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OPINIÓN

Leyes de ingresos

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Opinión, por Héctor Romero Fierro //

Nuevamente llega el fin de año y los diferentes niveles de gobierno, ejerciendo sus potestades tributarias presentan sus Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020, muchas de ellas con grandes expectativas, difíciles de cumplir y, otras, donde a pesar de la notoria reducción de participaciones federales que se avecina para el año próximo, no son capaces de ser creativos para incrementar la recaudación necesaria, y simplemente toman la publicada para el año en curso y le aplican un incremento por índice inflacionario pero bajo perspectivas económicas imposibles de cumplir.

Tal es el caso del proyecto que presentó el Gobierno del Estado de Jalisco, el cual parte de la premisa de que el PIB nacional crecerá el 2% cuando es conocido por todos que, por las erróneas políticas del Gobierno Federal, sin bien nos va, el PIB del 2020 será del 0.0% al 1.1% con expectativas a la baja.

Dice el Gobierno del Estado que en 2020 percibirá la cantidad de ciento veintidós mil cuatrocientos millones cuatrocientos veinte mil seiscientos ochenta pesos, cantidad superior en un 4.66% a lo presupuestado para 2019. Sus expectativas se basan en un incremento disfrazado en la tarifa de pago por enajenaciones de vehículos usados, en un incremento difícil de cumplir sin apretar a los que ofrecen hospedaje a través de aplicaciones con Airbnb, ya que se espera recaudar un 29.21% superior a lo presupuestado para el año en curso, no obstante que la actividad turística disminuirá por motivos de la grave inseguridad en el estado; pero donde tienen aún más grandes expectativas es en la recaudación proveniente del Nóminas y Asimilables, ya que pretenden recaudar casi cuatro mil quinientos sesenta y ocho millones de pesos contra tres mil setecientos veintiséis millones, lo que implica un incremento en la recaudación del 22.59% lo cual en lo personal dudo que se logre, no obstante que el estado cuenta con las bases de datos del SAT para la fiscalización en base a la información revelada en las declaraciones federales.

En el caso de enajenación de automóviles usados, es claro un nuevo ajuste a los tramos de la tarifa para hacer que las operaciones vayan ubicándose en los valores más altos, ya que ahora para llegar al renglón más alto de la tarifa se considera una base de solo ciento sesenta mil novecientos dieciocho pesos contra la de doscientos veintidós mil doscientos pesos del 2019. Por ejemplo, un vehículo con una valor según las tablas del estado de doscientos mil pesos paga durante 2019 solo $9,227.70 en 2020 pagará $11,701.00 lo que equivale así al 27% de incremento. Lo curioso de esto es que a muchas de las dependencias que nos son parte del gobierno central estatal no se les incrementa su presupuesto o se les incrementa en forma ridícula no obstante que incluso tienen funciones nuevas derivado de reformas legales, como el caso de la Universidad de Guadalajara. En contraste, el gasto de comunicación social será nuevamente exagerado, renglón en el que esperemos no sean nuevamente beneficiadas las dos o tres empresas favoritas del gobernador, sin embargo se nos olvida qué hay una imperiosa necesidad de promocionar la tan esperada refundación del estado, lo que quiera que eso signifique, haciendo a un lado las verdaderas prioridades, tales como la seguridad pública y salud.

Por cierto, debemos estar en Jalisco muy orgullosos, somos ya récord nacional en número de personas contagiadas de dengue, lo cual, lamentablemente ha causado la muerte de numerosos jaliscienses. Parece que el Poder Ejecutivo le tiene más miedo a lo que implica declarar urgentemente la alerta sanitaria que a los muertos que cargarán en su conciencia los irresponsables funcionarios estatales del sector salud.

En el caso de la recaudación municipal es lamentable que se les obligue a conservar tarifas de impuesto predial inconstitucionales, ya que muchas de ellas no pasarían un test de proporcionalidad y equidad de acuerdo a los parámetros fijados por nuestro más alto tribunal; habrá que ver la conformación de las nuevas tarifas y si la lógica de su tabla reúne esos requisitos, ya que algunas, como la de Guadalajara, para este año no lo cumplen.

