JALISCO
Las inundaciones son un problema de colectores
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Mucho se ha escrito sobre el crecimiento metropolitano, si el crecimiento debe ser vertical con la construcción de torres y de nuevos fraccionamientos, así como de los graves problemas que vive y sufre la población producto de este crecimiento macrocefálico que hace cada vez más difícil la movilidad y la prestación de los diversos servicios a los que está comprometido el municipio como gobierno.
En todo este escenario, de repente aparece un macro socavón de 12 metros de largo, 4 de ancho y 6 de profundidad en una de las avenidas más importantes de la Metrópoli, como es la López Mateos y que impacta la vialidad citadina, por ser la principal entrada y salida a Guadalajara por la zona sur, donde habitan cuando menos medio millón de personas.
Sobre qué fue lo que causó este macro socavón, tenemos la versión del lado político que sustenta y defiende el gobernador Alfaro cuando afirma que el colapso del puente y de un colector es por las lluvias atípicas, aunado a la antigüedad del colector de López Mateos, conclusión que se llega tras los peritajes y estudios técnicos elaborados por especialistas, por lo que la reparación en esta parte de la artería podría quedar lista el 10 de agosto. En gran parte tiene razón Alfaro. Es una combinación de factores.
Lo único que puede hacer el gobernador Alfaro es una respuesta rápida ante el tamaño del problema y que es hacer la reparación que tendrá un costo de 80 millones de pesos y que es relativamente rápida, pero el grave problema que le genera trastornos a cientos de miles de ciudadanos, viene a exhibir las condiciones precarias en que se encuentra la infraestructura de colectores de la metrópoli y lo peor es que no pasa nada, simplemente se patea el vote para los que siguen, y estos a su vez podrán hacer lo mismo para que los que los vengan en su lugar.
En el caso del colector de López Mateos que tiene 60 años de antigüedad…¿qué hizo el gobierno de Alfaro en estos nueve años que gobernó Guadalajara y el Estado para prevenir este tipo de desastres? Nada. Había otras prioridades, porque dudo que desconocieran el problema. No cabe la ignorancia.
EL PROBLEMA ES DE DINERO
Sin embargo, alguien que le entiende al tema me hizo una serie de obervaciones: primera, es un problema de dinero y de responsabilidad, porque el Gobierno del Estado -no el de Alfaro- cobró a los urbanizadores “la colaboración para colectores”, pero utilizó el dinero en otros gastos y no construyó los colectores al oriente de López Mateos. La pregunta es: ¿Dónde quedó ese dinero que el Estado recaudó como contribución para colectores? ¿Cuánto se cobró de contribución para colectores y escuelas? ¿Cuánto se recaudó, en dónde se aplicó y cuál colector se construyó?
“No es un problema de planeación municipal, debe cumplirse lo planeado y cobrado”, me precisa mi fuente.
Otra precisión que nos hace:
“Ni el colector de la Calzada Independencia, ni de López Mateos son suficientes y no es problema de planeación municipal; se debieron construir uno o dos colectores interceptores al oriente de López Mateos, pero el mando político decidió en su momento que había otras cosas más urgentes y el dinero se desvió a otro rubro…no es un asunto que estén viejos, simplemente se necesitan y punto”, subrayó mi fuente.
El problema está allí, las inundaciones en Plaza Patria, Plaza del Sol y el colapso del colector López Mateos, el punto es cómo lo van a resolver y para ello se requiere de un proyecto, de dinero y no poquito para construir los colectores interceptores al oeste de López Mateos.
LOS QUE VIENEN
Ante esta problemática que se enfrenta y que hoy fue el socavón de López Mateos, mañana será el de la Calzada Independencia, al igual que las inundaciones en Plaza Patria y López Mateos continúan y continuarán, la pregunta es ¿qué harán en el futuro en el tema de colectores?
La pregunta es para el futuro gobernador y alcaldes metropolitanos, más para el primero que para los segundos. ¿Habrá voluntad de enfrentar el problema, de revisar el sistema de colectores y tener un diagnóstico y un plan claro sobre acciones en el futuro o simplemente que el problema siga, que el colapso de la ciudad por la incapacidad de infraestructura de colectores continúe agudizándose, y ya se verá lo que se requiera hacer cuando así suceda?
