JALISCO
No se dan por vencidos

Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
Es un hecho que los insaciables desarrolladores urbanos que están metidos en el complejo de lo que fueron las Villas Panamericanas y que han metido a otros estrategas y posiblemente a políticos vigentes para lograr a toda costa que se les destrabe el problema de habitabilidad y entonces llenarse los bolsillos de dinero.
Afortunadamente el actual gobierno municipal de Zapopan, se ha apretado los pantalones y mantienen la negativa, aunque funcionarios menores del poder ejecutivo del Estado, se hacen de la vista gorda y pareciera que pretenden autorizar el uso de viviendas en lo que fueron recintos de deportistas, jueces y entrenadores en 2011.
Tal parece que en contubernio con algunos jefes del grupo que tiene a su cargo la custodia del complejo han permitido que una veintena de familias o supuestos compradores, han logrado “colarse” a las fincas para conseguir en forma turbia la estancia legal y así obligar a la autoridad municipal que se permita la habitabilidad.
En el entuerto apareció una supuesta y poderosa empresa comercializadora y algunos de sus “funcionarios” han concedido entrevistas radiofónicas en las que cínicamente ponderan los que al comprar los departamentos disfrutan de más de 20 hectáreas de bosque, como si estuviera el predio en la propiedad que detentan y que entre los accionistas está el mismo gobierno del estado y un instituto que supuestamente vigila los recursos y bienes de los trabajadores del Estado y sus Municipios, pero casi siempre se ha dedicado a cubrir caprichos del gobernante en turno.
El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), constantemente pregona que necesita dinero y que se le debe de pagar el indebido y alevoso préstamo que se hizo para construir las Villas Panamericanas, por instrucciones del entonces gobernador Emilio González Márquez, hoy supuesto asesor de Enrique Alfaro Ramírez.
La razón definitivamente le asiste al organismo que tiene que vigilar el dinero de los empleados de gobierno, aunque quienes han ocupado el cargo en el IPEJAL, se han visto muy ineptos para recuperar la millonaria inversión que representan varios inmuebles, como el que se encuentra en el Lago Azul, frente al monumento a Benito Juárez, que desde que fue gobernador Alberto Cárdenas Jiménez (1995-2001), decidió y ordenó desocupar los departamentos que ocuparon familias de burócratas, o sea tiene más de 25 años de abandono.
Para varias cosas quienes han dirigido el IPEJAL o parece que al actual, el dinero del Instituto poco les importa y los bienes en custodia parece que menos, pero eso sí cuando les conviene aparecer en defensa de los mismos, aparecen reclamando que les paguen y eso ha ocurrido en varias ocasiones con sus “socios” de las Villas Panamericanas, que ahora se dicen llamar Villa Bosques o algo así.
Hasta el momento no se sabe si ya resolvieron el desastre que fue el sistema de tratamiento de aguas residuales durante los juegos deportivos y que sin vergüenza fueron vertidas esas aguas negras al cielo abierto y por lo tanto no se ha querido informar si ya conectaron las descargas a un colector municipal o estatal, así como otras dudas que existen para ser debidamente vendidas y habitados los supuestos lujosos departamentos.
Tal parece que el principal socio visible del negocio de las villas, un Señor Cornejo, ya no ha querido aparecer en público y presuntamente como otra estrategia para vender es el haber contratado una nueva empresa que dicen que es tan buena que hasta “duerme búhos” aunque dicen que esos animales no duermen.
Así que alrededor de 400 ingenuos presuntos compradores están en posible peligro de caer en las garras de los voraces comercializadores del “complejo habitacional” que quieren hacer y cuyos colindantes del predio ya están preparados para iniciar la construcción de otros lujosos departamentos o casas, total parece que el poder ejecutivo del Estado dobla las manos fácilmente, aunque el presidente electo de Zapopan, Juan José Frangie Sadee, se mantiene en lo que hizo el próximo alcalde de Guadalajara, Jesús Pablo Lemus Navarro.
JALISCO
Agricultores retiran bloqueos en accesos carreteros al Área Metropolitana de Guadalajara

