OPINIÓN
¿Qué gobierno es este?
Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //
La pregunta tiene dos acepciones, o se hace seriamente tratando de encontrar sentido a las acciones, propuestas y pronunciamientos de este gobierno, o bien, de acuerdo a los usos del español la pronunciamos con un dejo de burla y sorna ante los desatinos e impetuosas, y en ocasiones viscerales, decisiones presidenciales.
Si es en serio, tenemos que empezar por dilucidar si estamos en un régimen constitucional de división de poderes y vigencia del estado de derecho, o éste, por lo que se ve, es un gobierno autoritario, parcial y crecientemente militarizado, en el que los poderes judicial y legislativo están sometidos a la voluntad de un solo hombre empeñado en eliminar o inutilizar, por la colonización con inútiles seguidores, a los organismos autónomos creados para acotar el excesivo poder presidencial que caracterizó al régimen priista de la segunda mitad del siglo XX.
El actual gobierno, impulsa una transformación sui géneris; pretende atender a los pobres con donaciones directas de dinero a través de programas sociales de dudosa efectividad y nebulosa operación, mientras reduce y estrangula a la administración y sus dependencias, que deberían ser fuertes para servir a esos pobres, a los que no les cae mal el dinero, pero les caería mejor tener un mayor acceso a la salud y mejores servicios hospitalarios; que se beneficiarían más con esos aumentos por decreto al salario mínimo, si hubiera empresas que los emplearan, si hubiera más escuelas de tiempo completo para compensar la falta de guarderías y sobre todo mejorar el aprovechamiento escolar; que se verían más satisfechos si se fortaleciera a las universidades existentes en lugar de crear cientos de universidades patito y si se lograra vincular la educación tecnológica con las necesidades del aparato productivo nacional y las corrientes de innovación que recorren el mundo. Existe todo un universo de opciones para beneficiar a los pobres que superan con mucho la primitiva intención de otorgar limosnas o despensas.
Son evidentes las contradicciones de este gobierno, pues salvo las transferencias directas de dinero no se percibe ninguna otra acción que beneficie directo a los pobres y sí, muchas acciones para consolidar el poder presidencial y nulificar los contrapesos institucionales que se habían creado para evitar la concentración excesiva de poder.
Era de esperarse que para reducir la pobreza y la marginación hubiera un gabinete que aportaraa más capacidad, ideas e iniciativas y no la mediocre alineación constituida con serviles y sumisos seguidores, sin perfil o competencia para los puestos que ocupan. Como era de esperarse también, un gobierno más estructurado con un plan que no sea construido con las ocurrencias de cada mañana, o lo que sucedió el día anterior, un gobierno que resuelva lo necesario y no lo urgente, que actúe como un demócrata y no como un autoritario mandatario como los que gobernaron el continente el siglo pasado. Aquellos fincaron su ejercicio en la represión de las expresiones democráticas y para ello utilizaron a las fuerzas armadas que en esa época fueron quienes quitaban y daban el poder. Por eso cabe la pregunta: ¿Qué gobierno tenemos? A estas alturas se observa que las instituciones y organismos civiles están sujetas a la voluntad, deseos y órdenes de un mandatario que está entregando las labores vitales de la república al muy institucional ejército mexicano, que por disciplina, formación y vocación respeta la decisión que democráticamente puso a este Presidente en el poder, pero que absorbe cada día más atribuciones que corresponden a la esfera institucional civil. Por decisión presidencial, el ejército ahora construye aeropuertos y viaductos, instala cajeros automáticos y gerencia bancos, administra aduanas y puertos, habrá de operar aeropuertos y ferrocarriles, distribuye medicamentos y vacunas, controla la “civil” guardia nacional y los órganos de seguridad nacional, además de atender sus obligaciones constitucionales y el auxilio en desastres naturales.
En pocas palabras ante la ineficiencia e inutilidad de un gabinete “florero” el Presidente descansa en las fuerzas armadas para la conducción del país, mientras desarticula y estrangula económicamente la estructura civil de gobierno y los institutos autónomos, contando con la complicidad de un Congreso no solo anuente sino servil.
Toda proporción histórica guardada, y salvando la constante violación a derechos humanos y represión de los gobiernos militares sudamericanos, este gobierno cada vez se parece más a estos. No está claro si el Presidente solo carga de responsabilidades a un ejército obediente y disciplinado para suplir ineficiencias, o si está intentando ganar la voluntad de sus mandos con prebendas para evitar que no respalden su proyecto transformador y le retiren su apoyo.
