OPINIÓN
Ley General de Educación Superior
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
Circula entre los diputados federales el anteproyecto de Ley General de Educación Superior, mediante la cual se pretende regular toda la educación posterior al bachillerato, inclusive la de los particulares con autorización, reconocimiento de validez oficial o incorporación de estudios y lo mas importante, regular y garantizar las aportaciones económicas correspondientes. Con este proyecto se confirma cada día mas que el “Federalismo” es un mito genial y que México avanza hacia un centralismo total.
Eleva la educación superior como un derecho humano y un bien público social, que debe ser garantizado por el Estado, en los términos del artículo 3º de la Constitución, sus disposiciones son de orden público, interés social y observancia general en toda la República y su aplicación corresponderá a las autoridades de los tres niveles de gobierno, correspondiendo al Estado la obligatoriedad de la educación superior, la que será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, garantizando el Estado el derecho de toda persona que cuente con el certificado de bachillerato o equivalente, que acredite la terminación de los estudios correspondientes a ese nivel, a tener la posibilidad de recibir educación superior de excelencia, dejando, afortunadamente, a las instituciones de educación superior establecer los respectivos requisitos de admisión, permanencia y titulación, así como las medidas pertinentes para fomentar la inclusión, continuidad y egreso oportuno, lo anterior implicaría la pretensión de MALO al sueño de todo flojo, el ingreso automático a cualquier carrera profesional, además sin costo alguno, sin embargo en búsqueda de la excelencia académica las universidades podrán apretar el ingreso.
Para ampliar el ingreso y permanencia de toda persona que decidan estudiar educación superior y cumpla con los requisitos solicitados por las universidades e instituciones públicas respectivas, las autoridades educativas establecerán mecanismos de apoyo académico y económico que respondan a las necesidades de los estudiantes con criterios de inclusión, permanencia, continuidad y egreso oportuno, lo que implica aún la aplicación de mas recursos públicos a subsidiar este nuevo programa electorero, para ello, la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios, concurrirán al financiamiento de las instituciones públicas de educación superior, considerando las necesidades nacionales, regionales, estatales y municipales.
El monto anual que el Estado destinara a las instituciones públicas de educación superior para el desarrollo de las funciones de docencia, investigación científica y humanística, desarrollo tecnológico e innovación, así como extensión y difusión de la cultura, no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto, ni inferior en términos reales a lo erogado el año anterior, procurando un incremento anual para el cumplimiento de sus funciones lo que implicara una derrama económica considerable en la educación superior, e inclusive hace corresponsables la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios del cumplimiento de los principios de obligatoriedad de la educación superior y de gratuidad de la que imparta el Estado, por lo que se deben incluir las partidas necesarias en sus presupuestos. Los ayuntamientos, ¿con que recursos?
Ninguna universidad en el país tiene la capacidad y mucho menos la infraestructura para hacerle frente a la demanda educativa que se presentará con esta nueva obligación, y dudo que si se obliga a las Universidades a duplicar su matricula se les vaya a duplicar el presupuesto, por lo que este crecimiento solo se logrará sacrificando la calidad educativa del alumnado. Para el señor López es muy sencillo, dice que solo basta que en lugar de asistir los alumnos toda la semana a las aulas se alternen grupos y solo vayan unos días y el resto lo sustituyan con estudio en casa y trabajos escolares. Se cumple el sueño de muchos, como antes en Derecho: “Inscribirse y no morirse”.
Lo que no se toma en cuenta es que, al no contar con el incentivo y motivación para el ingreso, ya que actualmente se requieren promedios altos para ingresar a los estudios superiores, los estudiantes de bachillerato disminuirán notoriamente su esfuerzo, convirtiendo a nuestro país, con el llamado pase automático, en un país con profesionistas mediocres que no serán aceptados por el mercado profesional y acabarán vendiendo polvos mágicos.
Lo mas preocupante será el alto índice de deserción el cual, al eliminar las barreras de ingreso, será altísimo. Por ejemplo, en Argentina solo se gradúan 1 de cada 17 estudiantes, problemática que se pretende resolver aquí con planes de estudios poco rígidos y eliminando tesis profesionales.
La responsabilidad para elevar el nivel profesional deberá recaer en los Colegios de Profesionistas verdaderos que obligan a sus agremiados a estarse capacitando permanentemente y no de esos “colegios patito” que pululan en nuestro país. En esto van muy avanzados los Contadores Públicos y los abogados agremiados al Colegio “Asociación Nacional de Abogados de Empresa” ANADE, organismos que desde antes de que entrara en vigor la Ley estatal ya exigen a sus miembros la certificación profesional, ahora lo importante es que el mercado solo contrate a profesionistas que demuestren, no solo contar con un título profesional, sino que estos se actualizan constantemente.
En otro tema, solo basto que corriera un rumor de que el vecino del norte, enviaba dos portaviones, el Nimitz y el Theodore Roosvelt, a posiciones cercanas a Baja California, para que se hicieran todo tipo de especulaciones, achacando incluso a la presencia de estos, la salida de nuestro refugiado de lujo, Evo Morales del país rumbo a Cuba, quien por cierto salió sin despedirse del pueblo que le dio asilo y un trato de lujo que ya quisiera cualquier asilado, hospedaje en el Campo Marte, vehículos blindados, escoltas de un órgano (que ya no existe MALO dixit), “Estado Mayor Presidencial”, ni Noroña, su mecenas, se había enterado de su salida y seguía recabando donativos para su cómoda estadía.
Preocupa que, dentro de esa especulación, muchísimos mexicanos ven con gusto una acción militar quirúrgica de los americanos en contra de grupos criminales en nuestro territorio, ante la falta de acciones del Gobierno de MALO.
E-mail: hromerof@lgrrabogados.com
Twitter: @hectorromerof2
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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