Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

El Congreso de Jalisco aprobó el presupuesto estatal para 2025 con un aplastante respaldo de 35 votos a favor y tres en contra, los votos de: Puerto -independiente-, Cárdenas –Futuro- y Almaguer -PT-. Sin embargo, tras las cifras y los discursos, lo que emerge no es solo un documento de planificación económica, sino un espejo de las contradicciones de quienes deciden en nombre de un pueblo que muchas veces parece estar ausente en la ecuación.

El debate, que se prolongó por más de seis horas, reveló las tensiones y los intereses que subyacen en la política local. Mientras los representantes del Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, Hagamos y Morena cerraban filas en torno al presupuesto, los tres votos disidentes resonaron como un eco de las inquietudes populares. El llamado “paquetazo fiscal” —reemplacamiento, refrendo y verificación vehicular— fue el centro del huracán, no solo por su impacto económico, sino por lo que simboliza: un Estado que exige cada vez más a sus ciudadanos sin garantizar un retorno proporcional.

La diputada Yussara Canales, del Partido Verde, lanzó un dardo certero contra el esquema fiscal aprobado: “Eso en nada le beneficia a la gente que se encuentra allá afuera buscando el pan cada día”. Propuso reducir el costo del reemplacamiento de 900 a 767 pesos y aplicar descuentos para sectores vulnerables. Su iniciativa fue desechada con frialdad. La mayoría ni siquiera parpadeó al desoír una medida que, aunque mínima, hubiera significado un respiro para los bolsillos más castigados.

Desde Futuro, la diputada Tonantzin Cárdenas se sumó a la crítica. Denunció el destino de recursos públicos hacia empresas privadas bajo el disfraz de gratuidad en la verificación y el reemplacamiento. “Nada es gratis”, espetó, dejando al descubierto que detrás de los 900 y 700 millones destinados a estos programas está el beneficio empresarial, no el social. Su postura, junto con la de Alejandro Puerto, independiente, y los legisladores del Partido del Trabajo, representa una oposición que, aunque numéricamente insignificante, resulta significativa en su mensaje.

El caso de Puerto es paradigmático. Con un discurso que conecta con el desencanto popular, arremetió contra el gobernador Pablo Lemus por la pérdida de 300 millones de pesos en Banco Accendo. “Ni cuidó a la gente, ni supo cuidar el dinero de los ciudadanos”, declaró con contundencia. Su crítica no es solo una acusación directa; es también una radiografía de un sistema que parece tambalearse entre la incompetencia y la desidia.

Por otro lado, la desarticulación de la fracción legislativa de Morena fue notoria: Miguel de la Rosa argumentó sin darse cuenta de que su punto ya había sido votado y rechazado, mientras que Candelaria Ochoa, distraída, exigía pasar al siguiente tema cuando el actual ni siquiera había sido votado, los diputados de Morena subían al estrado o pedían la voz desde su lugar sin tener una coherencia común o una posición articulada. Entre diputados absortos en sus celulares y conversaciones con asesores, quedó clara la desconexión con el momento crucial de su trabajo.

También Morena mostró su habitual doble cara. La diputada Candelaria Ochoa atacaba el presupuesto, justificándolo con la narrativa del centralismo federal que, según ella, beneficia a Jalisco, es decir en lo federal México va bien, en lo local jalisco es un infierno. Lo curioso, es que, apenas unas horas después, Morena Jalisco, como partido, anunciaba un proceso interno para expulsar a quienes “traicionaron los valores y principios” del partido al votar a favor del presupuesto de Movimiento Ciudadano. La presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez, lanzó una condena vía redes sociales que habló más de las fracturas internas que de la defensa del pueblo.

“Anunciamos el inicio de un proceso interno para expulsar de nuestro movimiento a quienes con sus actos han traicionado, no solo los valores y principios que defendemos, sino también la confianza del pueblo trabajador de Jalisco”, aseguró Erika Pérez en un video.

Se los adelanto, no van a expulsar a nadie, los acuerdos de apoyo a las propuestas de Movimiento Ciudadano no se dieron por si solas.

Las prioridades del presupuesto también tienen su propia narrativa. Seguridad, movilidad y agua potable encabezan la lista de beneficiarios. Con más de 11 mil 822 millones para seguridad, la ampliación de recursos para la agenda de desaparecidos —734 millones— es una de las pocas luces en el panorama. La diputada Gabriela Cárdenas, de Movimiento Ciudadano, defendió esta asignación, subrayando el acompañamiento presupuestal para enfrentar una crisis que se ha vuelto el rostro más desolador del estado. Sin embargo, las familias de los desaparecidos seguramente esperarán con escepticismo, ya que la promesa de recursos no siempre se traduce en resultados tangibles.

En movilidad, los grandes proyectos como la Línea 4 del Tren Ligero, la ampliación del Peribús y las obras de la Línea 5 prometen transformaciones significativas. Pero no debemos olvidar que los grandes planes de infraestructura son también los grandes campos de batalla de la opacidad y la corrupción. La rehabilitación de la carretera a Chapala, presentada como un avance para el desarrollo, bien podría convertirse en un recordatorio de los tiempos en que las obras públicas servían más para engordar bolsillos privados que para mejorar vidas.

La Universidad de Guadalajara, con sus peones: Tonatiuh Bravo Padilla, Enrique Velázquez González y Valeria Ávila, también tuvo su recompensa: 16 mil 800 millones de pesos. Pero este generoso gesto no está exento de cálculos políticos. La UdeG sigue siendo un aliado estratégico para Movimiento Ciudadano, y sus votos han sido clave en momentos críticos como la renegociación de la deuda estatal y la aprobación del presupuesto, donde sus votos nada han tenido que ver con el vasallaje realizado a favor de la 4T, que tan poco les ha redituado.

Y luego está el famoso paquetazo vehicular. El reemplacamiento y la verificación vehicular —“gratuitos” según el discurso oficial— esconden costos que no todos están dispuestos a asumir. Cada contribuyente pagará el refrendo, pero las nuevas placas y la verificación “gratuitas” son un juego de palabras para disfrazar el impacto real en el bolsillo.

Quizá el golpe más claro al sentido común lo dio la ampliación de 15 millones al Congreso local: cinco millones para sueldos y diez millones para equipamientos. En un contexto donde se piden sacrificios al pueblo, los diputados se “despacharon con la cuchara grande”. ¿Es este el ejemplo que pretenden dar a los ciudadanos que enfrentan cada vez más cargas fiscales?

Al final, el presupuesto 2025 es un microcosmos de las dinámicas políticas en Jalisco: discursos altisonantes, promesas de desarrollo y, en el fondo, un entramado de cálculos y beneficios que rara vez llegan a quienes más los necesitan. Entre los 174 mil 460 millones aprobados, el pueblo sigue esperando ser algo más que una estadística en las hojas de cálculo del gobierno.

La sesión terminó, pero, se logró la aprobación de las vacaciones del personal a partir del 19 de diciembre. Una última ironía: mientras los ciudadanos se preparan para afrontar los costos de este presupuesto, quienes lo aprobaron se disponen a descansar. Así se escribe, una vez más, la crónica de un presupuesto aprobado, pero no necesariamente justificado.

En X @DEPACHECOS