OPINIÓN
Los cambios de fondo que no llegan: Fiscalías trabadas
Opinión, por Pedro Vargas Avalos //
Desde hace unos años, se inició el proceso de cambiar el nombre de las Procuradurías de Justicia, tanto a nivel federal como estatal. La denominación que salió avante fue la de “Fiscalía General”, de tal suerte que, a nivel nacional se llama Fiscalía General, y de igual forma se le conoce en casi todas las Entidades Federativas.
En Jalisco, el mes de febrero de 2013, siendo gobernador Emilio González Márquez (el expedemista que, como neopanista, llegó a la gubernatura y en tal ejercicio nos mentó la madre a los jaliscienses), se emitió una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la cual liquidó a la Procuraduría General de Justicia; en su lugar aprobó crear una Fiscalía General del Estado, jefaturada por un fiscal general (art. 27).
En esa ocasión, a la nueva dependencia, además de su medular objetivo de presidir el Ministerio Público y procurar la justicia (incluyendo salvaguardar los derechos humanos), se le agregaba la función de la Seguridad Pública. Sin embargo, a pesar de que su nombramiento se hacía por mayoría calificada del Congreso, continuaba supeditado al gobernador, quien lo podía remover libremente (art. 28). Era pues un organismo más poderoso que su antecesor, pero con mayor discordancia social por no tener autonomía respecto al Ejecutivo.
Por lo que ve al sistema federal, el año de 2014, se reformó la Constitución Política nacional para crear la Fiscalía General de la República (FGR), con la característica de ser autónoma del Poder Ejecutivo y con el fin de reemplazar la vetusta Procuraduría General de la República (PGR), cuyo desempeño era marcado por su falta de independencia, evidente corrupción y sus magros resultados. Pero se previno en la reforma que, el Fiscal General de la República inicial que fungiría al declararse la autonomía de la Fiscalía, sería el Procurador en ejercicio.
La autonomía de la FGR, el Congreso de la Unión declaró que entraba en vigor, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, luego que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2018. Incontinenti sería el proceso para elegir el primer Fiscal General del país. Desahogado el trámite conforme el artículo 102 constitucional, el Senado designó para tan delicado puesto al Lic. Alejandro Gertz Manero, cuyo período de 9 años vence hasta 2027.
En aquella misma fecha (diciembre de 2018) se expidió por el actual primer mandatario federal, la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, lo cual fue trascendental porque formula las bases para asegurar que, el fiscal general y los fiscales especializados que investigarán casos de derechos humanos, corrupción, delitos electorales y otros, serán independientes administrativa y políticamente del poder ejecutivo.
Sin embargo, lo anterior no fue replicado en los Estados de la nación. En Jalisco, si bien la ley suprema local (artículo 53 constitucional) dispone que, “La Fiscalía General del Estado es un Organismo Público Autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios”, se expidió a instancias del entonces ejecutivo electo, Enrique Alfaro, una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (decreto 27213, 4-dic-2018), que contiene la sola novedad de quitar la seguridad pública a la Fiscalía General estatal, pero dejando el anterior sistema de elección y remoción del Fiscal: el artículo 6° de dicha ley, señala que la Fiscalía es parte de la administración centralizada de la Entidad; complementariamente, el dispositivo 33 de dicho ordenamiento, expresa: “El fiscal es designado por el gobernador del Estado y debe ser ratificado por el Congreso del Estado por el voto de cuando menos, las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión correspondiente. El Fiscal General puede ser removido libremente por el Gobernador del Estado”. En pocas palabas, ese poderoso servidor público, en los hechos sigue dependiendo del gobernador en turno, y hasta de sus inmediatos colaboradores. Con ello, los miembros de la comunidad continúan expuestos a ser víctima de injusticias, atentados o desmanes legaloides.
Y si lo anterior priva en Jalisco, con algunas modalidades en los restantes componentes del Pacto Federal, se hicieron adecuaciones normativas, con los extravíos que antes padecían las Procuradurías. Un caso elocuente lo es el del bastión panista Guanajuato, cuyo fiscal (Carlos Zamarripa) es investigado por la FGR: este personaje ejerce el cargo desde hace varios lustros, y su entidad está sumida en tristísima situación de violencia, impunidad e inseguridad jurídica. Algo parecido sucede en Morelos, por lo que en el Congreso de la Unión se busca el desafuero del Fiscal Uriel Carmona.
Un común denominador de la procuración de justicia, ya en el fuero federal como estatal, es la carencia de resultados. No se nota su lucha contra la delincuencia, tampoco se advierten mejorías en la seguridad jurídica; en cambio el burocratismo es imperante en sus procedimientos y es notorio el atraso en su equipamiento. La gente a diario se queja del tortuguismo, deficiente atención y lo peor, afirma que imperan las corruptelas y abusos.
