OPINIÓN
Opinión: Sistemas municipales anticorrupción
Por Héctor Romero Fierro //
Mediante la reforma constitucional del año 2015 en materia de combate a la corrupción, México reconoce la importancia de establecer la coordinación de las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Posteriormente, se expidieron diversas leyes secundarias que tienen por objeto instrumentar el nuevo régimen de combate a la corrupción, a saber: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Dicho marco normativo establece bases de coordinación entre el Sistema Nacional Anticorrupción y los respectivos sistemas locales, no obstante, salvo por el estado de México y Jalisco, no se prevé la conformación de sistemas municipales anticorrupción.
En el caso del Estado de México, la legislación establece obligatoriamente que los municipios conformen sistemas anticorrupción. En contraste, el Congreso de Jalisco eligió por establecer un régimen optativo, considerando las amplias diferencias en el contexto de cada municipio, es decir, un municipio con un amplio presupuesto tiene mayor capacidad institucional y mayor necesidad de controles. La limitación que la legislación prevé es que los sistemas municipales sean conformados de manera armónica al sistema estatal y nacional.
Atendiendo esto, en nuestra entidad solo tres municipios han optado por crear sistemas municipales anticorrupción: Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Zapopan.
En Guadalajara, la iniciativa fue presentada en 2017, por la síndico Bárbara Casillas y la regidora María Eugenia Arias. La propuesta de Tlaquepaque, aunque sin una estructura o normativa clara inicial, se presentó desde el 2016, previo a la expedición de la legislación local correspondiente, por la presidenta municipal María Elena Limón.
A su vez, la iniciativa de la ex villa maicera fue presentada por la regidora Zoila Gutiérrez desde 2017.
No obstante, cada uno de los ordenamientos que fueron aprobados tienen diferencias relevantes, haciéndose la aclaración que el reglamento aprobado en Zapopan no ha sido, extrañamente, publicado en su Gaceta, a pesar de haberse aprobado por el Cabildo desde hace mas de seis meses, por lo cual aún no cobra vigencia.
Destacamos que las instancias componen los sistemas de Guadalajara y Zapopan son las mismas, mientras que Tlaquepaque se contempla la figura de la Secretaría Ejecutiva, así como un subsistema de fiscalización, integrado por los órganos internos de control (contralorías) de la administración pública municipal y paramunicipal.
Considero que haber previsto la Secretaría Ejecutiva fue un acierto del cabildo tlaquepaquense, mientras que el subsistema de fiscalización pudiera ser innecesario y poco útil en la práctica, dado que bastaría la colaboración de cada órgano interno de control con el sistema nacional de fiscalización.
También, Guadalajara y Zapopan son coincidentes en cuanto a la integración de su Comité Coordinador, donde participan únicamente un representante del Comité de Participación Ciudadana, o equivalente, y las autoridades cuyas funciones son la prevención, investigación y sanción de las faltas administrativas o hechos de corrupción, salvo por el caso de la sindicatura. Tlaquepaque difiere al incorporar órganos políticos y académicos.
Tratándose del Comité de Participación Ciudadana, Guadalajara optó por reconocer dicho carácter a un consejo consultivo que previamente habría conformado con funciones relativas a la participación ciudadana, integrado por siete ciudadanos; Tlaquepaque adoptó el modelo previsto por la ley estatal y, para ello, crea una instancia específica integrada por cinco ciudadanos; Zapopan, como Guadalajara, aprovecha consejos consultivos preexistentes para esta labor, uno con atribuciones relacionadas a la gobernanza, otro enfocado a la transparencia y un último orientado al control de los recursos públicos, siendo que el Comité Anticorrupción se conforma por un representante de cada consejo.
Ante esta situación, acertadamente, el Comité de Participación Social (CPS) del sistema estatal planteó dentro de su Plan de Trabajo 2019 asesorar a los municipios de Tlaquepaque y Zapopan en la conformación de sus respectivos sistemas, tomando en cuenta que Guadalajara ya lo había hecho desde el 2018.
Entonces, el primer éxito del CPS sobre este eje de trabajo fue la instalación formal del Comité de Participación Social de Tlaquepaque el 11 de abril, donde destaco la presencia del Dr. Alberto Bayardo (ITESO) y el Dr. Arturo Durán (Colegio de Jalisco), con lo cual queda plenamente conformado el sistema municipal anticorrupción.
El caso de Zapopan es aun más complejo, ya que está pendiente la publicación del reglamento que da vida al sistema, sin lo cual no será posible la conformación del Comité de Participación Ciudadana, ni se llevará a cabo la designación del contralor municipal. Debo destacar que, de acuerdo a un estudio de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco sobre los órganos internos de control de la administración pública municipal, este es el único municipio de la Zona Metropolitana que no ha designado al titular de la contraloría, aunque ya el Secretario del Ayuntamiento y el Consejo Ciudadano de Control trabajarán para que el mismo sea publicado.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
