Leyes de ingresos

Opinión, por Héctor Romero Fierro //

Nuevamente llega el fin de año y los diferentes niveles de gobierno, ejerciendo sus potestades tributarias presentan sus Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, muchas de ellas con grandes expectativas, difíciles de cumplir y, otras, donde a pesar de la notoria reducción de participaciones federales que se avecina para el año próximo, no son capaces de ser creativos para incrementar la recaudación necesaria, y simplemente toman la publicada para el año en curso y le aplican un incremento por índice inflacionario pero bajo perspectivas económicas imposibles de cumplir.

Tal es el caso del proyecto que presentó el Gobierno del Estado de Jalisco, el cual parte de la premisa de que el PIB nacional crecerá el 2% cuando es conocido por todos que, por las erróneas políticas del Gobierno Federal, sin bien nos va, el PIB del 2020 será del 0.0% al 1.1% con expectativas a la baja.

Dice el Gobierno del Estado que en 2020 percibirá la cantidad de ciento veintidós mil cuatrocientos millones cuatrocientos veinte mil seiscientos ochenta pesos, cantidad superior en un 4.66% a lo presupuestado para 2019. Sus expectativas se basan en un incremento disfrazado en la tarifa de pago por enajenaciones de vehículos usados, en un incremento difícil de cumplir sin apretar a los que ofrecen hospedaje a través de aplicaciones con Airbnb, ya que se espera recaudar un 29.21% superior a lo presupuestado para el año en curso, no obstante que la actividad turística disminuirá por motivos de la grave inseguridad en el estado; pero donde tienen aún más grandes expectativas es en la recaudación proveniente del Nóminas y Asimilables, ya que pretenden recaudar casi cuatro mil quinientos sesenta y ocho millones de pesos contra tres mil setecientos veintiséis millones, lo que implica un incremento en la recaudación del 22.59% lo cual en lo personal dudo que se logre, no obstante que el estado cuenta con las bases de datos del SAT para la fiscalización en base a la información revelada en las declaraciones federales.

En el caso de enajenación de automóviles usados, es claro un nuevo ajuste a los tramos de la tarifa para hacer que las operaciones vayan ubicándose en los valores más altos, ya que ahora para llegar al renglón más alto de la tarifa se considera una base de solo ciento sesenta mil novecientos dieciocho pesos contra la de doscientos veintidós mil doscientos pesos del 2019. Por ejemplo, un vehículo con una valor según las tablas del estado de doscientos mil pesos paga durante 2019 solo $9,227.70 en 2020 pagará $11,701.00 lo que equivale así al 27% de incremento. Lo curioso de esto es que a muchas de las dependencias que nos son parte del gobierno central estatal no se les incrementa su presupuesto o se les incrementa en forma ridícula no obstante que incluso tienen funciones nuevas derivado de reformas legales, como el caso de la Universidad de Guadalajara. En contraste, el gasto de comunicación social será nuevamente exagerado, renglón en el que esperemos no sean nuevamente beneficiadas las dos o tres empresas favoritas del gobernador, sin embargo se nos olvida qué hay una imperiosa necesidad de promocionar la tan esperada refundación del estado, lo que quiera que eso signifique, haciendo a un lado las verdaderas prioridades, tales como la seguridad pública y salud.

Por cierto, debemos estar en Jalisco muy orgullosos, somos ya récord nacional en número de personas contagiadas de dengue, lo cual, lamentablemente ha causado la muerte de numerosos jaliscienses. Parece que el Poder Ejecutivo le tiene más miedo a lo que implica declarar urgentemente la alerta sanitaria que a los muertos que cargarán en su conciencia los irresponsables funcionarios estatales del sector salud.

En el caso de la recaudación municipal es lamentable que se les obligue a conservar tarifas de impuesto predial inconstitucionales, ya que muchas de ellas no pasarían un test de proporcionalidad y equidad de acuerdo a los parámetros fijados por nuestro más alto tribunal; habrá que ver la conformación de las nuevas tarifas y si la lógica de su tabla reúne esos requisitos, ya que algunas, como la de Guadalajara, para este año no lo cumplen.

Ya que estamos hablando de municipios hay que tener mucho cuidado con los ilegales cobros que pretenden hacer, lamentablemente ya muchos ayuntamientos, por un concepto de “subdivisión”, esto en predios que en su momento ya fueron afectados por ese gravamen o cobro, solo como ejemplo, una empresa fracciona un terreno de su propiedad, ahí si el Código Urbano le autoriza al municipio a recibir una donación equivalente del16% al 21% de la superficie total, pero el comprador de uno de los terrenos ya fraccionados no tiene de ninguna manera que volver a pagar dicho “derecho” incluso aunque este inserto en un reglamento municipal. Primer encargo que tendrá el nuevo Procurador de Desarrollo Urbano, cargo actualmente acéfalo, y que será fijar un criterio al respecto aclarando la aplicación del Código Urbano al respecto y evitar que la ciudadanía sea engañada con claras intenciones recaudatorias.

En otro tema, asistí a la Convención Anual de Correduría Pública Mexicana, gremio que se consolida cada vez más como un pilar fundamental de la actividad mercantil, sin embargo, fue preocupante conocer el poco conocimiento que tienen los comerciantes de ese importante auxiliar del comercio. Según las encuestas, muchos empresarios ni sus contadores saben que el Corredor Público goza de la fe pública del Estado, la cual le es delegada por la habilitación del ejecutivo federal y que al gozar de ella en la materia mercantil, permite que el Estado garantice que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho; otorgando seguridad jurídica por parte del Corredor, tanto al Estado como a los particulares, en los actos que interviene este. Los avances de la tecnología nos superan y ya es posible asistir en actos y contratos mercantiles incluso desde otros países dando fe de su celebración, facilitando con esto el comercio internacional.