OPINIÓN
Nuevas femineidades y masculinidades: ¿Acaso nos engañamos para engañar?
Comuna México, por Benjamín Mora Gómez //
El día en que tendría mi primera cita con una amiga, mi madre me dijo: “No te comprenderás como hombre hasta que no te mires reflejado en los ojos de una mujer que te sienta digno de estar a su lado”.
¿Por qué, si deseamos algo, terminamos actuando de manera totalmente diferente y hasta contradictoria? ¿Qué nos impulsa a no ser congruentes entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos? ¿Qué lleva a una persona pública a condenar su imagen por declaraciones que, de antemano, son incorrectas, inoportunas y hasta torpes? ¿Por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador se confrontó con los grupos feministas, perdiendo en su capacidad de imponer la agenda pública por primera vez en su gobierno y cayendo en imagen?
Ante el mal trato y el abuso que hemos dado a la mujer -desde siempre- necesitamos cambiar y rápido, como hombres, sociedad y gobierno. Hoy, no basta con políticas y programas sociales de equidad e igualdad si no contienen un sentido alto de dignidad y respeto dentro de una sociedad de espacios inclusivos, así como el destierro de prejuicios inconscientes y ocultos –como los recortes presupuestales de decenas de programas de gobierno hacia la mujer desde la 4T y el beneplácito del presidente López Obrador- y políticas que, al reconocer las diferencias –maravillosas diferencias- propias de mujeres y hombres, brinden a ambos las mejores oportunidades para su realización plena y felicidad consustancial. Para lograrlo, debemos de reconocer que cada persona –mujer y hombre- es única, obligándonos a que toda política de igualdad y equidad sea flexible y pueda adaptarse al propósito de vida que elija cada una de aquellas, de sus familias y sus entornos. Debemos reconocer que muchas de esas diferencias que nos llegan a encantar y subyugar, tienen su origen en el hecho de “haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y costumbres atribuidos a los hombres o las mujeres” (Stoller, 1968), o como dijera Simonne de Beauvoir: »no se nacía mujer, sino que se convertía en ello»… como igual podemos convertimos en mejores hombres.
Debemos aprovechar la iniciativa de #UnDíaSinMujeres para convenir un Plan de Aceleración del Equilibrio de Género con Dignidad y Justicia –tomando el sentido de la propuesta de mi amigo Javier Sicilia-, trazando el camino que nos convierta en hombres dignos ante la mujer.
Pero, ¿podría ser posible un plan así en un gobierno, como el de la 4T, que mete tijera a programas sociales en favor de la mujer? No, creo que resulta imposible cuando se recorta en su totalidad los programas para la Inclusión y la Equidad en la Secretaría de Educación Pública.
Por ello pregunto, ¿seguirá casi ausente la mujer de nuestra historia patria y nuestras clases de literatura? ¿Quién ha encontrado, en los libros de texto, los ejemplos de vida insurgente de Carmen Camacho, María Josefa Natera, Manuela “la Cohetera” Niño, María Tomasa Esteves y Sala, Rita Pérez Jiménez de Moreno, así como muchas otras mujeres que fungieron como Mujer-correo? ¿O hasta cuándo se tendrán iguales espacios para hombres y mujeres en las rotondas de gente ilustre de un estado?
Debemos abrir la mente a todas las posibilidades positivas que tendríamos, como hombres y sociedad, si la mujer accediese a todo espacio, a todo estudio, a todo trabajo, a todo reconocimiento, en todo tiempo, como lo tenemos los hombres, sin el temor de ser violentada de forma alguna por nadie: padres, hermanos, pareja, sociedad, centros educativos, empleos, transporte público, calles, hospitales, gobierno, jueces, legisladores…
Debemos entender, como hombres, que la lucha por la igualdad de géneros no es un asunto exclusivo de mujeres y lo deben entender también las feministas. Sin los niños, adolescentes, jóvenes y adultos hombres jamás se lograrán sus propósitos, de igual manera que no basta con pintas, manifestaciones, días sin la mujer, si todo ello no viene acompañado de una reflexión amplia y nacional acerca de la masculinidad hegemónica y su importancia en la reproducción del sistema patriarcal con una cultura de violencia, hostigamiento y minusvalía de la mujer como expresión de una misoginia que debe acabar.
A partir de ya, debemos convenir estrategias que visibilicen, desarticulen y desentrañen aquellos elementos que en cada comunidad alimentan a la masculinidad hegemónica y gubernativa a fin de construir sociedades más equitativas, inclusivas, solidarias, justas y humanas. Al mismo tiempo, como algo cuasi obligado, las feministas deberán replantear sus estrategias a fin de comprender la forma de ser y hacer de los hombres. Por ello, sean cuales fueren las nuevas femineidades y masculinidades que surjan de este movimiento, sus formas de vivirse dependerán de lo que cada mujer y hombre elijan y convengan cuando decidan sus vidas personales o unir sus destinos en un plan de vida como pareja. Nadie podrá entrometerse en las vidas de quienes desean una relación distinta; merecerán nuestro igual y total respeto la pareja en que sea el hombre el proveedor y la mujer la administradora del hogar, como la pareja en que ambos asuman la responsabilidad de proveer y administrar el hogar. Sin embargo, ambos, y es lo deseable, deben hacerse responsables de la formación de sus hijos.
Sea cual fuere el resultado de este 9 de marzo, recordemos, como alguna vez escuche: “El silencio nos hace cómplices”. Dejemos solos a quienes se oponen a lo que es justo y digno para la mujer… y digno para el hombre.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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