OPINIÓN
Poca atención en materia de salud
Tercera Instancia, por Modesto Barros González //
El actual gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, ha mostrado poco interés para atender y prevenir los graves problemas en materia de salud que cada vez afecta más a la población y mejor continúa “desojando la margarita” en lugar de imponer su autoridad aunque se afecten algunos sectores económicos.
Desde hace varios meses el mandatario de Jalisco, anunció o más bien amagó con imponer acciones severas mediante un botón de alerta sanitaria, pero todo quedó como un efímero aviso de advertencia.
Según se ha dicho que éste domingo 25 de octubre anunciaría otra vez que ahora sí se llevarían a cabo acciones severas para prevenir los contagios del terrible Covid-19, que en los últimos días ha incrementado las defunciones en la entidad.
En la ciudad de Tequila, Jalisco, desde hace varias semanas los pobladores han sufrido la pérdida de vidas de sus seres queridos y de amigos, estimados en más de una docena en los últimos días, sin embargo la afluencia de turistas se ha elevado, lo que es bueno para el comercio en general pero los contagios también se han incrementado y parece que nadie quiere hacer algo para prevenir los contagios.
En la presidencia municipal de Tequila, se comenta que están elaborando los planes para poner en marcha una flamante “Policía Turística” y hasta el momento no han querido decir si operará para proteger de contagios y robos a los turistas o para que la población no se acerque a los visitantes y supuestamente cuidarse de contagios, pero la brillantísima idea parece que está en marcha.
Por cierto hace unos días se llevó a cabo una interesante reunión nacional de Consejeros Consultivos de BBVA, integrado por el Doctor Guillermo Torre, Rector del TEC Salud, el Doctor Francisco Moreno del Hospital particular ABC y el Señor Ernesto Rimoch de los laboratorios Liomont, entre otros más.
Entre las conclusiones a las que llegaron se destacan que la pandemia “no” está controlada, que en México no se encuentra en etapa de “rebrote” ya que nunca han dejado de crecer los contagios, que la “mortalidad/ habitantes” la mexicana es de la más alta del mundo.
También denunciaron que somos de los países que menos pruebas se realizan, también que la mortalidad de contagiados ingresados en el IMSS es del 43 %, en hospitales privados 15 %, en la SEDENA del 12 % además somos de los países con mayor número de fallecidos entre las personas que laboran en hospitales.
En el referido panel coincidieron en señalar que estiman que hasta enero de 2021 se contará con la vacuna con todo y que el gobierno de México ya pre-pagó 109 millones de dosis y que las autoridades de salud federal estiman poder aplicar 10 millones de vacunas por mes,
Por desgracia también llegaron a coincidir que aún no hay cura medicinal para la terrible enfermedad del Coronavirus, que existen medicamentos que sólo ayudan en etapas tempranas de contagio y que se debe de reconocer que hoy la única y mejor arma contra la pandemia es la “prevención”, que es el unos del cubrebocas y la sana distancia, así como el constate lavado de manos y evitar concurrir a lugares con concentración de muchas personas y para concluir recomendaron que es necesario de México cambie la estrategia en el manejo de la pandemia.
Hay que recalcar que por desgracia nuestro gobierno federal es muy reticente en aceptar recomendaciones y que se debe de acatar los que el máximo mandatario ordene, así que todavía hay que esperar que no empeore la situación, por lo menos es lo que se desea.
POR FIN YA SE VA EL FLAMNTE SECRETARIO DE SEGURIDAD
El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés, recomienda que ante la salida de Alfonso Durazo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se debe de aprovechar para “corregir la fallida estrategia de seguridad” que se lleva a cabo en la actual administración.
El dirigente partidista precisó que “esto no puede continuar así, por eso el nuevo titular de Seguridad debe comenzar por reconocer los errores, el relevo debe servir para hacer de inmediato los ajustes necesarios a la estrategia, para evitar más violencia y pérdidas humanas” fue lo que comentó Cortés, en un comunicado de prensa.
Como una cartita al Niño Dios, el dirigente del PAN pidió que el nuevo titular de la SSPC, tenga una experiencia probada en materia de seguridad pública, que sea un civil y no militar de carrera, además que cuente con una trayectoria profesional limpia y que no sea “otro incondicional a ciegas del Presidente”.
Marko Cortés, detalló que durante los 22 meses de funciones en el cargo de Durazo Montaño, no se mejoró en materia de seguridad, al mencionar que actualmente se “registraron 65 mil 549 homicidios dolosos y feminicidios, es decir, seis mil 437más que los cometidos en los últimos 22 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Según el dirigente político la clave para un cambio en la estrategia de seguridad se conseguirá con una coordinación efectiva, la capacitación y profesionalización, así como la dotación de equipos de comunicación y armamentos modernos a todas las corporaciones de seguridad, así como el fortalecimiento de los equipos de investigación de delitos de alto impacto en los estados y el aumento en salarios a todos los elementos en activo.
Ahora hay que esperar si el Gobierno de la República escucha y acepta las recomendaciones, lo cual es difícil de que lo haga por llegar del que parece más odiado instituto político del actual régimen.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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