OPINIÓN
Misma génesis, caminos diferentes, de Monreal hasta «Alito»: La crudeza de nuestros políticos
Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //
La política es materia tan importante socialmente, que no es sano que solo los políticos se ocupen de ella, y todavía peor, que ellos exclusivamente sean quienes resuelvan su áspera problemática. Por ello llama poderosamente la atención la conducta que han observado recientemente dos mexicanos, que de la política han hecho su modus vivendi, y que nos dan lecciones de lo que debe ser y lo que no debería hacerse en cuestiones políticas. Ellos son Ricardo Monreal Ávila y Alejandro Moreno Cárdenas, «Alito».
Estos dos personajes han sido gobernadores de sus Entidades federativas de donde son oriundos: Zacatecas y Campeche, respectivamente. En su inicio político, ambos eran priistas, pero con el paso del tiempo y las peculiares circunstancias de cada uno, Monreal renunció al partido tricolor, en tanto que Alito persevera en el vetusto priismo. Los resultados en cada caso como ejecutivos de sus Estados, han sido distintos: Rircado Monreal es más o menos recordado entre la mayoría de sus coterráneos, en tanto que Alito es motivo de todo tipo de críticas, desde narcisista y patán, hasta rapaz.
En la actualidad, Ricardo Monreal es senador morenista y líder de la Cámara Alta, mientras que el campechano es guía del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, y diputado federal. Ambos habían expuesto que anhelaban, y se estaban preparando a fin de ser candidatos presidenciales para el año 2024.
Tras los comicios del 6 de junio de 2021, a los dos se les señaló como causantes de las derrotas sufridas por sus respectivos partidos: a Monreal, sin mas pruebas que algunas conjeturas, se le endilgó la pérdida de varias alcaldías en la Ciudad de México, sobresaliendo Cuauhtémoc, donde había sido Alcalde, y la opositora que triunfó (Sandra Cuevas) considerada su discípula.
Al malmirado Alito, ni cómo defenderlo de la debacle electoral que registró, pues de las gubernaturas jugadas (8), todas las perdió, restándole en ese entonces a su Instituto, cuatro. A la fecha ya malogró otras dos (Oaxaca e Hidalgo) y se tiene la creencia de que al paso que va, el año próximo caerán las restantes: Estado de México y Coahuila.
Ante ese panorama, la semana anterior cada uno de estos políticos, fueron centro de la atención del país entero. El senador Monreal, porque su declarada pretensión de ser abanderado presidencial de su partido (MORENA) se vio muy desmejorada, luego de una especie de mitin guinda en la ciudad de Toluca, que, bajo la convocatoria de información y unidad, realmente fue una especie de arranque de precampaña para los aspirantes a la soñada dicha candidatura.
Por su parte, Alito, el mediocre diputado pero muy cuestionado dirigente priista, con motivo del sonado fracaso que sufrió su partido en los comicios recientes del 5 de junio, y la actitud absurda de sumarse a una “moratoria constitucional”, consistente en no aprobar “cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución”, en unión a sus coaligados (PAN y PRD) de la vapuleada y antinatural alianza “Va por México”, fue conminado por sus antecesores y correligionarios, a dimitir como presidente del CEN priista, con el objetivo de reestructurar y fortalecer a su organismo. Los medios de comunicación se encargaron de difundir ambos hechos (las declaraciones de RM y el reclamo de los exjefes tricolores a Alito), con encabezados y frases que ilustran elocuentemente la posición y modo de ser de cada uno de estos dos servidores públicos.
El jefe de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, en tan solo el martes 14, dio mas de diez conferencias (según él mismo testimonió) aclarando el porque no asistió el domingo doce a Toluca, tanto al desayuno de los jerarcas morenistas, como al mitin a las once de la mañana, donde se placeó a los tres principales aspirantes presidenciales (Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto López). Sobre el tentempié (que fue de 7 a 9 a.m.) manifestó que no fue invitado, y asegura que eso de debió a que en tal convite se comentó el camino a seguir para elegir candidatos, tanto a la gubernatura del Estado de México (a disputarse en 2023) como a la presidencia de la república, que estará en juego en 2024.
Un punto trascendente de esa reunión, es que se acordó realizar las postulaciones correspondientes, mediante el método de las encuestas. Ricardo Monreal al respecto fue tajante: en eso yo no estoy de acuerdo, porque he sido víctima de ellas y, según su óptica, las que instrumenta MORENA no son claras ni convincentes.
A los cargos que se le imputan de haber traicionado durante la elección de 2021 al partido guinda, responde que él no fue encargado ni de seleccionar candidatos ni de implementar campañas; que a él ni siquiera se le invitó a ningún acto político-electoral. En consecuencia, los responsables son el partido y los mandamases morenistas de la ciudad de México. Así pues, como Pilato, RM se lava las manos, pero ahonda cada día las diferencias con su partido.
