JALISCO
Los retos de Verónica Delgadillo y el futuro de Guadalajara
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
El pasado viernes, en un encuentro sin precedentes con directivos de medios y líderes de opinión, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, ofreció un vistazo crudo a los desafíos que enfrenta su administración, particularmente la crisis hídrica y la precariedad financiera municipal.
Este tercer diálogo abierto en ocho meses de gestión—un ejercicio de transparencia ausente en otros alcaldes tapatíos—permitió abordar temas clave con franqueza. En mi intervención le recordé su compromiso de campaña, destacado en el primer debate de Quiero TV en mayo del 2024, de renovar el 20% de los 2,500 kilómetros de tuberías de Guadalajara de manera gradual, minimizando afectaciones, ante la grave escasez de agua en la Zona Metropolitana. Su respuesta, aunque esperanzadora, revela las limitaciones estructurales que obstaculizan su cumplimiento.
Delgadillo reconoció la urgencia de reemplazar redes de agua de 80 a 100 años, algunas con asbesto y otras reducidas a canaletas obsoletas, un desafío que exige 76,000 millones de pesos para una renovación integral o 13,000 millones para un mantenimiento básico.
Con un presupuesto de 12,500 millones, la alcaldesa recurrió a la metáfora de Oye Bartola de Chava Flores—“ahí te dejo esos dos pesos para la renta, el teléfono y la luz”—para ilustrar cómo los recursos apenas cubren servicios básicos, salarios de 12,000 empleados y emergencias, dejando poco para infraestructura crítica. “No hay lana para todo”, admitió, apostando por una colaboración multidecenal con el Gobierno del Estado, que prometió 8,000 millones, y citando los 12,500 millones invertidos por la administración anterior, cuya efectividad se cuestiona al no percibir resultados visibles.
Esta dependencia externa pone en duda la viabilidad de su plan. La promesa de renovación hídrica, aunque ambiciosa, choca con la realidad fiscal heredada y la falta de autonomía municipal. Delgadillo denunció una injusticia redistributiva: Guadalajara atiende a tres millones de personas—1.385 millones registrados y una población flotante—con solo 48,000 hogares pagando impuestos, logrando un 95% de recaudación, superior a Zapopan (78%) y Tlaquepaque (45%).
Sin embargo, la eliminación del Ramo 33 y Fortaseg por el gobierno federal de López Obrador ha agravado la situación, forzándola a buscar apoyo vía la Asociación de Ciudades Capitales. Su llamado a “lana extra” para recibir visitantes nacionales e internacionales (Como los que generará el Mundial de Futbol) resalta la necesidad de un cambio sistémico, pero su estrategia depende excesivamente de voluntades externas.
El símil de Bartola no es solo humor; es una crítica implícita a un modelo donde Guadalajara, motor económico de occidente, queda desprotegida. La alcaldesa puede impulsar alianzas público-privadas con incentivos fiscales y cabildeo con el Estado y la Federación, pero sin una reforma fiscal local que amplíe la base tributaria o modernice el catastro, estas medidas podrían quedar en promesas. La inversión previa en redes hidráulicas de 12,500 millones de pesos, parece haber “pasado de noche”, sugiriendo ineficiencias o mala planeación que Delgadillo debe aclarar.
Su enfoque en transparencia ofrece esperanza. Anunció un plan anticorrupción para meses próximos, con digitalización de licencias, controles y la destitución de un funcionario por irregularidades, además de multas de 2,200 pesos desde agosto para la basura, con opción a servicio comunitario. “No es recaudatorio, queremos una ciudad limpia”, enfatizó, alineando sanciones con educación cívica.
Sin embargo, estas iniciativas, aunque valiosas, palidecen ante la magnitud del reto financiero. Sin recursos frescos, el riesgo es que proyectos como la red hídrica sigan “durmiendo el sueño de los justos”.
Comparativamente, la gestión de Delgadillo enfrenta un dilema clásico: gobernar requiere más que promesas de campaña. Mientras candidatos como ella pintan escenarios optimistas, la realidad administrativa revela un rompecabezas de prioridades y limitaciones. La canción de Bartola refleja esta tensión: con “dos pesos” simbólicos, ¿cómo equilibrar nómina, servicios y obra pública?
Su apuesta por el Estado y la Federación es lógica, pero insuficiente sin presión sostenida. La Asociación de Ciudades Capitales podría ser un aliado clave, exigiendo un esquema redistributivo justo, mientras la atracción de inversión privada—por ejemplo, para redes hidráulicas—podría aliviar la carga, aunque requiere incentivos claros.
