la disidencia.
En ese objetivo es donde encuadran todas estas reformas que presentan como útiles para recobrar la seguridad y hacer más efectiva la actuación de las fuerzas armadas utilizando las herramientas de la inteligencia y equipos cibernéticos. No existe en las leyes que han propuesto límite alguno para que el Estado utilice los datos personales para los fines que juzgue convenientes, sean en efecto para perseguir delincuentes o para presionar e intimidar a opositores o a simples ciudadanos.
Ejemplos recientes nos muestran el uso selectivo de la justicia, al menos en el Tribunal electoral en casos de violencia de género y no hay garantía de que esa conducta no se vuelva rutinaria en el régimen en configuración, especialmente cuando desde la tribuna presidencial se trata a los críticos como adversarios y a los opositores como traidores. El uso y abuso faccioso del poder es propio de tiranos, aunque digan que no lo son. La democracia es a partir de ahora, escenografía.
NACIONALES
Nombramientos sin mérito

Opinión, por Iván Arrazola //
La discusión sobre si los cargos públicos deben asignarse con base en el mérito o la lealtad es tan antigua como la política misma. Se trata de una tensión permanente entre dos principios fundamentales: por un lado, el mérito, entendido como la selección de personas con competencias técnicas, experiencia comprobada y formación adecuada para desempeñar sus funciones con eficacia; y por el otro, la lealtad, asociada a la necesidad de los gobernantes de rodearse de personas de su confianza ideológica o personal para garantizar cohesión, control y ejecución política.
Si bien ambos criterios pueden coexistir en ciertas circunstancias, en la práctica se suele imponer uno sobre el otro, con consecuencias directas en la calidad del gobierno y en la percepción pública sobre la legitimidad de los nombramientos. En este sentido, vale la pena analizar dos casos recientes que han generado amplia polémica en México.
El reciente nombramiento de Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha generado una fuerte polémica. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, defendió su decisión señalando: “Yo reivindico a Hugo como un gran profesionista y creo que va a desempeñar un buen papel en la Organización Mundial de la Salud”. Sin embargo, no profundizó en los criterios específicos que motivaron su designación. Frente a las críticas, la presidenta ha atribuido los cuestionamientos a motivaciones políticas.
Desde una lógica institucional, este nombramiento resulta difícil de justificar bajo criterios de mérito. La gestión de López-Gatell durante la pandemia de COVID-19 fue severamente criticada por múltiples sectores sociales y médicos: desde la negativa inicial para recomendar el uso generalizado del cubrebocas, la falta de aplicación masiva de pruebas rápidas, la centralización opaca de la estrategia de vacunación, hasta su retórica polarizadora, como cuando llamó “golpeadores” a los padres de niños con cáncer que protestaban por el desabasto de medicamentos.
A pesar de que Sheinbaum defendió el nombramiento señalando su formación académica (es egresado de Johns Hopkins), lo cierto es que la percepción social de su desempeño es negativa. Informes independientes estiman que el número real de fallecimientos por la pandemia superó los 800 mil, muy por encima de las cifras oficiales que hablan de 300 mil muertes.
En este contexto, el nombramiento de López-Gatell no parece responder a una evaluación técnica o a un reconocimiento por resultados, sino más bien a un acto de lealtad política. Se premia a un aliado, se protege a una figura del obradorismo, aunque su desempeño haya sido profundamente cuestionado.
El segundo caso ilustra otra faceta del problema: el uso patrimonialista de los recursos públicos. Se trata de la comunicadora Eli Castro, quien recientemente fue exhibida por ocupar una plaza como asesora técnica en el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en Jalisco, con un salario de más de 73 mil pesos mensuales. La polémica surgió a partir de una transmisión en vivo, en la que un ciudadano cuestionó sus capacidades técnicas para desempeñar el cargo.
En lugar de presentar credenciales técnicas, Castro se limitó a presumir su trayectoria en el gobierno, señalando que ha trabajado con diversas administraciones y que ha ocupado cargos en cada una de ellas, incluyendo el Consejo Estatal de Trasplantes, las Fiestas de Octubre y la entonces Secretaría de Vialidad. Concluyó su intervención afirmando con orgullo: “por eso estoy donde estoy”. En la misma transmisión, reconoció que estaba comisionada y no realizaba funciones técnicas, lo que agravó la controversia. El SIAPA, en respuesta, emitió un comunicado para deslindarse, afirmando que el contrato era temporal y que no se renovaría. El propio director del organismo señaló que las tareas de comunicación que Castro debía realizar ya las ejecutaba él mismo.
Este caso no solo revela una designación sin méritos técnicos, sino además una falta total de control institucional: la autoridad estatal no tenía conocimiento del nombramiento, y las explicaciones posteriores resultaron insatisfactorias. En un contexto de crisis hídrica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con colonias que enfrentan desabasto, agua sucia y aumentos en las tarifas, el caso profundiza la desconfianza ciudadana hacia las autoridades responsables del servicio.
