JALISCO
Presupuesto 2025: Promesas políticas y olvido ciudadano
Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //
El Congreso de Jalisco aprobó el presupuesto estatal para 2025 con un aplastante respaldo de 35 votos a favor y tres en contra, los votos de: Puerto -independiente-, Cárdenas –Futuro- y Almaguer -PT-. Sin embargo, tras las cifras y los discursos, lo que emerge no es solo un documento de planificación económica, sino un espejo de las contradicciones de quienes deciden en nombre de un pueblo que muchas veces parece estar ausente en la ecuación.
El debate, que se prolongó por más de seis horas, reveló las tensiones y los intereses que subyacen en la política local. Mientras los representantes del Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, Hagamos y Morena cerraban filas en torno al presupuesto, los tres votos disidentes resonaron como un eco de las inquietudes populares. El llamado “paquetazo fiscal” —reemplacamiento, refrendo y verificación vehicular— fue el centro del huracán, no solo por su impacto económico, sino por lo que simboliza: un Estado que exige cada vez más a sus ciudadanos sin garantizar un retorno proporcional.
La diputada Yussara Canales, del Partido Verde, lanzó un dardo certero contra el esquema fiscal aprobado: “Eso en nada le beneficia a la gente que se encuentra allá afuera buscando el pan cada día”. Propuso reducir el costo del reemplacamiento de 900 a 767 pesos y aplicar descuentos para sectores vulnerables. Su iniciativa fue desechada con frialdad. La mayoría ni siquiera parpadeó al desoír una medida que, aunque mínima, hubiera significado un respiro para los bolsillos más castigados.
Desde Futuro, la diputada Tonantzin Cárdenas se sumó a la crítica. Denunció el destino de recursos públicos hacia empresas privadas bajo el disfraz de gratuidad en la verificación y el reemplacamiento. “Nada es gratis”, espetó, dejando al descubierto que detrás de los 900 y 700 millones destinados a estos programas está el beneficio empresarial, no el social. Su postura, junto con la de Alejandro Puerto, independiente, y los legisladores del Partido del Trabajo, representa una oposición que, aunque numéricamente insignificante, resulta significativa en su mensaje.
El caso de Puerto es paradigmático. Con un discurso que conecta con el desencanto popular, arremetió contra el gobernador Pablo Lemus por la pérdida de 300 millones de pesos en Banco Accendo. “Ni cuidó a la gente, ni supo cuidar el dinero de los ciudadanos”, declaró con contundencia. Su crítica no es solo una acusación directa; es también una radiografía de un sistema que parece tambalearse entre la incompetencia y la desidia.
Por otro lado, la desarticulación de la fracción legislativa de Morena fue notoria: Miguel de la Rosa argumentó sin darse cuenta de que su punto ya había sido votado y rechazado, mientras que Candelaria Ochoa, distraída, exigía pasar al siguiente tema cuando el actual ni siquiera había sido votado, los diputados de Morena subían al estrado o pedían la voz desde su lugar sin tener una coherencia común o una posición articulada. Entre diputados absortos en sus celulares y conversaciones con asesores, quedó clara la desconexión con el momento crucial de su trabajo.
También Morena mostró su habitual doble cara. La diputada Candelaria Ochoa atacaba el presupuesto, justificándolo con la narrativa del centralismo federal que, según ella, beneficia a Jalisco, es decir en lo federal México va bien, en lo local jalisco es un infierno. Lo curioso, es que, apenas unas horas después, Morena Jalisco, como partido, anunciaba un proceso interno para expulsar a quienes “traicionaron los valores y principios” del partido al votar a favor del presupuesto de Movimiento Ciudadano. La presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez, lanzó una condena vía redes sociales que habló más de las fracturas internas que de la defensa del pueblo.
“Anunciamos el inicio de un proceso interno para expulsar de nuestro movimiento a quienes con sus actos han traicionado, no solo los valores y principios que defendemos, sino también la confianza del pueblo trabajador de Jalisco”, aseguró Erika Pérez en un video.
Se los adelanto, no van a expulsar a nadie, los acuerdos de apoyo a las propuestas de Movimiento Ciudadano no se dieron por si solas.
Las prioridades del presupuesto también tienen su propia narrativa. Seguridad, movilidad y agua potable encabezan la lista de beneficiarios. Con más de 11 mil 822 millones para seguridad, la ampliación de recursos para la agenda de desaparecidos —734 millones— es una de las pocas luces en el panorama. La diputada Gabriela Cárdenas, de Movimiento Ciudadano, defendió esta asignación, subrayando el acompañamiento presupuestal para enfrentar una crisis que se ha vuelto el rostro más desolador del estado. Sin embargo, las familias de los desaparecidos seguramente esperarán con escepticismo, ya que la promesa de recursos no siempre se traduce en resultados tangibles.
