OPINIÓN
Movilidad, problema sin resolver
Por Alberto Tejeda //
La movilidad en la ciudad es uno de los grandes problemas sin resolver, no es nuevo, no es de hoy, tampoco de un año, menos de la pasada administración, se remonta a varios sexenios y se agravó conforme pasaron los años, administraciones iniciaron, prometieron y aseguraron que “ahora sí” solucionarían el problema, pero la realidad nos dice que no lograron solucionar el problema, porque hoy en día es ya un gran problema, que no solo ocasiona caos todos los días en la ciudad, calles y avenidas colapsadas por el tráfico, algo que ya es habitual en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), esto trae consigo mayor contaminación, pero además las deficiencias en la movilidad urbana generan accidentes, en muchos casos cobra vidas humanas.
| Durante la pasada administración se dieron algunas mejoras como fue el inicio del proceso de depuración de la corporación para dar paso a una nueva generación de elementos, en su mayoría mujeres seleccionadas bajo determinados parámetros como lo son nivel de estudios de licenciatura, preferentemente en derecho, estatura mínima, complexión y condición física, así como aprobar exámenes de control y confianza. |
Todo esto ha llevado a disminuir los índices de corrupción que por años se acusó de parte de los elementos de la Secretaría de Movilidad hoy Secretaría de Transporte de Jalisco, pero si bien es de reconocer estas mejoras son al interior de la corporación. Ahora esperemos que se siga renovando y adicionando personal capacitado bajo los parámetros mencionados que poco a poco generen mayor confianza en la sociedad.
Es positivo también la creación y crecimiento del programa Salvando Vidas, mismo que debe permanecer y fortalecerse. Sin embargo donde se ha visto retroceso es en el área de transporte público, si bien es cierto que en su momento se logró meter en cintura a los camioneros con Edith Rivera al frente de dicha dirección, se convirtió en el terror de los camioneros a quienes les realizaba inspección de las unidades de forma aleatoria en las calles, quienes de plano no cumplieran o así lo ameritaban se les retiraba la unidad para irse al corralón con su respectiva multa, otros muchos más, fueron multados por diversas faltas al reglamento de tránsito. Todo esto cambió con la salida del entonces secretario de movilidad Mauricio Gudiño y la llegada de Servando Sepúlveda, pues fue la inminente salida de Edith Rivera. Esto fue la navidad para los transportistas pues volvieron a las andadas. Ésta es un área delicada que se debe reforzar en esta nueva administración.
Lo dije en su momento y el tiempo me dio la razón, Servando Sepúlveda no pudo con el encargo que era la SEMOV, no logró meter al TP en cintura, no logró eliminar por completo la corrupción en el área de licencias. Quiero creer que fue por falta de tiempo y no por falta de capacidad o de querer realizar dichas mejoras.
Pero lo complicado viene ahora con Diego Monraz, ya fue titular de la entonces SVyT en el sexenio de Emilio González, tal vez, el peor gobernador de Jalisco. En su momento se le acusó a Monraz de corrupción, por ejemplo ya casi al terminar su periodo la compra de chalecos en color azul y cascos para motociclistas que no cumplían con la norma establecida, por lo tanto jamás se utilizaron. Hoy regresa y dudo mucho que las cosas vayan a ser distintas, porque él sigue siendo el mismo al que se le acusó de corrupción, negligencia, prepotencia y excesos.
La movilidad en la ciudad es más que camiones, coches, motos, bicis y personas. Es mucho más complejo que todo esto, se tiene que ordenar al transporte público, exigir que cumplan con lo establecido para prestar un servicio de calidad y seguro para los usuarios. Meter en regulación a los Uber y similares pues ahora ya han caído en abusos y deficiencias en el servicio como lo es con la tarifa que muchas veces resulta un abuso. Ordenar y exigir a los taxis mejorar servicio.
Hacer calles y avenidas más seguras y transitables también para los peatones, porque se ha descuidado y es ahí donde se deben coordinar con los municipios para reparar calles y banquetas, señalizar y balizar. No es inventar la rueda, es mirar a donde se hacen las cosas bien, no, a Bogotá no, ahí siempre nos venden caro y nos timan. Requiere de compromiso para querer hacer las cosas. Espero se refuerce Salvando Vidas, se elimine la foto infracción, un transporte digno y no querer solucionar todo con ciclo vías que no se interconectan entre sí.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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