Ambos casos ejemplifican la arbitrariedad en el ejercicio del poder público y el debilitamiento del principio del mérito como criterio de selección. En el caso de López-Gatell, se premia a un funcionario sin rendición de cuentas por decisiones que costaron miles de vidas. En el caso de Eli Castro, se revela un uso discrecional de la nómina pública como si fuera propiedad privada del funcionario en turno.
Lo más preocupante es que, en ambos casos, el daño no se limita al escándalo mediático, sino que impacta directamente en la calidad de los bienes públicos: la salud y el acceso al agua, derechos fundamentales que hoy están en entredicho.
JALISCO
Los excesos, ¿son garantía?

Opinión, por Gerardo Rico //
Con una agenda 2030 el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) informó el pasado 30 de junio sobre los “Lineamientos para garantizar el principio de paridad de género, así como la implementación de disposiciones en favor de grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente discriminados, en la postulación en la de candidaturas a diputaciones y munícipes en el Proceso Electoral Local Concurrente 2026-2027”
Consejeras electorales de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación precisaron que: La paridad de género no fue una concesión del poder, sino el resultado de una lucha histórica impulsada por mujeres, activistas y feministas que denunciaron la exclusión estructural de las mujeres en la vida pública. Aunque se han logrado avances significativos, persisten barreras institucionales y socioculturales que impiden una participación plena, no solo de las mujeres, sino también de otros grupos históricamente excluidos, por lo que estos nuevos lineamientos buscan corregir esas desigualdades.
Se informó, además, que los lineamientos aprobados resultaron de un diagnóstico cuantitativo con información y datos del proceso electoral 2024 y luego de un amplio procedimiento incluyente y técnicamente sustentado, atendiendo principios de progresividad, paridad sustantiva y acceso igualitario a los derechos político-electorales.
En lo personal, estoy de acuerdo en el avance significativo que se ha tenido en los últimos años en los derechos de las mujeres y de grupos vulnerables en la sociedad que históricamente han sido discriminados en diferentes ámbitos, sobre todo en la actividad política. Aparte de la discriminación, han sido atacados de diferentes formas, impidiendo su desarrollo pleno en lo profesional y social, y esto sin duda se ha modificado en los últimos años a su favor.
Pero las acciones aprobadas por el IEPC Jalisco son un exceso de facultades que se atribuye el organismo y que pueden afectar la paridad y organización de los comicios intermedios del 2027. Mientras por un lado “resuelven” la participación femenina y de grupos discriminados, por el otro vulneran y limitan la participación política y las aspiraciones de quienes legítimamente aspirarán a algún cargo de elección popular y que por aras del destino son hombres.
Se trata de buscar un equilibrio en la representación y participación de ambos géneros en diversos ámbitos, incluyendo el político y el laboral.
La discusión puede enfocarse en cómo la paridad beneficia a toda la sociedad, incluyendo a los hombres, y cómo se pueden crear condiciones más equitativas para todos, sin perder de vista los retos específicos que enfrentan las mujeres y los grupos vulnerables.
De acuerdo a las disposiciones del organismo electoral en Jalisco, el total de candidaturas a diputados locales por mayoría relativa se integrará de manera paritaria entre ambos géneros, pero la postulación de personas no binarias y todas las identidades de género distintas al binario, se contabilizarán al género masculino.
Para los candidatos a diputados de representación proporcional, cada partido deberá presentar una lista de 18 personas alternadas por género (mujer-hombre-mujer), incluyendo al menos 9 candidaturas femeninas, y se permite que la lista pueda ser encabezada indistintamente por una mujer o un hombre, desde mi punto de vista, una situación más equilibrada.
Aunque establece en otra parte de su comunicado que en los primeros ocho lugares de la lista de representación proporcional se incluirá a algún miembro de los siguientes grupos: personas indígenas, con discapacidad, de la diversidad sexual (LGBTTIQ+) jóvenes y personas residentes en el extranjero. En caso de no incluir a alguien de dichos grupos en las listas de representación propocinal, el partido político deberá postular a las personas de estos grupos para diputaciones por mayoría relativa, en cualquiera de sus cinco distritos electorales más competitivos.
Pero luego viene el asunto de los municipios, aquí las candidaturas a la presidencia municipal en ocho demarcaciones deberán ser exclusivamente femeninas. Estos son: Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro, Chapala y Poncitlán.
Lo anterior se definió luego de identificar municipios en donde nunca ha sido electa una mujer para presidir el cabildo. De esos 49 se revisó donde no hay posibilidad de reelección al cargo; esto es en 16 demarcaciones y se ordenaron del más al menos poblado y eligieron la mitad: los ocho municipios con mayor población dentro del listado y de acuerdo al censo 2020 del INEGI.
Ante todas estas maromas cuantitativas y cualitativas y en las que reitero, desde mi punto de vista, quienes dirigen el IEPC Jalisco se han excedido en sus atribuciones, todas estas propuestas: ¿nos garantizarán mejores gobernantes?, ¿una clase política más preparada que realmente responda a las expectativas de quienes la eligen?
El 50% de mujeres y el 50% de hombres, así como la inclusión de grupos vulnerables en puestos de elección popular, ¿son garantía de mejores gobiernos?
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