OPINIÓN
López Obrador: Cuentos sin hadas
Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //
Una vez leí una frase que hoy nos viene más que justa: ¿Cómo culpar al viento del desorden hecho si fui yo quien dejó la ventana abierta?
Me decía mi abuela Rafaela que los malos gobernantes siempre buscan distraernos de sus inmundicias y banalidades con pan y circo. Hoy, tras la masacre de la familia LeBarón en Bavispe, en los límites de Chihuahua con Sonora, el Presidente López Obrador busca lavarse las manos echándole la culpa al crimen organizado que ahí es dueño y señor, de manera qué ¿deberá Fuenteovejuna tomar el cumplimiento de la ley en sus manos ante la inutilidad de Gobierno de la República? ¿Qué nos dice el Presidente, acaso que hay suelo mexicano que el gobierno federal cedió o perdió ante el crimen organizado? ¿Es verdad, como lo afirma la senadora norteamericana Lindsey Graham, que es mejor ir a Siria que a ciertas partes de México porque están completamente fuera de la ley? Cualquier respuesta afirmativa será mala.
Son de risa las declaraciones de Alfonso Durazo al descubrirnos que las armas con que se asesinaron a niñas, niños y mujeres LeBarón fueron compradas en Estados Unidos, pero olvida decirnos que llegaron a tierras mexicanas por corrupción, corrupción y más corrupción en nuestros gobiernos. El FBI acepta lo primero, pero tampoco reconoce que allá las habas también se cuecen cuando pasa la droga con corrupción, corrupción y más corrupción en el gobierno norteamericano.
Con todo, ha quedado en claro de que, la imberbe estrategia de seguridad de los abrazos hacia los delincuentes deberá pasar a la acción a la que está obligado el Estado mexicano, es decir, al uso de la fuerza que la ley le otorga, e insisto, le obliga. Andrés Manuel López Obrador deberá elegir, o sigue cargando con la sangre de la gente de bien e inocente que son asesinados por los criminales organizados o repliega a estos con la fuerza de la ley ya que la fuerza de la razón no los contuvo.
Parece que sus cuentos se han quedado sin hadas y solo le quedan los horribles hechiceros y las malvadas brujas que AMLO alimenta por su desidia y cobardía; que los delirios nocturnos salvíficos del pastor evangélico Andrés Manuel están obligados a despertar y volverse a la realidad en que el resto del mundo vive y que sus números deberán ser los mismos que la realidad evidencia. López Obrador debe aceptar que la seguridad ciudadana y la seguridad del Estado mexicano se le escapan de las manos, y no pueden ni deben jugarse ni a los dados, ni a los gallos ni menos a dejar en el pasado la causa del fracaso presente de un gobierno que no termina de sentarse en la silla presidencial. Pareciera que las mañaneras solo aumentan las horas de errores y horrores.
En seguridad ciudadana, en economía, en orden constitucional, en fortaleza del Estado mexicano, en honor del Ejército Mexicano y la Marina Amada, así como en la mejora social, México naufraga en un mar que pareciera infestado de sargazo. Las evidencias son claras y contundentes, y las mentiras son, también, claras y contundentes.
Ufano, Andrés Manuel López Obrador, nos habla de avances que sólo él ve. Santa Lucía es su capricho y ejemplo de una mente que se obnubila, de alguien que se hace a la mar sin rumbo ni destino y que lleva días a la deriva, pero se siente feliz al mirar la estela de espuma que deja con su velero en las aguas que surca. El viento lo mueve como veleta, a su antojo, y al cambiar el viento de rumbo, la vela mayor se mueve y su botavara derriba a uno y otro de sus navegantes que no logran agacharse… pero avanza; sin embargo, cree que sabe lo que hace. Es tan mal marinero que mira tormenta en el horizonte y conduce su embarcación hacia ella sin comprender lo que le espera. Mi padre me decía: “La mar no se hizo para improvisados”; y yo agrego, tampoco los gobiernos.
México hace agua… se hunde, y el Presidente cree que, en esas aguas que lo hunden e inundad el casco del barco, encontrará a la mejor pesca. Es tan inexperimentado que pretende hacerse amigo de los tiburones, arrojado lejos su arpón y abrazándolos. No sabe que los tiburones, al darle vueltas y vueltas, no buscan hacerse su amigo sino comerlo.
Es devoto, pero confunde al buen Dios con el Maligno. Nos lleva a su averno en medio de rezos que no nacen ni del alma, ni del corazón ni menos del entendimiento. Hasta la fe necesita de razón.
Desdibuja a la democracia para luego vestirla en rojo, con cuernos y cola terminada en flecha con la que nos entierra su ponzoña. En la mediocridad democrática de su jurisconsulta más reconocida, hoy da fe y avala a quien se hace de más años de poder sin haberlos ganado en las urnas ni merecerlos en una reelección aun no posible. Lo ilegal lo legitima porque lo legal le incomoda.
Como el dueño del averno sabe del engaño y engaña muy bien. Dice seguir al Bien y es enemigo de toda rectitud. Sus números siempre concluyen con tres seises… exacto: 666. Como el Maligno, se molesta con quien se sujeta a su buen albedrío acusándolo de fifí, conservador y enemigo, cuando el enemigo parece ser él. Nos exige honra a cambio de un paraíso que no existe como aquel que le ofreció a Jesús todo lo que ya era de Él, si a cambio se le arrodillaba y adoraba.
Tentó a millones de mexicanos y ahora, con esa hueste de seguidores, engaña con palabras que nada tienen que ver con ese pasado corrupto y caótico, que quedan como excusas de sus incompetencias. Sí, hubo errores y abusos, hubo profundas ilegalidades en el pasado, pero ello no es razón para más ilegalidades ni más engaños. Debe aplicar la ley, y a quien deba llevar a juicio, hacerlo.
Su cuento de hadas llegó a su última página. Ahora, a trabajar.
Benjamín Mora Gómez
E-mail: benja_mora@yahoo.com
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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