OPINIÓN
Los caminos y los cambios de Andrés Manuel: De la honestidad valiente a me vale la honestidad
Comuna México, por Benjamín Mora //
Desde la visión del evolucionismo social de Johan Galtung (psicólogo), el conflicto interpersonal y comunitario ha estado presente en nuestras relaciones desde el inició de la humanidad. El conflicto no es, nos explica, un fin, sino un medio necesario para el entendimiento de las personas y el logro de la paz.
Hoy, los mexicanos nos encontramos en medio de un conflicto que parece agudizarse sin miras a un entendimiento. Para Andrés Manuel López Obrador, por haber ganado la presidencia con una mayoría indiscutible de votos, “chairos y fifís” deberíamos renunciar a lo que pensamos, sentimos e interpretamos de la realidad, y con ello, a nuestros proyectos de vida personal, de familia, de trabajo y de empresa, para unirnos a su plan personalísimo de nación.
Buda ha dicho: “El conflicto no es entre el bien y el mal, sino entre el conocimiento y la ignorancia” y las ignorancias del Presidente son amplias y profundas. Dos dinámicas del conflicto parecen no caber en la esencia de López Obrador: la trascendencia y la transformación. Por la primera nos permitimos entender que el conflicto jamás es un suceso individual, sino que engloba a otros participantes, con derecho a definir su solución, y por la segunda, la estrategia acepta las perspectivas ajenas.
En el mundo de López Obrador con hay posibilidad para la empatía, es decir, para comprender las actitudes de los otros, de los diferentes a él; asimismo, tampoco hay posibilidades para gestionar comportamientos de conciliación con quienes –a decir suyo-son la causa de todos los males desde pasado, ni cabe, por último, la creatividad para resolver las contradicciones. En su entender egocéntrico, “de los arrepentidos es el reino de su 4T” y por ellos se les perdonan todas las culpas pasadas.
Los conflictos sociales de justicia y bienestar de México, aceptémoslo, no los creó López Obrador; sin embargo, tenemos que entenderlo, la esencia del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador es heterotransformadora, es decir, es una persona que busca la transformación del otro desde la imposición y no es capaz de comprender y aceptar que obedecer sin chistar o imponerse autoritariamente hará que el conflicto resurja de alguna otra forma en el futuro.
El problema de López Obrador es que, ante cada problema y cada conflicto, busca culpables y no soluciones, no escucha y no reconoce sus errores.
Una vez escuché: “Un conflicto no resuelto es como un disco rayado; nos impide que pasemos a la siguiente melodía”. Cuando López Obrador se enoja –no soy florero- ante convenios en los que no participó ni fue informado, lo que expresa es su indiferencia egocéntrica, impulsiva e irreflexiva. El Presidente debe entender que sus palabras pueden –lo han hecho- despertar prejuicios sociales que agravan al futuro compartido.
Los prejuicios impiden a López Obrador mirar otras formas de atender las diferencias e injusticias sociales. Al Presidente le vendría bien aceptar que detrás de cada persona hay una razón por la cual es como siente, piensa y actúa, y que las transformaciones sociales no se dan ni por mandato ni sin la participación de todos.
Desde sus campañas electorales, López Obrador imprimió una connotación negativa a los gobiernos pasados, tomándolos como sus adversarios, buscando desvalorizarlos y provocando su desprecio social a partir de la distorsión en la interpretación de la realidad, poniendo una base real y sumando una información errónea y exagerada. Un ejemplo evidente fue su crítica a Felipe Calderón por haber puesto a las fuerzas armadas en el combate a los delincuentes más violentos. Por ello, en febrero de 2012, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles seis meses después de ganar las elecciones. En diciembre de 2016, López Obrador señalaba que al Ejército lo habían desgastado la lucha contra la inseguridad y la violencia. Esta semana, el propio López Obrador ordenó la permanencia del Ejército Mexicano y la Marina Armada en labores de seguridad pública, normalizando la política militarista de Calderón, y pregunto si acaso las encomiendas militares no serán “parte de un proceso de contención social y para amedrentar a la sociedad” hacia las elecciones de 2021, como en 2012 acusó a Calderón.
Siempre desconfié de Andrés Manuel López Obrador; por ello, el día en que decidió tomar por su casa al Palacio Nacional, quise entender sus razones de vivir en los lujos a los que renunció Lázaro Cárdenas. A botepronto supuse que sus palabras eran huecas y que estas no conectaban ni con su mente ni con su corazón. Ahora que ha resuelto re-militarizar al país, López Obrador se desvanece entre lo que criticó de los presidentes Calderón y Peña, y el proyecto de seguridad nacional de su gobierno, mal trazado y peor implementado. La Guardia Nacional es un fracaso institucional en manos de Luis Rodríguez Bucio y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana demuestra sus ineficiencias en manos de Alfonso Durazo Montaño, un alquimista de principios e ideología, y, quizá, ignorante de su encomienda.
La militarización ordenada por el Presidente López Obrador ha puesto en evidencia al vodevil político de la 4T y los cambios de vestuarios liberales y conservadores de Manuel Bartlett, Tatiana Cloutier y Mario Delgado, entre tantos más. Todos, ayer críticos de la presencia del Ejército Mexicano y la Marina Armada en las calles, y hoy callados, haciendo ridículos para ocultar lo que guarda el internet, tratando de justificar a presidente. El propio Presidente ha debido recordarse el día en que López Dóriga, en Tercer Grado, le preguntó sobre sus declaraciones cuando criticaba las estrategias militarizadas que ahora retoma.
El gobierno de la 4T ha militarizado todo cuanto ha podido: la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, el transporte de combustibles y la persecución de huachicoleros. Los soldados también dirigen la Guardia Nacional y están presentes en Aduanas. La presencia de las fuerzas armadas en las calles son solo la punta del iceberg militarizarte de López Obrador. México se ha militarizado.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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