En movilidad, los grandes proyectos como la Línea 4 del Tren Ligero, la ampliación del Peribús y las obras de la Línea 5 prometen transformaciones significativas. Pero no debemos olvidar que los grandes planes de infraestructura son también los grandes campos de batalla de la opacidad y la corrupción. La rehabilitación de la carretera a Chapala, presentada como un avance para el desarrollo, bien podría convertirse en un recordatorio de los tiempos en que las obras públicas servían más para engordar bolsillos privados que para mejorar vidas.
La Universidad de Guadalajara, con sus peones: Tonatiuh Bravo Padilla, Enrique Velázquez González y Valeria Ávila, también tuvo su recompensa: 16 mil 800 millones de pesos. Pero este generoso gesto no está exento de cálculos políticos. La UdeG sigue siendo un aliado estratégico para Movimiento Ciudadano, y sus votos han sido clave en momentos críticos como la renegociación de la deuda estatal y la aprobación del presupuesto, donde sus votos nada han tenido que ver con el vasallaje realizado a favor de la 4T, que tan poco les ha redituado.
Y luego está el famoso paquetazo vehicular. El reemplacamiento y la verificación vehicular —“gratuitos” según el discurso oficial— esconden costos que no todos están dispuestos a asumir. Cada contribuyente pagará el refrendo, pero las nuevas placas y la verificación “gratuitas” son un juego de palabras para disfrazar el impacto real en el bolsillo.
Quizá el golpe más claro al sentido común lo dio la ampliación de 15 millones al Congreso local: cinco millones para sueldos y diez millones para equipamientos. En un contexto donde se piden sacrificios al pueblo, los diputados se “despacharon con la cuchara grande”. ¿Es este el ejemplo que pretenden dar a los ciudadanos que enfrentan cada vez más cargas fiscales?
Al final, el presupuesto 2025 es un microcosmos de las dinámicas políticas en Jalisco: discursos altisonantes, promesas de desarrollo y, en el fondo, un entramado de cálculos y beneficios que rara vez llegan a quienes más los necesitan. Entre los 174 mil 460 millones aprobados, el pueblo sigue esperando ser algo más que una estadística en las hojas de cálculo del gobierno.
La sesión terminó, pero, se logró la aprobación de las vacaciones del personal a partir del 19 de diciembre. Una última ironía: mientras los ciudadanos se preparan para afrontar los costos de este presupuesto, quienes lo aprobaron se disponen a descansar. Así se escribe, una vez más, la crónica de un presupuesto aprobado, pero no necesariamente justificado.
En X @DEPACHECOS
– Por Francisco Junco
La diputada de Morena Brenda Carrera García, presentó una propuesta que busca tipificar con claridad la fabricación de pruebas materiales falsas para inculpar a una persona en un proceso judicial.
La legisladora advirtió sobre el vacío jurídico que actualmente permite que este tipo de conductas no tengan una sanción específica en el Código Penal del Estado.
Carrera García explicó que el artículo 168 del Código Penal vigente contempla conductas como declarar falsamente ante la autoridad, simular pruebas para exculpar, incurrir en falsedad como perito o realizar llamadas falsas al 911.
Sin embargo, subrayó que no existe sanción expresa para quien “con el propósito de inculpar a alguien de un delito, simule pruebas materiales en su contra”, lo que deja sin protección a personas inocentes frente a acusaciones fabricadas.
La legisladora sostuvo que la impunidad es el telón de fondo de este problema.
Recordó que, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, de cada diez delitos denunciados en Jalisco apenas el 8.4% llegan a investigación y menos del 1% termina en una sentencia efectiva. “Esto evidencia que el sistema de justicia privilegia la inacción sobre la justicia”, expuso.
Como ejemplo de la gravedad del fenómeno, relató el caso de un conductor de plataforma digital que fue amenazado con denuncias falsas de acoso por parte de una usuaria.
El chofer logró demostrar su inocencia únicamente porque grabó la conversación; de lo contrario, pudo haber enfrentado una condena injusta.
También mencionó situaciones en las que hombres, aprovechando su posición económica, fabrican testigos y hechos falsos para obtener la custodia de los hijos o privar de la libertad a su pareja.
“Muchos hombres o mujeres hoy reciben un castigo injusto o están privados de su libertad porque se falsearon los hechos. Eso no puede suceder más sin recibir un castigo ejemplar”, declaró Carrera García. Agregó que fabricar pruebas falsas vulnera derechos fundamentales como la defensa, la verdad y la seguridad jurídica, por lo que urge endurecer las sanciones.
La diputada concluyó que la iniciativa busca proteger al inocente, fortalecer la institucionalidad y desincentivar las prácticas deshonestas que minan la confianza pública.
“Presentamos este decreto porque consideramos que la ley debe estar al nivel de la problemática real y defender los derechos fundamentales de las personas. Nadie debe enfrentar consecuencias bajo acusaciones falsas sustentadas en pruebas fabricadas”, puntualizó.
