OPINIÓN
Políticamente Correcto: Los derechos de los trabajadores
Por César Iñiguez //
Durante el Siglo XIX en Europa se dieron los primeros movimientos de organización entre obreros y trabajadores. Fue un proceso evolutivo que caminó junto con el reconocimiento de los derechos humanos; en aquellos años al existir la esclavitud en muchas latitudes del mundo, particularmente en el viejo continente, se comenzó por impulsar una serie de derechos de los siervos sobre sus amos; como jornadas determinadas de trabajo, fijar sueldos, horarios y días de descanso, como algunas concesiones y conquistas que se lograron entonces.
La relación de un siervo con respecto a su amo, así de cruel como se escucha, era sumamente desventajosa; muchas veces se daban grandes injusticias, jornadas laborales interminables, explotación, enfermedades sin atender, imposibilidad de tener una vida con un libre desarrollo y fundamentalmente mejorar la calidad de vida.
Quien nacía siervo moría siendo un siervo, junto con los suyos y su descendencia.
Fundamentalmente ese fue el espíritu inicial de las organizaciones de trabajadores, agruparse y defenderse para en un número mayor poder enfrentar la fuerza del amo, del patrón.
Poco a poco fue avanzando el reconocimiento a estas agrupaciones, quienes construían métodos de protesta para doblegar y presionar a los patrones, como la huelga, los paros, manifestaciones y demás estrategias de presión que teniendo el objetivo de obtener distintas conquistas fueron reconociéndose.
Debe de mencionarse también, que durante esas épocas, fueron objeto de estudio de algunos personajes que iniciaron la corriente ideológica comunista. Hablando de la lucha de clases, la liberación del sector obrero y con la bandera del proletariado, Carlos Marx y Federico Engels construían la ideología del comunismo dialéctico que materializaban mundialmente en el manifiesto comunista.
Yo particularmente poco coincido con esos postulados, sinceramente.
Sobre todo cuando escalan de nivel a la construcción de un sistema político utópico, donde la igualdad se convierte en igualitarismo, donde eliminan la propiedad privada, donde promueven el ateísmo y algunas otras barbaridades.
Pero en fin, así fueron los inicios de los gremios de trabajadores que después les llamaron sindicatos.
Durante el siglo pasado, el movimiento sindicalista y obrero tuvo mucho auge en diversas partes del mundo; en Francia con la Confederación Nacional del Trabajo, en Alemania, y por supuesto en México, con el nacimiento de muchas organizaciones, particularmente la CTM, la CROC y el SNTE, que no se puede dividir del sistema político mexicano de principios del siglo pasado.
Hoy, a casi 200 años de su creación, las organizaciones de trabajadores han evolucionado; ya el comunismo quedó rebasado y está solo en la historia contemporánea del mundo; ha habido grandes cambios, ya hay incluso, sindicatos de patrones, antítesis de sus orígenes, pero que adoptando la misma dinámica sigue los mismos objetivos; organizarse para mostrar fuerza, defenderse y buscar beneficios comunes; pero a diferencia de los trabajadores, ellos, frente al gobierno; como el caso de la CANACO y la COPARMEX, y demás gremios.
En la existencia de todas estas organizaciones, hay una especial, los gremios de los trabajadores públicos, quienes tiene un reto mayor, porque se presenta una doble desventaja, porque los patrones son además autoridad y gobierno.
Con el paso de los años nos hemos encontrado con muchas dificultades, porque no sólo se pretende modificar la actitud y las formas en la relación laboral, sino que las han llevado a la ley, para evitar su combate.
Hoy, a estas organizaciones se les debe dar una visión moderna, actualizada y adaptada a la nueva realidad; entendiendo que con el estado, que es a la vez el patrón, debe existir una relación de colaboración y respeto mutuo, en el entendido de que quienes están en el servicio público hacen funcionar al Estado.
En el ámbito público, se debe entender, sobre todo, que los trabajadores de base sindicalizados, son los que hacen funcionar los poderes del estado, y por tanto constituyen de manera sustancial a darle solidez y funcionalidad a nuestro sistema democrático, y en ese entendido, por supuesto, deben respetarse sus derechos.
Básicamente se debe buscar mejorar su ingreso, su calidad de vida, su armonía, su estabilidad y seguridad laboral; porque si eso se respeta, todos ganamos.
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CARTÓN POLÍTICO
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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