En el ámbito federal por doquiera le llueven críticas al fiscal general, (que ya es apodado ‘tortugertz’) pues en muchísimos casos, tanto de ilícitos de los llamados de “cuello blanco”, que se imputan a exfuncionarios públicos, como los que perpetran empresarios defraudadores y capos del narcotráfico, no se ven sus acciones contra ellos, o si acaso, por la lentitud con que se conducen, apenas se advierten.
En resumidas cuentas, las fiscalías tanto federal como estatales, están sin cumplir sus objetivos de procuración de justicia, ni proceden ceñidos por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, que las normas supremas ordenan. Cuando la sociedad las evalúa, sustenta la idea de que en sus organigramas persisten o sobreviven, hábitos y personas que no deberían estar allí, porque representan a los viejos políticos cuya trayectoria popularmente es condenada por sus saqueos y arbitrariedades, registradas cuando se desempeñaron en cargos dentro de los gobiernos llamados neoliberales.
Y esas críticas, sumadas a la desinformación que suele acompañar a sus acciones, generan desconfianzas, mismas que se agravan en el fuero local porque sencillamente, las Fiscalías estatales siguen dependiendo de los gobernantes, y con ello arrastran los mismos defectos que se imputaban a las anacrónicas y ya desaparecidas procuradurías de justicia. Porque las supresiones de éstas, en la realidad solo fueron en el papel, puesto que todas las reformas al respecto, poseen el típico estilo gatopardiano, es decir, se cambia mucho para seguir iguales.
En consecuencia, en muchos foros de abogados, y no digamos de otros profesionistas o de simples ciudadanos, se concluye que lo que hoy por hoy tenemos, en materia de procuración de justicia y ministerio público, son virtuales fiscalías trabadas, o cuando menos, aturdidas.
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-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Entre el discurso oficial del gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y la cruda realidad de las comunidades indígenas, se abren fisuras que revelan contradicciones inquietantes.
En 2025, declarado «Año de la Mujer Indígena» por el Congreso de la Unión y respaldado por el Ejecutivo, se pretende enaltecer el rol histórico y cultural de estas mujeres, combatir la discriminación y fortalecer sus derechos con políticas inclusivas.
Sin embargo, esta intención noble choca con actos de violencia institucional perpetrados por dependencias del mismo gobierno, como se evidencia en el caso de la Comunidad Indígena de Mezquitán, en Zapopan Jalisco.
Desde 2001, esta comunidad lleva 24 años esperando una indemnización justa por la expropiación de 26.93 hectáreas de sus tierras, utilizadas para la ampliación de la carretera Guadalajara-Ixtlahuacán del Río-Saltillo.
Esta discrepancia plantea una pregunta crucial: ¿es el reconocimiento a las mujeres indígenas un compromiso genuino o un juego de poder simbólico?
UNA INJUSTICIA DE DOS DÉCADAS
El conflicto de Mezquitán comenzó en 2001, cuando la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), expropió las tierras prometiendo una compensación de aproximadamente 40 millones de pesos. Sin embargo, solo se pagaron 6 millones como anticipo entre 2004 y 2005, dejando un adeudo pendiente que, conforme a la Ley Agraria y sentencias del Tribunal Superior Agrario, debe ajustarse a valor comercial.
Después de siete años de litigios contra la SICT (desde 2017) el Tribunal Agrario 16, y en noviembre de 2023, el Tribunal Superior Agrario les dio la razón a la Comunidad Indígena de Mezquitán, ordenando un avalúo por el INDAABIN para calcular el pago a valor comercial. Sin embargo, la SICT siguió interponiendo amparos frívolos, el último resuelto en diciembre de 2024, para retrasar lo inevitable.
Ahora lo que procede es que se ejecute la sentencia y que la SICT proceda al pago correspondiente, pero para ello se requiere el avaluó actualizado que debe realizar INDAABIN, donde ahora está el atorón con el tortuguismo de la dependencia.
Habrá que señalar que la Consejería Jurídica Federal del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, coincide y recomienda, que lo que sigue es el cumplimiento de la sentencia y darle seguimiento hasta su conclusión, es decir, el pago en favor de la Comunidad.
Fue el 18 de junio pasado en el que mediante acuerdo, el Tribunal Agrario ordenó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que, en un plazo de 10 días, informe sobre el trámite del avalúo solicitado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con apercibimiento de multa en caso de incumplimiento, pero a la fecha no tenemos conocimiento de que INDAABIN haya cumplido ese requerimiento.
Todos estos obstáculos del poder de la burocracia, de diversas formas, ha enfrentado la Comunidad Indígena de Mezquitán, diversas formas para retrasar el proceso de pago; ahora es el «tortuguismo» de INDAABIN, que ha ignorado plazos como el de 10 días establecido el 18 de junio de 2024, bajo amenaza de multa.