La creciente tendencia presidencial a la utilización de las fuerzas armadas nos obliga a preguntar no solo quÉ clase de gobierno es este, sino también la preocupante interrogación: ¿Qué sigue? ¿El ejercitó estará consciente de que está suplantando al gobierno civil y apoyando la voluntad de un tirano autoritario disfrazado de demócratas.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
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LAS NOTICIAS PRINCIPALES:
Crónica de una semana tensa en la UdeG: La rebelión estudiantil que desafía a la FEU
– De Primera Mano, por Francisco Javier Ruiz Quirrín
UNA DE LAS evidencias de que el sistema político del México de nuestros días es parecido al PRI hegemónico de hace 50 años es el combate a la corrupción de acuerdo a intereses políticos del grupo en el poder, con una gran diferencia ahora: Los funcionarios de primer nivel son intocables.
No hubo un solo presidente de la república de aquel viejo PRI, que no impusiera su voluntad y enviara un mensaje a la clase política de que había un nuevo líder en Los Pinos. Las demostraciones incluían cárcel para figuras de alto nivel. Así, estuvieron tras las rejas el senador Jorge Díaz Serrano, director de PEMEX, con el presidente José López Portillo, varios gobernadores y hasta un hermano del presidente Carlos Salinas, Raúl.
A partir del año 2018, el hombre que tuvo como lema de campaña presidencial el ataque a la corrupción, Andrés Manuel López Obrador, en los hechos cubrió a los corruptos de primerísimo nivel.
Solo dos botones de muestra: Ignacio Ovalle Fernández, director de SEGALMEX, y Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad. Aplicó la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, perdón y gracia; a los enemigos, la ley a secas”.
Entre los enemigos actuó contra Emilio Lozoya, director de PEMEX con el presidente Peña Nieto, acusado de haber recibido sobornos de una empresa petrolera del Brasil, pero al final del día su gobierno acordó y el acusado está en casa.
El cinismo de AMLO incluyó su admisión de la existencia de corrupción en Segalmex, cuyo desfalco rebasó los 15 mil millones de pesos, pero justificó a Ovalle diciendo que este último “había sido engañado por sus subalternos”.
Increíble lo anterior, sobre todo para quien, durante una “mañanera” del año 2019, aseguraba que no hay persona mejor informada que el presidente de la república y que si había corrupción entre los funcionarios, “era porque el jefe, el presidente, estaba enterado”.
En los días que vivimos, el caso del “huachicol fiscal” operado por altos mandos de la Marina Armada de México nos pone sobre la mesa la enorme probabilidad de que no solo el general secretario del ramo con López Obrador, sino también este último, pudieran haber sido enterados y haber permitido el enorme peculado.
Imposible no reparar en las declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien el pasado domingo declaró que Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina en el sexenio obradorista, había denunciado “problemas” y que por ese motivo la Fiscalía General de la República se había adentrado en la investigación que hoy tiene por resultado la persecución de cuando menos 200 personas, entre militares, servidores públicos y empresarios.
Los hechos sobre tal ilícito empezaron a trascender a los altos mandos militares cuando Rubén Guerrero Alcántar, vicealmirante y exdirectivo de una aduana en Tamaulipas, redactó una carta que llegó a manos del general secretario Ojeda Durán, en la que señalaba directamente a Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, de encabezar una red de “huachicoleo fiscal”.
Los hermanos Farías, originarios de Guaymas, Sonora, son sobrinos de Ojeda Durán. Guerrero Alcántar fue asesinado el 8 de noviembre del 2024 en Manzanillo, Colima. El volcán de corrupción denunciado hizo erupción al descubrirse un buque con diez millones de litros de combustible introducido sin pagar impuestos en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de mayo, seguido de otros descubrimientos similares en Ensenada, Baja California, y el trascendido de que ese combustible había tocado la bahía de Guaymas en Sonora.
En sus declaraciones sobre el tema, Gertz Manero subrayó que cuando el general secretario Ojeda denunció “problemas en la Marina”, lo hizo en términos generales sin hacer referencia a sus sobrinos. A su lado, en esa conferencia de prensa del pasado domingo, el titular de seguridad pública, Omar García Harfuch, dijo que no se podía condenar a toda una institución por los errores cometidos por algunos de sus integrantes.
Horas después, en su “mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum refrendó la defensa. Para el general exsecretario, recordando que lo importante era la investigación y, sobre todo, las pruebas para demostrar los dichos.
La lógica indica una posibilidad de involucrar a Rafael Ojeda Durán en el escándalo mayúsculo de los hermanos Farías Laguna y otros implicados; golpearía directamente la humanidad de López Obrador.
Es mucho más conveniente enviar el mensaje de ataque a la corrupción, aprehendiendo y enjuiciando a “peces menores”. Ahí se registra una diferencia con el pasado reciente.
Durante el sexenio 2018-2024 se cubrió la corrupción en vez de combatirla. En este sexenio de la presidenta Sheinbaum sí se está combatiendo la corrupción pero cuidando la imagen de quien ahora vive en Palenque.