Sí, en Guadalajara llueve mucho cada año, puede ser un factor, pero la crisis se agiganta cuando no se hace lo que se requiere; es cierto, hay mucha pavimentación, producto de la urbanización que provoca el crecimiento y que nadie lo podía ni lo puede parar, lo que genera que las calles se conviertan en ríos cuando llueve, pero si no hay colectores suficientes para trasladar el agua pluvial, la ciudad se vuelve un caos y los socavones y/o hundimientos brotan por todos lados, ¿qué plan existe para enfrentar estos problemas?
El último colector se construyó hace 40 años. La ciudad creció, como el niño que tenía tres años, se desarrolló y los pantaloncitos no le alcanzaron cuando alcanzó la mayoría de edad. Algo similar pasó con la ciudad. Es muy simple o complejo el problema, como se quiera ver.
¿Los que vienen tomarán el toro por los cuernos y actuarán con sentido de responsabilidad o hay otros temas más importantes que atender?
El tiempo nos dará la respuesta.
– Por Francisco Junco
La diputada de Morena Brenda Carrera García, presentó una propuesta que busca tipificar con claridad la fabricación de pruebas materiales falsas para inculpar a una persona en un proceso judicial.
La legisladora advirtió sobre el vacío jurídico que actualmente permite que este tipo de conductas no tengan una sanción específica en el Código Penal del Estado.
Carrera García explicó que el artículo 168 del Código Penal vigente contempla conductas como declarar falsamente ante la autoridad, simular pruebas para exculpar, incurrir en falsedad como perito o realizar llamadas falsas al 911.
Sin embargo, subrayó que no existe sanción expresa para quien “con el propósito de inculpar a alguien de un delito, simule pruebas materiales en su contra”, lo que deja sin protección a personas inocentes frente a acusaciones fabricadas.
La legisladora sostuvo que la impunidad es el telón de fondo de este problema.
Recordó que, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, de cada diez delitos denunciados en Jalisco apenas el 8.4% llegan a investigación y menos del 1% termina en una sentencia efectiva. “Esto evidencia que el sistema de justicia privilegia la inacción sobre la justicia”, expuso.
Como ejemplo de la gravedad del fenómeno, relató el caso de un conductor de plataforma digital que fue amenazado con denuncias falsas de acoso por parte de una usuaria.
El chofer logró demostrar su inocencia únicamente porque grabó la conversación; de lo contrario, pudo haber enfrentado una condena injusta.
También mencionó situaciones en las que hombres, aprovechando su posición económica, fabrican testigos y hechos falsos para obtener la custodia de los hijos o privar de la libertad a su pareja.
“Muchos hombres o mujeres hoy reciben un castigo injusto o están privados de su libertad porque se falsearon los hechos. Eso no puede suceder más sin recibir un castigo ejemplar”, declaró Carrera García. Agregó que fabricar pruebas falsas vulnera derechos fundamentales como la defensa, la verdad y la seguridad jurídica, por lo que urge endurecer las sanciones.
La diputada concluyó que la iniciativa busca proteger al inocente, fortalecer la institucionalidad y desincentivar las prácticas deshonestas que minan la confianza pública.
“Presentamos este decreto porque consideramos que la ley debe estar al nivel de la problemática real y defender los derechos fundamentales de las personas. Nadie debe enfrentar consecuencias bajo acusaciones falsas sustentadas en pruebas fabricadas”, puntualizó.
– Por Mario Ávila
Con la certeza de que a Jalisco no le faltará agua, el diputado Ricardo Monreal dijo respaldar el plan hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum y por ende la construcción del acueducto de la Presa Solís que llevará agua León, Guanajuato.
En visita a Jalisco donde tuvo lugar la cuarta reunión plenaria de la Primera Circunscripción, con la presencia de 52 diputados federales de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, Monreal Avila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura dijo conocer el tema regional en donde hay una aparente polémica por la construcción del acueducto en la Presa Solís.
Sobre el tema expuso: “Yo diría a la gente de Jalisco que no debe de preocuparse, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, ha indicado que se haga un plan hídrico nacional, porque el compromiso y el propósito de ella es dotar de agua potable a los lugares donde no existe y quiere dotar de agua a la región de Jalisco, pero también compartir la responsabilidad con la infraestructura nueva a otras entidades federativas”.