Esta demora impacta directamente a 333 familias, muchas lideradas por mujeres indígenas que enfrentan pobreza y marginación como resultado de esta injusticia prolongada.
Saúl Rodríguez Barajas, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, expresó su frustración: “Llevamos 24 años luchando por nuestros derechos, mientras el gobierno promete justicia, pero no actúa”.
Esta situación no solo contradice el espíritu del «Año de la Mujer Indígena», sino que también desvirtúa la reforma constitucional de 2024, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y obliga a consultar y compensar por proyectos que afecten sus territorios.
CONTRADICCIÓN ENTRE DISCURSO Y REALIDAD
El gobierno de Sheinbaum ha desplegado iniciativas ambiciosas para apoyar a los pueblos indígenas. En su informe de 100 días, anunció un presupuesto de 221 mil millones de pesos para 2025 destinados al desarrollo de comunidades indígenas y afromexicanas, que incluye 17 planes de justicia ya en marcha y el inicio de 13 más.
Además, lanzó el programa Apoyo Financiero a Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas (MIAA) con 500 millones de pesos, y en diciembre de 2024 restituyó 2,178 hectáreas a comunidades rarámuris en la Sierra Tarahumara.
Estas acciones, combinadas con la designación de figuras históricas como Tecuichpo, Tz’ak-b’u Aha, Señora 6 Mono y Xiuhtlaltzin como emblemas del año, buscan visibilizar el legado de las mujeres indígenas.
No obstante, el caso de Mezquitán revela una desconexión alarmante. Mientras se celebran avances simbólicos, la SICT se resiste a pagar y INDAABIN incumple sentencias judiciales, dejando a las mujeres de esta comunidad sin la indemnización que les corresponde.
Esta contradicción no es un incidente aislado, sino un síntoma de un problema estructural: las políticas públicas, aunque bien intencionadas, a menudo no se traducen en justicia tangible. La reforma constitucional de 2024, que manda consultar y compensar, debería haber agilizado casos como este, pero la inacción gubernamental lo contradice, erosionando la confianza en las promesas de inclusión.
MÁS ALLÁ DE LOS JUEGOS DE PODER
La negativa de la SICT y el «tortuguismo» de INDAABIN en el caso de Mezquitán contradicen el espíritu del «Año de la Mujer Indígena». Esta comunidad, con sus 333 familias —muchas lideradas por mujeres que encarnan los valores que el gobierno dice proteger—, merece una resolución que trascienda la retórica.
Aunque Sheinbaum no ha abordado directamente el caso, su compromiso con la justicia social indica que, con información clara, podría impulsar una solución para que 2025 no sea un ejercicio vacío. El gobierno debe actuar con urgencia, asegurando el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Agrario.
Solo así el discurso de reconocimiento a las mujeres indígenas se convertirá en hechos concretos, dejando atrás los juegos de poder y demostrando que la justicia no es negociable. La responsabilidad recae en Sheinbaum y sus dependencias: el tiempo apremia para alinear palabras con acciones.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Por más vueltas que se le quiera dar, hay casos en los que el poder se exhibe en su versión más burda, más vulgar, más ofensiva. Tal es el caso de la señora Eli Castro, personaje de escasa trayectoria profesional —pero al parecer de relaciones estrechas con el poder—, quien durante semanas se mantuvo oculta en las nóminas y pasillos del SIAPA sin que nadie pudiera explicar a ciencia cierta qué hacía ahí, quién la nombró, bajo qué criterios fue contratada y, sobre todo, por qué ocupaba un puesto como «asesora técnica» sin tener un perfil técnico.
En estos tiempos de administración de la opacidad, cuando la transparencia es una palabra que se usa solo como adorno en los discursos oficiales, bastó con que se asomara el escándalo para que el Gobierno de Jalisco aplicara su fórmula favorita: «Ya hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía Anticorrupción». Esa frase, que en otros países podría representar un paso hacia la rendición de cuentas, en Jalisco se ha convertido en la coartada perfecta para esconder todo lo que no quieren explicar. Detrás de esa frase se apagan los focos, se cierran los archivos y se invoca el silencio.
Pero el caso de Eli Castro no nació en SIAPA. Su historia con el gobierno jalisciense viene de tiempo atrás. Concretamente con las administraciones emecistas, la referencia es del año 2019, cuando la Secretaría de la Hacienda Pública, entonces encabezada por Juan Partida Morales -Si, el mismo funcionario que fue el administrador gubernamental de Enrique Alfaro durante su gobierno de Guadalajara y el gobierno de Jalisco y hoy director de IPEJAL-, decidió firmar con ella un contrato por la nada despreciable suma de 379 mil 170 pesos. El motivo: brindar apoyo administrativo y emitir opinión jurídica. Así, tal cual, como si se tratara de una abogada constitucionalista o de una analista con doctorado en administración pública.
