Prometer no empobrece: Ayuntamiento, el encontronazo con la realidad

Opinión no pedida, por Armando Morquecho //

En los últimos años tanto partidos políticos como gobiernos en turno se han mostrado incapaces de separar lo administrativo y gubernamental de lo político, lo cual, es un error total, sobre todo cuando tu trabajo es impulsar proyectos que mejoren la vida de los ciudadanos.

De hecho, es cada vez más frecuente que candidatos y representantes populares se suban al ring político en temas mediáticos para prometer soluciones políticas a problemas sociales y gubernamentales con trasfondos jurídicos que pueden repercutir ya no solo en el bienestar de la ciudadanía o en el patrimonio del ayuntamiento, sino que también pueden repercutir en la misma libertad del funcionario público.

Pero tristemente esto no debería sorprendernos mucho, ya que desde el 2015 a la fecha, los primeros lugares de los rankings de las casas encuestadoras más prestigiosas se han vuelto muchísimo más importantes que garantizar y/o consolidar una administración pública eficiente y capaz de solucionar los problemas del día a día de los administrados o gobernados.

Pareciera que después de hacer un ejercicio de ponderación, los gobernantes mandaron al último lugar de la lista de prioridades encabezar una administración pública útil, práctica y eficiente, y pusieron en primer lugar convertirse en administraciones públicas mediáticas cuyo principal objetivo es vender notas, no soluciones.

Lo anterior ha desatado un efecto dominó, de tal manera que ahora, los candidatos, en lugar de proponer soluciones desde la realidad, optan por enfrascarse en una carrera mediática para ver quién hace la propuesta más alocada o más ‘’innovadora’’, optan por enfrascarse en una lucha extremadamente burda para ver quién vende más notas o quien obtiene más likes y comentarios en sus redes sociales.

Dicho en otras palabras, ya no importa si conocen la administración pública municipal o si tienen la experiencia para encabezarla, lo único que importa es caer bien y esta falta de experiencia y nulo conocimiento sobre cómo funciona la administración pública se puede ver reflejada en sus propuestas.

Hoy en día tanto candidatos como gobernantes declaran abiertamente que violarán las suspensiones dictadas por autoridades judiciales, aseguran que llevarán servicios municipales a tierras irregulares, que aunque pertenecen a la delimitación geográfica del municipio, existe reglamentación pública que impiden hacer obras públicas en esas zonas, y otros, han asegurado que acabarán con todos y cada uno de los ‘’carteles inmobiliarios’’ sin conocer a fondo la situación legal de las tierras sobre las que se construye, e incluso, muchos proponen ambiciosas reformas regulatorias de carácter municipal sin tener un panorama completo.

Aunque como siempre, me gustaría abordar punto por punto, hoy me limitaré a hablar del que considero más importante puesto que tiene implicaciones en la operación del ayuntamiento cotidiana: las reformas regulatorias.

Dejando de lado la corrupción y la inseguridad, probablemente cuando hablamos de burocracia estamos también hablando de uno de los temas que más le duelen a la ciudadanía, ya que la burocracia es ese algo que siempre hace que cada vez que salimos de alguna dependencia de gobierno nos preguntemos: ¿por qué existe?, ¿para qué existe o por qué son así?

Gracias a la burocracia, hemos escuchado a muchos aspirantes a ocupar cargos públicos, plantear ambiciosas reformas regulatorias para eficientizar los procesos, de tal manera que no solo la práctica de los moches y los sobornos desaparezcan, sino que también se pueda garantizar al ciudadano mejores servicios municipales, dotando a éstos de procesos y trámites agiles y modernos.

Plantear reformas regulatorias que cambien por completo la manera de ver y realizar trámites o desahogar procesos frente a la administración pública, especialmente, la municipal, es un proyecto demasiado ambicioso y los nuevos presidentes municipales (esto es sin contar a los reelectos) que busquen implementar cambios de este tipo tendrán un primer encontronazo: la realidad jurídica.

Debido a la misma reglamentación que ya existe, hay una serie de pasos a seguir detrás de cada trámite, los cuales tienen la finalidad de garantizar a la autoridad que todo proceso impulsado por parte de los solicitantes se desarrolle conforme a derecho, por ejemplo: el pago de transmisiones patrimoniales por parte de los notarios a Catastro, que se entreguen al municipio las áreas de donación derivadas de cualquier acción urbanística, o bien, que se valide la legalidad de los documentos con los que los ciudadanos acreditan la propiedad de algún terreno y que algún plano cumpla con los requisitos de la reglamentación municipal y/o del reglamento de un condominio.

Insisto, una reforma regulatoria es un proyecto ambicioso, y probablemente en un contexto rodeado de moches y sobornos, disminuir la interacción entre funcionario y ciudadano sería óptimo, sin embargo, la realidad jurídica y social que vivimos, hace que sea imposible desarticular el trabajo del servidor público dejándolo fuera de la atención ciudadana directa.

En virtud de lo anterior, nuestros representantes, antes de plantear una reforma regulatoria, deberían pensar en una reforma legal que permita contextualizar las facultades que se establecen en los diferentes reglamentos, esto, con la finalidad de adecuar la ley a circunstancias actuales.

No todo puede estar bajo el control del funcionario, pero por otro lado, no todo puede quedar al arbitrio de algoritmos.

No obstante, hay otro panorama que no han contemplado los entusiastas de las reformas regulatorias: el campo de acción de los funcionarios públicos municipales está cada vez más acotado debido a que los actos que de ellos emanan se continúan centralizando más y más, lo cual, nos deja entrampados en una verdadera paradoja.

Por un lado, se buscan reformas regulatorias y cambios tecnológicos, pero por el otro lado, con el pretexto del combate a la corrupción, cada vez se expiden más leyes para castigar más, requisitar más, penalizar más y sobre todo, para burocratizar más y más, de tal manera que parece se ve más cercano el día que los funcionarios no quieran firmar nada ya que eso puede ser un delito, que el día en que la manera en la que se prestan distintos servicios públicos sea ágil, eficaz y moderna.

Un claro ejemplo de este fenómeno lo podemos observar fácilmente en ordenamientos como la Ley de Adquisiciones para el Estado y sus Municipios del 2017, la cual es contraria al artículo 115 de la Constitución que establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, misma que se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, además, el mismo artículo indica que los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de contribuciones, pero de esto, a que legislen cuestiones municipales, hay una diferencia enorme.

El poder legislativo y el poder ejecutivo son dos poderes distintos, incluso, cuando se trata de un municipio, el cual, cabe resaltar, que tiene su propio poder legislativo: el cabildo, el cual tiene la facultad de crear reglamentos para efectos de autorregularse.

Pero bueno, ciertamente no creo que un joven de 25 años tenga que explicar algo que nuestros representantes ya deberían saber.

Gobernar implica muchos retos, y si se quiere consolidar administraciones públicas eficientes, como ya lo mencione al inicio, pues tendrán que aprender a separar la política, de la administración pública.