Opinión del magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez //

Los expertos más reconocidos coinciden en que la comunicación institucional es el conjunto de reglas, principios, procedimientos y aplicaciones de la comunicación de intención persuasiva que, con recursos psicológicos e informativos, llevan a cabo las instituciones para influir en los destinatarios con el fin de conseguir en éstos una adhesión permanente para ejercer y distribuir poder, y realizar el bien público.

Otros estiman de manera más sucinta que es el conjunto de operaciones de comunicación llevados a cabo por instituciones (empresas, asociaciones, administraciones públicas, partidos políticos) con el propósito de hacerse conocer o de mejorar su imagen.

Hay coincidencia en que todas las instituciones públicas o privadas requieren obligadamente comunicar al interior y exterior el objeto de su creación, con independencia del aprovechamiento de este proceso con fines de mercadotecnia o de socialización del servicio que prestan.

En ese sentido, la opinión particular es que las instituciones de la administración pública, más que otras, están obligadas a participar a la comunidad no solo los motivos de su creación o funcionamiento sino los trámites, procesos o actualizaciones de su encomienda en un marco general que fije en el imaginario colectivo una imagen de eficiencia, justicia y honestidad, dado que se deben a los ciudadanos y son a ellos a quienes va dirigido su servicio.

Desde luego que las instituciones públicas según su tipo, tienen distintos requerimientos, alcances e intereses en su comunicación, especialmente si tomamos en cuenta que la mayoría de ellas tiene una renovación recurrente de sus titulares y componentes a partir de las preferencias de los ciudadanos manifestadas en las urnas dentro de las contiendas constitucionales, es decir, aquel funcionario público que ocupa el cargo por elección popular tiene el propósito de que su trabajo sea conocido y reconocido por sus electores, porque sabe que la imagen positiva que genere en la memoria colectiva será fundamental en su siguiente aspiración política, es el caso de los componentes del poder ejecutivo y legislativo así como de las presidencias municipales.

El Poder Judicial al no ser integrado a partir del voto popular dado el perfil de profesionalización de sus integrantes y al resolver conflictos jurídicos a favor de una de las partes pero también dejando posibles inconformidades en la otra, debe tener en consecuencia un manejo comunicacional más especializado, con objetivos de mayor alcance y permanencia que lo robustezcan como institución a largo plazo y que genere confianza, seguridad y certeza en los ciudadanos y los justiciables.

Por ello, el órgano de comunicación de un organismo público de justicia tiene la responsabilidad de asegurar que la opinión pública y la sociedad conozcan las decisiones sobre la institución, ya que las acciones de los tribunales recaerán sobre toda la ciudadanía, se trata, por tanto, de un proceso que debe adaptarse a las necesidades, convicciones y aspiraciones de la sociedad, asegurándose que se ha logrado la percepción adecuada.

PERCEPCIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL EN MÉXICO

El “Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2020”, es el reporte que mide el Estado de Derecho en 128 países, al asignar puntajes y posicionamientos basado en indicadores para ocho factores: a) límites al poder gubernamental, b) ausencia de corrupción, c) gobierno abierto, d) derechos fundamentales, e)orden y seguridad, f) cumplimiento regulatorio, g) justicia civil, y h) justicia penal; calificaciones asignadas con base en las experiencias y percepciones del público general y expertos alrededor del mundo.

En el mencionado reporte internacional, se catalogó a México en la posición número 104 de 128 en cuanto a la percepción que tienen sus habitantes respecto de respeto al Estado de Derecho y en lo particular por cada una de los rubros evaluados las asignaciones se dieron así: en límites al poder gubernamental tenemos el lugar 89; en ausencia de corrupción ocupamos el 121; en gobierno abierto nos ubicamos en el 36; en cuanto a derechos fundamentales somos el lugar 78; mientras que en orden y seguridad, estamos en el número 121;en cumplimiento regulatorio el 91; en justicia civil tenemos el lugar 116 y finalmente en cuanto justicia penal somos el número 119.

PERCEPCIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL EN JALISCO

De igual forma, WJP, publicó el “Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020. Hallazgos” en el que se analizan las treinta y dos entidades de la República Mexicana considerando el indicador de “adhesión al estado de derecho”, desde una perspectiva ciudadana, emitiendo el siguiente reporte en el que 1 significa la mayor adhesión al estado de derecho.

El análisis arrojó que las entidades con los puntajes más altos fueron: Yucatán (0.46), Aguascalientes (0.45) y Zacatecas (0.43); en tanto que las entidades con los menores puntajes fueron Guerrero (0.33), Puebla (0.35), y Quintana Roo (0.35); situando a Jalisco en el vigesimosexto lugar con un puntaje de 0.37.

IMAGEN Y COMUNICACIÓN

En el Plan General del Poder Judicial del Estado de Jalisco se establece como visión “Ser un Poder público del estado de Jalisco, con fortaleza y unidad institucional, innovador e impulsor de la cultura de la paz y la legalidad, en el que la sociedad confíe y crea en su imparcialidad, referente nacional por la calidad de nuestras resoluciones, autonomía, independencia y coordinación institucional”.

Sin embargo, para que esta visión de imagen se convierta en una realidad es necesaria la comunicación. Para alcanzar su fin al interior y consolidar la actividad administrativa y jurisdiccional, en su conjunto, se tiene que trabajar de la mano con un posicionamiento social.