Ya que estamos hablando de municipios hay que tener mucho cuidado con los ilegales cobros que pretenden hacer, lamentablemente ya muchos ayuntamientos, por un concepto de “subdivisión”, esto en predios que en su momento ya fueron afectados por ese gravamen o cobro, solo como ejemplo, una empresa fracciona un terreno de su propiedad, ahí si el Código Urbano le autoriza al municipio a recibir una donación equivalente del16% al 21% de la superficie total, pero el comprador de uno de los terrenos ya fraccionados no tiene de ninguna manera que volver a pagar dicho “derecho” incluso aunque este inserto en un reglamento municipal. Primer encargo que tendrá el nuevo Procurador de Desarrollo Urbano, cargo actualmente acéfalo, y que será fijar un criterio al respecto aclarando la aplicación del Código Urbano al respecto y evitar que la ciudadanía sea engañada con claras intenciones recaudatorias.

En otro tema, asistí a la Convención Anual de Correduría Pública Mexicana, gremio que se consolida cada vez más como un pilar fundamental de la actividad mercantil, sin embargo, fue preocupante conocer el poco conocimiento que tienen los comerciantes de ese importante auxiliar del comercio. Según las encuestas, muchos empresarios ni sus contadores saben que el Corredor Público goza de la fe pública del Estado, la cual le es delegada por la habilitación del ejecutivo federal y que al gozar de ella en la materia mercantil, permite que el Estado garantice que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho; otorgando seguridad jurídica por parte del Corredor, tanto al Estado como a los particulares, en los actos que interviene este. Los avances de la tecnología nos superan y ya es posible asistir en actos y contratos mercantiles incluso desde otros países dando fe de su celebración, facilitando con esto el comercio internacional.

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OPINIÓN

La pobreza crece

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

La tasa de crecimiento de la población en pobreza extrema se incrementará 6.3% en México al cierre de este año, la mayor expectativa para los países de América Latina. El índice de las personas en esta situación pasará de 11.1% de la población a 17.4%, detalló el Informe especial COVID-19 N⁰ 5 de la CEPAL.

Por su parte CONEVAL en su reporte “Medición de pobreza 2020” expone que la población en situación de pobreza creció, de 51.9 millones de personas en 2018, a 55.7 en 2020. De ellos, en pobreza extrema se encontraron en 2020, 10.8 millones, contra 8.7 que había en 2018, y en pobreza moderada 43.2 millones de personas en 2018, contra 44.9 en 2020. En cuanto a la población vulnerable por el nivel de ingresos, la misma comisión señala que la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema creció de 17.3 millones de personas en 2018 a 21.9 millones en 2020 y la población con ingreso inferior a la línea de pobreza no extrema se fue de 61.8 millones en 2018 a 66.9 en 2020.

El presidente López Obrador al ser cuestionado sobre estos números, dio la respuesta que niega pero no precisa, simplemente, él tiene otros datos, añadiendo que nunca se había entregado tanto dinero a los pobres como en esta administración, y puede tener razón si se piensa en una forma de entrega directa, más no en la acción institucional programada y por tanto susceptible de evaluar, pues el programa PROSPERA tenía alcances mayores y brindaba más oportunidades a las familias que las dispersas ayudas individuales que este régimen auspicia. Lo que se ha logrado indiscutiblemente, es ponerle color al dinero que se regala, pues toda la estructura que lo canaliza tiene el mismo color del partido en el gobierno.