Por lo que hace a su papel ante el presidente del país, asegura que jamás se confrontará con él; que ambos fundaron MORENA, que este organismo surgió para combatir las atávicas formas de hacer política del priismo, y que él solo es congruente con su modo de pensar. Por lo que, si no es uniforme a lo que piense el primer mandatario o los dirigentes partidistas, eso es lo más normal en todo partido. Ante tal idea, reitera que seguirá su lucha por ser candidato presidencial dentro de su partido, en donde ha estado desde su nacimiento y en la lid que por democratizar a la nación sostiene desde hace mas de 25 años.
Monral enfatiza que él es feliz en su trabajo, que es muy creyente y a diario agradece a Dios todo lo que ha recibido, por lo que no respira rencores ni odios, y respeta a sus correligionarios tanto como a sus pares de otros institutos. En pocas palabras, aun cuando sea discordante con los meros, meros, de su partido, él no se pelea ni se sale, perseverando en su idea de ser candidato, por lo que prefiere “llevar la fiesta en paz.” Maliciosamente, Monreal sembró semilla de discordia, al indicar que el domingo en Toluca, MORENA violó la ley, señalamiento al que se asirán muchos oposicionistas, siempre prestos a ver “moros con tranchete”.
El asunto de Alito es peripatético. Sus compañeros de partido, los periodistas y medios de comunicación nos dan cabal cuenta de su grotesco modo de ser. Hace un año, al integrar las candidaturas para diputados federales, al flamante presidente del CEN priista, Lorena Beaurregard, quien encabeza la Fundación Colosio, filial tabasqueña, dijo que los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional “actuaron como pandilleros, como vándalos”.(Cuestione, Verónica Martínez, 14-II-021).
Y debido a los estrepitosos fiascos electorales del año pasado y del presente, dice el Reforma del día 15 de junio, que, para evitar un quebranto mayor, “Exigen expresidentes renuncia de Alito”, eso en la junta que sostuvieron un día antes, con dicho presidente del CEN. Sin embargo, después de ese reclamo, informa El Universal del mismo día: “Pese a reproches, Alito se queda”, pues como afirma el diario Milenio de igual fecha: “Alito bateó a los once exlíderes del PRI que le exigieron renunciar.”
Con ese “No me voy”, se dice que el sentir de los ex jefazos tricolores fue de que Alito “se queda solo” (La Jornada, 15-VI-022). Así pues, acudiendo a los estatutos del partido, alegando que “fuimos electos para un periodo de cuatro años”, Alito se aferró a la presidencia (El Sol de México, íd., íd.). En tal tesitura, a pesar de la situación “compleja y crítica” del partido, el trivial Moreno Cárdenas “Mantiene la dirigencia” hasta agosto del año que entra. (Dulce Ma. Riancho en diario 24 Horas, 15 junio/022, La Razón y El Heraldo de México). Los exlíderes nacionales, empero, aclararon que “ellos cierran filas con el PRI, no con Alito” (Excelsior, 15-06-022).
¿Qué fue lo que lograron tras ese cónclave los caudillos priístas? Nos lo dice la prensa: que Alito abandone su ensueño de ser candidato presidencial, y asuma el compromiso de reorganizar el CEN y los comités estatales en general. El inefable todavía faro del priismo, listillo que es, había concentrado en espacio contiguo a donde fue la deliberación, a sus incondicionales; allí no quisieron comparecer sus predecesores exigentes, que según Ricardo Raphael “lo ven como apestado”; en su defecto los seguidores de Alito, luego que este se autoalabó, como es de esperarse, lo aplaudieron y ensalzaron, olvidando el principio de que “alabanza en labio propio es vituperio”. Y como escribe Carlos Puig: “Por eso, todo indica, ahí seguirá, si es que alguna fiscalía no lo entamba” (Milenio, 16-VI-022).
Sin embargo, una cosa si es cierta: “El PRI hoy está en ruinas, aunque Alito Moreno diga lo contrario” (Guadalupe Loaeza en Reforma, 16-VI-022). Así pues, nos comenta Jorge Zepeda Paterson (Milenio, 16- VI-22) que, en vez de nueva sangre para el PRI, este liderazgo, “resultó ser una involución y a la postre un clavo en su ataúd.” Hasta el paladín morenista, Mario Delgado, echó su cuarto a espadas y cuajado de sarcasmo twitteó: “Alito Moreno debe seguir. Ha ayudado mucho al crecimiento de nuestro movimiento, en ese gran dúo dinámico que ha formado con Marko Cortés…”
Viendo como han actuado Monreal y Alito, en representación de los políticos mexicanos, entendemos el acierto expresado por el humorista neoyorkino Groucho Marx, sobre que los ladinos “polacos” aztecas manejan con gran astucia “el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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