Peña Nieto: ¿La hora de la justicia?

Opinión, por Iván Arrazola //

Los tiempos políticos parecen acelerarse y para los actores políticos parece fundamental poner sobre la mesa los temas que serán parte de la discusión central durante el proceso electoral de 2024. De esta forma se pueden leer los sucesos ocurridos durante esta semana en donde la UIF informó que el expresidente Peña Nieto se encuentra bajo investigación.

El caso del expresidente Peña Nieto robó reflectores, el titular de la UIF, Pablo Gómez utilizó el espacio de la mañanera para informar que la unidad a su cargo hizo una investigación sobre los ingresos de Peña Nieto que lo podrían llevar a ser acusado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que Peña Nieto recibió más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales; además de tener “vínculos cooperativos” con dos empresas con presuntas irregularidades fiscales.

Parte del sello de la 4T es primero ventilar en las mañaneras las investigaciones en curso para que desde el máximo tribunal de la “verdad” se juzgue a los implicados y ya posteriormente el expediente se deriva a la FGR para que haga la investigación correspondiente.

Como nada puede estar exento de polémica, la controversia surgió cuando el extitular de la UIF Santiago Nieto informó a través de su cuenta de Twitter que la investigación él la inició en 2019 y no Pablo Gómez, con lo que sugiere que Gómez intenta darse todo el crédito por un trabajo que es suyo. Santiago Nieto se jacta de ser quien “rompió” con el esquema con el que operaba la UIF, subordinada al “modelo de corrupción neoliberal”.

Según Pablo Gómez, la investigación se inició en 2021 cuando asumió el cargo, después de que Santiago Nieto se vio obligado a renunciar por celebrar su ostentosa boda en Guatemala, lo que no fue del agrado del régimen, pero sobre todo de López Obrador que presume como sello de su gobierno la “austeridad republicana”.

Una pregunta que debe de hacerse es ¿por qué hasta este momento se presenta la denuncia ante la Fiscalía, si el expediente ya se tenía armado?, ¿no se debió de entregar de manera oportuna la información a la FGR?, uno de los dos funcionarios no está informando de manera precisa sobre el comienzo de la investigación, Nieto o Gómez, la controversia no deja lugar dudas de que se pretende darle un uso político al caso.

Lo que seguramente muestra que el régimen sacará a la luz expedientes de personajes conforme se acerquen elecciones clave como la del Estado de México o la presidencial. Además, habrá que ver si en los hechos se sostienen las pruebas que presenta la UIF, basadas en las declaraciones de un personaje polémico como lo es Emilio Lozoya, que intentó involucrar a otros políticos del sexenio de Peña Nieto sin que hasta el momento haya detenidos.

También hay que analizar las declaraciones del propio Santiago Nieto que pone en el centro el tema de las ideologías, señalando como punto central la corrupción neoliberal. Nieto parece ignorar que en los populismos también hay corrupción, el adecuado funcionamiento de las instituciones no depende de ideologías, depende de buenos equipos de trabajo, de un buen diseño institucional y de la fuerza jurídica para poder actuar.

Además, el propio Santiago Nieto se ha visto envuelto en la polémica, se encuentra bajo investigación por parte de la FGR por enriquecimiento ilícito, también ha sido acusado de extorsionar empresas debido al gran poder que concentró en la UIF.

En el caso de Pablo Gómez, resulta poco creíble la versión de que un lapso tan corto de tiempo el bisoño titular de la UIF integró un expediente, tomando en cuenta que su área de expertise está en el ámbito electoral. Respecto a Peña Nieto el tema central es hasta donde realmente hay voluntad para hacer justicia y no simplemente usar el caso como una estrategia para amedrentar al grupo Atlacomulco e impedir que operen en la elección del Estado de México. La cantidad por la que se le investiga a Peña parece mínima si se comparan los casos de la estafa maestra o de Odebrecht.

Es un hecho que se debe de castigar a todo servidor público que haga un uso inadecuado de los recursos a su cargo, la mayor promesa de la 4T ha sido la lucha contra la corrupción y sin embargo se ha quedado corta, no solo no ha luchado contra la corrupción, ha sido omisa en su combate con los suyos, casos como el del secretario particular del presidente desviando recursos destinados a los damnificados del sismo de 2017 o que su secretaria de Educación le quite el 10 por ciento de sus salarios a los trabajadores de un ayuntamiento para destinarlo a campañas electorales, obligan a revisar en donde se encuentra el compromiso de este gobierno con la justicia y con la honestidad.