Si bien es cierto que se organizan eventos para reconocer la carrera judicial, estos no son suficientes para lograr una imagen convincente dentro de la población jalisciense, ya que sólo los servidores públicos son los que se dan cuenta de esta imagen de función y carrera judicial.

Lo verdaderamente importante es llegar a las demás personas y operadores del derecho, lo cual es verdaderamente nulo, en cuanto a la imagen y comunicación que se da en este aspecto al Poder Judicial del Estado de Jalisco.

El Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Jalisco, cuenta con un portal en línea que contiene el mínimo esencial para informar a la sociedad en general, de la integración de las Salas y el Pleno, los Acuerdos Generales tomados, la consulta de acuerdos, registro de cédulas y el sistema electrónico de citas para ser notificado.

Mientras que es evidente la carencia de información en el portal del Consejo de la Judicatura, que resulta una circunstancia particular, toda vez que del Consejo depende toda la información relacionada con el personal y resoluciones dictadas por los juzgados civiles, mercantiles, de lo familiar, penales y de justicia para adolescentes; así como los juzgados de primera instancia, especializados y mixtos, menores y de paz con competencia en los once distritos y los treinta y dos partidos judiciales en el interior del Estado.

Por su parte, la presencia en redes sociales del Supremo Tribunal es un poco más activa, pues a través de su cuenta de Facebook se difunden temas tales como: el Plan de Reactivación Gradual, el informe de actividades del Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, las tomas de protesta, la apertura de salas de juicios orales mercantiles y juzgados, así como diversas infografías relativas a fechas conmemorativas y cursos impartidos para los servidores y el público en general. Esta misma información se replica en su cuenta oficial de Twitter. Mientras que en el portal del Consejo de la Judicatura, apenas si existe una liga en Facebook, por la que se difunden temas tales como los acuerdos del Pleno, la apertura de las salas en materia mercantil y los protocolos de reactivación.

Finalmente, el espacio del máximo tribunal estatal en la plataforma de YouTube cuenta con dos canales digitales de transmisión en vivo, a los que, al ingresar, la pantalla informa que el contenido no está disponible.

Así, la insuficiente información y difusión de actividades relevantes que lleva a cabo el Poder Judicial de Jalisco, genera en la sociedad una incorrecta o nula percepción de confianza y credibilidad en la administración e impartición de justicia, lo cual contradice en los hechos la visión que la Institución.

El panorama empeora cuando sumamos el conocimiento que tiene la población respecto de las verdaderas competencias que tiene el Poder Judicial.

Sin embargo, la nula difusión de las atribuciones de los jueces penales del Sistema de Justicia Penal Adversarial y las de los fiscales, genera en la población la desconfianza hacia el Poder Judicial debido a que las notas y estadísticas solo se centran en ¿cuántas personas no fueron vinculadas a proceso?, o como lo ve sociedad, ¿cuántos delincuentes sobornaron al juez para que los dejara en libertad?, cuando en la realidad muchos imputados recuperan su libertad no por prácticas de corrupción, sino por la inobservancia de las formalidades esenciales del procedimiento, la insuficiente integración de las carpetas de investigación y muy diversas fallas procesales. Es indispensable fortalecer la coordinación institucional.

RETOS DEL PODER JUDICIAL DE JALISCO

Las redes sociales con las que actualmente cuenta, es decir, Facebook, Twitter, YouTube, así como su Portal en línea, son las correctas. El problema es que no existe una política pública moderna y eficiente al seguir operando como en la época absoluta de los medios de comunicación impresos, desatendiendo a las nuevas generaciones y sus innovadores métodos de comunicación, dejando de lado las bondades que brindan estas herramientas.

El Poder Judicial de Jalisco debe equipararse al Poder Judicial de la Federación, quien dentro de la plataforma de YouTube realiza transmisiones en vivo con diferentes ponentes en temas de relevancia para los impartidores de justicia y el público en general. De igual forma, la página web oficial de la Suprema Corte, contiene de forma detallada toda la información de forma digital de la sesiones celebradas por el pleno y las salas, los calendarios de actividades, las sentencia y datos electrónicos de los expedientes y cuenta con un apartado llamado “Información relevante”, donde contiene los comunicados de prensa respecto de los casos resueltos que enaltecen al Tribunal.

Por su parte, en las redes sociales de Facebook y Twitter, tanto la institución como el ministro presidente, divulgan extractos de los acuerdos más relevantes, es decir, no es la misma información que se encuentra en las páginas web y mucho menos, agregan información relevante en estas plataformas que no se encuentre completamente detallada en la página oficial.

Estamos convencidos que un Estado de Derecho eficaz y acorde con el Modelo de Gobernanza Judicial debe garantizar las condiciones idóneas para su desarrollo pleno y armónico en un ambiente de paz, igualdad, oportunidades, desarrollo, acceso a la justicia y respeto a los derechos humanos.

Hoy en día, los medios electrónicos son la principal fuente de consulta que tiene toda la sociedad alrededor del mundo para informarse acerca de aquello que se quiera comunicar, por ello es que el Poder Judicial necesita una estrategia integral de comunicación virtual que le permita reconfigurarse como una institución eficaz, legítima, transparente y confiable.

Es necesario diversificar la presencia de las autoridades del Poder Judicial del Estado, su agenda, sus programas, sus logros, avances y retos en el mayor número posible de medios impresos, radiofónicos, televisivos, digitales y en redes sociales, segmentando y estratificando el tipo y contenido de la información que demanda cada segmento de la ciudadanía y justiciables.