OPINIÓN
México al rojo vivo: Asesinato de sacerdotes jesuitas indigna y sacude conciencias
Opinión, por Pedro Vargas Avalos //
Por más esfuerzos que se hagan, no podemos soslayar la situación difícil, lamentable, por la que atraviesa el país entero, en varios aspectos. Uno mejor quisiera, invariablemente, comentar los avances en las grandes y pequeñas obras que las actuales administraciones de la república y de nuestro Estado, se han echado a cuestas para bienestar general; o glosar triunfos resonantes, como el del social demócrata Gustavo Petro en Colombia, nuestra querida y fraterna nación sudamericana. Sin embargo, la cruda realidad se impone.
En efecto, cuando aun la temible pandemia del Corona virus sigue dando de qué hablar, (aunque a decir verdad ya se tiene bajo control), la situación económica se desmejora, el renglón de la salud no atina en ser eficaz, la corrupción (cual corcel del apocalipsis) prosigue su cabalgata en todos los ámbitos, los políticos se empeñan en su anodino, cuando no, contradictorio actuar, en mucho solapados e imitados por los medios tradicionales de información y ciertos intelectuales orgánicos. Empero, el tema de la violencia que implica inseguridad y rebela crecimiento de la criminalidad, se enseñorea a los cuatro vientos del país, y lastimosamente, Jalisco corre al parejo.
Hasta alarma provoca leer o escuchar las noticias que por distintos medios nos bombardean a diario los sentidos. Por lo general, la nota roja es predominante, o al menos la información que más impacta el ánimo. Asesinatos, balaceras, desaparecidos, extorsiones, feminicidios, ilegalidades y, como cerezas de tóxico pastel, corruptelas a Dios dar.
Claro que hay muchos indicios y no pocas acciones, que especialmente del gobierno federal, y en mucho menor medida en la administración estatal o la municipal, se apuntan con el objetivo de aliviar carencias y subsanar omisiones, pero de plano han sido insuficientes o mal ejecutadas, por lo que sus resultados han dejado mucho que desear.
En cuestión económica, el solo anuncio del Banco de México de que la inflación este año de 2022 rebasará el ocho por ciento, causa cierto escalofrío, porque ya sabemos que cuando el gobierno anuncia topes, estos ordinariamente son rebasados. Y ese fenómeno, que entraña posibles carencias y segura carestía, conspira contra la población, particularmente la más desvalida.
Por lo que ve a la salud, la celebérrima pandemia que nos flageló mas de dos años, atrasó todos los planes para, como aseguraba al inicio del sexenio el presidente López Obrador, pronto tendríamos los mexicanos un sistema de salud universal semejante al de Dinamarca, es decir, eficiente, integral y calificado. El 3 de mayo pasado, declaró el primer mandatario en la consabida mañanera: “Nos hemos propuesto tener el sistema de salud funcionando de manera óptima para el primer trimestre del año próximo, … hasta que entre todos podamos lograr levantar el sistema de salud público, gratuito, no sólo el cuadro básico de medicamentos, todas las medicinas, todos los análisis clínicos, todas las intervenciones.”
Es de hacer notar que el ejecutivo de Jalisco, “porque la salud es prioridad y la pandemia lo ha demostrado”, Enrique Alfaro, presentó el plan “de infraestructura hospitalaria hasta el 2024, para llevar los servicios a zonas rezagadas y cumplir con 100 por ciento de acreditación de las unidades, con una reprogramación presupuestal que llegará a seis mil 160 millones de pesos en inversión total”. De ambos gobernantes, solo podremos decir que una cosa es prometer y otra cumplir, por lo que concediéndoles el beneficio de la duda, como el apóstol Santo Tomás, (que dijo: ver y creer) en su momento, ya veremos y si es cierto, les creeremos.
