OPINIÓN
Legitima Sección 47 inversión de riesgo para Ipejal
Metástasis, por Flavio Mendoza //
¿El magisterio respalda el proyecto de Ciudad Judicial Laboral? Así lo afirma el Secretario General de la Sección 47 del SNTE, Arnoldo Rubio Cárdenas, a nombre de uno de los gremios con más socios afiliados al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. En entrevista para Tela de Juicio, aseguró que el votó a favor porque “es un negocio bueno, que puede abonarle un poquito al fondo de pensiones”.
Pero los trabajadores de la Educación agremiados a la Sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no fueron notificados por su representación sindical en ningún nivel, ni siquiera el Comité Ejecutivo de la Sección es notificado antes o después de las decisiones que se toman en el Consejo Directivo, donde el Secretario General en turno tiene voz y voto. Es además una práctica recurrente del dirigente sindical en turno, que si bien no consulta porque para eso fue electo, lo que si no hace es informar a manera de rendición de cuentas las decisiones que toma a nombre de más de 50 mil agremiados trabajadores activos y jubilados del magisterio.
En la misma entrevista dice que esto no resuelve el problema que enfrenta el Ipejal respecto a su solvencia económica en los próximos años y acepta que él mismo cuando habla con sus trabajadores ha aceptado que se han hecho negocios en el pasado que no han rendido los frutos o hasta han fracasado totalmente tipo “Abengoa” donde se invirtieron 600 millones de pesos y hoy esas acciones valen 4 pesos, por fin hoy acepta además el caso de Transportes Marítimos Mexicanos, que en el pasado aseguraba no estaba perdido y que hoy dice que no está en ceros pero que les urge acomodar el papel para “no perder tanto”, son las declaraciones de quien hoy es Consejero titular en el Ipejal en representación de uno de los gremios más importantes para el Instituto, pero no es poca cosa esta declaración que hiciera en radio con Becky Reynoso, Zayra Yael Ramírez y Gabriel Ibarra Bourjac, pues admite parte de su responsabilidad en estos desfalcos, siendo consejero suplente cuando se llevaron a cabo algunas de estas inversiones ya declaradas por la Contraloría Estatal como desfalco por un monto de 2,000 millones de pesos y la investigación de cuando menos otras 24 operaciones financieras por un monto de 700 millones de pesos.
Resulta increíble entonces que el representante del magisterio en un periodo aproximado de 10 años como consejero suplente y titular no fuera capaz de darse cuenta de estas inversiones que fueron aprobadas por la representación de la Sección 47 del SNTE y que incluso excedían limites fijados en la propia normativa para inversiones, es decir, aprobaron ilícitos, recordemos que sigue siendo facultad del Consejo Directivo todo lo referente a las inversiones del IPEJAL.
En este caso de Ciudad Judicial el principal problema radica en que vuelve a ser el Ipejal la caja chica del Gobernador, que tiene mayoría en el Consejo del Instituto y que encontró en la representación del magisterio la legitimación de otro abuso al Ipejal. Uno de los principios normativos para toda inversión es verificar criterios de rentabilidad y que no sean vulnerandos los principios de seguridad, rendimiento y liquidez para el portafolio de inversiones del propio Instituto, para ello hacen falta más estudios de viabilidad, incluso para el caso de la Sección 47, vale la pena invertir del recurso de los trabajadores por concepto de cuota sindical, en estudios que permitan contrastar los que presenta el Ipejal para el proyecto.
Nuevamente se le resuelve al Gobierno del Estado, porque en ningún terreno particular que se rente para alguna empresa el arrendatario permite las condiciones que imponga el arrendador, es en todo caso un acuerdo expreso en el contrato de arrendamiento que se entregan permisos para la construcción y/o adecuación del bien para la utilidad del arrendatario, mismo que una vez termine el contrato toda modificación de infraestructura y servicios básicos queda en propiedad del arrendador como parte del bien arrendado. La inversión inicial del proyecto del Ipejal ronda en los 400 millones de pesos, de un terreno que recibió el Ipejal a mediados del año 2020, como Dación por deuda de una entidad que no pagaba lo correspondiente a la aportación de los trabajadores, Servicios y Transportes OPD, por lo que el valor de ese terreno ya representa pérdidas para el Ipejal, pues no se recaudó en tiempo y forma para hacer uso del rendimiento respectivo; para considerarse como ganancia se debería primero recuperar la inversión inicial, es decir los 400 millones de pesos, hasta después del año 13 de arrendamiento se podría decir que se comenzaría a recaudar ganancias del proyecto de inversión; si el contrato es por 20 años de arrendamiento, entonces las ganancias serían de aproximadamente de 200 millones de pesos, esa cantidad en cualquier cartera de inversión bancaria a plazo fijo daría 3 veces más de ganancias corriendo menores riesgos.
O bien, si tenemos en este momento capacidad de invertir 300 millones de pesos en infraestructura, porqué no pensar que en ese mismo terreno se desarrolle un proyecto inmobiliario del que podríamos obtener 5 veces o más la inversión inicial del Ipejal, es por eso que entonces este nuevo proyecto de inversión vuelve a representar un riesgo para el endeble fondo del Ipejal y que además irresponsablemente se aprobó por el Secretario General de la Sección 47, porque al Consejo se presentó un proyecto conceptual, para una aprobación apresurada y planchada que da lugar a pensar en acuerdos en lo oscurito, sin un rigor técnico respecto a proyectos técnicos de inversión, arquitectónicos, de integración urbana, de integración vial e incluso de impacto ambiental, mismos que mencionó Juan José Hernández, Secretario General de Fesijal, el único voto en contra del proyecto y que se atrevió a denunciar públicamente lo que pasó en la Sesión de Consejo donde se aprobó este proyecto de inversión.
Después de la larga historia de desfalcos al Ipejal, de una reforma que sigue perdiendo terreno en los tribunales y la promesa de una reforma integral como demagogia para calmar la aguas cuando menos al interior del magisterio, llega hoy otra propuesta de inversión que no se ve para nada rentable y que parece sólo resolverle un problema a un gobierno endeudado y sin grandes resultados
Pero se haría con el fondo de los trabajadores, que no vería rendimiento en el plazo que tiene proyectado de viabilidad, es decir, puede quebrar el instituto con base en las proyecciones de los últimos estudios actuariales y no alcanzaría a recuperar lo invertido, claro que debe considerarse como un riesgo, es momento de pensar en un proyecto integral, mismo que pasaría necesariamente por una reforma integral, lo demás es más de lo mismo.
Twitter: @FlavioMendozaMx
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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