OPINIÓN
Luchas de poder entre Alfaro y AMLO
Mujeres y hombres del poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Mi solidaridad con las compañeras periodistas Sonia Serrano y Josefina Real que han sido víctimas de agresiones en este proceso electoral. Una sobrina de Sonia ha sido atacada dos veces y da para pensar que podrían tratarse de mensajes del poder para amedrentarla y acallarla. Aquí todo puede pasar.
Prácticamente estamos entrando a la etapa final en este proceso electoral y es cuando echan los partidos y sus estrategas toda la carne al asador. La lucha es descarnada, tanto a nivel estatal como nacional.
En el terreno nacional hemos visto al Presidente López Obrador, metiendo la mano en las elecciones de Nuevo León, donde todo parece indicar que el candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, con todo y los ataques se perfila para llevarse la elección, sin embargo, puede ganar el voto, pero perder en los tribunales en razón de los gastos excesivos de campaña que se han denunciado que ha cometido y que de ser ciertas las acusaciones, perdería en la mesa.
Cabe señalar que en este caso no hemos visto la intervención del INE, que es al que le corresponde la fiscalización, como lo hizo con los tres candidatos a la gubernatura de Morena que fueron invalidadas por no presentar informe de gastos de pre-campaña.
Se ha interpretado de la misma forma intervención del Gobierno Federal en las elecciones con las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude fiscal, razón por las que la Cámara de Diputados le retiró el fuero para poder ser juzgado, tras petición de la Fiscalía General de la República
EN JALISCO CONTRA LEMUS
Durante la pasada semana fuimos testigos de los misiles que le lanzaron los morenos al candidato a la alcaldía de Guadalajara de MC, Pablo Lemus, a quien lo señalan de tener un adeudo de impuestos de 8 millones de pesos ante la Secretaría de Hacienda, lo que éste niega, con la defensa de que se trata de “guerra sucia”.
A Lemus los morenos han pretendido bajarlo de la contienda con el argumento de que su candidatura es violatoria a la Constitución, toda vez que se trata de un engaño a la ley, por ser una reelección más, después de haberse reelecto en Zapopan y han presentado impugnaciones ante las autoridades electorales.
Sin embargo una a una Lemus ha ido ganando las batallas; en la primera le dio la razón TRIEJAL y en la segunda la Sala Regional resuelve a favor de Lemus, esto último sucedió la pasada semana.
Ahora vendrá la tercera impugnación de Morena y seguramente acudirán a la Sala Superior, después del fallo en contra de la Sala Regional.
Sin embargo, existe el antecedente que la Sala Superior ha rechazado su atracción, habrá que ver si le entra a fondo en el estudio y de una vez por todas establece un criterio claro en la materia sobre una ley que es relativamente joven y que data desde 2014.
REVIVE ALFARO LA DISPUTA
Llama la atención que de nuevo el gobernador Alfaro vuelva a subirse al ring en contra del gobierno federal al hacer la pasada semana una declaración inusitada al lavarse las manos por los males de Jalisco que a propios y extraños desconcertó, cuando afirmó que corresponde al Gobierno federal atender la inseguridad, así como la falta de agua y los incendios forestales.
“Si padece por falta de agua potable, percibe que aumentó la violencia en su colonia o ha respirado humo de los incendios forestales que recientemente han afectado a la ciudad, hay que responsabilizar al gobierno federal”, sostuvo el mandatario jalisciense que se ha promovido para ser Presidente de México.
“No se necesita ser abogado, pero sí conocer un mínimo de nuestra legislación para entender que el combate a la delincuencia organizada es responsabilidad primaria del gobierno federal: insisto: no lo digo yo, lo dicen nuestras leyes”.
Obvio, Alfaro como dice una cosa hoy, mañana dice otra, no es consistente en sus declaraciones y afirmaciones. A propósito del tema de seguridad se le recordó a Alfaro el fuerte reclamo que hizo a la federación desde la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres, al señalar que de acuerdo a la constitución le corresponde a los gobiernos estatales la seguridad.
EL COSTO PARA JALISCO
Se había pensado que las diferencias entre Alfaro y AMLO habían quedado superadas, pero no es así. Este posicionamiento que hizo el político jalisciense, aunado a la propaganda de Movimiento Ciudadano de “Defendamos a Jalisco” es exactamente lo mismo de lo que se acusa al líder de la 4T, de polarizar y enfrentar a los mexicanos. Alfaro y compañeros de partido usan un lenguaje de guerra, de buenos contra malos, tapatíos contra chilangos, como el propio Pablo Lemus lo ha expresado en sus discursos.
Todo esto difícilmente tendrá reversa, como dicen, hay tiro por derecho propio y las consecuencias las pagará Jalisco que seguramente seguirá marginado de los apoyos federales que le permita a Alfaro desdoblar su agenda de obras prioritarias. Ese es el costo de la aventura de sentirse presidenciable, que para algunos no deja de ser una verdadera locura, considerando la situación tan crítica que vive Jalisco, que no nos había tocado en cerca de cuatro décadas de hacer periodismo.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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