– Por Mario Ávila
Luego de que las autoridades estatales y federales atendieron la solicitud de audiencia de los agricultores de Jalisco que reclaman un precio de garantía al maíz de 7 mil 200 pesos por tonelada, quedaron conjurados los bloqueos que durante 24 horas se realizaron en los accesos al Área Metropolitana de Guadalajara.
La representación de los campesinos quejosos, aceptó la propuesta de una reunión el próximo viernes 17 de octubre, en la que estarán presentes el delgado federal de la Secretaría de Gobernación, Antonio Pérez Garibay y el delegado federal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Alfredo Porras Domínguez.
Con la representación del gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, en la negociación para levantar el bloqueo estuvieron el secretario General de Gobierno del Estado, Salvador Zamora y el secretario de Agricultura del Estado, Eduardo Ron Ramos, quienes escucharon a los agricultores que defienden su trabajo y el sustento de miles de familias.
“Desde Jalisco reconocemos su lucha y les damos nuestro total respaldo y gracias al diálogo y a la voluntad de construir, logramos establecer una mesa con la autoridad federal para atender sus demandas, y las vialidades fueron liberadas de manera pacífica”, planteó el 02 del Gobierno del Estado, Salvador Zamora Zamora.
Entre los bloqueos destacó el cierre de la caseta de cobro en Acatlán de Juárez en el kilómetro 40 de la carretera a Morelia; así como en la región de La Ciénega, en especial en la caseta de cobro de la autopista Guadalajara – Maravatío; lo mismo que en el municipio de Ocotlán.
JALISCO
En «cancha neutral» retoman el diálogo sobre la reforma al Poder Judicial

– Por Mario Ávila
Luego de que el lunes fracasó la convocatoria a Casa Jalisco, ya que las fracciones de oposición en el Congreso del Estado desdeñaron la invitación, con excepción del PRI, la tarde del martes pudo darse «en cancha neutral» el encuentro entre el titular del Poder Ejecutivo con los legisladores de oposición.
En un restaurante de la colonia Americana se dió la reunión convocada por el gobernador Pablo Lemus, el secretario General de Gobierno, Salvador Zamora y el coordinador de la bancada de MC en el Congreso del Estado, José Luis Tostado, con los líderes opositores de Morena, PVEM, PAN PRI, Hagamos, PT y Futuro.
Poco pudo avanzarse en los acuerdos para sacar adelante la reforma al Poder Judicial, a pesar de que Jalisco es uno de los tres estados que ha incumplido con los términos de la ley federal, toda vez que el límite para reformar la ley en el Estado, venció el pasado 15 de febrero del 2025.
Movimiento Ciudadano no ha cumplido con los tiempos de ley y pese a tener en comisiones ya varias iniciativas para su estudio y dictaminación, han dejado pasar el tiempo.
Fue cuando los diputados de oposición acordaron dar primera lectura a una de las iniciativas para reformar al Poder Judicial, que la bancada naranja y el propio gobernador buscaron retomar el tema.
Al parecer no hay flexibilidad de las partes para discutir a fondo el tema, ya que han antepuesto asuntos menores para iniciar el diálogo.
El titular del Ejecutivo tenía como condición que las pláticas tuvieran lugar en Casa Jalisco; mientras que los legisladores de oposición, solo aceptaban dialogar en Hidalgo 222 es decir, en la sede del Congreso del Estado.
Otra de las condiciones del Ejecutivo, era entablar el diálogo de manera particular con cada una de las fracciones parlamentarias y no con todas al mismo tiempo.
Por ello, las cuatro horas que se sentaron a la mesa este martes, no arrojaron ningún resultado, ni con la presencia del gobernador, ni cuando Lemus abandonó el restaurante y dejó el encuentro bajo la coordinación del secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora.
JALISCO
Logran pago a la Comunidad Indígena de Mezquitán