El diagnóstico de Delgadillo es acertado: Guadalajara merece más recursos por su rol nodal. Sin embargo, su justificación depende demasiado de apoyos externos, dejando en segundo plano la necesidad de autonomía fiscal. Una modernización tributaria, combinada con auditorías rigurosas y proyectos autofinanciables como el “webping Guadalajara” para recargos, podría empoderar al municipio. De lo contrario, la ciudad quedará atrapada en un ciclo de insuficiencia, donde la visión de Delgadillo—honesta pero limitada—se diluirá ante la falta de “lana”. Este análisis invita a reflexionar: ¿es suficiente culpar al sistema, o debe la alcaldesa liderar una transformación interna para desbloquear el potencial de Guadalajara?
En conclusión, la alcaldesa enfrenta un desafío monumental que trasciende su gestión. Su compromiso con la transparencia y la colaboración estatal es un paso adelante, pero la solución exige un replanteamiento nacional. Sin autonomía financiera y recursos adecuados, los rezagos hídricos y urbanos persistirán, y la metáfora de Bartola seguirá resonando como un eco de promesas incumplidas. La pelota está en su cancha y en la de los gobiernos superiores: o se actúa con estrategia, o Guadalajara seguirá siendo un gigante económico con pies de barro.
JALISCO
Pensiones consumirán 2.3 billones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación en 2026
– Por Raúl Cantú
La propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026, presentada el 8 de septiembre de 2025 por el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, a la Cámara de Diputados, confirma que el gasto en pensiones y jubilaciones alcanzará los 2.3 billones de pesos, representando aproximadamente el 22.7% del gasto neto total estimado, que asciende a 10.193 billones de pesos.
Esto implica un incremento de alrededor del 4.5% en términos nominales respecto a los 2.2 billones aprobados para 2025, impulsado principalmente por el envejecimiento poblacional y la expansión de programas sociales no contributivos.
Desglose del gasto en pensiones
El rubro de pensiones se divide en dos categorías principales: contributivas (derivadas de cotizaciones en el IMSS, ISSSTE y otras instituciones de seguridad social) y no contributivas (programas universales de bienestar). Según la propuesta, el total de 2.3 billones incluye:
- Pensiones contributivas: Aproximadamente 1.68 billones de pesos, con un crecimiento moderado del 0.5% real, enfocado en jubilaciones de trabajadores formales. Este monto cubre obligaciones históricas y reformas previas al sistema de pensiones.
- Pensiones no contributivas: Alrededor de 619.743 millones de pesos, con un aumento del 13.2% respecto a 2025, lo que refleja la priorización de los programas sociales del gobierno federal. Dentro de este subrubro destacan:
- Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 526.508 millones de pesos (8.9% más que en 2025), beneficiando a 14.2 millones de personas de 65 años o más con un monto bimestral de 6,000 pesos.
- Pensión Mujeres Bienestar (para mujeres de 60 a 64 años): 56.969 millones de pesos.
- Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 36.266 millones de pesos.
Este desglose subraya la presión fiscal de las pensiones no contributivas, que han crecido significativamente en los últimos años debido a su carácter universal y constitucional, pasando de 359 mil millones en 2023 a cifras cercanas a 620 mil millones en 2026.
Contexto en el presupuesto general
El PEF 2026 proyecta un gasto neto total de 10.193 billones de pesos, un 5.9% más que el estimado para 2025, financiado por ingresos públicos de 8.7 billones (principalmente 5.8 billones en impuestos como ISR e IVA, y 1.2 billones petroleros) y un endeudamiento neto de hasta 1.8 billones. Sin embargo, el 81.4% del presupuesto (unos 8.4 billones) se considera «ineludible», comprometido en rubros como:
| Rubro | Monto estimado (billones de pesos) | % del gasto total |
| Pensiones y jubilaciones | 2.3 | 22.7% |
| Pago de deuda (costo financiero) | 1.642 | 16.1% |
| Sueldos y salarios de burócratas | 1.267 | 12.4% |
| Transferencias a estados y municipios | 2.583 | 25.3% |
| Programas sociales prioritarios (adicionales a pensiones) | 0.835 (para 17 programas, incluyendo becas y salud) | 8.2% |
Esto deja un margen limitado para inversión en infraestructura (1.25 billones, o 12.3%) y salud (996 mil millones, o 9.8%), áreas que, sumadas, apenas igualan el gasto en pensiones. Analistas destacan que pensiones, deuda y apoyos a Pemex y CFE absorben más del 50% del presupuesto, reduciendo el espacio para prioridades como educación y seguridad.
Implicaciones y retos
- Presión fiscal creciente: Las pensiones representarán cerca del 6.5% del PIB proyectado (alrededor de 35 billones), un nivel superior al promedio de la OCDE (7-8%), pero con una recaudación tributaria baja (15.1% del PIB). El déficit fiscal se estima en 4.1% del PIB, financiado por deuda que pasaría del 3.9% al 4.3% del PIB, lo que podría elevar el costo de la deuda a 4.1% del PIB.