– Por Mario Ávila
Con la certeza de que a Jalisco no le faltará agua, el diputado Ricardo Monreal dijo respaldar el plan hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum y por ende la construcción del acueducto de la Presa Solís que llevará agua León, Guanajuato.
En visita a Jalisco donde tuvo lugar la cuarta reunión plenaria de la Primera Circunscripción, con la presencia de 52 diputados federales de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, Monreal Avila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura dijo conocer el tema regional en donde hay una aparente polémica por la construcción del acueducto en la Presa Solís.
Sobre el tema expuso: “Yo diría a la gente de Jalisco que no debe de preocuparse, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, ha indicado que se haga un plan hídrico nacional, porque el compromiso y el propósito de ella es dotar de agua potable a los lugares donde no existe y quiere dotar de agua a la región de Jalisco, pero también compartir la responsabilidad con la infraestructura nueva a otras entidades federativas”.
Y abundó: “Nosotros como grupo parlamentario, vamos a respaldar el plan hídrico y obviamente vamos a propugnar porque a Jalisco no le falte agua, pero hay que sanear el organismo que está en Jalisco, estoy enterado de algunas cosas… porque esa una decisión del Estado, no quisiera meterme a eso, pero en el tema federal sí hay toda la intención de la presidenta de la República de crear infraestructura y garantizar el agua en lugares donde actualmente no la tienen”.
– Por Francisco Junco
El escándalo en torno al auditor superior del estado de Jalisco, Jorge Ortiz Ramírez, llegó hasta el Senado de la República, donde legisladores de Morena y del PAN exigieron su renuncia tras revelarse, a través de una solicitud de transparencia, que no cuenta con el título de doctor que presume en su currículum.
Para los senadores, se trata de un engaño grave que mina la credibilidad de la institución encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos.
El senador panista, Mario Vázquez, fue enfático al señalar que una falta de este tipo deslegitima el trabajo de la Auditoría Superior.
“¿Qué calidad obtendrían sus observaciones, sus hallazgos, de quien preside esta función tan importante como es la auditoría y la revisión de las cuentas de los municipios y del estado? ¿Qué calidad moral y qué calidad profesional pueden tener los resultados del trabajo de este señor, que no tiene ningún escrúpulo en autoadjudicarse un título académico que no le corresponde?”, cuestionó.
El senador panista añadió que “la mentira no puede ser el sello del servicio público” y subrayó que el caso amerita la salida inmediata de Ortiz Ramírez.
“El servicio público debe ser abierto, limpio, sin mayor interés que el favorecer al bien común y a la población en México. Si mienten en este tipo de situaciones, obviamente también mienten a la ciudadanía cuando informan. Le mienten a la gente pensando que por su supuesta trayectoria académica tienen méritos para estar en esa posición. Eso es muy lastimoso”, advirtió.
El legislador blanquiazul incluso hizo un llamado a la dignidad del propio auditor: “Es una actitud de autorreconocimiento, para que ellos mismos renuncien, si no se da el caso de que los den de baja en la función que ostentan.
Que renuncien por dignidad, si es que les queda algo de dignidad, y dejen que gente preparada y que pueda acreditar sin mentiras su trayectoria profesional cumpla esas funciones”.
Desde Morena, el senador Emmanuel Reyes Carmona coincidió en que el caso no sólo es un problema ético, sino también económico, pues distorsiona el mercado laboral público al desplazar a perfiles competentes y generar costos elevados por decisiones mal fundamentadas.
“Me pronuncio porque ningún nombramiento de alta responsabilidad avance sin constancia pública de cédula y comprobación documental. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes toman decisiones sobre sus recursos, seguridad o salud”, declaró.
Reyes Carmona fue más allá al proponer medidas estructurales y señaló que la verificación obligatoria de títulos en el Registro de Profesiones antes de cualquier nombramiento, sanciones administrativas y penales contra quienes se ostenten con documentos falsos, y auditorías periódicas de credenciales en los tres órdenes de gobierno.
“El Estado y los servidores públicos tenemos la obligación de poner a la vista los registros, porque de otra manera, ¿cómo pueden confiar en nosotros?”, sentenció.
En medio de esta polémica, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco difundió en sus redes sociales una publicación con la imagen de un título expedido por el Instituto Nacional de Administración Pública, en el que se acredita a Jorge Alejandro Ortiz Ramírez como Doctor en Administración Pública.
“Ante alusiones relativas a su grado académico, ponemos a su disposición el siguiente título que acredita al Auditor Superior del Estado de Jalisco, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, como doctor en Administración Pública”, señala el post de redes sociales, aunque el asunto es la solicitud de la cedula profesional, no del titulo.
Proponen reforma penal en Jalisco para castigar fabricación de pruebas falsas
Monreal dice sí a la construcción del acueducto de la presa Solís
Piden senadores del PAN y Morena renuncia del auditor superior de Jalisco
Respaldaría Sheinbaum el drenaje profundo pero es responsabilidad estatal y municipal