Sobre el fenómeno de la corrupción, cuyo propósito de abatirla ha sido el lema del régimen lopezobradorista, la mera verdad que avanza muy poco, y esa levedad solo en algunos renglones del gobierno de la Cuatro T. En las demás ramas, y en las esferas de los Estados y las municipalidades, no se advierten adelantos y más bien, al decir de mucha gente, es aplicable el refrán de “en vez de andar, gateamos”. Y conste, decimos de la gente, no de las oposiciones, porque si nos atuviéramos a estas (que siempre hablan de refilón y con miras sectarias), el estado es fallido y nuestra ubicación el abismo en todos los órdenes.
Y es que nuestros políticos, casi como regla imperativa, cual escribiera el humorista Alfredo Lamont, son “individuos que nos escuchan con la mayor atención, sin oír una palabra de lo que les decimos”. (Definiciones, ed. Océano, Esp., 1983). Por ello, su interés se cifra en lo que quiere su grupo y lo que personalmente les beneficia, olvidando que representan al pueblo y que deben cuidar del bien nacional. Como afirmaba Rius, la política a la mexicana, “es el arte de robar a la gente, y que esta siga aplaudiendo”. (Pequeño Rius Ilustrado, Grijalbo, 1978). Y por lo que ve a la prensa, es bueno saber que así como se le considera el cuarto poder por su influencia en los asuntos públicos esenciales, no debemos olvidar lo que aseveraba Malcolm X, (1925-1965) el defensor de los derechos afroamericanos: “Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido”.
Y así, remontando esta gradería de calamidades, arribamos al peldaño de la violencia, que como apuntamos, implica crímenes e inseguridad. No hay día en que no seamos sacudidos por notas estremecedoras por lo indignantes. Ante ataques en Teocaltiche, tiroteos en las cercanías de Lagos de Moreno o El Salto, por Tepatitlán y Mazamitla; fosas clandestinas en Tlajomulco, en el norte estatal, o el feraz sur y la bulliciosa costa, sin omitir el populoso centro jalisciense, el gobernador Alfaro atinó en decir que esos hechos eran por la vigilancia que se despliega: “Lo que hay es un trabajo de patrullaje…cuando tu no vigilas, cuando dejas que los delincuentes caminen libremente por las calles, pues no hay enfrentamiento.” (Mural, 19 junio 2022).
Y así se vinieron acaeciendo trágicos sucesos, en Jalisco, en Michoacán, en Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa y Colima; en el sureste, el norte, el centro, etc., de nuestra república. El Universal del martes 21, publicó en primera plana: “La extorsión, delito imparable. Alcanza niveles récord”. El mismo día leemos en El Sol de México: “Aumentan en mayo los homicidios dolosos”.
A la postre, se difundió el terrible asesinato de dos jesuitas y un civil en la población de Cerocahui, municipio de Urique (Chihuahua). El aciago hecho ocurrió al mediodía del lunes 20 de junio, dentro del templo en que ejercía los religiosos. Las victimas fueron un guía de turistas de esa comunidad, (Pedro E. Palma) y dos sacerdotes de la compañía de Jesús, (Joaquín Mora y Javier Campos) de edad avanzada ambos (alrededor de 80 años) y con plausible reconocimiento comunitario, pues su vida y obra por décadas, siempre fue a favor de esa población, cuyo común denominador es la pobreza. El presunto responsable de esa atrocidad, es apodado El Chueco, reputado como cabecilla de una cuadrilla de criminales de la sierra tarahumara, (Los Salazar) que a la vez tiene conexiones con carteles de la mafia con sede en Sinaloa.
El provincial de los jesuitas en el país, Luis Gerardo Moro Madrid, con motivo de esa barbarie, expresó: “México vive una violencia criminal lacerante” (El Universal, 22 junio 2022). Y claro, demandaron justicia, junto al esclarecimiento del feroz acontecimiento. La gobernadora chihuahuense (Maru Campos) opinó que los sacerdotes fueron víctimas circunstanciales. Lo cierto es que inmediatamente el ejecutivo federal ordenó una indagatoria a fondo, apoyando a la autoridad de Chihuahua, (pues el homicidio es competencia del fuero común, o sea, del Estado) con elementos del ejército y la guardia nacional, que se sumaron a los de seguridad pública estatal. Los cuerpos, que habían sido sustraídos por los homicidas, fueron encontrados rápidamente y al fiero “Chueco” se le persigue denodadamente.