Para el presidente, cumplir sus compromisos de campaña es una prioridad y lo está haciendo sin importar los costos. Rescatar Pemex y volver a hacerlo palanca del desarrollo, no subir las tarifas de luz, gas y gasolina, no tener un gobierno rico con pueblo pobre, rescatar la soberanía del Estado sobre los recursos energéticos y no incrementar la deuda gubernamental ni los impuestos, serían los principales, sin embargo en todos ellos, a pesar de sus afanes no ha logrado cumplir más que uno de ellos y eso parcialmente, que es el de no tener un gobierno rico con pueblo pobre.

El gobierno ya no es tan rico pero el pueblo sigue siendo pobre y creciendo su pobreza. La pandemia cayó como anillo al dedo, así lo expresó en su momento, y se ha convertido en la justificación para los pobres o nulos resultados en materia económica. La economía nacional ya venía en un severo deterioro desde antes de la pandemia y la persistencia de la misma hace difícil adjudicar a la ineficiencia gubernamental el fracaso de las intenciones.

Se debe reconocer que la distribución directa de recursos ha sido un eficaz instrumento para que la presión social no se desborde, sin embargo es mayor el mérito de las remesas que mandan nuestros paisanos a sus familias, lo que mantiene el consumo interno como sostén de la economía, junto con la bocanada de aire que representan las exportaciones automotrices y agropecuarias.

A la luz de los resultados que arrojan las evaluaciones de los organismos oficiales e independientes, las políticas y acciones gubernamentales que ha puesto en práctica el régimen no son, ni serán, suficientes para disminuir la pobreza y la desigualdad. Alarma que ante la evidencia se oponga la imprecisión de los otros datos y sobre todo que se piense que la transferencia directa de efectivo será suficiente para mejorar el nivel de vida y proporcionar bienestar, que se niegue la posibilidad de reconsiderar y rectificar y se empeñen en la continuidad y el acrecentamiento de esta política clientelar y paternalista, a pesar de que las finanzas nacionales se encuentran severamente presionadas por la creciente necesidad de flujos de capital para cubrir las ayudas individualizadas y los costos crecientes de las obras emblemáticas de la administración.

Ante la dimensión que adquiere el crecimiento de la pobreza y la nula efectividad de las políticas sociales para procurar un mejor equilibrio social, se hace necesario buscar mejores formas de mejorar el ingreso, más allá de los decretos que eleven el salario mínimo. Bien que las nuevas formas de democracia sindical que están emergiendo como consecuencia del TMEC repercutan en mejoras salariales, mal que esto se haya impuesto desde el exterior por un acuerdo y no como consecuencia de una política nacional. La línea seguida por el actual gobierno actúa sobre los efectos de la pobreza mientras desatiende las causas. Absorto en obtener rentabilidad electoral con la política social se descuida la política económica y a los actores determinantes de la economía nacional, se sataniza a la clase media y empresarial y se escatiman apoyos a las actividades productivas, micros y medianos empresarios.

Se ha comprobado históricamente, que el gobierno no puede sustituir a la libre empresa como generador de riqueza y desarrollo, insistir en recuperar ese papel podrá dar rentabilidad política electoral, pero mantendrá creciendo el número de pobres.

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OPINIÓN

Los muchos frentes de Enrique Alfaro: Entre la espalda y la UdeG

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Con todo respeto, por Jorge Zul de la Cueva //

El gobernador de Jalisco parece estar buscando cerrar frentes, apagar fuegos y concentrarse en las batallas que no puede eludir. A nivel discurso últimamente toma decisiones basadas en el bien común, en la sensatez e incluso en la democracia, pero en realidad está metiendo reversa en algunas cosas para reducir los frentes de combate y eso es finalmente sensato.

El anuncio de la imposición de un Basurero en Tala fue un problema desde el principio. No había claridad en los estudios, ni objetivos o tiempos claros y la cantaleta de que se trataba de un Centro de Economía Circular no convenció ni a propios ni a extraños. Los pobladores de Tala armaron un frente de resistencia que se podría convertir en un problema serio, con apoyo amplio a nivel estatal y esto podía implicar poner a Caabsa en el centro del huracán mediático y Caabsa no tiene muchos argumentos con qué defenderse. 

