OPINIÓN
No cualquiera en el SNTE
Metástasis, por Flavio Mendoza //
El SNTE puso en pausa los cambios de las directivas seccionales, los procesos bajo el nuevo modelo de voto universal, por el tema de la pandemia. Sin embargo, circula en redes un documento que tomaron algunos columnistas y principalmente los movimientos opositores a la dirigencia actual, que sugiere cambios a los estatutos y reglamento de elecciones, información que no ha sido confirmado, pero tampoco negado, por la STPS o su titular, Luisa María Alcalde.
En éste sugieren un cambio estatutario, pues argumenta que tanto el reglamento que remite al estatuto dentro de los requisitos de elegibilidad, artículo 8, inciso e), de los estatutos en vigor, establece requisitos para ser elegible que dicen son contradictorios al artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, este artículo no establece la postulación universal, es decir, que cualquiera pudiera ser candidato, sino que se garantice el voto libre, secreto, directo y ahora personal, para la elección de dirigentes.
En el SNTE, con base en sus estatutos, integrante es cualquier trabajador de base, permanente, interino y transitorio, entonces “cualquiera” es considerar la posibilidad de ser dirigente quien sólo está cumpliendo una función de manera temporal, pero además, no debe ser cualquiera, porque incluso se puede promover desde afuera al candidato de intereses ajenos a la organización gremial y que jamás desempeño una representación de los trabajadores.
La trayectoria en los órganos de gobierno sindical es imprescindible, por la formación político-sindical que puede garantizar que los perfiles más idóneos estén en la representación apostado por la formación de cuadros. Incluso, esto podría mermar el ejercicio democrático al pulverizar y dividir en un número muy alto de planillas para contender por la dirigencia, provocando que la representación en los comités de las secciones sindicales y/o los órganos de gobierno nacional sean representados por la aprobación de una minoría.
Ni siquiera la constitución avala que puede ser cualquiera el que gobierne al país u otro cargo de lección popular, hay requisitos mínimos que deben cumplirse, es decir, el derecho a votar y ser votado está reglamentado, de otro modo la democracia no tendría elementos rectores que pudieran garantizar su objetivo. Pedir que el SNTE cambie los requisitos de elegibilidad sería violentar la autonomía sindical, garantizada también en la OIT como en la propia Constitución, el derecho al voto universal no se restringe en los requisitos de quien puede ser electo, pero garantiza que sean los perfiles con la trayectoria y experiencia suficiente, calificada por los trabajadores, para poder cumplir con la representación.
Desde su origen, el sindicalismo toma como principio elemental la unidad, pero la unidad monolítica se fue confundiendo con lealtad personal al dirigente y posteriormente a ésta con la subordinación, lo que fue pervirtiendo a los dirigentes sindicales que se perpetuaron en el poder, sin entender que no se les entrega un mandato, sino una representación.
Para quienes erróneamente toman como bandera de lucha interna la democratización del SNTE como si ésta nunca hubiera estado presente, están en un error o es simplemente un argumento populista, pues en el SNTE como en cualquier otro sindicato, la democracia ha sido parte de su vida orgánica, existe una gran diferencia entre ausencia de democracia y la democracia directa, indirecta o representativa. En el SNTE el voto directo, secreto y nominal existe desde hace varias décadas, incluso el voto personal que llaman universal, para la elección de las directivas en los órdenes escolares y delegacionales. Para los ámbitos seccionales y nacionales, se utilizó el voto indirecto o representativo, sistema de elecciones que incluso siguen utilizando tanto organismos como países principalmente con régimen parlamentario.
El problema del sindicalismo en México, es el abuso que se dio desde la representación de las dirigencias y la corrupción. Hoy quienes exigen la democratización del SNTE fueron los beneficiarios de la opacidad y la corrupción, como si Manuel Bartlett exigiera hoy transparencia en las elecciones.
Finalmente, para el caso de lo nacional, ni el acuerdo de la OIT, ni la Reforma Laboral establecen dejar sin efectos a las dirigencias que fueron electas con base a los estatutos vigentes y cuya periodicidad ya estaba establecida al entrar en vigor la nueva disposición. Incluso en caso de realizarse una modificación estatutaria, la celebración de un Congreso Nacional no implica necesariamente la renovación de los órganos de gobierno nacionales, puede convocarse exclusivamente para la modificación de estatutos y la constitución del Congreso podría tener el mismo sistema de elecciones con voto representativo para la celebración de dicho evento.
Twitter: @FlavioMendozaMx
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