Con cuánta razón, al ver que México está al rojo vivo, exclamó el destacado analista Jorge Zepeda Patterson: “El infame asesinato de dos jesuitas misioneros en la sierra Tarahumara, de manera gratuita y salvaje, ha indignado a la opinión pública con sobrada razón. Una cuenta más de un largo rosario de incidentes que muestra que la población en amplios territorios se encuentra indefensa…”. (Milenio, 23-06-2022).
El Sumo Pontífice Francisco, jerarca del catolicismo mundial, es jesuita, por lo que muy particularmente se sintió lastimado, y emitió una reflexión: “Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México anteayer de dos religiosos jesuitas y de un laico. ¡Cuántos asesinatos en México! La violencia no resuelve los problemas, sino que sólo aumenta los sufrimientos innecesarios.”
Ante tal enunciado, López Obrador contestó: “Estamos totalmente de acuerdo, porque hay todavía quienes piensan que la violencia hay que enfrentarla con violencia, el mal con el mal.” En consecuencia, en primer lugar, se deben abatir las causas de la violencia; ¿Cómo?, logrando que haya trabajo para todos, que tengan oportunidades los jóvenes para el estudio, que se combata la pobreza. Y lo segundo, que es importantísimo, lograr cero corrupciones y cero impunidades, lo cual incluye, agregamos nosotros, una lucha sin cuartel, pero ajustada a la ley y con el soporte de la sociedad, contra la delincuencia organizada. Solo así, estamos seguros, se le podrá someter.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
– Crónica de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
La Universidad de Guadalajara, esa institución que presume de ser la “casa de la cultura” y el “espacio del pensamiento crítico”, se ha convertido principalmente los últimos días en escenario de lo que mejor ilustra su contradicción: los golpes sustituyendo a la palabra, la represión disfrazada de orden académico y la violencia encubierta tras comunicados oficiales firmados por nadie que se haga responsable… llenos de buenas intenciones sin nada de autocrítica.
Lo ocurrido en el CUCSH y en el CUCEI en estos días no es un accidente ni un exabrupto aislado: es la expresión de una estructura política enquistada que se resiste a morir.
Los funcionarios que deberían administrar aulas y presupuestos han terminado con las manos metidas en la gresca. No es metáfora: ahí están los videos donde José Antonio González Orozco, alias “Pepino”, antiguo operador de la FEU que ahora cobra como jefe del complejo deportivo, aparece repartiendo manotazos contra los estudiantes que exigían elecciones limpias. No fue diálogo, fue puño.
Y mientras tanto, la Rectoría General guarda silencio. Una omisión que grita más fuerte que cualquier consigna. Porque si los estudiantes pintan un muro, la indignación institucional es inmediata; pero si un funcionario golpea a los alumnos, la sanción se pierde en el laberinto del archivo muerto, asegurando las protecciones para quienes, en nombre de la “institución”, repartan golpes a los alumnos inconformes.
Encapuchados que lanzan mobiliario, vacían extintores y rodean a estudiantes en paro. Los testimonios y las imágenes difundidas no dejan lugar a dudas: la violencia tiene rostro, y varios de esos rostros se identifican con la vieja militancia de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), ese brazo corporativo que durante décadas ha operado como correa de control a favor del grupo universitario en el poder.
Pero también aparecen los rostros de grupos políticos externos que han participado en movimientos políticos universitarios sin llegar a ser de los “ungidos”, pero que, ahora apoyados por un personaje de la estructura universitaria, vuelven a buscar un lugar en el feudo.
Se habla de “diálogo” en los comunicados, pero en los pasillos los que dialogan son los puños. La contradicción es evidente: las autoridades centrales rechazan la violencia en boletines, pero sus hombres de confianza y familiares aparecen entre los agresores.
Lo que demandan los estudiantes no es menor: baños dignos, comedor subsidiado, protocolos contra acoso, contratación estable de docentes, transporte seguro, participación real en las decisiones universitarias. No son exigencias revolucionarias, son derechos elementales que cualquier institución pública debería garantizar sin necesidad de paros ni barricadas.