Se trataba de un masivo dolor de muelas en potencia.

Y ya hay un dolor de muelas organizado, capaz, bien avituallado y bastante entrenado para los conflictos: La UdeG. El grupo cuenta con amplia experiencia en enfrentar gobernadores desde hace varios sexenios y las hostilidades del Gobernador con la UdeG lejos de estarse enfriando están escalando y en esta circunstancia lo mejor es no tener la atención dividida en varios problemas a la vez.

Así que el gobernador decidió salir en un video afirmando que había escuchado a la gente de Tala y que iban a buscar un nuevo lugar para poner la basura. El tiempo corre y aunque se desactivó una bomba, no estamos del otro lado, porque donde pongan el basurero va a generar resistencia. Tal vez si socializan lo suficiente y si hacen un proyecto de calidad, un verdadero Centro de Economía Circular e involucran a las comunidades en la toma de decisiones, a lo mejor la cosa se vuelve más manejable. Tristemente conociendo los antecedentes de Caabsa y de Alfaro, esto es de dudarse.

También tomaron medidas para desinflar el problema y el fiasco que se veía venir con la famosa reforma 2.0 y el ataque al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción que incluía quitarles el sueldo, una medida que ya ha resultado inconstitucional en otras entidades federativas y antes de que le viniera el batazo federal que corrigiera la plana, salió de nuevo en un video el Gobernador a decir que siempre no se les quitaba el sueldo pero puso ahí unas cláusulas que, a falta de estudiarlas, parecen traer destinatario claro al interior del CPS. Recula a medias pues y sigue buscando desactivar al CPS pero ya dio un paso atrás.

Otro frente está en el escenario nacional. En la medición de presidenciables de El Universal, Alfaro no pintó y por primera vez desde antes de que comenzara la pandemia, la encuesta de Mitofsky que circuló la semana pasada, coloca al gobernador con más desaprobación que aprobación.

Según Mitofsky algo cambió de febrero a la fecha pues la tendencia de Alfaro ha sido desde entonces a la baja y por primera vez se encuentra en un punto de cruce de popularidad con Amlo que ha venido ganando terreno poco a poco a pesar de que la 4t es prácticamente inexistente en Jalisco. Alfaro registra 45 puntos de aprobación y AMLO 44.7. 

Falta entender cuál es la estrategia de AMLO el mayor y más difícil de entender entre todos los frentes. ¿Qué se negoció para iniciar el conflicto con la UdeG? Si hacemos caso a la voz popular que afirma que “amor que no se refleja en el presupuesto no es amor del bueno” veremos que en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, la Línea 4 del Tren Ligero a Tlajomulco está registrada en la cartera de proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no tiene recursos asignados.

La presa El Zapotillo, que este año recibió 300 millones de pesos, tampoco aparece con una partida definida.

¿Dónde está entonces el amor?

Las partes, los expertos y los mirones en el conflicto Alfaro-UdeG, hemos estado muy atentos a las acciones del Gobierno Federal cuyo poder, de accionarse, sería el fiel de la balanza. Pero quien pide una auditoria al Museo de Ciencias Ambientales no es la federación, es el Congreso Estatal mientras AMLO brilla por su ausencia incluso a nivel presupuestal.

Es curioso que Alfaro, tan enamorado de quejarse de que la Federación trata mal a Jalisco, hoy hace mutis ante el apretón presupuestal. ¿Sabe algo o ejerce prudencia? ¿Va con un libreto o juega obligado, cada vez más encerrado entre la Espalda del Presidente y el Conflicto con la UdeG?

Es una posición difícil.

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OPINIÓN

Más poder al Consejo Directivo del Ipejal

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Metástasis, por Flavio Mendoza //

Los defensores de la reciente Reforma al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) tienen como principal argumento el que nada de lo aprobado afecta retroactivamente a ningún afiliado ni pensionado que no esté dentro de los considerados VIP. Dichos defensores han desacreditado a quienes están procediendo al amparo, auguran que serán desechados e improcedentes pero ninguno garantiza ni el rescate al Ipejal, ni mayores afectaciones en un futuro a los pensionados y afiliados del Instituto.

