OPINIÓN
Pobreza laboral y crisis
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
Actualmente, y tomando las cifras de CONEVAL, en México, 49.7 millones de personas no pueden adquirir una canasta básica de alimentos con los ingresos provenientes de un empleo, lo que confirma que el ingreso familiar tiene que ser complementado necesariamente con otros ingresos, únicamente para la subsistencia, con lo que las expectativas de movilidad social son bastante limitadas.
La actual administración en una visión simplista ha querido nivelar el ingreso con base en transferencias directas de efectivo y han aumentado el salario mínimo por decreto, lo que cubre a los segmentos bajos de la pirámide salarial. El CONEVAL ha publicado que la pobreza laboral ha bajado 3.2% en el último año, sin embargo ese efecto se da principalmente en el quintil de más bajos ingresos y resulta insignificante con una inflación que ronda los 7.5 puntos de incremento.
Es un hecho que el gobierno está gastando mucho en programas asistenciales virtualmente generalizados por los segmentos poblacionales que cubren, y también es sabido que no apoyó económicamente a la planta productiva, a las pequeñas y medianas empresas en la emergencia económica por la pandemia, a diferencia de la administración norteamericana que además de apoyos directos superó su gasto en infraestructura generadora de empleo y en apoyos para recuperar rápidamente la capacidad de su economía.
En consecuencia, Estados Unidos crece con inflación y en México tenemos inflación, casi al mismo nivel, pero con crecimiento insignificante. No se puede descartar que USA caiga en recesión por el alza en los tipos de interés, pero tampoco podemos desdeñar la amenaza para México pues las tasas seguirán subiendo allá y aquí, configurando el panorama recesivo.
Por todo esto, la disminución de la desigualdad quedará en un mero anhelo y por el contrario habrá de incrementarse, a despecho de lo que diga el presidente, mucho más que en los periodos neoliberales.
La tabla de salvación política, que no económica, estriba en el crecimiento de las remesas, en riesgo por la posibilidad de estancamiento de la economía estadounidense, y en la capacidad que tenga el gobierno para sostener el gasto de las transferencias sociales en un entorno recesivo. En lo económico no se ven acciones gubernamentales que puedan aprovechar las escasas, pero existentes, oportunidades de capturar inversiones fugitivas tras los cambios provocados por la guerra en Ucrania y la incertidumbre de la relación comercial entre China y USA.
Este año, México no estuvo presente en el Foro Económico de Davos, Suiza, dejando ir la oportunidad de promover al país y atraer inversiones y se está perdiendo la posibilidad de integrar más al bloque económico continental, al negarse o condicionar su asistencia a la Cumbre de las Américas.
Es desconcertante que se esté dejando pasar el momento de las oportunidades, cuando son claras y ominosas las señales de una posible crisis. El salario no crece en términos reales, el ingreso per cápita tampoco, la capacidad de compra se reduce, lo que afecta al consumo que es lo que venía impulsando la economía, y si las tasas de interés siguen subiendo la capacidad de pago de las personas, con un ingreso limitado, se verá disminuida riesgosamente.
El déficit gubernamental está creciendo y no será posible sostener el ritmo de gasto que lleva sin recurrir a mayor deuda que, aunque se niegue, ha aumentado en este sexenio. En un entorno de altas tasas de interés impuestas por la FED, el costo de la deuda mexicana tendrá incrementos notables. El magro crecimiento que dio a conocer el INEGI para este último trimestre, (1.8), servirá al gobierno para polemizar o publicitar, pero la realidad es que eso no mejorará el ingreso y lo mejor que podemos esperar es que no se materialice una crisis.
Las señales están ahí y no serán las medidas como la contención parcial y temporal de los precios de algunos productos lo que la evite. Es evidente que las políticas gubernamentales tienen que ser repensadas en función de lo que le conviene al país y no de lo conveniente electoralmente o para la popularidad presidencial. El problema que se tiene es el de la credibilidad; el capital es desconfiado y la inversión, necesaria para enfrentar lo que viene, tendrá que dilucidar sobre si este gobierno es capaz de mantener las garantías que pudiera ofrecer y si las instituciones que garantizan la vigencia del estado de derecho funcionarán con autonomía e independencia de la voluntad política del régimen.
Los que llegaron al poder pensando en una transformación volviendo a la omnipresencia del Estado como herramienta para el equilibrio social con base en un modelo superado hace más de cincuenta años, no podrán eludir la realidad. Los números son fríos y su crudeza se está mostrando, es cosa de verlos y dejar de hacer cuentas en número de votos, a no ser que piensen ganar haciendo crecer el número de pobres. Ese no sería el México que querían construir parecido a Finlandia.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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