¡Ojo! La petición de tener un área para fumar mariguana es simplemente una charlotada que en ninguna circunstancia puede proceder; sean serios si quieren ser tomados en serio como disidencia.
Pero el punto neurálgico, el que prende las alarmas en los pasillos del poder, es la exigencia de cancelar las elecciones del Consejo General Universitario y limitar la intervención de la FEU. En otras palabras: quitarles el monopolio de la representación. Y eso, para los jefes y jefas universitarios, es inadmisible.
Mientras las pedradas y los empujones manchan el nombre de la UdeG, la rectora general Karla Planter ha optado por la estrategia del silencio. No se presenta a dialogar, no encabeza el proceso, no frena la violencia. Desde su llegada, “La Planter” solo ha servido como la imagen que asiste a reuniones y eventos sociales, pero, en todo este tiempo, usted no va a encontrar UNA situación en la que la primera mujer rectora de la UdeG hubiera destacado por su capacidad de decisión y liderazgo; lo peor, NINGUNO de su equipo ha ocupado el lugar de liderazgo y decisión que la UdeG requiere.
En esta ocasión, parece que la rectora espera que el tiempo, las fiestas patrias o el desgaste natural diluyan la protesta, si es por recomendación estratégica, queda claro que, ¡Su asesor le odia!
Lo extraño es que los choques más fuertes ocurrieron justo en los días en que Planter se ausentó, ¿casualidad o decisión de quien sabia no estaría disponible la rectora? Coincidencia que huele a cálculo: dejar que otros enciendan el fuego para luego presentarse como bombera institucional o la aparición de un “líder” que rescate la situación.
Mientras, el equipo de comunicación externo que apoya a los disidentes a manejado bien las notas en los principales medios de comunicación alertando a la ciudadanía de lo que pasa al interior de la Universidad a la que asisten sus hijos, generando buenas piezas de comunicación visual en redes con mensajes claros y específicos que pueden digerir e indignar los consumidores de TikTok, X, Facebook e Instagram. Logrando en días lo que el viejo sistema de comunicación universitario no ha podido lograr, UN mensaje que permee a nivel social, porque desde sus oficinas, los dirigentes universitarios repantigados creen que la gente común está esperando leer el más reciente comunicado pagado por los “abajo firmantes”, que servirá de indicación de lo que se debe creer y entender.
El saldo es claro: estudiantes golpeados, aulas cerradas, comunidades académicas divididas, puertas de ingreso soldadas y una autoridad que administra comunicados -Muy malitos, por cierto- mientras sus operadores administran golpes y porras —siempre los mismos rostros en escena desde hace años, por cierto—.
La Universidad de Guadalajara enfrenta un espejo incómodo: aquel en el que se refleja como un aparato político que prefiere la represión a la reforma, la simulación a la democracia y la obediencia ciega a la crítica estudiantil… Oiga, ¿ya se dio cuenta de que en toda esta rebatinga la FEU tampoco ha aparecido? Y no me refiero a otro comunicado anodino firmado por la “primera mujer presidenta de la FEU”, yo hablo de esa estructura política de estudiantes que defiendan sus procesos por democráticos y transparentes, y den la cara por sus líderes que saben que los representan.
¡Bueno! Hasta los centros universitarios tienen que ser defendidos por grupos externos porque los flamantes “rectores” carecen de equipo que les respalde. Lo bueno es que la disidencia avisa con tiempo sus manifestaciones; si atacaran al mismo tiempo, se quedarían con varios centros universitarios, pues los rectores no alcanzan a defender ni su oficina. ¿O será que las manifestaciones están muy bien ordenadas en tiempo y lugar desde dentro de la misma UdeG para propiciar la aparición de un “líder” solucionador?
Las siguientes semanas serán importantes en esta historia, porque lo que está en juego no es solo un proceso electoral universitario, sino la credibilidad de una institución que presume autonomía, pero se comporta como un feudo… Donde cada vez es más recurrente escuchar: ¡Qué falta nos hace Raúl!
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