La semana pasada manifesté mi preocupación particularmente por el artículo 153, al que se hace un agregado, una nueva fracción que da otra facultad al Consejo Directivo del Ipejal ahora sobre la posibilidad de modificar y reducir el monto de las pensiones, adecuándolas a lo establecido en el artículo 39 y 70 fracción II, aquí es donde hay verdadero riesgo de lo que puede pasar en un futuro.

Si bien es cierto que todos los artículos deben quedar armonizados, en el caso del 153 básicamente era innecesario, para la aplicación de las modificaciones al 39 y sobre todo al 70 fracción II, en el que se establece el tope salarial, el Consejo no debe tener la facultad de reducir el monto de las pensiones, puesto que es una función ya expresa en el mismo artículo fracción I y IX, incluso para efectos de la reducción de las consideradas pensiones VIP objeto de ésta iniciativa, nunca se determinó la causa de utilidad pública ni en la justificación de la iniciativa, ni en el estudio actuarial, entonces esta adhesión de fracción a dicho artículo, ¿fue diseñada para su aplicación en un futuro?.

Apegándonos a la redacción de ésta nueva facultad en la fracción XIX de la nueva reforma al Ipejal, son dos facultades, la de modificar y la de reducir, ésta última sobre todo que puede ser la llave de solución rápida para el futuro inmediato ante el inminente escenario visible y justificado del quebranto financiero, pues los artículos sobre los que habrán de adecuar las reducciones establecen los máximos de cotización y por consiguiente el máximo de pensión, es decir los topes, pero en ninguno de esos artículos se establece un mínimo de reducción de una pensión. Por lo anterior, mientras no apliquen el tope máximo, podrían ser reducidas todas las pensiones en cualquier momento que así lo determine el Consejo Directivo del Instituto. Pero la desconfianza de interpretación y aplicación de la ley se eleva aún más porque la facultad se la dan al mismo organismo que ha permitido el quebranto del propio Instituto.

En la reforma de 2009 se vendió la salud financiera del Instituto por los siguientes 50 años, un fracaso tangible a menos de la mitad de ese tiempo, el verdadero trasfondo fue precisamente hacer a un lado al Congreso de Jalisco de toda injerencia sobre el manejo del Ipejal, para concentrar las facultades básicamente en el presidente del instituto, un personero del gobernador en turno ante un consejo que por su actuación y silencio, cuando menos público, ha sido cómplice de la entrega total al Poder Ejecutivo.

Hoy es prácticamente lo mismo, una reforma disfrazada de terminar con las pensiones VIP, pero que agrega una facultad más a ese poderoso Consejo a modo para que en el futuro el problema del pago de pensiones se resuelva, sin reforma, con la reducción de las pensiones.

Sin establecer lo que se debe entender para efectos de la aplicación de la ley en el artículo 3 lo referente a causa de utilidad pública, así como pensión digna, esta fracción vuelve mas incierto el futuro de las pensiones, pues será el Consejo quien pagará los estudios actuariales que así determinen la causa y se proceda con las reducción a cualquier pensión y no sólo a las VIP, porque además a partir de esta reforma se entiende que ya no existirá ninguna de ellas, es decir, otro elemento para pensar que esa modificación no fue pensada para aplicar a quienes se les reducirá la pensión en los próximos meses, sino para tener vigencia y aplicarla cuando se considere necesario unilateralmente desde la administración del Ipejal.

Para esta modificación los amparos difícilmente procederán, pero el tiempo nos volverá a dar la razón, aunque esta vez quisiéramos equivocarnos, pero el futuro del Ipejal no se resolverá con estas superficiales modificaciones, por el contrario, la historia parece repetirse.

Twitter: @FlavioMendozaMx

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