– Por Francisco Junco
Después de más de veinte años de espera, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo promovido por el diputado federal Alberto Maldonado Chavarín, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) instrumentar las acciones necesarias para indemnizar a la Comunidad Indígena de Mezquitán, en el municipio de Zapopan, Jalisco, por la ocupación de sus tierras en la construcción y ampliación de la carretera Guadalajara-Saltillo.
El documento legislativo recuerda que “en 2004 la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes celebró un convenio con la comunidad indígena de Mezquitán para ocupar 26-93-22.80 hectáreas de sus tierras”, con el compromiso de cubrir una indemnización que nunca se cumplió.
Ante esa omisión, la comunidad emprendió procesos legales que derivaron en sentencias favorables por parte de los tribunales agrarios, mismas que no habían sido ejecutadas hasta ahora.
En su exposición de motivos, Alberto Maldonado y el grupo de legisladores firmantes sostienen que: “los diputados federales del grupo parlamentario de Morena, especialmente quienes representamos a Jalisco, solicitamos cumplir con las sentencias dictadas por los Tribunales Agrarios, bajo los principios de justicia social y respeto a los pueblos originarios”.
En el documento legislativo, añaden, la resolución busca que “se haga justicia a esa comunidad y se concluya el proceso de indemnización que por más de 21 años ha quedado pendiente, afectando la dignidad, el patrimonio y los derechos de la Comunidad Indígena de Mezquitán”.
El punto de acuerdo aprobado por la cámara establece en su parte resolutiva que “la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes deberá instrumentar las acciones necesarias para el cumplimiento de las sentencias de los juicios agrario y de amparo, a fin de garantizar las indemnizaciones a favor de la comunidad indígena de Mezquitán, municipio de Zapopan, Jalisco, evitando con ello mayor afectación a su patrimonio y a sus derechos colectivos”.
Con este acuerdo, el Congreso federal reconoce formalmente la deuda histórica con la comunidad y respalda el derecho de los pueblos originarios a la reparación del daño.
En palabras del propio documento legislativo, la resolución se inscribe “bajo los principios de justicia social y respeto a los pueblos originarios, eje primordial de la Cuarta Transformación”.
La Secretaría de Administración, a través del oficio SA/1241/2025, confirmó la “liberación de recursos correspondientes a la indemnización en favor de la comunidad indígena de Mezquitán”, en cumplimiento a lo instruido por el Poder Legislativo. En dichos documentos se reitera que el procedimiento se ejecutó “de conformidad con el marco jurídico y presupuestal vigente, atendiendo lo establecido por los órganos legislativos competentes”.
El caso de Mezquitán representa un precedente de reparación y justicia para las comunidades originarias del estado. Como se consigna en el propio acuerdo legislativo presentado por el diputado Alberto Maldonado, “la atención a las comunidades indígenas es una obligación moral y legal del Estado mexicano, que debe garantizar la justicia y la reparación a quienes han sido históricamente postergados”.
EDUCACIÓN
Los 100 años de la Refundación de la UdeG, quedan inscritos en letras doradas

– Por Mario Ávila
Con una sesión solemne, en la que se develó una inscripción en el muro de honor del Cabildo municipal, con fecha “12 de octubre de 1925”, el Gobierno de Guadalajara se sumó a la celebración por los 100 años de la refundación de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
En el acto, Karla Planter Pérez, rectora General de la deG , agradeció el acto del Gobierno Municipal de Guadalajara para inscribir la fecha de la refundación de la institución con letras doradas, e indicó que entre la universidad y la ciudad existe un vínculo natural forjado a lo largo de muchas décadas. “Una, sin la otra, no se pueden entender”, sentenció.
La grandeza de Guadalajara -dijo-, reclama una universidad que brille por la excelencia de su quehacer, que desarrolle las innovaciones tecnológicas necesarias para acompañar el desarrollo de nuestra urbe, que contribuya desde la ciencia, a la solución de los grandes problemas de la ciudad y, por supuesto que, desde el cultivo del arte, acompañe el esplendor estético de la capital de Jalisco”.
Expuso que después de la refundación, la educación dejó de ser un privilegio para algunos cuantos y se convirtió en un derecho para todas las personas.
“Los más necesitados, los hijos de la cultura, del esfuerzo, los más pobres, los campesinos, los artesanos, los que habían estado excluidos, por primera vez, tuvieron la posibilidad, no solo de soñar en las personas que querían convertirse, sino en verdaderamente acceder a esa realidad. La educación fue también una base sustancial para construir justicia social y eso fue lo que logró también la refundación de la Universidad de Guadalajara”, planteó.
Por su parte, el gobernador del Estado, Pablo Lemus, reflexionó sobre lo que querría el primer fundador de la universidad, Fray Antonio Alcalde, para el futuro y crecimiento de la institución.
“Lo que querría es que la rectora general y su servidor y todos, trabajemos para seguir creciendo la red universitaria y, si hablamos del legado de Fray Antonio Alcalde, creo, apreciada rectora, que el día que grabamos aquel mensaje juntos en el Hospital Civil para anunciar esta inversión conjunta entre la Universidad de Guadalajara y el Gobierno del Estado de Jalisco, para la creación de la primera red, diría mundial, de hospitales escuela, que será aquí en Jalisco, Fray Antonio Alcalde esbozó una gran sonrisa desde el cielo”.
Mencionó que en estos 100 años se tendría que hablar forzosamente de Raúl Padilla López y cómo, a través de la red universitaria, cambió la lógica de miles de jóvenes que ya no tuvieron que salir de sus regiones o municipios para estudiar.
En su oportunidad, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, destacó el ambiente de colaboración, confianza y trabajo que existe entre la Universidad de Guadalajara y el Estado, y que ha llevado a que hoy día la casa de estudios tenga un presupuesto constitucional.
En la develación, estuvieron presentes además, la diputada Martha Estela Arismendi, presidenta del Congreso del Estado; la magistrada de la Sexta Sala en Materia Penal, Ruth Gabriela Gallardo, en representación del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco; así como integrantes del Consejo General Universitario.