OPINIÓN
Madurez democrática
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
En México hemos podido elegir gobernantes en forma relativamente pacífica desde hace noventa años, en parte por la institucionalidad lograda por el partido hegemónico constituido para aglutinar a las diversas fuerzas y facciones resultantes de los conflictos armados de principios de siglo y posteriormente modificado para dar cabida a las expresiones sociales de ese tiempo, adecuadamente corporativizadas en sectores, obrero, popular, campesino y en ese entonces todavía participaban los militares oficialmente, no como ahora.
Este entramado de intereses en un partido único constituyó el sistema “democrático” mexicano, hasta el siguiente paso que fue, abrir la participación política a las minorías, desvincular los procesos electorales del tutelaje del gobierno y crear instituciones y legislación para que hubiera una mayor participación ciudadana, mayor certeza y credibilidad en los resultados y gobiernos y legislaturas perfectamente legitimados.
Desde entonces empezamos a considerarnos una sociedad madura democráticamente con un sistema en permanente perfeccionamiento, buscando equidad en los procesos, igualdad de género y certidumbre en los resultados. La pregunta que surge es: ¿Qué hemos hecho con los avances democráticos que supuestamente tuvimos? La respuesta no es muy halagüeña.
Lo positivo es, que se ha mantenido la paz social y los conflictos y disturbios propios de la competencia electoral han podido ser resueltos, pero no hemos podido aprovechar eso para elevar la cultura democrática de los electores y concientizarlos de que la democracia sirve para elegir a buenos gobernantes, para llevar al poder a los mejores, a los que pueden garantizar una mejor sociedad.
Tampoco ha servido para que los partidos entiendan su responsabilidad social y postulen a los mejores y no a los que mejor representan sus intereses. La madurez del sistema no ha logrado que los protagonistas maduren, ya que en cambio parecemos retroceder a la época de las facciones post revolucionarias, defendiendo sus parcelas de poder, sin construir la sociedad a la que aspiramos.
La polarización ha sido el distintivo de las campañas electorales llevada posteriormente al ejercicio de gobierno. La irritación social es el mejor argumento para obtener el voto y lo que ha sucedido es que la gente ahora no elige gobernantes sino vengadores.
No se elige al que consensa y construye, sino al que divide y destruye. Ese es el fracaso de nuestro sistema democrático, que ha permitido la preminencia de la demagogia sobre el sentido común y nos ha llevado a una actualidad ominosa.
La pretendida madurez democrática que presumíamos ha resultado de papel, está en las leyes y normas que ahora son violadas hasta por quien debe hacerlas respetar. El INE sufre el embate del poder ejecutivo por oponerse a que este influya en los procesos electorales y por si fuera poco, el electorado recibe además presiones de grupos y personajes del crimen organizado. Data Cívica reporta: “De 2018 a lo que va de 2022, se han registrado en México 669 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos. En México, la violencia electoral se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influenciar la vida pública de estados y municipios.”
Entre los propios políticos, el nivel ha descendido hasta hacer de la filtración, la difamación, el espionaje, la agresión legal hasta a los familiares, herramientas para obtener el triunfo y lo más grave es que desde el propio gobierno, sea federal o estatal se practican porque lo importante es, retener el poder.
Tales conductas no pueden producir más que una degradación de la supuesta madurez democrática del pueblo mexicano, condenado a elegir entre lo menos peor y lo más alarmante, a encontrar normalidad en esta exhibición de la miseria moral en que se ha convertido la política mexicana.
Por la falta de argumentos y de visión de la clase política actual, para la cual el futuro llega hasta la próxima elección, el individuo hoy carece de opciones y no se siente representado, la mayoría, por ninguno de los partidos políticos y está en espera de que surja una figura que les renueve la esperanza, que es lo único que mantiene en pie nuestro sistema electoral. La gente seguirá acudiendo a votar pensando que el próximo gobernante será mejor, aunque tenga que elegir entre lo menos peor. A fuerza de tirarse las heces a la cara los partidos han puesto en crisis la democracia representativa, que es la base de nuestra organización democrática, dejando a la sociedad a expensas de la retórica del mejor demagogo, carente de propuestas estructurales y estructuradas.
Las elecciones de ayer domingo hubieron, y las que habrán de realizarse en 2023 y 2024 habrán de llevarse a cabo, esperemos, en la normalidad relativa que pueda imperar en un país en el que la violencia mortal ya no escandaliza y en el que la utilización de los recursos del estado para mantenerse en el poder serán descaradamente utilizados. Esa es nuestra madurez democrática actual, esa es la clase política en el poder, y este es nuestro tiempo, entre balas y con autoridades cínicas habremos de votar por lo menos peor y a ver como nos va mientras seguimos tercos con la esperanza.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