¿Y cuál es la preparación académica de la contratada? El propio contrato, que le hicieron llegar a quien esto escribe, lo dice con claridad insultante: Eli Castro cuenta únicamente con estudios de secundaria. Ni una licenciatura, ni una cédula profesional, ni una especialidad. Y, aun así, el gobierno del estado decidió pagarle por emitir opinión jurídica. Como si en la Secretaría de la Hacienda Pública se hubieran quedado sin abogados, sin técnicos, sin funcionarios de carrera. Como si el presupuesto público se manejara como una bolsa personal para favorecer amigos o pagar favores.
Por si fuera poco, el periodista Pepe Toral destapó aún más esta cloaca en su cuenta en la red social X. Tras conocer el contrato, decidió hacer lo que el gobierno no hizo: pedir cuentas. Solicitó, por la vía de transparencia, los informes mensuales que la contratada debía entregar. Porque el contrato estipula —con toda claridad— que debía rendir informes mensuales sobre las actividades realizadas.
La respuesta que recibió Pepe Toral, ¡fue una joya del absurdo burocrático!: la Secretaría de la Hacienda Pública respondió que no tiene los informes, porque la contratada, en realidad, prestaba sus servicios en una dependencia distinta: el Instituto Jalisciense de Rehabilitación Social, más conocido como INJALRESO.
Pero esa respuesta es una tomadura de pelo lo que, en el caso de Pepe Toral, no es nada fácil. En ninguna parte del contrato revisado se establece que los informes puedan omitirse si la contratada es enviada a otra dependencia. Y mucho menos se menciona que INJALRESO sea la unidad responsable de vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. El gobierno no entregó al periodista Pepe Toral los informes, ni explicó su contenido, ni señaló si alguien los recibió. Y peor aún: no hay constancia de que alguien se los haya exigido.
Frente a la falta de informes, el periodista decidió ir más allá. Solicitó que se le informara cuáles fueron los entregables, los productos concretos, los resultados derivados de la contratación. Y aquí es donde el disparate alcanza dimensiones kafkianas.
La Secretaría de la Hacienda Pública le respondió —y cito textualmente— que no puede entregar los resultados de la contratación «por tratarse de un hecho futuro a realizarse». Repito: un contrato que se firmó y concluyó en 2019, hace seis años, es considerado por la autoridad como un hecho futuro. No una omisión, no una irregularidad, no una burla: un hecho que aún no ocurre.
¿Estamos ante una administración que no distingue entre pasado y futuro? ¿O simplemente ante una estructura de encubrimiento sistemático de irregularidades?
Como si no fuera suficiente, la Secretaría también se negó a entregar copia de los cheques emitidos a nombre de Eli Castro. Alegaron que la información puede consultarse en el portal de nómina. Y, en efecto, ahí aparecen dos pagos: abril y mayo de 2019. Pero el contrato establecía una duración de abril a diciembre de ese año.
La opacidad no es casual. Es un sistema. Es una práctica. Es una forma de gobierno. Porque el caso de Eli Castro no es el único, pero sí es un emblema. Un emblema de cómo se administra el dinero público con lógica de compadrazgo, de cómo se burlan los controles internos, de cómo se simulan funciones para justificar plazas, contratos, favores.
En el fondo, el caso no trata solo de una mujer sin preparación cobrando como asesora. Trata de un gobierno que no da explicaciones, de instituciones que no documentan, de fiscalías que callan y de una sociedad que, con frecuencia, se resigna. La pregunta ya no es si Eli Castro debía o no ocupar ese cargo. La pregunta es: ¿cuántos más como ella hay incrustados en el aparato público? ¿Cuántas nóminas están infladas con nombres que no trabajan, no entregan nada y nadie los supervisa?
La indignación no debería durar solo el ciclo de una noticia. Este tipo de casos amerita un seguimiento constante, una presión sostenida, una exigencia colectiva. Porque mientras se normalice que se contrate a una presentadora de música para emitir opiniones jurídicas, sin estudios, sin experiencia, sin rendición de cuentas, no habrá reforma administrativa que valga ni discurso de austeridad que resista.
Pero, lo terrible en este caso es que, el director del SIAPA sigue sin dar la cara y dar explicaciones. Juan Partida acostumbrado a distribuir pagos generosos a su personal de confianza después de su intento de madruguete en IPEJAL para subirse el sueldo él y sus cercanos, sigue ahí.
¿Saldrá Luis García Sotelo secretario de la Hacienda Pública de Jalisco a explicar este cochinero? O ¿Solo la dejará pasar?
Y mientras la señora Castro cobraba sin rendir cuentas, el gobierno silbaba hacia otro lado… como si la corrupción, cuando es propia, no apestara.
En X @DEPACHECOS
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