OPINIÓN
Privacidad en redes sociales
Opinión, por Héctor Romero Fierro //
En días pasados se genero en redes sociales un gran debate acerca del erróneo apoyo que brindara Manuel Andrés López Obrador (MALO), al ya saliente presidente Trump, solo porque la empresa que administra la plataforma Whatsapp suspendió temporalmente las cuentas del segundo por incitar a la violencia en el vecino país del norte, al grado de que nuestro Presidente ya anunció que próximamente nacerá una red social auspiciada por el gobierno de la “CuatroTé”, y que promete que en esta red chaira no habrá censura, ya que para él fue muy grave que una empresa particular limitara la “Libertad de Expresión” de su amigo “Trun”.
Es claro que López no sabe de lo que habla, y cree que de un día para otro podrá echar a andar una red social, sin copiar lo que existe, recordemos que la operación de las actuales están protegidas por cientos de patentes.
Internet solo lleva cuatro décadas, lo que nos ha traído la llamada red informática global (www Word Wide Web), el fabuloso correo electrónico, empresas digitales, redes móviles acopladas a los teléfonos celulares, almacenamiento masivo de datos incluso en la “nube” y las redes sociales. Y ahora entramos al incipiente mundo del 5G, a las primeras ventajas del “Internet de las Cosas” y el protocolo de nuevos sistemas de pago electrónico directo (P2P), ideal porque no pasa por manos de terceros, me refiero a las Criptomonedas basadas en el BlockChain.
Todo esto ha permitido nuevas formas de comercio cada vez mas globalizado y al alcance de cualquiera, el surgimiento de nuevos medios de comunicación, nuevas formas de trabajar y que la gente pueda sin lugar a dudas obtener toda la información que requiera, lo que permite todo tipo de nuevos negocios y entretenimiento.
Este enorme cambio viene acompañado de cambios jurídicos necesarios que ahora le llamamos “Derecho Digital” y que es una incipiente rama del Derecho que nos obliga a los Abogados a dominar en toda su amplitud, y los estudiosos de este nuevo derecho nos damos cuenta que muchas ideas del derecho civil por el que nos hemos regulado durante siglos ahora colisionan con las nuevas prácticas internacionales y aplicaciones informáticas y la única forma de no estar expuesto a ello solo lo lograríamos yendo a vivir a una cueva aislados de la humanidad.
El cambio que enfrentamos es de tal magnitud que pronto existirán Ciudades Inteligentes, vehículos completamente autónomos que podrán circular sin conductor, refrigeradores y aparatos domésticos que nos hacen la vida mucho mas sencilla, pero a cambio de perder privacidad ya que me convierto en un alto generador de información que bien analizada vale oro para quien la procesa. Gobiernos y empresas utilizan el Internet para mejorar sus operaciones y servicios, pero también la utilizan para controlar e inclusive manipular a los ciudadanos, y en época de elecciones manipular al electorado. Nuestro gobierno, aunque no lo reconozca utiliza tecnologías de la información para espiar a los ciudadanos, cambiar la opinión pública, etc. El mejor ejemplo de esto es la forma en que Trump ganó la elección del 2016, en base a la manipulación de los votantes utilizando los datos personales de estos, obtenidos de redes sociales y sus historiales de navegación, por lo que el uso de toda esta información recopilada día a día (“Big Data”) desde lo que manejas en cualquier navegador como Google, Safari o cualquier otro, les permite poder entender el comportamiento humano y después influir en él mediante la comunicación.
Acaso tu crees amigo lector que las redes Sociales como Facebook, Whatsapp, Telegram o cualquier otra, ¿son de verdad gratuitas? Pues no lo son, el pago que efectúas es precisamente la información que generas al utilizarlas, el gran problema es que ninguno de nosotros leemos los contratos de adhesión, (términos y condiciones, voluntad de las partes) que aceptamos con simplemente dar un “Click”, no entendemos que les estamos dando la posibilidad de utilizar toda nuestra información personal en su beneficio, y perdemos protección de datos personales, seguridad de nuestra información.
Es tal el vacío legal que las principales plataformas como Whatsapp, Facebook, etc. optan por autorregularse, máxime que estas nunca se someterán a nacionalidades o fronteras, son vivas manifestaciones de aquello que llamaban la ”Aldea Global”, y en esos “términos y condiciones” se fijan las reglas que tu aceptaste de antemano para utilizar esas plataformas, y es precisamente donde la Libertad de expresión genera límites éticos que las compañías, al amparo de ese contrato, hacen cumplir. Ya me imagino al señor López defendiendo, bajo el mismo supuesto de libertad de expresión a los que suben, por diversión, pornografía infantil, equivalente a incitar a la violencia, las empresas tienen la obligación ética y moral de sancionar la conducta, tal y como ocurrió con “Trun”.
Todo esto nos lleva a nuevo mundo del Derecho Digital, aun en pañales en nuestro país, y dentro de este todas sus subespecialidades, ahora hablamos del Derecho de los Datos, del Derecho de Ciberseguridad o Derecho de la Seguridad de la Información, hablamos del CriptoDerecho aplicado a transacciones financieras tales como Bitcoin entre otras, hablamos. Del Derecho de los Robots, Drones y vehículos autónomos, hablamos de un nuevo Derecho Fiscal Digital, que trata de regular miles de transacciones electrónicas que el fisco nunca detectaría sin el uso de la tecnología digital, y hablamos de un nuevo Derecho Penal que trata de considerar como delitos miles de conductas anómalas realizadas con el uso de operaciones digitales o de telecomunicaciones. Esperemos que la plataforma chaira que lanzará nuestro Presidente para sustituir a Whatsapp incluya todo esto, mientras veamos el pleito que agarró contra los gringos, ¿Qué le deberá a “Trun”?
PD: Si no quieres que Internet se entere, no lo pienses.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
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