OPINIÓN
Las promesas incumplidas de Alfaro
Los Hombres del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Muy complejo se ha convertido el ejercicio de gobierno en estos últimos años, en la era tecnológica y revolución de las comunicaciones que nos ha tocado vivir, cuando las redes como fuerza de opinión pública sacuden a las rígidas estructuras del poder político y económico.
Si algo no ha cambiado en la forma de hacer proselitismo de los políticos es la costumbre de mentir y ofrecer falsas soluciones a problemas tan complejos como es el mismo ser humano.
Hoy son las redes los que les refriegan en la cara a los políticos la falta de congruencia y consistencia en las posturas que asumen un día cuando son oposición, y cuando son gobierno hacen todo lo contrario. Y así como logran ganar capital, también lo pierden.
Es el caso del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien como líder de oposición fueron las redes su plataforma de ataque y proyección, cuando creyó entender que las dominaba como nadie.
Antes el mismo camino había seguido Jaime Rodríguez El Bronco, quien logró derrotar en Nuevo León a los partidos tradicionales, apoyándose en las redes sociales, enarbolando la bandera del candidato independiente.
Pero el asunto no es únicamente saber llegar, sino que los compromisos y las promesas darle cumplimiento. Allí es donde está el origen del rechazo a estos políticos que no hablan con la verdad cuando piden el voto a los ciudadanos.
Las redes son extraordinarias para el golpeteo y la guerra de descalificación. Esa es su principal naturaleza, pero son poco útiles para la construcción.
Consultores Arias en su medición de junio muestra la caída del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, quien se encuentra en el lugar 30 del ranking entre los 32 gobernadores, con una aprobación apenas del 12.5% y una desaprobación de 77.3%, sólo arriba del gobernador de Morelos, Cuahtémoc Blanco, y de Francisco “Kiko” Vega de Baja California.
En el caso del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en esta misma encuesta aparece a media tabla en el lugar 17 con un 25.5% de aprobación y un 63% de desaprobación, que es muy alto, si tomamos en cuenta que apenas son 8 meses de su gobierno. ¿Seguirá Alfaro el mismo camino de El Bronco?
LAS INCONSISTENCIAS
Enrique Alfaro llegó con grandes expectativas al gobierno de Jalisco, con harta hambre de cambiar la historia, como lo muestra con ese concepto de “Refundación”, que nadie entiende, sin embargo para este político sus contradicciones entre el candidato opositor y el gobernante es lo que más lo ha lastimado. Dos promesas que incumplió han llevado al gobernador de Jalisco al descrédito popular: El que haría todo lo posible por evitar que la cortina de la presa El Zapotillo creciera de 80 a 105 metros de altura y que se opondría al trasvase del agua de este embalse a la ciudad de León. Y lo segundo fue su oposición al aumento a la tarifa del transporte cuando no gobernaba Jalisco, incluso, ofrecía como solución que el gobierno subsidiara a los usuarios, principalmente a las familias más desfavorecidas económicamente.
Junto a ello, el exceso de soberbia y su desprecio a la crítica, es lo que lo tiene hundido y cada vez más alejado de la gente.
EL CONFLICTO DEL AGUA
En el caso del conflicto por el agua del río Verde no se resolverá pronto, como llegamos a visualizar, después de la reunión de los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro Y Diego Sinhue Rodríguez.
Creíamos que el tema de la altura de la cortina y el trasvase de la presa el Zapotillo de agua a León ya estaba por resolverse y todo era cuestión de tiempo.
No es así porque el pasado viernes a pregunta que le formularon en la rueda de prensa mañanera el Presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió:
“Ya se pusieron de acuerdo los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, porque ahí había discrepancia, ahora falta que se tome en cuenta a los pobladores. Hay una resolución de la Corte que habla que la cortina tiene que ser a 80 metros y si es así, los pueblos pueden no inundarse, pero hay quienes sostienen que sería poca agua y no sería suficiente”.
“Estamos hablando porque es una obra que se inició desde el gobierno de (Vicente) Fox y está inconclusa (la presa). Tenemos que llegar a un acuerdo para escuchar a los pobladores; podríamos nosotros ponernos de acuerdo, pero ¿y luego?, ¿y la gente? Ahora se escucha a los ciudadanos en todo”.
O sea, se escuchará a la gente afectada de los pueblos de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, que ya sabemos están en contra de que la cortina de la presa se eleve a 105 metros, existen también 10 amparos ante la Corte.
El que se encontrara solución al problema de abastecimiento del agua para un millón de habitantes de la ZMG y 600 mil de Los Altos, aprovechando el agua del río Verde, significaba una buena noticia, pero el Presidente López Obrador ha sido muy claro en el tema: que convenzan a la gente de estos tres pueblos o de lo contrario el problema seguirá vigente por un sexenio más.
¿Cómo va a enfrentar Alfaro este problema? ¿Va a acudir a Temaca a dialogar con la gente? Hasta el momento públicamente el gobernador de Jalisco no ha hablado sobre la altura de la cortina ni del futuro de estos tres pueblos, ha dicho que es decisión del Gobierno Federal.
No se vislumbran buenas noticias en el tema de aprovechamiento y distribución del agua del Río Verde.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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