- Sostenibilidad: Expertos advierten que, sin reformas estructurales (como aumentar la edad de retiro o mejorar la cotización), el gasto en pensiones podría llegar al 7.8% del PIB para 2030. El gobierno enfatiza la «responsabilidad fiscal» y el combate a la evasión para generar 183 mil millones adicionales vía nuevos impuestos (IEPS a refrescos, tabaco, apuestas y plataformas digitales), pero no se prevén alzas generalizadas.
- Beneficios sociales: El enfoque en pensiones busca reducir la pobreza (que bajó al 36.3% en 2024) y apoyar a 82% de las familias mexicanas, alineado con el «humanismo» del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, críticos señalan que prioriza gasto corriente sobre inversión productiva, lo que podría limitar el crecimiento económico (proyectado en 1.8-2.8%).
La propuesta ahora está en análisis en la Cámara de Diputados, con posibles ajustes antes de su aprobación en noviembre de 2025. Para más detalles, consulta el documento oficial en el sitio de la Secretaría de Hacienda.
JALISCO
El gobernador Pablo Lemus y los alcaldes de Tlaquepaque y Tlajomulco acuden a reunión de seguridad en Palacio Nacional
-Por Redacción Conciencia Pública
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro; el titular de la Secretaría de Seguridad, Juan Pablo Hernández; el Fiscal del Estado Salvador González de los Santos; así como el alcalde de Tlajomulco Gerardo Quirino y la alcaldesa de Tlaquepaque Laura Imelda Pérez, estuvieron presentes esta mañana en Palacio Nacional para compartir las acciones que se han venido implementando en el estado en materia de seguridad.
Lemus compartió en un video que: «En coordinación con los tres niveles de gobierno, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, seguimos trabajando para que las y los jaliscienses tengan una entidad con mayor seguridad y un tejido social reforzado».
– Por Francisco Junco
El Gobierno de Jalisco lamentó lo que calificó como una campaña de desinformación encabezada por la diputada federal Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, quien afirmó que el estado contaba con una bolsa de 400 millones de pesos para rehabilitar carreteras federales.
A través de un comunicado, el Ejecutivo estatal aclaró que dicha versión es falsa, ya que el mantenimiento de estas vías corresponde exclusivamente al Gobierno Federal.
“El Gobierno de Jalisco aclara que es falso que cuente con una bolsa de 400 millones de pesos para rehabilitar carreteras federales, como de forma sorpresiva lo afirmó la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, y lamenta que se haga una campaña de desinformación al respecto”, señala el documento oficial, enviado a los medios de comunicación.
Y es que la diputada federal Gómez Pozos, afirmó que el Gobierno de Jalisco no ha ejercido los 400 millones de pesos que se le asignaron desde la federación para la reparación de carreteras e incluso llamó al gobernador de Jalisco Pablo Lemus para coordinarse con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que lo ejerza antes de este año.
“Del presupuesto que estamos ejecutando este año se pudo reasignar una bolsa, desde la comisión de presupuesto, de 10 mil millones de pesos para este fin y, llama la atención que al segundo trimestre de este año sólo cuatro estados hayan ejecutado ese recurso. Entre los que no lo han hecho está el estado de Jalisco, que tiene casi 400 millones de pesos para este fin y no, pues, se ha ejecutado un solo peso”, señaló la diputada federal, al recibir el paquete económico de Hacienda para el próximo año.
La administración estatal explicó que la aplicación de esos recursos corresponde a la delegación Jalisco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por María Padilla, y no al Ejecutivo local.
“Los recursos para rehabilitar carreteras federales salen del presupuesto federal y son ejecutados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”, puntualizó.
Por su parte, el secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, detalló que este año la Federación no asignó recursos concursables al estado para este rubro.
“No hay recursos para mantenimiento carretero que sean concursables. ¿A qué me refiero cuando digo que sean concursables? A que algunas entidades metamos proyectos para eso. Es más la voluntad federal la que determina en dónde sí y en dónde no, se hacen ampliaciones presupuestales, o se destinan recursos para el mantenimiento carretero”, señaló.
El Gobierno de Jalisco recordó que la entidad cuenta con 2 mil 196 kilómetros de carreteras federales, entre ellas la 70, 80, 23, 200 y 54, cuya falta de mantenimiento representa un riesgo para los usuarios.
Agregó que, recientemente, el Gobierno Federal anunció que enviaría un tren de pavimentación para rehabilitar apenas 26 kilómetros de esa red.
Como contraste, la administración estatal subrayó que en paralelo impulsa el Plan Carretero Estatal 2025-2030, con una inversión de 24 mil millones de pesos, mediante el cual se dará mantenimiento y renovación al 100% de la red carretera estatal, 4 mil 562 kilómetros, durante el sexenio, en beneficio de alrededor de 80 millones de vehículos que circulan cada año por estas vías.
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