OPINIÓN
Peligroso el sufragio del odio: ¿Por qué votar?
Opinión no pedida, por Armando Morquecho //
El fin de las campañas electorales está más cerca de lo que parece, y eso se puede notar claramente en la dinámica que han adquirido los discursos, foros y videos que han lanzado los múltiples candidatos a cargos de elección popular, quienes le han dado un giro total a sus campañas.
Todos los políticos que hace unos meses recorrían calles y ocupaban espacios en foros de dialogo sin preocupación alguna, puesto que el único peso que tenían en su espalda era el de la simulación de la precampaña, el día de hoy empiezan a ver que Instagram, Facebook y Twitter no manejan parámetros confiables sobre la realidad de sus municipios y/o distritos.
Es así que aquello que empezó con optimismo y pocas propuestas (si es que podemos llamarles así) hoy se ha convertido, por un lado, en una desesperada guerra de encuestas y en un asfixiante bombardeo de videos hablándole a la ciudadanía de la importancia del voto útil, y por el otro lado, se ha convertido en gritos de auxilio que buscan disfrazar la falta de estructura territorial y de capacidad para movilizar el voto.
Los meses previos al arranque de campañas, los analistas políticos más renombrados de México señalaban que este sería probablemente uno de los procesos electorales más complejos en la historia de México, y creo que después de ver cómo han ido avanzado las cosas, creo que no se equivocaron del todo.
Realmente este ha sido un proceso bastante complejo, pero creo que la opinión publica cometió un error al limitarse solamente a un adjetivo para describir estas elecciones; ciertamente uno no es suficiente para describirlo por completo ya que en algunas ocasiones más que complejo, ha sido absurdo, asfixiante y en algunas ocasiones ha sido ridículo, pero bueno, tomando en cuenta que en esta ocasión los actores y youtubers han acaparado un importante número de candidaturas creo que era de esperarse que fuera un poco ridículo.
Asimismo, como lo mencioné unos párrafos arriba, este proceso electoral ha dado un giro bastante delicado, toda vez que cambiamos la dinamica de los ataques y descalificaciones para entrar en una lamentable dinamica de convencimiento bastante desesperada en la que los candidatos solamente se centran en el voto útil.
Pero ¿por qué esto es lamentable? Bueno, primero que nada, esto es lamentable porque refleja que la mayoría de los actores políticos están alejados completamente de la razón de ser de los procesos electorales, y digo, no es por asustar, pero si están alejados de esto, probablemente están lejos también de la verdadera razón de ser de la función pública.
Desde mi punto de vista, los procesos electorales son una herramienta legal y pacífica a través de la cual, es posible discutir las diferencias ideológicas y de principios de diferentes partidos políticos que contienden por el poder público, quienes a su vez, luchan por la aprobación del electorado a través de propuestas innovadoras capaces de generar soluciones a los problemas de la vida cotidiona.
Aunado a esto, considero que los procesos electorales son también un mecansimo que permiten la sanación y la reivindicación, ya que través de ellos los partidos políticos que han sido rechazados en el pasado por el electorado, así como los políticos que forman parte del partido en el gobierno, tienen la valiosa oportunidad de enmendar sus errores a través de una narrativa con la que los votantes puedan sentirse identificado, y también, impulsando una nueva generación de políticos con una visión del mundo distinta, y como lo mencioné hace unos momentos, innovadora.
Sin embargo, como siempre, la realidad de México es completamente distinta y lejos de que el proceso electoral sea una oportunidad para dialogar y proponer, se ha convertido en una oportunidad para ser divertidos, para alentar el rencor social y para distorsionar por completo la importancia del voto y de los procesos electorales.
Hoy, los candidatos incapaces de convencer a través del dialogo y la propuesta, nos invitan, desesperadamente a votar de manera útil, esto, para que el contricante no llegue al poder, es decir, no hay ideas, no hay propuestas y nadie explica a la sociedad el por qué es importante que x proyecto político llegue al congreso o en su defecto a los ayuntamientos. En su lugar se limitan a faltarle al respecto al electorado diciendo, palabras más palabras menos: ‘’vota por mi porque él no debe llegar’’, y acompañado de una enorme guerra sucia.
El voto y la democracia son herramientas de cambio y de transfromación social, y por su parte, lo electoral es condición imprescindible para que la misma democracia sea capaz de mantener intactos sus valores axiologicos y poliarquicos, es decir, para que sea libre y para que a través de ella consigamos un gobierno de todos y no de unos cuantos.
La democracia, el voto y los procesos electorales son más que el voto util a través del cual no solo nos invitan a votar por el menos peor, sino que también introducen en la sociedad que estas son herramientas para castigar a quienes nos gobiernan y para quitarlos del poder, lo cual es en parte cierto, pero tampoco podemos olvidar que para quitar gobiernos se necesita más que odio, rencor y resentimiento, sino que también se necesita hacer uso de esa racionalidad que nos hace seres humanos.
Votar con odio y por odio, nos aleja por completo de la verdadera razón de ser de la democracia, votar de esta manera, permite que oportunistas sin causas reales más que las del enriquecimiento personal lleguen al poder para gobernar para unos cuantos y también permite que los amantes del poder público accedan a este para perpetuarse en él.
Los procesos electorales son más que el voto útil y el voto de castigo, van más allá de los videos de Instagram, las encuestas hechas en casa y la guerra sucia para desacreditar a quienes se les tiene miedo o son una amenaza para los gobiernos en turno, los procesos electorales son una de las oportunidades más buenas que tenemos para medir el nivel, la calidad y la fortaleza de nuestra democracia, y también, para medir el nivel del debate público.
Aunque el panorama es adverso, yo aun creo que nuestra democracia es solida e inquebrantable, pero lamentablemente, el nivel de debate público en nuestas elecciones, deja mucho que desear.
Así que cuando se pregunten ¿por qué votar el 6 de junio? Recuerden que nuestra Carta Magna se refiere a la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; en ese orden del ideas, debemos votar por un cambio real, pero para llegar a esto, necesitamos algo más que un llamado de los partidos a votar utilmente.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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