Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

Un nuevo suceso de posible acción criminal sacude a Jalisco. Y tiene que ver con esa gran tragedia humanitaria que viven miles de familias, buscando a sus seres queridos que un día salieron de casa y ya no regresaron.

El misterioso caso de desaparición de siete jóvenes que trabajaban en un call center ubicado en Víctor Hugo en la colonia Jardines Vallarta y que al parecer cuando menos tres de ellos fueron privados de la libertad por sujetos armados en varios vehículos y que tienen todas las características del crimen organizado.

El fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz salió este domingo a informar de manera general sobre acciones que realiza la dependencia a su cargo a través de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) y que se ha convertido en uno de los temas más mediáticos en esta macro tragedia de los desaparecidos en Jalisco que ubica a la entidad en el nada honroso primer lugar nacional.

La FEPD ya realizó el cateo a dos inmuebles donde se localizaron indicios que podrían permitir qué es lo que pasó, qué tipo de actividades se realizaban en ese call center y que por la información que se desprende de la propia Fiscalía este negocio funcionaba en forma ilegal.

La Fiscalía dio a conocer que posiblemente en este call center se dedicaban a cobrar deudas a extranjeros y vender tiempos compartidos en hoteles.

Seguramente este lunes la Fiscalía proporcionará más información sobre los avances de la investigación que se realiza.

Lo que todos deseamos, en especial los familiares de esos 7 jóvenes de los cuales 5 son hombres y dos son mujeres, es que los localicen con vida.

EL DRAMA DE LOS DESAPARECIDOS

Este suceso lamentablemente es uno de miles que se han registrado en los últimos años en Jalisco ante un gobierno que está completamente rebasado, cuyas cabezas de la administración estatal se niegan a aceptar y reconocer la magnitud del problema, cuando lo minimizan y presentan información incompleta y tergiversada.

Precisamente en esta semana el gobernador Enrique Alfaro se confrontó con el diario Mural cuando el rotativo exhibió que en el caso de los homicidios que se registran en Jalisco tienen un recorte las estadísticas, cuando los cuerpos sin vida que se localizan en fosas clandestinas no forman parte del registro de homicidios a fin de que la narrativa del gobernador se sostiene que en su gobierno los homicidios van a la baja y que se le está ganando la batalla a la criminalidad.

Ojalá eso fuera realidad, qué tanto quisiéramos que el gobierno y sus instituciones de seguridad fueran ganando la batalla y los índices delictivos disminuyeran.

Pero no es así. El Gobierno de Jalisco sostiene que “hay una baja en los homicidios” dolosos para lo cual inventó una categoría que no existe en el Código Penal ni en alguna ley.

El término acuñado es “víctimas de agresión directa”, pero donde quedan excluidas las víctimas localizadas en fosas clandestinas.

Y obvio, las estadísticas del Gobierno de Jalisco registran una diferencia con las del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Por ejemplo el 5 de abril -publica Mural- el gobernador habla de una disminución en el delito y aseguró que en el mes de marzo se había tenido la cantidad más baja de víctimas desde 2018

con 124.

Sin embargo, el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tiene otros números, 184 homicidios dolosos, 30 más de los registrados apenas en marzo de 2022.

Conforme a la publicación de Mural de la pasada semana entre diciembre de 2018 y abril de 2023, Jalisco alcanzó 10 mil 643 víctimas de homicidios dolosos, 2 mil 68 asesinatos más que toda la gestión de Aristóteles Sandoval.

Al gobernador estos datos de Mural le provocaron un manifiesto malestar. “No voy a contestar difamaciones y señalamientos que ni siquiera atendieron la información que formalmente se les envió”, recriminó.

Otro punto que le echan en cara al Gobierno de Jalisco es el subregistro que ha hecho en las desapariciones contabilizadas en el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparecidos, lo que muestra una incapacidad para hablar con franqueza y decir la verdad.

El maestro e investigador Víctor Manuel González Romero, se distingue por ser de los más meticulosos en el análisis de las cifras y estadísticas de las personas desaparecidas en Jalisco y ha documentado el tamaño de la crisis humanitaria y de gobierno que se vive en la entidad al señalar que son más de 8 mil desaparecidos en Jalisco durante la presente administración, conforme a datos del Sistema de información sobre Víctimas de desaparición (30 de abril del 2023).

Y lo más duro: a pesar de que a este Gobierno de Jalisco le restan 18 meses para concluir la administración, los desaparecidos rebasan en casi 3 mil a los reportados en toda la administración anterior y es probable que esté el crimen organizado detrás de muchas de las desapariciones, pero eso no debe ser excusa para no buscarlos, precisa el ex rector de la Universidad de Guadalajara.

¡Qué terrible tener un gobierno que no acepta la realidad y busca a través del manejo de estadísticas amañadas asumir una postura de negación del problema!

¿Y allí qué hacer?