Lo anterior significa la imposibilidad de señalar y encarcelar a un exsecretario en cualquiera de sus ramos.
Para el lado oficial, resultan muy lejanas y “casi en el olvido” aquellas palabras de AMLO en una de sus “mañaneras” del año 2019: “El presidente de México está enterado de todo lo que sucede y de las tranzas grandes que se llevan a cabo”.
– Opinión, por Gabriel Torres Espinoza
¿Por qué se critica tanto al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)? Porque se ha transformado en fábrica de sentencias “ajustadas a derecho”, ¡pero profundamente injustas! Asisten al ‘indebido proceso’ y ceden al “daño patrimonial” causado por los ‘desarrolladores’.
Los derechos colectivos —aire limpio, agua, movilidad, biodiversidad— se reducen a bienes menores, sacrificables en nombre de una supuesta certeza jurídica para el ‘inversionista’.
Lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó es que tienen la obligación jurídica de prevenir, mitigar y remediar daños ambientales por su impacto directo en los derechos humanos.
Bajo esa luz, cada fallo del TJA que antepone la rentabilidad de un fraccionamiento sobre la preservación de un bosque o de un área natural protegida, no es solo un despropósito local, sino una violación a compromisos internacionales y a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La prensa ha documentado el incremento de litigios contra la planeación urbana, hasta el punto de que este Tribunal se tornó en el espacio donde los corruptores desfilan a desmontar planes de desarrollo, debilitando la ordenación del territorio con fachada de legalidad. Se trata de un tribunal que privilegia la letra procesal, sobre el sentido integral de la planeación. Lo que se produce es una ciudad fragmentada, desigual, en la que cada vez es más difícil trasladarse y vivir.
La responsabilidad social de este Tribunal es mayor, pues el TJA es la última instancia. Las decisiones que dicta son definitivas y obligatorias. Sus resoluciones no pueden recurrirse, y sus magistrados no rinden cuentas a nadie. Allí donde se concentra el poder de decidir el futuro urbano, se concentra también la tentación de la corrupción.
Por eso el TJA no solo refleja, sino que encarna hoy el mayor riesgo estructural para el derecho a la ciudad y al medio ambiente, porque cada vez que dicta una sentencia que habilita lo prohibido, que desprotege los recursos naturales, destruye algo más que territorio; destruye la confianza en la idea misma de justicia. Su propia legitimidad social.
Los jueces no deben limitarse a aplicar reglas, sino decidir con base en principios que aseguren el bien superior a la ciudad. La legalidad, sin integridad, degrada la justicia. Básicamente, porque transforma el tribunal en una coraza de impunidad.
En este órgano jurisdiccional, hemos visto cómo se ha vuelto norma la confusión entre legalidad procedimental y justicia, con resoluciones fundadas y motivadas en lo formal, pero que producen resultados injustos y muy lesivos para la sociedad.
Sentencias “apegadas a derecho” que, sin embargo, devastan áreas naturales, desmantelan planes urbanos, causan más colapso vial y profundizan la desigualdad. No perdamos de vista que esa sociedad, la que sufre las consecuencias, es justamente la que dotó a estos magistrados de su investidura, y a la que debieran rendir cuentas, a través de los poderes constituidos de Jalisco.
La diferencia entre un tribunal de justicia y uno de derecho se vuelve aquí fundamental. El primero busca armonizar la norma con el desarrollo sustentable de la ciudad; el segundo la aplica sin importar que destruya bosques, colapse vialidades o afecte a comunidades enteras.
El primero protege a la ciudad; el segundo protege contratos y escrituras privadas. El primero es garante de ciudadanía; el segundo, como en Jalisco, es agente de plusvalía y el principal agente corruptor contra el ordenamiento territorial.
A la luz de las actuaciones del TJA, surge hoy una pregunta colectiva, inevitable y perturbadora: ¿Cuál es la utilidad social de un tribunal del que debemos defendernos todos para poder preservar la ciudad? Si el órgano llamado a garantizar justicia es el principal mecanismo de despojo legalizado; si en lugar de proteger a la colectividad protege a los desarrolladores; si en vez de equilibrar el interés privado con el bien común se ha dedicado a corroerlo, entonces su existencia no responde al poder público, sino a los negocios que lo corrompen.
Un tribunal así no es garante de derechos, ni de justicia administrativa; sino una auténtica amenaza permanente contra ellos, misma que estaríamos obligados a enfrentar como sociedad, y desde el gobierno.
Edición 807: Magistrada Fanny Jiménez revoca rechazo de pruebas y defiende Bosque de Los Colomos
Fallo ambiental que resuena: «No estoy para ser querida, sino para cumplir con diligencia», magistrada Fanny Jiménez
Buscan cubrir a AMLO en actos de corrupción
Charros se quedó sin gas: Diablos, digno campeón