Y abundó: “Nosotros como grupo parlamentario, vamos a respaldar el plan hídrico y obviamente vamos a propugnar porque a Jalisco no le falte agua, pero hay que sanear el organismo que está en Jalisco, estoy enterado de algunas cosas… porque esa una decisión del Estado, no quisiera meterme a eso, pero en el tema federal sí hay toda la intención de la presidenta de la República de crear infraestructura y garantizar el agua en lugares donde actualmente no la tienen”.
– Por Francisco Junco
El escándalo en torno al auditor superior del estado de Jalisco, Jorge Ortiz Ramírez, llegó hasta el Senado de la República, donde legisladores de Morena y del PAN exigieron su renuncia tras revelarse, a través de una solicitud de transparencia, que no cuenta con el título de doctor que presume en su currículum.
Para los senadores, se trata de un engaño grave que mina la credibilidad de la institución encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos.
El senador panista, Mario Vázquez, fue enfático al señalar que una falta de este tipo deslegitima el trabajo de la Auditoría Superior.
“¿Qué calidad obtendrían sus observaciones, sus hallazgos, de quien preside esta función tan importante como es la auditoría y la revisión de las cuentas de los municipios y del estado? ¿Qué calidad moral y qué calidad profesional pueden tener los resultados del trabajo de este señor, que no tiene ningún escrúpulo en autoadjudicarse un título académico que no le corresponde?”, cuestionó.
El senador panista añadió que “la mentira no puede ser el sello del servicio público” y subrayó que el caso amerita la salida inmediata de Ortiz Ramírez.
“El servicio público debe ser abierto, limpio, sin mayor interés que el favorecer al bien común y a la población en México. Si mienten en este tipo de situaciones, obviamente también mienten a la ciudadanía cuando informan. Le mienten a la gente pensando que por su supuesta trayectoria académica tienen méritos para estar en esa posición. Eso es muy lastimoso”, advirtió.
El legislador blanquiazul incluso hizo un llamado a la dignidad del propio auditor: “Es una actitud de autorreconocimiento, para que ellos mismos renuncien, si no se da el caso de que los den de baja en la función que ostentan.
Que renuncien por dignidad, si es que les queda algo de dignidad, y dejen que gente preparada y que pueda acreditar sin mentiras su trayectoria profesional cumpla esas funciones”.
Desde Morena, el senador Emmanuel Reyes Carmona coincidió en que el caso no sólo es un problema ético, sino también económico, pues distorsiona el mercado laboral público al desplazar a perfiles competentes y generar costos elevados por decisiones mal fundamentadas.
“Me pronuncio porque ningún nombramiento de alta responsabilidad avance sin constancia pública de cédula y comprobación documental. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes toman decisiones sobre sus recursos, seguridad o salud”, declaró.
Reyes Carmona fue más allá al proponer medidas estructurales y señaló que la verificación obligatoria de títulos en el Registro de Profesiones antes de cualquier nombramiento, sanciones administrativas y penales contra quienes se ostenten con documentos falsos, y auditorías periódicas de credenciales en los tres órdenes de gobierno.
“El Estado y los servidores públicos tenemos la obligación de poner a la vista los registros, porque de otra manera, ¿cómo pueden confiar en nosotros?”, sentenció.
En medio de esta polémica, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco difundió en sus redes sociales una publicación con la imagen de un título expedido por el Instituto Nacional de Administración Pública, en el que se acredita a Jorge Alejandro Ortiz Ramírez como Doctor en Administración Pública.
“Ante alusiones relativas a su grado académico, ponemos a su disposición el siguiente título que acredita al Auditor Superior del Estado de Jalisco, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, como doctor en Administración Pública”, señala el post de redes sociales, aunque el asunto es la solicitud de la cedula profesional, no del titulo.
Proponen reforma penal en Jalisco para castigar fabricación de pruebas falsas
Monreal dice sí a la construcción del acueducto de la presa Solís
Piden senadores del PAN y Morena renuncia del auditor superior de Jalisco
Respaldaría Sheinbaum el drenaje profundo pero es responsabilidad estatal y municipal
